La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) reunida en Quito, Ecuador, durante los días 3 y 4 de Marzo de 2004 en su XXXV Congreso Mundial, hace pública su preocupación por la situación que afecta a la población Colombiana. CONSIDERANDO Que el Dr. Álvaro Uribe Vélez asumió la Presidencia de Colombia el 7 de Agosto de 2002 planteando un programa para la construcción de un Estado autoritario y políticamente excluyente, en el cual, el cumplimiento de los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos está quedando supeditado a una estrategia de "seguridad democrática", que hasta el momento no es otra cosa distinta que una estrategia de guerra y de represión contra la población civil, dirigida a proteger los intereses de las transnacionales, principalmente norteamericanas, y de los principales grupos económicos del país, el latifundismo y el narcotráfico. Que una vez posesionado, el presidente decreta el estado de conmoción interior, involucrando a la población civil en la confrontación; se crearon los soldados campesinos; hay un enorme crecimiento del pié de fuerza de ejército y policía y otras medidas de reingeniería militar, estableciendo redes de informantes mediante recompensas y reparto de botines que alientan la corrupción y la evaporación de los dineros públicos; al mismo tiempo se bloquea el paso de alimentos y el libre tránsito de la población civil. Varios de los artículos de este decreto de conmoción fueron declarados inexequibles por la corte constitucional. Que el gobierno de Uribe Vélez viene desmantelando la Constitución de 1.991, en una ofensiva que esta arrasando las libertades públicas y los derechos ciudadanos, acentúa el poder presidencial y elimina los controles judiciales. Las reformas es curso implican un flagrante desconocimiento de lo que debieran ser las bases esenciales de un Estado de Derecho, en tanto desconocen la separación de las ramas del poder público, quebrantan la autonomía de la rama judicial, restringen la vigencia de los derechos humanos de manera permanente e ignoran convenios internacionales suscritos por Colombia. Que próximos a cumplirse dos años de posesionado, el gobierno aún no presenta al país el Plan de Acción Nacional para la promoción y garantía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, ni la política pública para la atención integral a la población desplazada, ni los mecanismos para la protección de los líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos, como lo prometió en un comienzo y, por el contrario, aplica medidas que ignoran las 24 recomendaciones de la Comisión de derechos humanos de la ONU y múltiples exigencias de opinión publica nacional y la comunidad internacional para respetar y dar cumplimiento con los derechos humanos. Que el Presidente Uribe se opone a cualquier posibilidad de dialogo y solución política negociada del conflicto con la insurgencia y ni siquiera admite un acuerdo humanitario, como el que propicia la Iglesia Católica y destacadas personalidades del país. Se pretende hacer creer a la ciudadanía, que fortaleciendo un etéreo concepto de seguridad los colombianos van a resolver históricos conflictos, que como bien sabemos, tienen unas raíces profundas basadas en desigualdades de origen económico y social y en la exclusión política a que por años han condenado los gobiernos a las mayorías nacionales. Que la única puerta abierta al diálogo ha sido para legalizar los grupos paramilitares, responsables del tráfico de cocaína y de las peores masacres y vulneraciones al DIH y a los derechos humanos. Con el agravante, que con la "ley de alternatividad penal" se busca, no solo evadir la responsabilidad política y jurídica que le cabe al Estado como generador y promotor de estos escuadrones de la muerte, sino negar el derecho que tienen las victimas a la verdad, justicia y reparación integral por la perdida de sus seres queridos. Que medidas como el estatuto antiterrorista busca equiparar el concepto de terrorismo con el desarrollo de causas políticas, -se supone las de la oposición-, o la lucha reivindicativa de los trabajadores y los sectores populares, dando un paso más en la judicialización de la protesta social; tales medidas contradicen convenios internacionales al otorgar funciones judiciales a la fuerza pública, interceptaciones de teléfonos, limitar derechos fundamentales de los colombianos relacionados con el debido proceso, la presunción de inocencia, la distinción entre combatientes y no combatientes y la no discriminación. Desde los inicios del gobierno actual se han detenido arbitrariamente a mas de 6.000 personas, la inmensa mayoría lideres de reconocidas organizaciones sociales como la CUT, organizaciones de derechos humanos, abogados defensores, campesinos, estudiantes, médicos, empleados públicos y hasta sacerdotes; La fiscalia y los miembros de la Fuerza Pública han venido dirigiendo los procesos e investigaciones a través de la preparación previa de los informantes, a quienes se les ha invitado, impulsado o presionado a mentir, bajo promesas de beneficios económicos, jurídicos o en muchas ocasiones por amenazas. En la mayoría