El 18 de Febrero, el precio del cobre llegó a US $1,35 la libra, y se ha mantenido en torno a 130 centavos a partir de ese momento, concordando analistas de diverso signo que se mantendrá así por un tiempo. Esto se explica por las demandas mayores del mineral en el mundo y por la atinada –aunque insuficiente- medida de Codelco de mantener en bodega, sin vender, 200.000 toneladas de cobre. Se da así la razón a quienes hemos venido desde hace varios años planteando, en el marco de una propuesta integral de política del cobre, la necesidad de regular la producción y detener la desenfrenada explotación de los yacimientos que llevan a cabo las transnacionales. Esta alza del precio del cobre significa el ingreso al fisco de elevados excedentes. Como se sabe, el Presupuesto 2004 fue elaborado considerando un precio promedio de 83 centavos de dólar la libra, y ahora, con el alza, el precio promedio va en 113,9, 30 centavos de dólar más. Se estima que por cada centavo de dólar adicional entran por lo menos 30 millones de dólares adicionales, lo que significaría por lo menos 900 millones dólares suplementarios hasta ahora, es decir, unos 522.000 millones de pesos. Con razón entonces, diversos dirigentes sociales han hecho la propuesta de que esos excedentes se destinen a un Fondo Nacional que alivie la grave crisis social que vive la mayoría de los chilenos, rechazando el planteamiento del Ministro Eyzaguirre de que se "ahorrarán" íntegramente. Este "momento de fiesta de la industria del cobre" -como lo califica el Vicepresidente Ejecutivo de Cochilco, Patricio Cartagena- debe servir para planes de empleo de emergencia; para satisfacer las justas demandas salariales de los trabajadores –entre los que están los mineros y trabajadores del subcontrato-; para construir viviendas sociales para los cientos de miles de allegados; para aliviar la crisis presupuestaria de la educación superior pública; y para financiar programas de industrialización y modernización productiva del cobre en Chile que nos permitan poner fin a la pobre condición de exportadores de concentrados. El Ministro Eyzaguirre declaró asimismo que las grandes compañías mineras -casi el 70% de la producción de cobre corresponde hoy a empresas transnacionales- evaden el pago de impuestos con triquiñuelas tributarias y deberían ¡¡"renunciar voluntariamente"!! a los beneficios tributarios que tienen a través del Decreto Ley 600 sobre inversión extranjera. Mientras Codelco ha aportado más de 23.000 millones de dólares en impuestos al fisco, por un monto similar de cobre, las transnacionales han aportado solo 1.100 millones de dólares usando y abusando de esos y otros privilegios. Ahora recibirán la mayor parte de los beneficios del aumento del precio. Es ilusorio pensar que puedan renunciar a ellos "voluntariamente". La historia no conoce ningún precedente. Si ya existe una especie de royalty de 10% a las ventas de Codelco, que van a las FF.AA., ¿por qué no podemos aplicar un royalty de 10% a las empresas transnacionales? Hay un amplio consenso para aprobar un royalty, incluyendo los partidos de la Concertación. Estos han ingresado al Parlamento un proyecto de ley de royalty, lo cual en sí es una medida positiva. Pero hay que decir que recién lo vienen a hacer ahora, en el contexto de un periodo electoral, y muy presionados por el movimiento de defensa del cobre que se ha desarrollado en el país. Incluso, un dirigente DC dijo que "si no se aprobaba ahora seguiría como bandera para las elecciones presidenciales". Es decir, su planteamiento, para muchos de ellos, es una medida demagógica y electorera. Se añade el hecho que el gobierno ha dicho que estudiarán hasta mayo el tema, pero no es la mejor medida pues puede alejar a los inversionistas. Es decir, el gobierno está dispuesto a pasar por encima del clamor mayoritario del país, incluyendo los partidos que lo componen, para defender los intereses de las transnacionales. ¡Y así hablan de democracia! Por ello es que hay que tener claro que cualquier medida que avance en la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, será resultado solo de la movilización y presión de las organizaciones sociales y políticas, en general de todos los chilenos patriotas, que obligarán a las transnacionales y al gobierno a encuadrarse en una política soberana. Así avanzaremos en la perspectiva de la renacionalización del cobre. Proponemos: 1) Aplicar un royalty de 10% a las transnacionales. Apoyamos el proyecto de ley del Comité de Defensa del Cobre, que no solo plantea el 10% de royalty sobre el precio de cobre fino extraído, sino que está claramente argumentado, tanto desde el punto de vista político, como económico, de los intereses de las regiones, y desde el punto de vista jurídico. 2) Eliminar el Decreto Ley 600 y demás leyes entreguistas y establecer una base tributaria adecuada 3) Regular la producción nacional y no seguir aumentándola, de manera de conservar el precio. ¡Ojo! El vicepresidente ejecutivo de Cochilco, en la misma entrevista en que elogia la medida de Codelco de acopiar y no vender un stock de cobre, anuncia que la producción nacional de cobre, que en 2003 fue de unas 5 millones de toneladas, llegará este año a una 5,5 millones de toneladas. 4) Destinar los excedentes generados por el alza del precio al gasto social y a inversión en refinación e industrialización del cobre. Es momento de juntarnos todos las organizaciones y personas que estamos por recuperar la soberanía de la patria y acordar un itinerario de movilizaciones. * Oscar Azócar, Director del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz