Perú

Ollanta Humala: ¿Vladimiro Montesinos redivivo?

Jorge Lora Cam

20/08/2012

Opinión

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En efecto, el Presidente peruano deslindó en la práctica, definitivamente sus aparentes enigmas, ambigüedades y simulaciones, mas allá de un discurso siempre doble. Desde hace mucho pensamos en lo poco confiable que puede ser un personaje formado en la Escuela de las Américas, cuyas convicciones y prácticas estuvieron persistentemente del lado del poder y que no admite que haya una posición de izquierda, diferente a la de la derecha.

Cuando se prosterna ante Obama o cuando José María Aznar, lobbysta de las trasnacionales mineras, lo lleva a una gira europea para persuadirlo de comportarse bien con éstas, queda claro que su perorata “radical” fue exclusivamente electoral. Los primeros pasos ya los conocimos antes: primero fue el cambio del programa electoral de la “gran Transformación” a la “hoja de ruta”; después fue la mudanza total del Gabinete, desechando a los técnicos e intelectuales de centroizquierda y colocando en su lugar un equipo inmaculadamente neoliberal encabezado por otro soldado del poder, el Premier General y empresario minero Oscar Valdez, el economista Luis Castilla, heredado de Alan y colocado por los empresarios y el coronel en retiro Adrián Villafuerte, experto en inteligencia y parte del circulo de Montesinos a través del General Saucedo Ex Ministro del Interior y Defensa cuando Fujimori.

El tercer paso fue inventar engañosas falacias para imponer los intereses del capital colonialista sobre los de los pueblos y territorios implicados en la subasta del país iniciada por Fujimori –que para ello construyó un estado criminal- y proseguida por los gobiernos posteriores desde 1990, principalmente por Alan García y sus redes de corrupción.[1]

A veces olvidamos que la historia de larga duración, del mediano plazo y la del tiempo presente están articuladas. Los medios descontextualizan y nos hacen creer lo que ellos quieren que creamos y los nuevos comunicadores solo repiten lo que dicen o dijeron los mas avezados, en manos de lumpen empresarios que salvo alguna excepción, todos los demás estuvieron contratados directamente por el gobierno recolonizador de Fujimori. El Estado criollo colonial –lo mismo en otros países indígenas como Guatemala, Ecuador o Bolivia- estuvo gran parte de su larga historia bajo la dirección militar al servicio del capital colonial y las oligarquías, hoy recicladas. Esto no ha cambiado mucho y vuelven los espantajos a cada momento, cuando corre peligro el poder, si no recordemos a Gutiérrez en Ecuador, a Otto Pérez Molina en Guatemala o Montesinos en Perú. El Presidente Chávez, es una notable excepción que confirma la regla. Una diferencia con el periodo pre-neoliberal estriba es que quienes se turnan en esta función de servir al capital y al poder, son redes de políticos y técnicos de la clase media, los profesionales, casos de Toledo y Alan García o de origen popular, caso de Evo Morales.

Reiteramos, esta coyuntura expresa otra vez más que solo estamos en un momento en la historia. En la última coyuntura, el juicio al carnicero Telmo Hurtado y el cobro de millonarias reparaciones civiles a Fujimori-Montesinos y a los capos de la mafia mediática que sometían la programación y noticieros al servicio de inteligencia militar en la última década del siglo pasado, el secuestro de 36 trabajadores por bandidos guerrilleros derivaciones de Sendero Luminoso (SL), la marcha de los trabajadores de Doe Run, la lucha del pueblo cajamarquino contra la imposición del proyecto Conga por el ejecutivo y la empresa Newmont nos remontan a la historia colonial.

Comencemos de atrás para adelante.

¿Hablar de neomontesinismo es una exageración?

No lo creemos. La historia de Cajamarca nos lleva a cinco siglos atrás (1533) para encontrar el marco de dominación en la doctrina jurídica del descubrimiento[2] y su expresión en la leyenda del imperio Inca y el canje-rescate de Atahualpa, el último Inca, que dicen trueco su vida por un cuarto lleno de oro y otro con plata. Relatan historiadores que los conquistadores coloniales, criadores de puercos y delincuentes hechos militares, se quedaron con el oro, para no entregarlo a los reyes de España,[3] y mataron al Inca, antes bautizado como cristiano. Versión confusa, pues algunos historiadores señalan que Atahualpa no se rindió y mas bien, organizó la resistencia y nunca aceptó ser bautizado; lo relevante es que los viejos y nuevos colonialistas inauguraron violentamente el extractivismo y saquearon estos pueblos y sus territorios. Las sociedades agrarias y su enorme cultura, con capacidad de asegurar alimentos y agua para todos, fueron destruidas paulatinamente. Llegando a la historia del tiempo presente, relatan algunos periodistas que en el año 1993, el Presidente Fujimori, luego de derrotar a Sendero y al MRTA inició una compulsiva privatización, siempre apoyado por las fuerzas armadas. Alberto Fujimori, japonés de nacimiento, cuando se fugó del país, expulsado por el pueblo, se llevó a su país natal maletas llenas de lingotes de oro presumiblemente de Cajamarca, pues los dólares estarán a buen resguardo en los paraísos fiscales.

