XXXV Congreso Mundial de la FIDH
Resolución del Congreso sobre Ecuador
08/03/2004
- Opinión
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) reunida en el
Congreso de Quito, del 1ero al 6 de marzo de 2004, frente a
represión de las movilizaciones sociales realizadas en Enero de 2004
y particularmente frente a la utilización de la violencia política,
y de manera general frente a la situación social, política y
económica que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos en
Ecuador manifiesta que:
Considerando que:
La reciente represión del movimiento social se enmarca en un
discurso oficial autoritario, en prácticas clientelares, en falta de
transparencia y de eficiencia en la gestión gubernamental, a lo que
se agrega la aparición de brotes de violencia armada,
amedrentamiento y la persecución de medios de comunicación,
periodistas, y dirigentes sociales como el reciente intento de
asesinato el 1 de Febrero de 2004 en la ciudad de Quito del líder
indígena Leonidas Iza,
El Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina se enmarcan en una
estrategia de ocupación del espacio andino amazónico, que junto al
Plan Puebla Panamá y otras iniciativas, como los tratados de libre
comercio, crearán un corredor que permitirá a Estados Unidos ampliar
su mercado y obtener recursos naturales que le son imprescindibles,
entre los que se encuentran, además del petróleo, el agua dulce y la
biodiversidad.
La brecha entre la pobreza y la concentración de la riqueza en pocas
manos se ha incrementado y que más de la mitad de la población
ecuatoriana no goza de condiciones dignas de vida y no puede ejercer
adecuadamente los derechos económicos sociales y culturales;
El Ecuador ha incorporado en su Constitución Política a los derechos
de los pueblos indígenas, en todo lo que se relaciona con su
cultura, su territorio y el poder de decisión, en temas relacionados
con la exploración y explotación de recursos no renovables. Y que
sin embargo, las actividades extractivas se realizan en los
territorios y tierras comunitarias de los pueblos y nacionalidades
indígenas del Ecuador y de comunidades campesinas mestizas, sin que
se respete su derecho a participar en la toma de decisiones
legislativas y administrativas que puedan afectarles social,
económica, ambiental y culturalmente, como es el caso del pueblo
Quichua amazónico de Sarayaku,
El deterioro del medio ambiente, la pérdida de biodiversidad, la
contaminación y la destrucción de los recursos naturales están
íntimamente ligados a las actividades extractivas de los recursos,
impulsadas por las corporaciones transnacionales y facilitadas por
políticas legislativas y administrativas en el orden interno;
La sociedad ecuatoriana se ve enfrentada a un aumento de la
militarización, cuya principal expresión es la aplicación del Plan
Colombia y en especial su énfasis en la solución bélica al conflicto
colombiano, el combate al narcotráfico, la erradicación del cultivo
de las plantaciones de coca a través de fumigaciones que afectan la
vida, salud y seguridad alimentaria de las comunidades y pueblos
fronterizos.
El ejercicio de la autoridad de la fuerza pública en el cumplimiento
de su mandato de brindar seguridad a la ciudadanía, muestra una
serie de casos donde la arbitrariedad de las acciones han
significado detención arbitraria, malos tratos, incomunicación,
tortura constituyéndose flagrantes violaciones a los derechos
civiles de la población ecuatoriana en general, criminalizando
particularmente a sectores empobrecidos de la sociedad y a grupos
que ejercen su derecho constitucional a la libre opción sexual.
El ejercicio de los derechos de las mujeres evidencia discriminación
en todos los niveles, particularmente las mujeres indígenas,
refugiadas, campesinas y urbano marginales, expresada en altos
riesgos a su vida, integridad y tráfico de personas.
RESUELVE:
Condenar toda práctica oficial que viole y atente contra los
derechos humanos
Demandar del Gobierno una urgente acción que enmiende estas
practicas y de una efectiva protección a Sarayaku y sus habitantes,
así como a sus defensores y que cumpla las resoluciones de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos al respecto,
Exhortamos al Gobierno del Ecuador a priorizar políticas de
bienestar y de seguridad humana integral que tenga como sustento el
pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales
Exhortamos al Gobierno del Ecuador para que garantice la plena
participación de los pueblos en la toma de decisiones que afectan su
sobrevivencia y futuro.
Exhortamos al Gobierno del Ecuador para que cumpla con las
resoluciones judiciales nacionales e internacionales que protejan
los derechos humanos.
Pedimos al gobierno ecuatoriano reconocer que los efectos de una
solución militar al conflicto colombiano afecta la estabilidad
regional y democrática en el área andina y aumento los riesgos de
una crisis humanitaria.
Exhortamos para que el gobierno del Ecuador solicite la suspensión
de las fumigaciones en los departamentos fronterizos colombo -
ecuatorianos, por ser nocivos a la salud humana, a la seguridad
alimentaria y al medio ambiente.
Demandamos el irrestricto respeto de los derechos civiles y
políticos de la población ecuatoriana y la sanción a los
responsables de violaciones a los derechos humanos, así como la
reparación integral a las víctimas y sus familiares
Instamos al gobierno del Ecuador ejecutar políticas concretas,
tendientes a disminuir la brecha de jure y de facto, en el campo de
los derechos de las mujeres, a través del reconocimiento de las
particularidades de género al momento de dictar medidas y políticas,
sociales y económicas, a brindar especial atención a las mujeres
cuyas condiciones las coloca en situación de mayor vulnerabilidad.
Insistimos en el cumplimiento de los compromisos adquiridos a favor
de los derechos humanos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de
los trabajadores, de los refugiados, de los migrantes, comunidades
GLBT, entre otros, a través de instrumentos internacionales así como
el acatamiento de las observaciones realizadas, sobre este tema, por
los organismos internacionales especializados.
Delegar a las Organizaciones del Ecuador, parte de la FIDH (CDES,
INREDH y CEDHU), den seguimiento permanente a las acciones que en
este sentido se den en el país.
Hecho en Quito, el 8 de marzo de 2004
https://www.alainet.org/es/active/5764
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