Colombia

La autonomía indígena del Cauca entre el fuego cruzado

Emma Gascó

06/09/2012

Opinión

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Indígenas del Cauca exigen la retirada de las FARC y del Ejército de sus territorios. Hablamos con los protagonistas de este proceso de autonomía, clave en el inicio del reciente proceso de paz.

Era un domingo por la mañana cuando el tatuco, un artefacto explosivo conocido por su poca precisión, reventó el puesto de salud indígena. El ataque de las FARC al pueblo de Toribío, en el departamento del Cauca, dejó siete personas heridas el 8 de julio. A la enfermera jefe hubo que cortarle una pierna. “Fue el último hecho que llena la copa”, explica a DIAGONAL Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Las comunidades decidieron hacer lo que habitualmente hacen: expulsar a los actores armados de sus territorios para que “se lleven su guerra a otra parte”. Pero esta vez lo hicieron de forma “más contundente”, cuenta Chávez.

Dos mil guardias indígenas subieron el pasado 17 de julio al cerro Berlín y obligaron a los soldados del Batallón de Alta Montaña número ocho a desalojar el lugar. El cerro Berlín, como parte de las tierras indígenas, es territorio colectivo. Además, es un lugar sagrado. Contra lo que dicta la Constitución de 1991, el Ejército se había instalado allí sin haber consultado a la comunidad. Custodiaban dos torres de comunicaciones, una de ellas de Telefónica. Las imágenes de la Guardia Indígena sacando a los militares en volandas ocasionaron un revuelo mediático. Trascendió, por encima de todo, la fotografía de un militar llorando. Menos repercusión tuvo la destrucción por parte de los comuneros de un campamento de las FARC.

Experiencia para la paz

Tras varios asesinatos, y entre una militarización creciente, el presidente Juan Manuel Santos viajó al Cauca para pedir perdón por las violaciones de los derechos humanos que se habían producido en julio y agosto. “Santos sabe jugar con todas las fichas y busca su reelección. Su discurso es diferente al de Uribe, pero sus órdenes son las mismas”, expone Jesús Chávez. En la mesa de concertación que se ha abierto con el Gobierno se hablará de la tan demandada paz en Colombia. “Nosotros no podemos esperar a ver cuándo les da la gana a los dos actores armados de retirarse de los territorios indígenas. Es urgente hablar de salir del conflicto por la vía negociada. Hay experiencias en otros pueblos de que cuando no hay guerrilla, ni hay fuerza pública, se ha garantizado la tranquilidad y la paz. Queremos aportarle a Colombia una experiencia desde la población civil para la construcción de la paz”, añade el consejero mayor del CRIC.

15.000 guardias indígenas

Con su distintivo pañuelo rojo y verde, y armados sólo con un bastón de mando adornado con cintas de colores, 15.000 hombres y mujeres de todas las edades forman la Guardia Indígena del Cauca. Cuando las comunidades quedan en el fuego cruzado, la Guardia se encarga de protegerlas en los lugares de asamblea permanente. Cuando encuentra armas o plantaciones de cultivos ilícitos, las destruye. Así hizo el pasado julio con los fusiles que le requisó a las FARC. La Guardia no es una estructura policial, sino una herramienta de resistencia civil que ha evolucionado con el proceso de autonomía iniciado en 1971 por el CRIC.

Guillermo Tenorio nació en 1941 y formó parte del proceso de creación del CRIC. Describe los años de “terraje”, la relación feudal que existía todavía en los ‘60: “Muchas familias estábamos en la misma situación, trabajándole al patrón, sin remuneración, solamente por vivir en su hacienda”. En los más de 40 años de movimiento indígena en el Cauca, el CRIC consiguió abolir el terraje, recuperar más de 544.000 hectáreas de territorio ancestral y echar a andar un sistema educativo, judicial y de salud propio. Hoy, 320.000 personas, en su mayoría indígenas nasa, se coordinan en esta institución a través de un sistema tradicional de democracia participativa: los cabildos indígenas. Las asambleas llegan a ser de 7.000 u 8.000 personas.

En comunidad se decide qué hacer para preservar los recursos naturales, expulsar a los actores armados y luchar contra la pobreza extrema. Según explica el analista Juan Carlos Houghton, esa autonomía, que consiguió plena cobertura legal con la Constitución de 1991, se ha convertido en “un desafío abierto ante los proyectos territoriales de la insurgencia, del Estado y de los paramilitares”.

Casi a las afueras de Caldono, una comunidad organizada en el CRIC, hay un pequeño cerro. Desde ahí se ven las montañas, la vegetación exuberante y las casas bajas de colores, algunas todavía con agujeros en los tejados. El guardia indígena Pedro Huete señala la estación de la policía militar, que está junto a la plaza y la iglesia, en el centro de la comunidad. “La policía tiene miedo y ahí se siente más protegida. Cuando las FARC se despliegan a las afueras –señala hacia todos lados– intentan darle a los soldados, pero las pipetas que tiran caen en medio del pueblo. Siempre hay dos o tres heridos civiles”, explica Huete. El puesto de policía de Caldono está resguardado por las omnipresentes trincheras hechas de bolsas de plástico verde. “Éste es el puesto más seguro de la zona”, asegura con orgullo y diplomática placidez el oficial al mando.