En el siglo XXI los conflictos mineros coinciden en todos los países con la presencia de enormes yacimientos en territorios indígenas, en toda la cadena de los andes desde Ushuaya hasta Guatemala: en México, Guatemala, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y casi toda Centroamérica.[4] Al comenzar el 2012 más de 120 conflictos comprometían a 150 comunidades de la región. Guaraníes, Quechuas, aymaras, mapuches, awás, wayús, yuracarés, Kayapós, etc. otra vez son víctimas del saqueo colonial y terror estatal. De ninguna manera se trata de un proyecto posneoliberal -como algunos apuntan- pues permanecen y prosiguen el ajuste estructural, las privatizaciones, la apertura de mercados, el lucro perpetuo por endeudamiento, la sobreexplotación para garantizar la acumulación. El que después se agreguen el lucro aprovechando de la crisis alimentaria y ecológica creando nuevas mercancías y la mercantilización-financiarización de la naturaleza, los bosques y el agua, los bienes de la naturaleza se transforman en “servicios ambientales”; el colapso de la biodiversidad solo representa nuevas oportunidades de mercantilización, no significa que estemos en una etapa muy distinta. Es cierto que se generaliza una nueva territorialidad de la dominación de la minería metalífera y la producción de hidrocarburos, la primera porque al reasignar dotaciones hídricas y consumir enormes cantidades de agua se ve obligada a someter a los pueblos adyacentes con el miedo, la represión y sumisión mediante los Estados y la renovada doctrinas de seguridad nacional convertida en la de espectro completo – geográfica, espacial, cultural, social y hasta lingüística, para el consentimiento de la opinión publica-acusando a la resistencia de populistas radicales, terroristas o narco insurgentes y sometidos a permanentes Estados de emergencia y criminalización, la violencia como fundamento de la gobernabilidad. El falaz discurso de la imposible minería sustentable es producido por el BM-FMI-OMC y apologistas de ONG como quienes publican la revista Idéele.[5] La devastación de la biodiversidad y cultura agraria por la acumulación por desposesión (minería, hidrocarburos, transgénicos, monocultivo, biocombustibles, represas, infraestructura caminera, servicios ambientales, agro e hidro negocios) simplemente es irreversible y destruye tanto la naturaleza como la sociedad.

El modo de producir colonial se reactualiza y todas las formas de explotación y dominación se combinan para un eficaz control del trabajo y la producción para el gran empresariado, las viejas y nuevas grandes potencias y el capital financiero generando una subjetividad, identidad y memoria en muchos trabajadores que mas reflejan los intereses de los dominadores que los suyos. Esto se ve reforzado por los cambios en el capitalismo: globalización del consumismo, del mercado de trabajo, del capital, la crisis continuada, etc.

La historia nos conduce a Yanacocha (y en la misma región a Gold Fields) cuya tradición como todas nuestras memorias huelen a colonialismo y a humillación. Minera Yanacocha ocupa 25 mil kilómetros cuadrados de las alturas de Cajamarca y hace un par de décadas viene destruyendo fuentes de recursos hídricos, ríos, manantiales y lagunas (San José, Yanacocha, Maqui Maqui, Totorococha Chica, La quiwila, Carachugo, chaquicocha, Patos y Corazón, entre otras). En esta segunda etapa planea vaciar dos lagunas para extraer oro y desaguar otras dos para depositar relaves, afectando bofedales y humedales que alimentan las capas freáticas, fuentes de decenas de ríos. En pocas palabras esto se sintetiza en destruir todo el ecosistema de la cuenca por una minera que emplea a 10 mil trabajadores con miserables salarios de 200 dólares, por sus primitivos métodos y las ansias de llevarse en el menor plazo todo el mineral, antes de que bajen los precios. Justamente en el simbólico 1993 la minera obtiene la primera barra de oro -expuesta al público por el mismísimo Presidente- totalizando en su primer año 304,600 onzas y diez años después más de tres millones, convirtiéndose ella y el Perú, poco después, en los primeros productores mundiales de oro. Fujimori y Montesinos están en la cárcel con todo el oro y dólares que saquearon en esos 8 maravillosos años de recolonización. Pero no por ello sino por los crímenes de lesa humanidad que les costo “pacificar” el país. Newmont y la compañía de Minas Buenaventura, del Oligarca peruano Alberto Benavides de la Quintana y su grupo, poseen Minera Yanacocha y Minera La Zanja. En la primera, en la que el Banco Mundial (International Finance Company) líder global en la lucha contra la pobreza, tiene el 5% de las acciones –una poderosa alianza que expresa como funciona la actual economía y política colonial- en 1992 pagaban entre 30 y 40 dólares por hectárea a los campesinos empobrecidos por los bajos precios de los alimentos, la guerra interna y desastres naturales. Mientras el oro subía en el mercado mundial hasta cerca de los dos mil dólares la onza, Yanacocha llegaba a producir el 40% del oro mundial pagando ridículos impuestos (3.2%), contaminando y degradando la región y sobreexplotando con salarios miserables. La legislación e institucionalidad neoliberal tampoco ha cambiado; siendo así, prohíbe y delimita los gastos que pueden hacer los gobiernos regionales y locales de tal manera que no incentiven lo productivo, en agricultura por ejemplo, pues estimularía actividades contrapuestas a la minería. Solo se les permite gastar en infraestructura urbana o interurbana, en parques o canchas de fútbol.

