En Canadá también se cuecen habas
10/07/2012
- Opinión
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Una de las mayores manifestaciones
se realizó el 22 de mayo en Montreal, Québec,
tras la aprobación de la Ley 78 (Foto: @philmphoto).
se realizó el 22 de mayo en Montreal, Québec,
tras la aprobación de la Ley 78 (Foto: @philmphoto).
Privatización de la educación, protestas estudiantiles, represión indiscriminada, criminalización de la protesta. No estamos hablando de un país latinoamericano sino de Canadá. En la provincia de Québec, los jóvenes se han convertido en punta de lanza del descontento social frente a la corrupción, la privatización de los servicios públicos y la restricción —mediante la llamada “Ley Mazo”— de los derechos civiles. En el centro del debate se plantea una interrogante: ¿Quién debe asumir los costos de la educación universitaria? ¿Los estudiantes que la reciben, o todos? La moneda sigue en el aire. Y las bombas lacrimógenas también.
Siempre hay una chispa que enciende la pradera. O una gota que derrama el vaso. En este caso fue cuando el gobierno provincial de Québec, encabezado por el primer ministro Jean Charest, anunció su intención de incrementar de manera progresiva el costo de la matrícula universitaria en 82% en un periodo de siete años. Y que, terminado este periodo, la matrícula estudiantil se indexaría al costo de vida.
En Québec, las matrículas universitarias —las más bajas del país— se mantuvieron, de 1968 a 1988, en CAN$500 anuales. Fueron triplicadas a inicios de los 90 y, desde el 2007, incrementadas en CAN$100 por año, hasta llegar a los CAN$2.168 de hoy. El alza propuesta por Charest incrementaría la matrícula a CAN$3.946 para el 2018-2019, más los CAN$650 en “gastos institucionales obligatorios” que se han añadido a ésta en los últimos años.
Según Charest, corresponde a los estudiantes —a quienes ha tildado de niños mimados y azuzadores— “pagar su justa parte” de la educación que reciben. Sostiene que las matrículas son las más bajas de América del Norte y que el alza, además de ser un tema discutido desde hace varios años, es ineludible en el actual contexto de crisis económica. Charest señala, también, que el alza —por ser acompañada de medidas compensatorias— no afectaría significativamente el número anual de solicitudes de inscripción universitarias.
Los estudiantes, sin embargo, han rechazado los planes del gobierno, y han señalado que el alza impedirá que muchos jóvenes accedan a la universidad, especialmente los de clase media-baja y baja (un estudiante que trabaja 15 horas semanales, usualmente a sueldo minino, gana unos CAN$148/semana). Para éstos, quienes han elegido el cuadrado rojo como símbolo —en referencia a la expresión quebequense “carrément dans le rouge” (estar en números rojos: endeudado)—, la educación es un bien común y tanto sus costos como sus ventajas deben ser compartidos. Señalan, así, que la interrogante que debe hacerse no es “¿quiero yo y puedo yo pagar matrículas más altas?”, sino “¿pueden todos los que quieren ir a la universidad hacerlo?”.
Según el Instituto de Investigación y de Información Socioeconómica (INRS), el “congelamiento” de las matrículas —e incluso la gratuidad de la enseñanza universitaria— son medidas poco costosas (aunque políticamente impopulares). Para asegurar estas medidas, el Estado tendría que invertir, anualmente, entre 356 y 550 millones; lo que equivale a menos de 1% de su presupuesto.
Para los estudiantes, Charest se equivoca de bolsillo. Pide, ahora, que ellos paguen su “justa parte”, cuando desde fines de los años 1990 su partido y el Partido Québécois (PQ) han privado al Estado —a través de la adopción de una serie de medidas económicas neoliberales— de varios billones de dólares. Se han reducido, por ejemplo, los impuestos cobrados a empresas y a los ciudadanos más pudientes1 y, entre otros, se ha eliminado progresivamente el impuesto sobre el capital (medida que priva al Estado de 890 millones anualmente). Además, según las asociaciones estudiantiles, el incremento de las matrículas no iría de la mano con una mayor o igual inversión estatal. El Estado, más bien, disminuiría su participación y financiación de las universidades.
