Hace menos de dos meses, Pedro Cateriano y Wilfredo Pedraza juramentaron como Ministros de Defensa e Interior, respectivamente. Hoy, muchos pensamos que deben ser removidos de sus cargos por el mal manejo de los acontecimientos de Ranrapata, el ocultamiento de la muerte de la niña Soraida Caso, de 9 años, y la vergonzosa pretensión de procurar impunidad para los responsables de los hechos y para quienes proporcionaron información falsa al país.

A estas alturas, está meridianamente claro que el Comunicado Nº 25-2012 del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas, dando cuenta que el 8 de septiembre una patrulla combinada, con presencia del Ministerio Público, incursionó en un campamento terrorista ubicado en el centro poblado de Ranrapata –Sto. Domingo de Acobamba– Huancayo) e incautó folletos de adoctrinamiento, detuvo dos presuntas delincuentes terroristas y “rescató” a un bebé de diez meses, otros dos de cuatro y ocho años, “quienes se encontraban cautivos”, está lleno de graves falsedades, que la acción de la población y autoridades menores han develado.

Está claro que el mismo 8 de septiembre los tres niños llegaron al Grupo Aéreo Nº 8 cerca de las 3:00 p.m. y permanecieron en el avión hasta la llegada de la ministra Jara y de Nadine Heredia, quienes fueron convocadas por “alguien” para recibirlos –cerca a las 4:15 p.m.– y celebrar un “éxito” de la liberación de niños secuestrados por SL.

Está claro que no hubo presencia fiscal en el operativo y que el comunicado del CCFFAA faltó a la verdad de los hechos. Que ocultó la muerte de una niña de 9 años, con un balazo por la espalda, quien salió corriendo de la vivienda intervenida, donde estaban su madrastra y sus 3 hermanastros, los que no estaban secuestrados y llevaban una vida escolar regular, así como recibían programas sociales. Igualmente que su cadáver fue levantado a unos 50 metros de la casa, el día 11 de setiembre, según consta de un Acta suscrita por el Juez de Paz, un teniente gobernador, autoridades municipales y otros –con un balazo, heridas y hematomas en la cara y manos– y entregada a las autoridades de Salud que practicaron su necropsia confirmando lo señalado el 13 de setiembre.

Es un hecho que los ministros, en diferentes fases de este condenable procedimiento, actuaron como meros portavoces de las fuerzas operativas que buscaban dar una versión oficial falsa, que no buscaron información de otras instituciones, autoridades y población, y que, al presentarse al Congreso el pasado 13, ni siquiera llevaron documentos ya existentes sobre los hechos que demostraban la gravedad de lo sucedido.

Al revés, en una penosa intervención ante el país y ante la representación nacional, ni siquiera expresaron que habían sancionado a los responsables de la mentira y a los autores de la muerte de la niña o del virtual secuestro de una familia para llevarla a Lima y deformar lo ocurrido, del engaño al país que solo desprestigia a las instituciones armadas, sino que tuvieron una actitud inaceptable ética y políticamente. Y es que, al cerrar su presentación en el Congreso, en nombre de ambos, el Ministro del Interior dijo: “Hoy, Presidente, preocupa la situación de este grupo valeroso que durante muchos días tuvo que caminar en el monte para llegar al campamento de ‘Pauca’ y hacer lo que hizo, esa acción concreta. Hoy temen si van a ser o no juzgados, hoy temen si van a ser o no detenidos, por una circunstancia que está en proceso de esclarecimiento y que en todo caso la responsabilidad debía estar en el senderismo. Es una fuerza de elite, Presidente, que intentó hacer un operativo eficiente para detener mandos medios y sobre todo encontrar niños, que todos sabemos, terminan siendo en el tiempo militantes del senderismo.”

Esta alocución es un llamado a la impunidad en función de razones de Estado y un desprecio a la vida de la niña muerta, pretendiendo eximir de investigación hechos tan graves. Es ética y políticamente inaceptable que se mantengan en el cargo quienes pueden levantar estas demandas violando los más elementales derechos de las personas y buscando la impunidad para gravísimos hechos. Es hora de que se vayan.

Diario La República, 17 de septiembre de 2012