Los límites de la violencia estatal que sustenta desde hace décadas el sistema neoliberal en el Continente fueron vividos en Bolivia más de una vez durante el 2003. Febrero fue una primera muestra de la brutalidad. El saldo trágico de las Jornadas de Febrero arrojó más de 33 muertos y 205 heridos, números que se sumaron a la cifra progresiva ya entonces acumulada por el gobierno de Sánchez de Lozada en sus pocos meses de gestión gubernamental. Detrás de ello: la soberbia del poder, los intereses económicos y la presión de las multilaterales para "resolver" el problema financiero del país. Ningún lugar más fácil para aplicar la receta: un país con una institucionalidad democrática débil, políticas privatistas neoliberales a diestra y siniestra, la criminalización de la protesta social y la militarización. Fórmula mágica que no solamente afecta a millones de personas con los programas de ajuste, los recortes, las reformas a favor de las transnacionales y de las élites locales, sino que afecta trágicamente a cientos de familias que de manera directa –además- sufren el haberse desangrado con la pérdida de un familiar, un hijo, una hija, un marido, una hermana… o haber sido heridos y perdido una parte del cuerpo, un movimiento, una capacidad, un trabajo, posibilidades en la vida y, sobre todo, la esperanza. Consecuencias de la violencia estatal que no se borran fácilmente de la memoria y menos en un país donde la impunidad parece haberse instalado con garras y dientes, completando el andamiaje de una maquinaria mortífera, inherente a un sistema económico y social reñido con el respeto a los más esenciales derechos humanos. Ahí está el alto costo que estas políticas significan en la vida de gente de carne y hueso que no participa de las decisiones como lo hace el FMI, el BM, las grandes empresas, los gobiernos y los políticos, pero que sufren sus consecuencias. Testimonios vivos de la doble moral del sistema: "democracia" y ajuste, "democracia" y violencia estatal, "democracia" y atropello de los derechos humanos, "democracia" y muerte. El significado de febrero en el contexto de las luchas anti- neoliberales Bolivia es quizá uno de los países en los que el "modelo" se ha aplicado de manera más ortodoxa; desde 1985 –el primer gobierno de Sánchez de Lozada se ha liberalizado y privatizado casi todo, abriendo paso al más grande fenómeno de pobreza, desempleo, precarización y abandono de la producción agrícola, el deterioro de los sectores productivos urbanos y fundamentalmente de los derechos humanos. Al mismo tiempo –quizá en parte por la misma razón- Bolivia tiene en sus entrañas movimientos sociales muy fuertes, capaces de expulsar a una transnacional como la Bechtel, o de parar un plan de ajuste promovido arbitrariamente por el FMI que estaba destinado a descansar el peso de la crisis en las espaldas de los sectores trabajadores medios. Mientras tanto pasaba como en vitrina el escándalo de los sobresueldos de los ministros y las jugosas dietas de los parlamentarios. Es decir la población boliviana tiene y ha desarrollado una capacidad de resistir y reconocer aquello que es claramente un engaño, como lo fue el impuestazo o la privatización de los servicios del agua de Cochabamba, o la venta del gas bajo condiciones desventajosas y negativas para nuestra soberanía en el caso de octubre reciente. Febrero es una respuesta inesperada al modelo y sus recursos, si bien el motín policial explica parte del conflicto, la ira popular (Espinoza y Gosalvez, 2003) pudo más en detener el paquete y doblarle el brazo al gobierno, pero sobre todo detener una imposición que fue lanzada con la mayor insensibilidad: buscar aumentar los ingresos del estado a base de la gente trabajadora, sin considerar siquiera otras alternativas como los impuestos a las transnacionales, pensar en planes de austeridad de la burocracia estatal, mucho menos en cuestionar la deuda; mientras tanto saltaba en paralelo el escándalo de los sobre sueldos avalados por el Banco Mundial. La movilización popular de febrero no se explica solamente por el motín policial, las muertes del día 13 no son fruto del enfrentamiento entre policías y militares. Se explica esencialmente porque la gente, harta de sufrir las consecuencias de decisiones arbitrarias montadas en función de intereses de grupo y de las elites, fue capaz de cuestionar no sólo aquella decisión, sino la