Y si de comparaciones se trata, señalan los líderes estudiantiles, ¿por qué el Québec tiende a compararse con los Estados Unidos (o sea, con el peor ejemplo? ¿Por qué no hacerlo con el conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)? Si fuera así, las matrículas universitarias de Québec estarían por encima del promedio de los 34 países “ricos” de la OCDE. Más caras, entonces, que en Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, México, República Checa, Italia, España, Francia, Bélgica, Austria, Suiza y Portugal. Sin olvidar que, actualmente, el Québec registra las mayores tasas de inscripciones a estudios pos-secundarios en América del Norte (este año, en el Reino Unido, tras la triplicación de las matrículas universitarias, el número de solicitudes de inscripción descendió un 9%).
Con el Mazo dando
A fines de mayo, la huelga estudiantil —alias la primavera de maple o el verano caliente— cumplió sus 100 días. Acatada por unos 160 mil estudiantes, ésta no muestra los signos de desaceleración y de división anhelados por Charest. El 18 de mayo, el Gobierno aprobó la Ley 78 (68 votos a favor, 48 en contra). Ésta —bastante parecida a la polémica ley que endurece las multas contra los que infrinjan las normas durante mítines y protestas, promulgada hace poco por Vladímir Putin— suspende el semestre académico y restringe el derecho de expresión, de reunión y de manifestación (dónde, cuándo y durante cuánto tiempo). Son, hasta ahora, unos 3 mil los detenidos, algo que no se había visto desde la declaración de la Ley Marcial en 1970, tras el secuestro y la ejecución de un ministro por militantes separatistas.
Según la Ley 78 —rebautizada “Fuck Loi” (ley carajo) o “Ley Mazo”–, se debe notificar a la Policía sobre manifestaciones en las que participan más de 10 personas, con al menos ocho horas de anticipación. Se había considerado establecer el límite a 50 ó 100 personas; sin embargo, según afirmó la ministra de Educación, Michelle Courchesne, el número no “debía ser demasiado alto”, pues si lo fuera “los policías tendrían que contar a los manifestantes antes de poder actuar, lo que sería poco eficaz”.
La “Ley Mazo” prohíbe toda manifestación o concentración que se realice a menos de 50 metros de una universidad o instituto de educación superior, e impone multas de hasta CAN$5 mil a ciudadanos que la contravengan. Éstas ascienden hasta CAN$35 mil para un líder estudiantil y hasta CAN$125 mil para sus asociaciones y federaciones.
La “Ley Mazo” prohíbe toda manifestación o concentración que se realice a menos de 50 metros de una universidad o instituto de educación superior, e impone multas de hasta CAN$5 mil a ciudadanos que la contravengan. Éstas ascienden hasta CAN$35 mil para un líder estudiantil y hasta CAN$125 mil para sus asociaciones y federaciones.
Estipula que una persona, “sea por acto u omisión […], que induzca a otra persona a cometer una infracción, es también culpable de ésta”. Así, si algunos individuos —miembros de asociaciones estudiantiles o no— dejan la ruta preaprobada por la Policía, se responsabiliza y multa a los organizadores. Igual por cualquier daño causado —aunque sea por un tercero— durante una manifestación.
¿Y si una persona manda, vía Facebook, una invitación a una manifestación o twitea algo sobre la desobediencia civil está contraviniendo a la Ley 78? Según la ministra Courchesne, todo depende del contexto. “La naturaleza y el contenido de los mensajes tendrán que ser evaluados”, señaló.
¿Solo un distractor?
El 22 de mayo, cuatro días después de aprobarse la Ley 78, unas 300 mil personas desfilaron por las calles de Montreal, Québec. Marcharon por la libertad de expresión y de reunión. Por el derecho a manifestar. Ya no eran solo estudiantes sino miles de ciudadanos —hombres, mujeres, jóvenes, adultos, ancianos—, hartos de sus líderes políticos y de la corrupción. Resentidos, también, por la imposición, cada vez mayor, de medidas de austeridad: el aumento de las matrículas coincide con el salto del precio de la gasolina a casi CAN$1,50/litro; la privatización de los servicios de salud (se está estableciendo un sistema privado paralelamente al sistema público); una tasa de desempleo de 8,7% (está sobre el promedio nacional), y la reciente propuesta, entre otras, de incrementar la edad de retiro de los empleados.