Al inicio estuvo como socia la empresa estatal francesa Bureau des Recherches Geologiques et Minieres (BRGM), que después pretendió privatizar sus acciones en favor de Normandy Mining Group de propiedad de otro lumpenburgués global, el hugonote Robert Champion de Crespigni, con enormes inversiones en el oro australiano. Buenaventura y Newmont iniciaron acciones judiciales frente a BRGM que llegaron a la Corte superior de Lima y a la Corte Suprema. Había que sacarlos de la sociedad. En el 2000 Larry Kurtlander relató a Lowell Bergman del New York Times que en 1998 ante la fuerza de las relaciones entre los estados francés y peruano le encargaron tratar con Vladimiro Montesinos quien tras recibir cuatro millones de dólares posibilito que la Corte Suprema fallara a favor de la Newmont y que la CIA –en cuya nómina estaba el asesor- y el Departamento de Estado interviniesen también. Durante el Gobierno de Toledo contó con apoyo del defensor de trasnacionales, el norteamericano Premier del Perú y después candidato a la Presidencia, Pedro Pablo Kucsinsky.

Ante la grave situación ambiental, después de 18 años de intensa explotación que esta acabando con las reservas de ese yacimiento polimetálico y el inicio de la exploración de áreas adyacentes: el Cerro Quilish, Yanacocha Sur y Cuenca Porcón por la misma empresa en el 2004, amenazando la sobrevivencia de decenas de miles de campesinos y pobladores urbanos de Cajamarca, se inician violentas protestas con cortes de ruta que continúan hasta hoy. Casi 8 años de lucha con muertos y heridos. Y el problema continúa. Ollanta Humala dijo en campaña “Conga no va” y ya electo afirmó “Conga va y no acepto imposiciones de nadie”, desarrolla distintas tácticas para lograr que comience una supuesta inversión de 5 mil millones de dólares. En este sentido, las ultimas noticias mas importantes son la declaración por el Tribunal Constitucional de inconstitucionalidad de la ordenanza del Gobierno Regional acerca de la inviabilidad de la gran minería. Mientras Cajamarca esta en Estado de Emergencia, un pueblo de rehén, los dirigentes mineros y sociales detenidos a la salida del Congreso y la congelación de fondos del Gobierno Regional, empleaban la táctica B: el dictamen de tres peritos internacionales (dos españoles y un portugués) acerca de un peritaje ambiental hecho por encargo gubernamental con limitantes términos de referencia reducidos a como mitigar daños. Ante una férrea resistencia popular desde abajo que empuja hasta los mas conciliadores a mantenerse al frente, caso de Gregorio Santos, Presidente Regional de Cajamarca o la cúpula de la CGTP, Humala recurre a la militarización, las amenazas y judicialización de las auditorías de movimientos e instituciones para someter a sus lideres y funcionarios que persistan en la resistencia. Alan García fue quien aprobó ilegalmente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y ahora Humala paga un millonario estudio para refrendar este mismo EIA.

No obstante la presencia de pusilánimes, como en todo proceso. Cajamarca es un ejemplo de las futuras luchas en cuanto a organización y conciencia popular, en sus asambleas populares participan cientos de delegados que representan a frentes de defensa distritales, provinciales y regionales, grupos de autodefensa denominados rondas campesinas, gremios y sindicatos, federaciones de estudiantes y vecinos, etc. En el mes de febrero de 2012 participaron en la Gran Marcha Nacional del Agua con la que pedían se declare al agua como derecho humano, prohíban la minería en cabeceras de cuenca y la minería en base a mercurio y cianuro. Paralelamente, los pueblos y comunidades multiétnicas se organizan en la amazonia y en los andes nacional e internacionalmente demandando desde sus derechos territoriales hasta el buen vivir, el reconocimiento y protección de saberes ancestrales, desarrollo sostenible y economía verde, equidad de género. Por su lado, los defensores de la inversión extranjera en Bolivia, Ecuador o Perú no cesan en sus propósitos, los gobiernos continúan judicializando, promulgando engañosas leyes de consulta, domesticando en base a prebendas, reprimiendo y desplazando a los indígenas, asesinando defensores del medio ambiente, de derechos humanos y periodistas para explotar minas, pozos de petróleo y gas, plantaciones, agronegocios, criaderos industriales, represas hidroeléctricas, transgénicos, biocombustibles.