esencia del sistema. Mientras una misión del FMI huía del país subrepticiamente, las calles de nuestras ciudades se colapsaban, los manifestantes y protestantes de innumerables sectores sociales se multiplicaban; el valor de la gente en las calles que asistió a la marcha convocada por las organizaciones sociales a pesar de las muertes y heridos era inmenso; por eso fue reprimida tan brutalmente, los muertos y heridos del día 13, día de la marcha contra el impuestazo, son de exclusiva responsabilidad del gobierno y el ejército. Aunque las circunstancias de estos lamentables hechos enlutaron al país y a decenas de familias y en particular a muchas mujeres, la resistencia popular logró detener la medida del FMI, cuestionar la indolencia del gobernante de entonces y sobre todo advertir que las decisiones no se las puede tomar de esa manera, que haber delegado la toma de decisiones a una elite partidaria ya no resuelve los desafíos de la democracia ni representa la diversidad y las mayorías. Que los platos rotos del sistema no los tiene que pagar la gente trabajadora y humilde, que hay que buscar otras alternativas y que cambiar implica ceder privilegios. El "febrero negro" boliviano en el centro de la atención internacional La comunidad internacional puso su mirada en Bolivia durante esos días. Ojo: no sólo los gobiernos, las multilaterales y la OEA, sino también las sociedades civiles, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, de trabajadores, grupos parlamentarios, movimientos religiosos: Bolivia estaba en el centro de la atención. Estos movimientos sociales ya habían manifestado su preocupación ante la respuesta gubernamental durante los conflictos sociales de Enero cuyas noticias lamentables de los muertos en el Chapare, y los jubilados accidentados en la carretera a Oruro por negligencia gubernamental, llegaron al espacio del Foro Social Mundial, en Porto Alegre (Enero, 2003), centro de movimientos sociales y de activistas por los derechos humanos del mundo entero. En los acontecimientos de Febrero, la mirada internacional desde diferentes movimientos y redes como el Grito de los Excluidos, la Alianza Social Continental, el Jubileo Sur, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, las Madres de Plaza de Mayo, las Centrales de Trabajadores de varios países se expresaron para parar la masacre y propiciaron el envío de un grupo de representantes de diferentes organizaciones y países para conformar una Misión Internacional contra la Impunidad. De esta manera, ese tejido de movimientos sociales de América Latina, permitieron la concreción de una de la iniciativas de solidaridad latinoamericana más significativas para Bolivia. Por iniciativa de las redes y organizaciones sociales y en coordinación con el Movimiento Boliviano de Lucha contra la Impunidad*, representantes de estas redes y defensores de los derechos humanos de varios países vecinos visitaron Bolivia un mes después de los acontecimientos, en una Misión que compartía objetivos específicos nacidos de la indignación por la Masacre del 12 y 13 de Febrero, y la preocupación por la demora en las investigaciones y acciones del estado boliviano respecto de los responsables de las muertes. La Misión Internacional Contra la Impunidad La "Misión Internacional contra la Impunidad" visitó Bolivia entre el 10 y 15 de Marzo de 2003, y estuvo conformada por: - Nora Cortiñas de las Madres Plaza de Mayo-Línea Fundadora de la Argentina - Dip. Jorge Guamán, Diputado del Parlamento del Ecuador por el partido Pachakuti - Rvdo. José Fernandes Alves, de la Comisión Justicia y Paz, de los Padres Dominicos del Cono Sur, del Brasil - Jorge Luiz Martins de la Secretaría Ejecutiva Nacional de la Central Única de Trabajadores (CUT), del Brasil y miembro de la Alianza Social Continental - Dip. José Eduardo Cardozo, Diputado Federal del Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil - Hugo Fernández, miembro de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y director de UNITAS, Bolivia. Los representantes de estos movimientos coincidieron con las organizaciones e instituciones democráticas y de derechos humanos bolivianas en la preocupación sobre el retraso de las acciones del estado en relación a identificar a los responsables de las muertes, en particular de las muertes de civiles. Así como en la importancia de identificar los obstáculos para la realización