A partir de la crisis de la deuda mexicana en 1982, la mayoría de países de América Latina, han impuesto una política económica cuyo diseño, conceptualización y monitoreo ha sido realizado por las organizaciones internacionales de crédito, sobre todo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La aplicación de estas políticas, llamadas de ajuste macroeconómico, fueron la causa del grave deterioro económico de la región en los ochenta, conocido como la "década perdida". Estas políticas de ajuste fueron concebidas e instrumentalizadas de tal manera que pueda garantizarse la transferencia de recursos desde la región hacia los mercados financieros internacionales. Sin embargo, la imposición del ajuste y el peso de la deuda externa provocaron serios problemas en las economías de la región e incumplimientos en los compromisos suscritos con los acreedores internacionales. Frente a los problemas de incumplimiento de pagos de la deuda externa se concibió por parte de los Estados Unidos, el Plan Brady, y, frente a las incoherencias entre la condicionalidad exigida por el FMI, por una parte, y el Banco Mundial, por otra parte, se propuso el "consenso de Washington" por el cual el FMI se concentraba en los problemas del corto plazo y en mantener el equilibrio entre los indicadores macroeconómicos, mientras que el Banco Mundial se concentraba en las "reformas estructurales" del Estado, esto es, en garantizar los cambios jurídicos y políticos que hacían posible las privatizaciones y la reducción del tamaño del Estado. De esta manera y producto de la aplicación del ajuste, las economías de la región dedicaron por concepto de transferencia de recursos un volumen equivalente a 400 mil millones de dólares entre mediados de los ochenta y mediados de los noventa. A pesar de esta gigantesca transferencia de recursos, la región ha visto crecer su deuda externa, de 450 mil millones a inicios de los ochenta, a cerca de 900 mil millones a fines de los noventa. Para garantizar tales volúmenes de endeudamiento, los países latinoamericanos se han visto obligados a transferir al sector privado, manejado principalmente por la finanza corporativa mundial, áreas estratégicas del sector público, como son las comunicaciones, la energía, los servicios básicos, del transporte, etc. Ha sido, justamente, gracias a las políticas de privatizaciones que los países latinoamericanos lograron "regresar" al mercado mundial de capitales y ser considerados nuevamente como "sujetos de crédito". Por otra parte, las políticas de ajuste han vuelto vulnerable a toda la región a las viscisitudes de los mercados mundiales de capitales. Los riesgos de contagio de las crisis financieras se han convertido en un factor sistémico en todos los países de América Latina. La crisis asiática de 1988 golpeó rudamente a Brasil y generó un efecto de dominó en toda la región. La crisis mexicana, conocida como el efecto tequila, se debió también a un contagio financiero externo. Esta vulnerabilidad otorga un gran poder de decisión a la finanza corportativa mundial y reduce las capacidades de acción y de maniobra de todos los países latinoamericanos. De hecho, el diseño y la aplicación de cualquier política económica están sometidos a la aceptación y visto bueno del mercado mundial de capitales y de la finanza corporativa mundial. Lo evidenció, por ejemplo, la reciente controversia entre el Ministro de Economía de Brasil, de tendencia neoliberal, y el Ministro de Planificación y Desarrollo, de tendencia cepalina. El Presidente Cardoso, aceptó la renuncia del segundo, mientras que mantuvo en su puesto al Ministro de Economía que gozaba de la confianza de los mercados financieros internacionales. A pesar de todas las distorsiones económicas y sociales que han provocado las políticas de ajuste, es evidente que ha existido un acelerado proceso de concentración de capitales y la formación de poderosos grupos económicos que controlan la economía latinoamericana. Los antiguos grupos industriales, comerciales o bancarios, que dominaban en la región, han entrado en una nueva dinámica cuya lógica es la financiera, esto es, la rentabilidad generada en los circuitos de la acumulación financiera, es más alta que la rentabilidad industrial, comercial o simplemente bancaria. A las actividades tradicionales se suma el manejo financiero de la cartera de las empresas, (cash flow). Este manejo financiero otorga una nueva racionalidad a los grupos económicos, al mismo tiempo que los integra a las dinámicas y lógicas de los mercados mundiales de capital. La transformación de estos grupos económicos en grupos financieros es un aspecto clave para comprender la vinculación entre la política económica neoliberal, las privatizaciones, y el pago de la deuda externa, así como para comprender el carácter corporativo que ha asumido el Estado en América Latina. Empero de ello, es evidente que existe un agotamiento del modelo de ajuste y de reforma estructural preconizado por el FMI, y el Banco Mundial. Ningún país ha logrado, en efecto, y en casi dos décadas de ajuste, resolver sus problemas de endeudamiento externo, de crecimiento, de desarrollo industrial, de políticas sociales. Por el contrario, los indicadores muestran señales alarmantes de deterioro de las economías de la región. De hecho, existe un claro proceso de desinversión y desindustrialización de toda la región. Por el lado de las políticas sociales, el incremento de la pobreza, de la conflictividad social, etc., muestran claras señales de regresión en relación a la década de los setenta. Las señales del agotamiento se expresan por ejemplo, en la crisis ecuatoriana, país que se ha visto obligado a renegociar parte de los bonos Brady, y que ha declarado una moratoria tácita sobre otro tramo de su endeudamiento externo. También existen signos de crisis en Argentina y Brasil. A pesar de las recientes recuperaciones de los valores de la deuda externa, es indudable que se está gestando una profunda crisis en la región. Los países de América Latina, privilegian el servicio de la deuda externa comprometiendo toda posibilidad de desarrollo, imponen y radicalizan el modelo neoliberal del ajuste económico, profundizando la recesión y agravando las condiciones de vida de sus pueblos. Transfieren al sector privado las áreas estratégicas de su economía y vuelven vulnerable a la sociedad en su conjunto frente al poder de los monopolios y de los grupos financieros. Cierran los espacios de participación democrática cuando aceptan las condicionalidades de los organismos internacionales de crédito por sobre las prioridades de su soberanía nacional. Es entonces conveniente preguntarse por la vigencia y por la pertinencia que tiene el actual modelo económico de ajuste ¿Pueden postergarse las necesidades de pueblos enteros por satisfacer los requerimientos de la finanza corporativa mundial? ¿Puede hipotecarse el futuro de nuestros pueblos ante un modelo que profundiza y agrava la pobreza?