Los sujetos de la resistencia no representan una posición unánime, algunos están más cerca de la conciliación que otros que impulsan la tenacidad. Gregorio Santos, el Presidente de la Región Cajamarca, proviene de las filas del partido Patria Roja, es líder del movimiento Afirmación Nacional y del Frente de Defensa de Intereses de Cajamarca junto a Ildefonso Hernández, es un aliado natural del Padre Marcos Arana dirigente del movimiento Tierra y Libertad y partidarios de aceptar o crear las condiciones para el diálogo. Otro frente mas radical es el representado por Wilfredo Saavedra, Coordinador de los frentes de defensa provinciales de Cajamarca, en alianza con Walter Aduviri, luchador aymara que condujo duros combates contra la imposición de proyectos mineros en Puno y que junto a toda la dirigencia esta siendo perseguido judicialmente. Con ellos están el Movadef (seguidores de Sendero Luminoso de Abimalel Guzmán), Pueblo en Marcha (vinculados al MRTA) y los etnocaceristas de Antauro Humala. Estos que cuentan con el apoyo de la Asamblea Nacional de Pueblos no aceptan el proyecto Conga y amenazan con una huelga nacional indefinida, en un país donde el 70% de los conflictos son medioambientales.[6]

Otro largo conflicto recrudece en el centro del país, donde tres mil quinientos trabajadores de una empresa minero metalúrgica y una gran parte del pueblo de La Oroya exigen a Humala estabilidad laboral. Es el paradigmático caso de la liquidación, ante la imposibilidad de aprobar el Plan de Reestructuración para volver a operar, por la Junta de Acreedores de la también empresa norteamericana Doe Run Perú (DRP) cuya casa matriz es Renco, empresa de un judío estadounidense que opera el complejo metalúrgico. Se trata de 90 años de explotación y contaminación de toda una región y un pueblo creado por la minería y que hoy se enfrenta a los ambientalistas y otra parte del pueblo por interferir en su condición colonial. Ni más ni menos, estamos ante un país fracturado económica y socialmente, destruido como país agrario y diverso por el extractivismo colonial desde hace siglos, que Alan García subastó concesionando un 20% del territorio a la minería y otro 40% para otras actividades extractivas. Fujimori –como en el caso anterior- fue quien tomó la iniciativa privatizando –y enriqueciéndose- casi todas las empresas estatales, dejándole a su sucesor tan poco que solo le quedo la liquidación de los bienes naturales comunes.

Jamás olvidemos que el agua dulce del planeta solo es el 2.8% del planeta, la mayoría en polos y glaciares y que la superficial es el 0.02% y las subterráneas solo constituyen el 0.37% de la tierra –que además preservan los ecosistemas- y que las multinacionales, principalmente mineras, quieren despojar al mundo apoderándose de los territorios donde existen riquezas naturales. Es mas, el mercado global del agua –de acuerdo con el Banco Mundial- excede el billón de dólares anuales y es controlado por 10 trasnacionales (Vivendi y Suez tienen el 70% de ese mercado). Las victimas, como siempre, son las poblaciones más pobres del orbe. La división colonial de la producción significa que mientras nuestros países aseguran materiales estratégicos y críticos, las potencias monopolizan las tecnologías de vanguardia como son las telecomunicaciones, informática, electrónica, robótica, metalmecánica, bélica

De acuerdo con el economista Javier Iguiñez los conflictos políticos tienen correspondencia con la escala de las concesiones, por ejemplo Cajamarca tiene un 90% mas de su territorio en petitorios mineros.[7] De ahí que antes del conflicto en Conga hayan destacado entre decenas de conflictos, los de Tambogrande (Piura), Apurímac, Puno y Tía María (Arequipa). En estos lugares el derecho a la consulta previsto por el 169 no aplica pues en la mentalidad colonial los pobladores de estos lugares no son indígenas. Si bien parece ser cierta la ecuación que dice: a mayor recolonización mayor resistencia, hay que agregarle el ingrediente territorial, la experiencia histórica de resistencia, la importancia de la agricultura y la mayor o menor importancia del agua en sus vidas. En los lugares mencionados existen enormes valles interandinos y planicies con alta productividad potencial. Pero al Estado y a la gran empresa –como ocurre en Bolivia con el Tipnis (una tercera parte en exploración petrolera); en Ecuador que actualmente ya ha concesionado el 20% del país a las mineras con el respaldo del Baco Mundial o en Colombia donde 3 millones de hectáreas han sido concedidas para la extracción minera- no le interesa ni los parques nacionales ni los monumentos históricos. Los peruanos se preguntan que ocurrirá si se confirma la existencia de gas en Machu Picchu. Seguramente latifundistas, narcotraficantes, multinacionales, exportadores junto al poder político y judicial legitiman y legalizan la expropiación territorial.