de una investigación imparcial de los hechos acaecidos. Sus objetivos en su visita a Bolivia fueron: - Dar muestra efectiva de la solidaridad internacional con Bolivia. - Contribuir con recomendaciones para esclarecer la muerte de más de 33 personas (la mayoría de ellos civiles desarmados, incluso personal de la cruz roja) producidas por francotiradores y disparos de las fuerzas del ejército, ocurridas durante las jornadas de febrero en Bolivia. - Contribuir con sugerencias para buscar justicia de la manera más efectiva y evitar la impunidad sobre los hechos de muerte y daños personales. Una preocupación compartida por los miembros de la Misión con el Movimiento Boliviano de Lucha contra la Impunidad, estaba relacionada con los indicios de un proceso de creciente militarización del conflicto social boliviano y la conducta corporativa de las instituciones del Estado que hasta esa fecha impidieron casi sistemáticamente la identificación de quienes dispararon a civiles desarmados provocando muertes y heridos. Detrás de cada muerte una radiografía de Bolivia Durante su corta estadía en Bolivia, los miembros de la Misión se entrevistaron con representantes de organizaciones sociales, familiares de las víctimas, heridos, representantes del poder ejecutivo y legislativo, de las fuerzas políticas y la defensoría del pueblo para coadyuvar a las acciones de la sociedad civil para el esclarecimiento de los hechos. Los familiares de las víctimas fueron los primeros en entrevistarse con la Misión, cada uno explicando con lágrimas en los ojos las circunstancias de la muerte de sus seres queridos. Los heridos se quejaron de la negligencia con que fueron tratados y que las valoraciones que hicieron los expertos forenses no corresponden a la magnitud de los daños sufridos sin que se efectivice un resarcimiento que corresponda con la magnitud del daño. Los disparos fueron directos y certeramente a la cabeza o al cuello. Disparos de expertos. El balance final: 33 muertos, 205 heridos de bala: una verdadera matanza. Armando como en un rompecabezas la secuencia de los hechos en conversaciones y entrevistas con varios sectores, la Misión evidenció un panorama donde la responsabilidad del gobierno en el estallido de la violencia y su desenlace, era más evidente, no solamente en dejar que el conflicto crezca desmesuradamente, sino en no garantizar mecanismos eficaces de justicia e imparcialidad posteriores a los hechos. La denuncia de haber permitido el despliegue de francotiradores como parte del control estatal para impedir la salida del pueblo a la calle se repite entre uno y otro testimonio. La falsedad de la tesis de la conspiración golpista y el magnicidio, que buscaba justificar las acciones del gobierno y distorsionar sus grados de responsabilidad. La subordinación del poder Judicial al Ejecutivo saltaba a la vista. Mientras que algunos representantes parlamentarios del partido gobernante expresaban comentarios críticos a las imposiciones del FMI y el BM, y las promesas incumplidas de los políticos; a nivel gubernamental y de los ministros el peso de la "insubordinación" de la policía y el supuesto "complot" o golpe de estado en la explicación de los acontecimientos era demasiado grande. Varios parlamentarios de la oposición denunciaron la resistencia de las bancadas oficialistas para la conformación de una Comisión especial de investigación parlamentaria pretendiendo impedir el esclarecimiento de responsabilidades materiales, políticas e intelectuales. Los fiscales enfatizaron una investigación dirigida a esclarecer el enfrentamiento entre ejército y policía y explicaron la falta de recursos con que cuenta el Ministerio Público. Tanto miembros de las organizaciones sociales democráticas, como de los partidos y del gobierno coincidieron con que la falta de credibilidad del sistema político se constituye en un factor causante de los conflictos suscitados. Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento sugirieron a la Misión llevar "la voz del malestar" por causa de la impunidad a nivel internacional y lamentaron que César Gaviria, secretario general de la OEA, visitara el país pero sin tomar contacto con las fuerzas de oposición. La mayoría de los entrevistados, tanto de la sociedad civil, del parlamento como del gobierno coincidieron de que la falta de credibilidad en el sistema político y en el gobierno había sido un factor importante en el conflicto. María Calcina, líder de los artesanos de La Paz y madre de un joven estudiante fallecido, compartió con Nora Cortiñas sus lágrimas y dolor, denunciando que cuando encontró a su hijo en la morgue le habían sacado el corazón y los pulmones sin mayor explicación, pidió que la solidaridad entre mujeres que han perdido a sus hijos se exprese en la búsqueda de justicia. A nombre de los familiares de los fallecidos Calcina inaugura desde entonces una protesta en la Plaza Murillo, al igual que las Madres de Plaza de Mayo por justicia y sanción a los culpables por las muertes y desapariciones de sus hijos. Recomendaciones de la Misión Internacional Contra la Impunidad El grupo de observadores internacionales hizo públicas sus impresiones y recomendaciones sobre los acontecimientos de febrero el viernes 14 de Marzo, en el Salón Rojo del Parlamento, expresando la profunda preocupación de la comunidad internacional sobre lo acontecido, luego de 3 días de encuentros y reuniones con afectados, organizaciones de derechos humanos y autoridades. Primero que nada, el grupo manifestó estar impactado por la magnitud de las consecuencias de la crisis de febrero que no puede definirse de otra forma que «masacre". Cuestionaron el evidente retraso de las investigaciones por parte del gobierno, pues en cualquier investigación las pruebas se hacen más difusas con el tiempo. Criticaron de igual modo que no existiera tampoco noticia sobre los culpables de las muertes de enero. Desde el punto de vista de los visitantes, esta tardanza también podría interpretarse como negligencia cuyas consecuencias contribuyen a la cultura de la impunidad. Para estos representantes una investigación independiente es necesaria e imprescindible para identificar a los responsables, inaugurar los procesos judiciales y encaminar los procesos de sanción y resarcimiento. En sus observaciones y diálogos con diferentes sectores evidenciaron que existe un descrédito generalizado en la población en relación a las instituciones estatales, una desconfianza que puede llegar al peligro de una desestabilización de las relaciones democráticas. Ya entonces, los miembros de la Misión Internacional contra la Impunidad reiteraron que la investigación y esclarecimiento de los hechos es particularmente importante para la estabilidad democrática en Bolivia y por tanto de particular interés del gobierno para recuperar la credibilidad y confianza. Expresaron su profunda preocupación sobre la presencia de grupos de francotiradores del ejército que se evidencian en el registro del video de derechos humanos en la esquina de la calle Comercio con Genaro Sanjinés de la ciudad de La Paz, que habrían dado muerte a un albañil, una estudiante de auxiliar de enfermería y herido a una médica. Resaltaron la importancia de que los fiscales tengan una dotación de material y de personal suficiente, y que consideren la urgencia de una investigación independiente de influencias políticas, tal como lo demanda la sociedad civil. Y manifestaron la importancia de dar una atención urgente y adecuada a los heridos, cuidando el respeto a sus derechos humanos y su dignidad. Frei José Fernandes, de Brasil, enfatizó la falta de garantías observadas y, principalmente, la falta de voluntad política del Gobierno y el Ejército para poder llevar adelante un proceso de investigación «independiente y transparente" que lleve a juicio y sanciones, de tal modo que se pueda garantizar verdaderamente la Paz en el país: "La PAZ sólo puede venir de la JUSTICIA". El diputado José Cardozo, llamó a los diputados y senadores bolivianos a constituir una comisión extraordinaria, acorde a la propia magnitud de los hechos febrero, para poder complementar y garantizar la imparcialidad y transparencia del proceso de investigación. Apoyó la iniciativa de las organizaciones de derechos humanos y sociales bolivianas para impulsar la constitución de una Comisión Internacional Permanente contra la Impunidad en Bolivia, que de seguimiento al proceso y ayude a crear y garantizar condiciones favorables para que éste no deje impune los crímenes cometidos. El representante de la Central Única de los Trabajadores de Brasil, Jorge Luis Martins. señaló el carácter marcadamente político del caso cuando informó sobre la reciente detención un universitario acusado de «terrorismo», mientras que los nombres de los