de los casos, los detenidos han tenido que ser dejados en libertad, luego de meses de estar en prisión. Que el gobierno viene pregonando en el exterior una supuesta reducción en las violaciones a los derechos humanos, cuando en la práctica subsiste una profunda crisis humanitaria reflejada en la persistencia de casi tres (3) millones de desplazados que no reciben atención del Estado. Existe un promedio de 28.000 ejecuciones extrajudiciales anuales, de los cuales unos 6.900 con claramente políticas. Entre enero y noviembre de 2003, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 1 defensora desaparecida; 29 líderes comunales y 23 líderes campesinos fueron asesinados o desaparecidos. Entre junio de 2002 y mayo de 2003, 126 sindicalistas fueron asesinados o desaparecidos. Que el Comité contra la Tortura manifestó en sus recomendaciones sobre Colombia en noviembre de 2003 que en el país se cometen torturas "de manera generalizada y habitual por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) tanto en operaciones armadas como fuera de ellas", y que las actuales políticas de seguridad favorecen la práctica de torturas. El Comité expresó también preocupación por las torturas a personas detenidas, y por el hacinamiento en los lugares de reclusión. Que el propio presidente Uribe ha venido desautorizando y estigmatizando la actividad de las organizaciones de derechos humanos al asimilarlas con grupos terroristas, como ocurrió en sus declaraciones del 8 y 11 de Septiembre del 2003 y sus giras internacionales, lo cual las pone en la mira de los sectores oscurantistas del pais. En la actualidad hay más territorios vedados para las organizaciones de derechos humanos. Que preocupa la incidencia que en la degradación del conflicto armado han tenido las acciones violentas como el secuestro y la desaparición forzada. El maltrato a mujeres lo mismo que el reclutamiento y maltrato de niñas, niños y jóvenes por parte de los grupos armados continúa ; al mismo tiempo que persisten denuncias e informaciones sobre nexos entre servidores públicos y organizaciones paramilitares. Que el gobierno viene entregando a las comunidades las responsabilidades del Estado como seguridad, satisfacción de necesidades básicas y justicia, sin dotarlas de recursos para atenderlas. Los derechos económicos, sociales y culturales no son objeto de una adecuada atención estatal. El gobierno viene trabajando para afectar el sistema pensional con nuevos impuestos. El propio gobierno calcula el desempleo en el 19% y el subempleo en el 40%; Que según la CEPAL 24 de los 44 millones de colombianos viven por debajo de la línea de pobreza y 9.5 millones viven en condiciones de indigencia o miseria absoluta. Un informe de la Contraloría General asegura que el 46% de la tierra cultivable esta en manos de narcotraficantes y paramilitares. El Informe del Banco Mundial acaba de conceptuar que Colombia no ha logrado disminuir la brecha entre ricos y pobres. Por el contrario, la desigualdad aumentó dramáticamente en los últimos 20 años. Que el gobierno ha reafirmado la vigencia de disposiciones que exoneran de responsabilidad penal a las tropas norteamericanas que actúan en el país en desarrollo del plan Colombia. Ha mantenido la excepcionalidad de Colombia en la aplicación de los compromisos con la Corte Penal Internacional. Las fumigaciones indiscriminadas debido a la lucha antinarcóticos financiada por el Plan Colombia han provocado, entre otros, enfermedades, crisis alimenticias y desplazamientos. El Congreso de la FIDH exige al gobierno Colombiano: El compromiso de fondo con la democracia es el fundamento de la búsqueda de una solución negociada, política y pacífica al conflicto armado histórico. Esa solución solo puede ser real si comporta cambios sociales, económicos y políticos en favor de la población. Las medidas que el gobierno adopte para establecer sus políticas y estrategias de seguridad y control del orden público, deben estar basadas en el pleno e irrestricto respeto a los tratados internacionales vinculantes para Colombia. El Gobierno debe dar cumplimiento inmediato a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU Desmontar las redes de informantes y los soldados campesinos, por ser contrarios al derecho internacional de los derechos humanos, así mismo, el proyecto de ley denominado de "alternatividad penal" y dejar sin vigencia la reforma constitucional que otorgó facultades judiciales y de policía judicial a las fuerzas militares, y garantizar que dichas facultades sean ejercidas por autoridades judiciales y civiles. Una solución constructiva del fenómeno paramilitar debe tener en cuenta la responsabilidad del propio Estado en el surgimiento y desarrollo del paramilitarismo; lo mismo que la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación integral a las victimas. El Estado y la Fiscalía deben suspender las detenciones masivas arbitrarias y dejar en libertad a los detenidos sin causas comprobadas. Facilitar los acuerdos humanitarios totales o parciales, que permitan resolver la dramática situación de las personas privadas de la libertad en razón del conflicto armado.