En lo que sigue veremos como funciona el esquema recolonizador donde el Estado (Fuerzas Armadas e instituciones, leyes y poderes políticos, políticos y cultura política) siempre ha estado sometido y coludido a la política imperial y la empresa privada. Desde Fujimori los nuevos funcionarios, asesores, expertos, congresistas –en particular abogados, economistas y administradores- gozan de altísimos ingresos por implementar la recolonización adecuando la normatividad jurídica y los permisos y condiciones a los requerimientos de los lobbystas que transitan de lo público a los privado y a la inversa, sin ruborizarse. Desde mediados de los ochenta cuando se funda el Consejo Mundial del Oro (WGC) se cuenta con detallada información sobre reservas mineras metalíferas y a comienzos de los 90 se realiza el lobby para las privatizaciones con la consigna de minería responsable. El BID-BM-ONU-CEPAL se colocan al servicio de las trasnacionales extractivas, principalmente mineras, construyendo grandes proyectos de infraestructura y montando discursos legitimadores. Cuando llega al Gobierno Alan García ya se había constituidos el Consejo Internacional de Minería y Metales.[8]

El caso Doe Run Perú, es emblemático de la construcción de una existencia y conciencia colonial, que ocurre cuando los trabajadores se ven obligados y prefieren morir trabajando 12 horas y con una esperanza de vida de 50 años, a luchar contra la contaminación ambiental. Y es que, como sabemos, el trabajo es un privilegio; y esa es precisamente consecuencia de la minería y la economía colonial.

Luego de ser privatizada por Fujimori en 1997 a favor del mafioso judío norteamericano Ira Rennet que siempre incumplió con las normas ambientales y transcurrida una década de continuar con esta práctica, la empresa consigue una ampliación de una nueva prorroga hasta el 2009, año en que el gobierno de Alan García, bajo este pretexto, se opone a renovarle la licencia con el objetivo de favorecer -en un corrupto manejo -como todo lo que hizo en su decenio y que hasta hoy es protegido por la impunidad- a la empresa Cormin. La empresa DRP al ser declarada insolvente recurre, en lo que parece una burla, a solicitar un salvataje por 150 millones de dólares para seguir operando. Pero además le coloca una trampa al Estado, pues al ser declarada insolvente de enormes deudas por organismos estatales como Indecopi-Sunat, estas tendrían que ser pagadas por el Estado, si decide nacionalizar. Cierra el círculo, al provocar que el sindicato y los trabajadores continúen luchando por el funcionamiento de la empresa y que se les garantice estabilidad laboral, enfrentados a pobladores y a las ONG defensoras del medio ambiente. Humala queda entre la espada y la pared.

La Oroya es una de las cinco ciudades del mundo más contaminadas del mundo, 31 veces más que su casa matriz en Missouri, obteniendo ganancias cuatro veces mayores. Sin embargo, no obstante el enorme poder de IRA en el imperio –parte del poder sionista en los Estados Unidos y amigo personal de criminal Netanyahu- allí esta obligado a cumplir con las normas ambientales. Estas empresas en los países recolonizados han corrompido todos los poderes: locales, regionales, estatales; los mismo que a sindicatos, periodistas, medianos empresarios y políticos a su servicio. En el Gobierno de García el propio Presidente del Consejo de Ministros – el aprista, Jorge del Castillo- se encargó de defender a la empresa en los Estados Unidos ante las demandas de 12 mil niños, graves victimas de contaminación. Estas grandes empresas durante muchos años han decidido el destino de este país, una táctica sigue siendo, el intercambio de funcionarios empresariales y estatales caso de Cesar Polo y José Mogrovejo. El mas denunciado e impune ha sido el de Hans Flury quien de ser nada menos que gerente general de la Southern Perú (SP), que entre otras cosas, como tal presento el PAMA de la SP, que fue autorizado por el mismo, pues para entonces ya era Ministro de Energía y Minas.

Estos dos procesos que aparecen en la coyuntura son solo dos muestras de la acumulación por desposesión de la gran minería trasnacional -en una de ellas, asociada con la oligarquía nativa- que se encuentran por todo el país. Además de la participación de muchos mas debido a la fiebre de los metales, expandiéndose la pequeña y mediana minería legal e ilegal (principalmente en Ica, Arequipa, Moquegua, Piura, Puno, Madre de Dios, Pasco, Ancash, Huanuco y Cajamarca) con muchísimos inversionistas que emplean entre 300 mil y medio millón de mineros informales que trabajan en condiciones de semiesclavitud y que han propiciado la aparición de mas de 110 plantas procesadoras de mineral. Su importancia queda expresada en que producen 25 TM de oro (15% de la producción nacional).[9] Y algunos de los problemas que provocan –además de la existencia de mafias internacionales y corrupción- se pusieron en evidencia en estos días cuando se difundió la noticia de 9 mineros atrapados en un socavón en el departamento de Ica. Solo consideremos un par de datos: entre 1990-1997, la inversión en exploración minera creció en un 2000% y al concluir la dictadura de Fujimori (2000) Perú ocupaba el sexto lugar mundial en inversión minera. Se le califico de país imán por la competitividad para atraer inversiones. Para entonces ya había desaparecido los derechos laborales y entregado las cabezas de los dirigentes sindicales al empresariado. Así se consiguió que en el 2011 la minería represente el 60% del valor de las exportaciones concentrada en no mas de 20 empresas y que dejan el 17% al Estado. El Primer ministro acaba de prorrogar una amnistía por dos años intentando ser líder del sector.