Cuando se aprobó la “Ley mazo” empezó la labor de la comisión de investigación pública sobre la colusión y la corrupción en la adjudicación de contratos públicos en el sector Construcción (CCQ). Charest estorbó —durante más de dos años— la creación de esta Comisión, cuyo objetivo consiste en investigar los vínculos entre el crimen organizado, el sector construcción y la financiación de los partidos políticos. Y particularmente del suyo, el Partido Liberal. Hace poco, la CCQ reveló que el mafioso siciliano Domencio Arcuri asistió a un desayuno profondos del Partido Liberal, organizado en el 2009 por la empresa de ingenieros Genivar. De esta actividad, que permitió recaudar más de CAN$61 mil, también participó la entonces ministra del Ambiente Line Beauchamp (luego fue ministra de Educación; renunció el 14 de mayo de este año). Arcuri, quien acudió al desayuno como representante de la empresa Énergie Carboneutre (EC), contribuyó con CAN$2.995 al Partido Liberal ese año, y su hermano Antonino, con unos $CAN2.990 (el límite permitido era CAN$3.000/año). El siguiente año, el Ministerio del Ambiente otorgó a EC el certificado de autorización que le permitiría tratar metales pesados y, por ende, abrirse un nuevo mercado.
En mayo, el canal de televisión TVA reveló que Lino Zampito, recientemente detenido por la Unidad permanente Anticorrupción (UPAC), también asistió al desayuno con la ministra. Y que lo hizo como representante de la empresa de construcción Infrabec.
Para muchos, el conflicto estudiantil está siendo instrumentalizado por Charest. Con éste y la promulgación de la Ley 78 —que entrará en vigor temporalmente, hasta julio del 2013— habría apuntado a posicionarse, y posicionar a su partido, favorablemente antes de que lleguen las elecciones (se rumorea que las habrá el 17 de septiembre). Y antes de que la CCQ —en receso hasta el 17 de septiembre— revele los resultados de sus investigaciones que, sin duda, salpicarían aún más al Partido Liberal.
***
La semana pasada, el Partido Québécois (PQ) derrotó al Partido Liberal en la circunscripción de Argenteuil, fiel bastión de éste desde 1962. Para algunos, es un primer indicio de las consecuencias del (mal) manejo de la huelga estudiantil y de la CCQ. ¿Será?
Si las elecciones ocurriesen hoy, el Partido Liberal de Charest obtendría 33% de los votos. Y el Partido Québécois, de tendencia socialdemócrata, obtendría 32%. Según Christian Bourque, vicepresidente de Léger Marketing, el conflicto estudiantil “no ha beneficiado a nadie”. “El Partido Liberal ha subido algunos puntos en las encuestas. Pero cuando se trata de evaluar el desempeño de cada partido en este conflicto, todos salen perdiendo”, añade.
¿Entonces, qué? El Québec está frente al desconocido, delante de un vacío. Charest no quiere retroceder. Los estudiantes tampoco. ¿Cuál sería la salida? La única certeza, por ahora, es que se ha fomentado un debate público que va mucho más allá del derecho a una educación pública. El apoyo a la huelga también se ha extendido fuera de la provincia, en particular al resto del país, así como a Nueva York y París, donde ha habido manifestaciones el 22 de mayo.
Tal como dicen, griten y canten los manifestantes, día tras día, la historia no se hace en un día. Cierto. En Québec se está haciendo desde hace cuatro meses.
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1 En Québec existen tres escalones impositivos: 16% sobre las rentas inferiores a CAN$40 mil, 20% sobre las rentas comprendidas entre CAN$40 y 80 mil, y 24% sobre las rentas superiores a éstas (sin límite).
https://www.alainet.org/es/active/56413
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