francotiradores identificados en el vídeo no habían sido dados a conocer, ni se los había llamado a declarar. Nora Cortiñas, cerró la Conferencia de Prensa solidarizándose con las madres y familiares de las víctimas, afirmando que estos hechos no ocurren por casualidad, ni son "accidentes", sino "una forma de respuesta de los poderosos a la lucha de los pueblos cuando reivindican sus derechos. Estamos aquí para pedir que se castigue a los responsables que cometieron los crímenes que ofenden a la humanidad, hay que terminar con esta violencia contra los pueblos que pedimos justicia social". Llamó a las madres y familiares de las víctimas de la plaza Murillo de La Paz a no dejar caer en el olvido estos acontecimientos, a enfrentar al poder y para "mantener viva la esperanza en otro mundo justo que es posible" Cortiñas, 14 de Marzo, 2003). La OEA en Bolivia: Un informe parcializado Durante el segundo día del conflicto el Canciller Boliviano solicitó a la OEA una investigación sobre los hechos acontecidos. Al mismo tiempo, en el intento de justificarse, el Gobierno habló de una intentona golpista y asesinato del Presidente. Argumentaron que los impactos de bala dentro del Palacio, estaban en lugares frecuentados por el Presidente y que todo era una parte de un complot y escalada terrorista. A pesar de que esta argumentación iba cayendo por su propio peso en los días siguientes a la masacre por la característica de las personas que habían resultado víctimas de muerte o heridas, la solicitud del Canciller dice en una de sus frases: "que envíe una Comisión investigadora que coopere con el esclarecimiento de estos atentados terroristas que han causado la pérdida de vidas humanas" (Citado por V.Orduna, Pulso, 16-22 de Mayo, 2003). Pocos días después, el 6 de Marzo, visita el país César Gaviria, Secretario General de la OEA, quien solamente se reúne con el Gobierno, más no con la sociedad civil ni con otros partidos de oposición; al contrario de lo que hizo en Venezuela, semanas atrás durante las movilizaciones contra Chávez. A solicitud del gobierno boliviano, la OEA destaca un grupo de especialistas internacionales para coadyuvar en la investigación de la fiscalía. En Mayo de este año la OEA hace llegar de manera oficial un Informe preparado por su Secretaría General sobre los acontecimientos de Febrero que es publicado en una separata junto a las ediciones de la prensa escrita ((mayo del 2003). Aunque el informe destaca que "se limita a describir los hechos ocurridos, ayudar al poder ejecutivo a establecer responsabilidades políticas sobre sus funcionarios y realizar recomendaciones para evitar la recurrencia de hechos de esta naturaleza", describe de manera parcializada los hechos y pone un énfasis exagerado en el amotinamiento policial como explicación de los mismos. Un documento de total apoyo al Gobierno de Sánchez de Lozada por su evidente parcialización en sus recomendaciones y su ceguera en la descripción de los hechos, lo cual es criticado por la opinión pública nacional. La estructura y contenido del documento destaca los siguientes niveles: - Con respecto a los actos contra Palacio y el Presidente de la República - Con respecto a la acción militar - Con respecto a la acción policial Es decir, este informe no solamente peca de parcialidad sino que en su estructura no contempla ni visibiliza en la magnitud que corresponde a los muertos y heridos del febrero negro, y su énfasis mayor reside en la insubordinación de la policía como el hecho más destacado de la crisis vivida en Bolivia: "Este informe considera que lo ocurrido el 12 y 13 de febrero es una insubordinación de miembros de la Policía contra la Constitución y las leyes bolivianas. Una insubordinación que amenazó las instituciones políticas bolivianas y la Carta Democrática Interamericana que establece inequívocamente, en su artículo 4: "La subordinación constitucional de todas las instituciones del estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia". (Informe sobre los hechos de febrero del 2003 en Bolivia", OEA, Mayo 2003) Su interpretación de la presencia de la gente en las calles no refleja ni corresponde a lo que sucedió en esos días y contiene un sesgo que ya denunciamos al iniciar este artículo: la penalización de la protesta social. "A juicio de la OEA, en esos días no hubo una insurrección generalizada en Bolivia, Hubo marchas, estuvieron