Lo mismo, con sus obvias particularidades, viene ocurriendo en otros sectores: petróleo, gas, agricultura, maderas, pesca, etc. Siempre con la colaboración del BM/FMI/ONU y de grandes proyectos transoceánicos como el IIRSA que viene siendo monopolizado por las grandes trasnacionales de Brasil. A julio de 2011 la cartera de inversiones era de 42,451 millones de dólares, la mayor parte concentrados en 43 proyectos en cuatro departamentos: Apurímac, Arequipa, Moquegua y Cajamarca donde existen numerosas comunidades indígenas y por ello la resistencia popular es potente. Varios proyectos han sido cancelados: Tambogrande, Cerro Quillish, Río Blanco, Quellaveco, Tía María, Santa Ana, Pucamarca, etc.

Estos conflictos en la minería se desenvuelven en un contexto político de acelerada deslegitimación del Gobierno de Humala por los cada vez mas muertos y heridos en defensa de la gran empresa, en medio de un debate acerca si el Perú o no salirse del Sistema Interamericano de Derechos Humanos debido al proceso legal al mandatario ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad y por el recrudecimiento del conflicto armado en el Valle del Río Apurímac y Ene contra un enemigo difícil de clasificar. Lo denominan desde narco senderistas, narcoterroristas, mercenarios de los narcotraficantes, remanentes de sendero, hasta fuerza política en armas, etc., de la misma manera que los ambientalistas y dirigentes sociales son llamados extremistas, radicales antisistema, enemigos de la minería. Este jaleo es provocado ex profeso por la prensa defensora de la reprimarización de la economía para legitimar la criminalización de la lucha social y buscar la impunidad para las decenas de violadores de los derechos humanos en los últimos 30 años. Y también imponer la engañosa consigna empresarial de “minería sustentable con inclusión social”.

La acusación contra Ollanta Humala es de hace dos años y se refiere a torturas, desapariciones y asesinatos masivos cuando fungía de Jefe Militar de la base Madre Mía hace 20 años –en 1992- bajo el mando precisamente de Alberto Fujimori y su asesor de cabecera Vladimiro Montesinos. Ni siquiera Jurídicamente es posible borrar la memoria histórica; el archivamiento del caso por el mismísimo César San Martín, Presidente del Poder Judicial, y el intento de eliminar testigos no fue suficiente pues desde marzo del 2006 la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lo acusó de desaparición forzosa y homicidio, tortura y tentativa de asesinato de testigos.[10] Aunque ante la negativa de las Fuerzas Armadas de entregar información y el miedo de los testigos fue declarado absuelto por la Corte Suprema, el Instituto de Defensa Legal siguió el caso anta la CIDH. Mas tarde siendo candidato en septiembre del 2010 llevo su declarada inocencia a Washington y su promesa de no tocar la inversión privada, alejarse de aventuras chavistas y proteger la democracia occidental para conseguir la bendición de Obama. La historia persigue a Humala y este quedo atrapado en ella de la misma manera que en las redes del poder. Su equipo de colaboradores en la campaña electoral y hasta hoy lo reafirman y sus lazos con el fujimorismo y el aprismo son cada vez más fuertes. Rolando Reátegui, legislador fujimorista y vocero de Fuerza 2011 convoca a la defensa de Humala por que la institución presidencial es intocable. El Presidente esta obligado a solidarizarse con sus homólogos –Alan García y Fujimori-montesinos- e institucionalizar la impunidad. Su intención de poner punto final favorecería a muchos amigos suyos presos. Amnistiar a Fujmori-Montesinos, militares, Humala y Abimael, entre otros es una tarea pendiente.

Un grupo de opositores armados le recuerdan que si quiere liberar a sus homólogos criminales de lesa humanidad también debería redimir a Abimael Guzmán y escogen como escenario el mismo de Madre Mía, el Alto Huallaga. Su sacrificio llega hasta entregar las armas como Artemio y otros seguidores de Guzmán que montan el escenario de la derrota final de SL, abriendo el camino a la liberación y pacto de paz. En medio de esta euforia triunfalista surgen otros actores armados –Gabriel y compañía- que le dicen al poder: alto, esta guerra no ha terminado y simbólicamente secuestran a 36 trabajadores del consorcio Camisea en Kapashiato con el objeto –según la publicitada entrevista a “Gabriel”- de propagandizar su lucha por el socialismo y tender una trampa militar a las fuerzas combinadas -policiales y militares- mostrando su potencial y difundiendo a la opinión publica que ellos voluntariamente liberaron a los secuestrados. Los altos jefes militares, los periodistas, analistas políticos civiles y militares, quedaron desconcertados y recurrieron a los viejos senderólogos, Carlos Tapia, Nelson Manrique, Renique, Rospigliosi, Diez Canseco, etc. que estaban en una ignorancia peor que la de los otros y a los nuevos analistas que medianamente pudieron explicar lo que estaba ocurriendo. Estos últimos calculan que son entre 80 y 250 combatientes, le dan una antigüedad de 10 años desde su ruptura con su dirección y deducen que manejan unos 35 millones de dólares anuales. La mayoría invocan al rápido exterminio y critican al Gobiernos por no poseer radares, satélites y drones como en Colombia para eliminar a los dirigentes y acabar con ese minúsculo grupo al servicio de los narcos. Otros acusan a los jefes de las FC de corrupción por dar raciones descompuestas, balas y chalecos inservibles a los soldados y cobardía por abandonarlos en la selva. Recuerdan que desde Alan García han gastado millones de dólares en contrainsurgencia, que han contado con entrenadores militares israelíes y norteamericanos, que se han instalado bases. Un ejemplo de lo despistados que andan los ex asesores en contrainsurgencia es cuando uno (Carlos Tapia) dice que el origen está en que no hay Estado en esa zona y que hay que continuar con los cercos y aniquilamiento y otro (Rospigliosi) le responde que claro que hay Estado y que en esos lugares es imposible usar la táctica de cerco y aniquilamiento. Los mas perspicaces se preguntaban ¿por que si son narcos desarrollan acciones armadas de naturaleza política en un espacio simbólicamente importante donde esta previsto instalar el mayor proyecto gasífero para Brasil?[11] Al margen de los diversos adjetivos que utilizaron para descalificar a estos hombres armados y de sus vínculos con los productores de coca y los fabricantes de cocaína, lo cierto es que en varios enfrentamientos lograron derribar un helicóptero y causarles varios muertos y heridos emboscando a las patrullas combinadas poniendo en evidencia el falaz discurso presidencial al señalar que estas ultimas habrían liberado al grupo de trabajadores en acciones heroicas y que por ello se justificaba un aumento salarial. También hay que destacar que el Gobierno como represalia recurrió a bombardeos indiscriminados de poblaciones en pueblos de Ayacucho, un indicador de la estrategia de respuesta que se viene, pero también de que si están allí, el espacio de su presencia abarca varios departamentos sur-andinos: Ayacucho (La Mar y Huanta), Apurímac (Andahuaylas, Anco y Chuschi), Huancavelica (Tayacaja), Cusco (La Convención y Lares) y el Alto Huallaga (Satipo, en Junín). Se calcula que 200 mil personas están ligadas a la producción de coca.