Pero para los comuneros la presencia militar no conlleva mayor seguridad. Al contrario, “los militares han sido actores intelectuales y físicos de masacres perpetradas en alianza con el paramilitarismo y con el narcotráfico: han asesinado a muchos compañeros”, explica Chávez. Tampoco trae seguridad la presencia de las FARC. Para Edison Peña, consejero nasa del CRIC, “las FARC dicen tener una política de defensa del pueblo, pero no están defendiendo, están atacando al pueblo. Ya dejaron la política revolucionaria y se convirtieron en hombres bélicos”. Peña tiene muy presente el atentado del 9 de julio de 2011, en el que la guerrilla hizo estallar una chiva [autobús] bomba frente a la estación de Policía de Toribío en pleno día de mercado, con un resultado de 103 heridos y tres muertos.

Al margen del mercado

A unos 600 metros de la estación de Policía de Caldono ha aparecido un objeto que parece fuera de lugar. Se trata de una retroescavadora de unos 20 metros de largo. La mole amarilla está aparcada junto a una humilde casa de porche de madera. Su imponente pala descansa sobre un prado verdísimo. Saltándose las leyes de las autonomías indígenas, que obligan a realizar una consulta previa, el gigante minero Anglo Gold Ashanti, empezó en 2010 una explotación en un río de Caldono. La comunidad se lo advirtió, varias veces. La minera hizo oídos sordos. Así que los indígenas expulsaron a los trabajadores y requisaron la maquinaria. “La retro ahora sirve para hacer trabajo comunitario”, explica a DIAGONAL Albiro Calambás, consejero mayor de Caldono.

Sobre el Cauca pesa su importancia geoestratégica: es paso de droga para los narco, tierra fértil para los monocultivos de caña para biodiesel y golosos cerros para las empresas mineras. A mediados de 2011, más del 50% del departamento estaba solicitado para realizar explotaciones mineras. Pero para los indígenas las zonas altas donde nacen los ríos son sagradas. Y no sólo porque es el lugar donde se realizan los rituales. De los ríos depende la vida de las comunidades. Hasta ahora no han permitido que las empresas mineras ni las cañeras entren en sus tierras. Para Juan Carlos Houghton, la apuesta indígena por ejercer la soberanía ha resultado ser “la más exitosa estrategia” para impedir que el territorio se convierta en un “supermercado de materias primas”.

“Somos incómodos porque estamos golpeando un modelo”, cuenta a contraluz la exconsejera mayor del CRIC Aída Quilcué, que lideró en 2008 la Gran Minga por la Vida, una de las mayores movilizaciones en la historia reciente de Colombia. “Demostramos al mundo indígena, y al mundo nacional e internacional, que no siempre hay que obedecer, que se trata de construir un proceso conjunto. Nuestro proyecto de vida es transformar el modelo de los pueblos indígenas y sectores sociales en una realidad, que se combata la extrema pobreza y el hambre”, explica Quilcué. En las tierras indígenas 6.000 familias no tienen tierras para producir sus alimentos.

Vacuna frente al desplazamiento

En agosto, se han sucedido las amenazas del grupo paramilitar Águilas Negras a los líderes del CRIC. “Aunque el Gobierno insiste en que los paramilitares se desmovilizaron en 2006, acá siguen actuando”, explica Ana Deida Secué, especialista nasa en el área jurídica. En Colombia más de cuatro millones de personas han dejado sus casas, sus tierras y a menudo todos sus bienes, para escapar de los ataques, propios del cine gore, de los paramilitares. Una vez desplazadas, sus terrenos no tardan en ser aprovechados por parte de grandes empresas para monocultivos de exportación, explotación petrolera y minera o, simplemente, fines especulativos, según describe el historiador y experto en movimientos sociales Frank Molano.

Pero, en el territorio organizado en el CRIC, el binomio desplazamiento- apropiación de tierras se encuentra con el obstáculo del proceso de autonomía. Gilberto Yafué es experto nasa en tierras. Para él, las raíces con las que cuenta el movimiento indígena en el Cauca es la mejor vacuna frente al desplazamiento, el robo de tierras y el empobrecimiento de la población: “Frente al ruido de la armas, frente al cruce de los disparos, hay miedos. Pero cuando hay sentido de la identidad y sentido de pertenencia no hay posibilidades de desalojo, no hay posibilidades de desplazamiento”.

- Emma Gascó, Cauca, Colombia (Redacción Diagonal)

http://www.diagonalperiodico.net/La-autonomia-indigena-del-Cauca.html?var_recherche=cauca

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