presentes un numero significativo de personas desafiando el orden constitucional, se presentaron escaramuzas pero no una insurrección…" A pesar de que el 13 se presentaron la mayor cantidad de civiles muertos y heridos, el informe afirma: "b. El 13 de febrero de 2003": (…) "En La Paz fueron convocadas manifestaciones antigubernamentales por algunos líderes que pedían la renuncia del presidente y del vicepresidente, pero la convocatoria fue mínima y los manifestantes fueron mantenidos a distancia de la Plaza Murillo". ¿Será que el informe se refería a la masiva marcha de protesta convocada por las organizaciones sociales y partidos de oposición del día 13 en La Paz? Lo peor de todo el informe es quizá la manera en que éste redime la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y justifica la presencia de los grupos especiales con armas de guerra en las calles. Hecho que –precisamente- la misión Internacional contra la Impunidad la destaca como un factor de gran preocupación y peligro para el orden democrático. El informe de la OEA afirma en b. "Con respecto a la acción militar": "El 12 y 13 de Febrero las Fuerzas Militares actuaron en defensa de la democracia y del estado de derecho ante el ataque policial y actuaron de forma contenida y proporcional." Aunque el informe también menciona la necesidad de sancionar a los militares que dispararon contra la auxiliar de enfermería , el albañil y la médica, lo hace como un hecho más casi casual y no analiza estos hechos como casos de suma preocupación. Las Conclusiones y Recomendaciones del informe contienen una dimensión exagerada de argumentos sobre el ataque al Palacio de Gobierno en desmedro del peso de las muertes de los civiles que casi no son descritas en el informe, ni tienen la atención que merecería un informe relacionad con los acontecimientos de febrero. El argumento de fondo es que la democracia y el orden constitucional se lo defiende a la mala. Aunque el documento afirma que se debe evitar que estos hechos se repitan, que no se debe fomentar la impunidad de estos hechos, la recomendación principal no está en una investigación imparcial y profunda de los responsables incluyendo la responsabilidad gubernamental y militar. Para la OEA pareciera que todo el problema está concentrado en la insubordinación de la policía y deja traslucir que el peligro de la institucionalidad democrática está en la ciudadanía y sus tensiones y no así en la conducta arbitraria de los gobernantes y mucho menos encuentra sus causas en las presiones de las multilaterales, aunque es muy conciente del significado de febrero para los planes del FMI, reconociendo que "los hechos del 12 y 13 cambiaron los términos del acuerdo (con el FMI)". Y en cuanto a la cooperación internacional sugiere ingenuamente entre otros aspectos que "es imperativo trasladar a Bolivia el "know how" que existe hoy en el mundo y en las Américas sobre solución de conflictos locales…" Es decir técnicas de "resolución de conflictos" que actúan en la superficie sin atender los nudos esenciales del problema: injusticia económica, impunidad, abuso de poder, debilidad en la institucionalidad democrática, falta de credibilidad en el sistema de representación política tradicional, etc. Lo cierto es que sobre estos tristes hechos hay dos versiones y dos balances diferentes: la que está del lado de los derechos humanos y visibiliza con nombre y apellido, pero sobre todo con congoja y verdadera solidaridad, a los muertos y heridos. Y por otro lado aquella que –respondiendo a intereses poco transparentes- intenta una versión parcializada donde el primer lugar lo ocupa la "insubordinación de la policía", la "intentona golpista y el magnicidio" como elemento central de lo vivido en esos días. Febrero no se explica por la insubordinación de la policía. Ese fue un hecho importante, motivo de una profunda reflexión sobre institucionalidad y democracia evidentemente, pero no explica la resistencia social al "impuestazo", ni la presencia en las calles de miles de personas en contra de esta medida. Tampoco explica el uso de armamento de guerra en manos de los militares, ni las armas de guerra en manos de jóvenes conscriptos, tampoco, los francotiradores que dirigían sus balas a la multitud desarmada, ni a los grupos especiales de represión que no controlaba los saqueos sino que dispararon de muerte a un albañil, la auxiliar de enfermería