En realidad la descomposición orgánica, ideológica y política de SL desde la captura de Guzmán y los acuerdos de paz es tal que no es fácil distinguir todas las posiciones y tendencias. Están por ejemplo el PCP Bases y el Movadef que ahora priorizan la lucha política y la liberación de Guzmán. Luego esta el PCP Base Mantaro Rojo, Sol Rojo y New Flag, propagandizadores de la guerra popular que -según Ariel Colmenares- son delincuentes políticos creadores de estos organismo para vivir de ellos usando el internet y otros medios “para recolectar fondos para la guerra”[12] Estos son también continuadores del Pensamiento Gonzalo y muchos de ellos enemigos de las líneas oportunista de derecha e izquierda, críticos del MOVADEF, de Feliciano y Artemio y de todos los traidores, arrepentidos, capituladores y desertores. También esta el nuevo Comité Central del PC del P, enemigos de Guzmán, Feliciano, Artemio que combaten en el VRAE y que según ellos se han reorganizado desde 1999 y que han continuado la lucha armada exitosamente, señalan que solo entre agosto de 2008 y septiembre de 2009 habrían aniquilado 154 militares. Dejando a un lado lo confuso de estas posiciones parecería que estos grupos armados no son un peligro para el Estado, pero en las condiciones actuales si se constituyen en el mejor pretexto para buscar mas ayuda militar extranjera, militarizar el país y criminalizar la lucha social y justificar el pretendido aumento salarial para un régimen que pretende manejar militarmente al Perú.

Lo examinado hasta aquí nos muestra que la historia aparece como una enemiga de Humala y que incluso en estos tiempos, en los que lo aparente se impone sobre lo real con la sofisticada tecnología de información y comunicación y los avances de la psicología social, no es posible borrar totalmente la memoria y construir una nueva. La verdadera historia desde abajo hay que exponerla y debatirla a cada momento para no olvidar y continuar la lucha por la autodeterminación y el socialismo. Es una larga historia que concentra en el presente cientos de años de colonialismo, desde la conquista y colonización por soldados y curas, la creación del Estado criollo con sus obedientes ejércitos, la formación de oligarquías primario exportadoras hasta la imposición del extractivismo trasnacional, que permite la mediante la privatización la colusión de empresas nativas y extranjeras trasnacionalizando a un pequeño sector oligárquico y el enriquecimiento de una capa de empresarios, medios, funcionarios, políticos y militares que conjuntamente se convierten en los grandes defensores de la inversión extranjera. Después de dos décadas de intensa recolonización aparece la contradicción entre el crecimiento económico, incremento de la inversión extranjera y el aporte al PBI por el sector primario exportador que solo llega al 11%, los daños al medio ambiente en regiones enteras También el mercado articula a militares, políticos y mafias de narcotraficantes haciendo que el Estado este a su servicio proveyéndolos de armas, dinero e insumos (gasolina de aviación vendida para procesar la cocaína). Las ofertas de campaña han quedado en solo eso. Del mismo modo que el impuesto a las sobre ganancias que según algunos analistas será en el mejor de los casos la mitad de lo anunciado (7 mil millones de dólares), otras ofertas han sido desnaturalizadas. En este caso, Humala, que controla directa y familiarmente a la SUNAT al mismo tiempo que precisaba la legislación de gravámenes y regalías, permite mayores deducciones al impuesto a la renta; con lo que terminaran pagando en el mejor de los casos menos de mil millones más. Y la otra gran oferta electoral, la reducción del precio del balón pequeño de gas propano a 9 soles (3 dólares) se transforma en la recuperación del lote 88 para consumo interno de gas natural a través de un gasoducto que en algunos años llegara hasta la costa a través de tuberías domiciliarias y de pilón (yapa) se instalara por las grandes trasnacionales de Brasil una planta petroquímica que aumentara la grave contaminación generada por la fundición de cobre de la trasnacional mexicana SP, la planta belga de energía a carbón y las harineras de pescado. Esta promesa ecocida en tiempos de baja del precio del gas y crisis de la petroquímica –v.gr. Coatzoacalcos, en México- ilusiona amuchas personas que otra vez mas esperan la industrialización de la macro región sur. Se avecinan más y mayores conflictos como el de los pescadores de Paita que acicateados por las empresas quieren imponerse sobre los estudios de recuperación de especies marinas tan depredadas por decenas de años y que terminan otra vez en la criminalización y la muerte de humildes trabajadores. El problema estriba en que en este caso el Estado no exige a las empresas seguridad salarial alguna para las épocas de veda y de un momento a otro toma medidas que si a alguien afecta es solo a los pescadores. Además se anuncian nuevas privatizaciones como la de Sedapal y la de las tierras de Olmos –producto de una irrigación- ambicionadas por la empresa Gloria y monopolios uruguayos.

Todo esto nos lleva a repensar la permanente recolonización sobre un modo de producir colonial y la experiencia y la memoria colonial en los países indígenas de América Latina. La occidentalización tiene su correlato en el mestizaje que para algunos intelectuales es la solución de las contradicciones, cuando mas bien ha destruido las culturas prehispánicas e impedido la aparición de las culturas originarias con sus excepcionales aportaciones. El interés económico fue el que determinó las transformaciones sociales, políticas y culturales. Y en toda esta larga historia la empresa extranjera y las potencias que las auspician han tenido colaboradores internos étnica y socialmente más cercanos, que han decidido el carácter de la política antidemocrática y la imposibilidad de contar con una republica soberana que se preocupe por el bien común.

Para bien o para mal en América Latina están enormes y ricas cuencas: Amazonas, Guaraní y Marañón constituyéndose en la mayor reserva de agua dulce del planeta. Pero también en el mayor potencial revolucionario.

[1] Ambos casos están en un lento, dudoso y saboteado proceso de investigación, una mega comisión investiga a García y sus redes mafiosas por los casos de la remodelación de colegios emblemáticos, el programa agua para todos a través de SEDAPAL, chuponeo a través de Business Track, etc. Y lo mas importante su participación en el remate del país, que se agrega a otros casos de negociados en su primer gobierno (1985-1990).

[2]Tonya Gonnella Frichner, “Pueblos indígenas: Consecuencias jurídicas de la doctrina juridica del descubrimiento”, Estudios de relatores especiales presentados al noveno período de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. 19/30 abril 2010, www.un.org//esa/socdev/unpfii/es/index.htm

[3] Luis Andrade Reimers, historiador ecuatoriano, sostiene que Atahualpa resistió la conquista inca y pagó con oro tecnología administrativa y productiva.

[4] En Bolivia entre muchas concesiones destaca el caso de Glencore, Kores, Sumitomo y el cerro Mallku Khuta (Lago del Condor) en el norte de Potosí, yacimiento de cobre e indio entregado, sin consulta previa, a la trasnacional canadiense South American Silver. Aqui también el Gobierno ha recurrido a la represion de los inconformes. En Ecuador, con mas de cinco mil concesiones, se encuentran los proyectos mineros Mirador, Fruta del Norte, Panantza-San Carlos y Junín en la riquisima biodiversidad de las cordilleras del Condor y Toisan. Y en los paramos destacan los yacimientos mineros de Quimsacocha que afectaria a la ciudad de Cuenca.

[5] César Gamboa, en su artículo “Conga: Ollanta y el compromiso ambiental” , Ideele, www.revistaideele.com. presenta una defensa de Humala y sutilmente de la farsa de la economía verde

[6] Flor Huilca, “Movimiento anti Conga se divide, juntos no van”, La República, Domingo, Lima, 15/04/2012. Pp. 5-7.

[7] Javier Iguiñez, “En qué momento se concesionó el Perú” , Ideele ….

[8] Mirta Alejandra Antonelli, “Mega-minería transnacional y riqueza bruta”, Puente@Europa-año VIII, N 2, dic. 2010

[9] Javier Diez Canseco, “Perú. Mineria Informal: lo illegal y lo social”, La República, 19/03/2012.

[10] CNDDHHP, “Informe contexto de violencia en la región nororiental y sucesos de base military de Madre Mia (1992)”, marzo 2006.

[11] Raúl Wiener, “El enemigo del VRAE que nadie comprende”, La República 17/04/2012.

[12] Ariel Colmenares, “Sol Rojo, Mantaro Rojo y la conexión policial”, El Diario Internacional, 2/08/2011.

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