y una médica. La resistencia expresada en las calles durante el 12 y 13 de febrero expresa una acumulación de resistencia a un modelo de exclusión y pobreza, profundizado a quemarropa por las recomendaciones y condicionalidades de las multilaterales, por los privilegios y poder que acumulan las grandes empresas con el apoyo solapado de los grupos de poder nacionales y los gobiernos de turno. Y que luego de las movilizaciones de enero, los innumerables diálogos y acuerdos incumplidos habían dejado en el pueblo el sabor del descontento y la desconfianza. El informe de la OEA deja un sabor a poco, pero a poco parcializado con el gobierno y no refleja –de veras- la solidaridad que hemos recibido desde abajo, la solidaridad de los pueblos, aquella que surge del sufrimiento y las alegrías compartidas desde los pueblos de sus países miembros de las Américas. La lucha contra la impunidad en Bolivia y el Continente Las situaciones de protesta ciudadana precedidas de respuestas estatales violentas, con el uso de armas de guerra, que implican el costo de vidas humanas, muertes violentas y sin explicación, ni investigación, ni castigo, son parte del esquema que se aplica en gran parte del mundo y en particular en el continente Latino Americano: ajuste, ganancias para los más grandes, mano dura, militarización. Lamentablemente la creciente resistencia y conciencia que existe en nuestros países respecto de lo perverso de los regímenes que vivimos cobra vidas y –dependiendo del caso- o radicaliza la represión o promueve un cambio como lo que se logró en Bolivia en el breve camino entre Febrero y Octubre. Sin embargo a los miles de desafíos de un país que busca cambiar desde el fondo, se suma el de luchar contra la impunidad y contra la violencia para fortalecer una cultura de paz y justicia. La dolorosa experiencia de Bolivia en Febrero y Octubre logró en parte, y gracias al impulso de las organizaciones nacionales y la solidaridad internacional una interpelación al gobierno para luchar contra la impunidad y la injusticia, pues crearon un ambiente de cuestionamiento a los mecanismos de impunidad instalados en el país y a su vinculación con la injusticia económica y los procesos de liberalización agudizados en este último tiempo. Estas acciones, y la protesta de las diferentes organizaciones sociales ante la falta de resolución del caso de febrero, advirtieron permanentemente sobre la posibilidad de una nueva masacre si no se sentaban precedentes claros de justicia. Lamentablemente los vaticinios se cumplieron al llegar Octubre, y ante una movilización que había comenzado en el campo y se extendió luego a la ciudad y en particular con las protestas y movilizaciones de El Alto, el esquema de respuesta del gobierno se repitió una vez más, cobrando nuevas vidas y repitiendo el ritual de muerte: declaraciones cínicas en los medios de comunicación, helicópteros, gases, balines y balas de guerra. El trabajo de las organizaciones sociales y de las organizaciones de derechos humanos en Bolivia y el continente, la solidaridad internacional expresada en la mirada vigilante de estos hombres y mujeres con el sufrimiento del pueblo es un camino para luchar contra la impunidad y al mismo tiempo es un ejemplo de cómo los países latinoamericanos, la comunidad internacional puede actuar en casos de violación de los derechos humanos a causa de la violencia estatal. Ojalá estas formas de solidaridad desarrolladas desde abajo puedan sentar un precedente para las organizaciones internacionales oficiales, y un camino que contribuya a la consecución de la justicia y la paz en el continente. Referencias y notas: Espinoza, Claudia y Gosalvez, Gonzalo, 2003. BOLIVIA ARRINCONADA EN LA AZOTEA DE SU HISTORIA, en Observatorio Social de América Latina, CLACSO. Año IV, Nº 10, Enero, Abril 2003.Buenos Aires, Argentina. Solón, Pablo, 2003. RADIOGRAFIA DE UN FEBRERO, en Observatorio Social de América Latina, CLACSO. Año IV, Nº 10, Enero, Abril 2003.Buenos Aires, Argentina. Orduna, Víctor, 2003. LA LEVEDAD DE LA MUERTE SEGÚN LA OEA. SEMANARIO PULSO, 16-22 de Mayo, 2003. La Paz, Bolivia Valenzuela, José, 2003. Alianza Social Continental. Informe de la Misión Internacional contra la Impunidad en Bolivia. Informe sobre los Hechos de Febrero del 2003 en Bolivia. Informe preparado por la Secretaría General de la OEA, Mayo – 2003. * Elizabeth Peredo. Fundación Solón.