Maniobra derechista contra Fernando Lugo
Todo fue debidamente pensado y enmascarado, de manera que resulta difícil desentrañar quién está detrás del golpe de estado express que se intenta ejecutar contra Lugo. Hasta el momento ha aparecido solo como partícipe la oligarquía paraguaya, con una mayoría en el Congreso, apostando por el continuismo de Stroessner, que no es otra cosa que mantener los privilegios tradicionales de los grandes latifundistas y de otros poderosos sectores de la derecha.
El primer elemento a tener en cuenta es que el abandono de Lugo en el Congreso por parte del Partido Liberal, al adhesionarse el mismo con los demás partidos de la derecha, Partido Colorado, UNACE y Patria Querida, fue el detonante para un enjuiciamiento absurdo al mandatario, mediante todavía más absurdas razones.
Al mismo tiempo, las FF AA y el clero apenas han tenido un protagonismo significativo dentro del contexto político de las últimas horas. La cúpula militar pide calma, pero no sale a la palestra con una airada defensa a la constitucionalidad. Por su parte, la Iglesia sugiere a Lugo evitar un conflicto y tácitamente le sugiere la renuncia.
Estados Unidos, que ha desarrollado una amplia penetración dentro del país mediante los Cuerpos de Paz, la USAID, la NED y numerosas ONGs, mantiene un sospechoso silencio cómplice.
Muchos de los que promovieron el ascenso de Lugo a la presidencia se mantienen ajenos al conflicto y solo los grupos sociales se han movilizado en apoyo al presidente. ¿Tendrán estas fuerzas la capacidad para detener la maniobra putchista del Congreso? Hasta el momento el secretario General del Frente Guazú, Ricardo Canese, convocó a una manifestación pacífica de apoyo a Lugo, mientras se ha iniciado una movilización de organizaciones sociales, sindicales y de campesinos hacia la capital paraguaya para respaldar al presidente.
Lugo, por su parte, ha seguido las reglas de juego constitucionales y decidió someterse al juicio político interpuesto contra él. Está claro que carece de capacidad defensiva interna dentro de los estratos gubernamentales, ya que solo cinco miembros del senado se han alineado a él y varios de sus ministros han renunciado. Por otro lado, aún dentro de las izquierdas, divididas y frágiles, permanece latente el efecto de la manipulación mediática sobre los sucesos de Campo Morombi (Marina Cue), en Curuguaty, departamento de Canindeyú.
Detrás del intento de golpe se mueven turbios intereses políticos de la derecha. De ser relevado Lugo de la presidencia, automáticamente sería nombrado el liberal Francisco Franco, que ocupa la vicepresidencia, lo que le daría la oportunidad a su partido de ganar espacios políticos, apenas nueve meses antes de las elecciones, en detrimento de su coyuntural aliado, el Partido Colorado. Este hecho podría crear condiciones adversas para el más importante de derecha, quien podría dar un giro en sus posiciones como una alternativa táctica, dejando a Lugo en la presidencia en su proceso de desgaste político que ha sufrido y que lo ha llevado de un 93 % de aceptación a apenas un 30 % en la actualidad. Las causas son diversas: minoría en el Congreso de su frágil coalición, reclamos de paternidad mientras ejercía su oficio clerical, cierta complacencia con los Estados Unidos y sus agencias injerencistas en Paraguay, así como su supuesta complicidad con los hechos de Curuguaty. Hay quienes han cuestionado, incluso, un posicionamiento pro yanqui tras bambalinas y han llegado a verlo como una interferencia de la geopolítica norteamericana, una brecha, dentro de los procesos integracionistas latinoamericanos.
El realidad, Lugo más que un político, fue un movilizador de masas, fundamentalmente con el campesinado, lo que le granjeó simpatías y nunca se le vio como un ente comprometedor y peligroso para los intereses hegemonistas norteamericanos. De esta forma fue electo presidente en abril de 2008. Se sabía de antemano que no podría destruir la férrea estructura de dominación existente en el país, aunque solo pudiera lograr algunas reformas limitadas. El Congreso estaba para detenerlo en nombre de la oligarquía, así como el propio clero, las FF AA y una poderosa embajada yanqui campeando por sus respetos. En resumen, Lugo pudo hacer solo lo que se permitió: gratuidad en la salud pública, ayuda monetaria a familias de escasos recursos y otras, pero nunca pudo resolver el grave problema de la desigualdad de la tenencia de la tierra en el país.
Procedimiento para enjuiciar a Lugo
Ciertamente, el artículo 225 de la Constitución Nacional indica que tanto el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, así como otros funcionarios públicos, pueden ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. Para ello, la Cámara de Diputados puede establecer la base legal para un enjuiciamiento al contar con el apoyo de los dos tercios de sus integrantes. Luego el Senado establece el juicio y determina la sentencia. Hasta allí, eso es lo que dice la ley vigente. Sin embargo, la manipulación de la realidad, las falsas acusaciones, los montajes y las conspiraciones, son otra cosa.
Lugo será enjuiciado por acusaciones montadas deliberadamente por la derecha. Le están pasando la factura no simplemente por los sucesos de Curuguaty. Hay en el trasfondo otras razones más fuertes. De esta forma, hoy se sabrá cuál será su destino político, aunque muchas cosas pueden suceder.
La masacre de Curuguanty, causa aparente de la maniobra contra Lugo
Lo sucedido en Curuguaty fue todo un montaje fabricado y en el mismo participaron francotiradores profesionales colocados en los alrededores del enfrentamiento entre los campesinos y la fuerza policial que pretendía desalojarlos. ¿Quiénes eran realmente estas fuerzas élites que provocaron la muerte no solo de policías, también de campesinos, para magnificar el conflicto? La versión más fácil ha sido culpar al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien absurdamente no ha hecho declaración alguna al respecto.
Lo absurdo del hecho es que fue un enfrentamiento entre los sin tierra y un latifundista perteneciente al partido Colorado, Blas Riquelme. Aquí es, precisamente, donde surgen las preguntas y las suspicacias: ¿No habrá el propio Riquelme quien contrató a los francotiradores o los reclutó dentro de las FF AA o la Policía? ¿No habrá sido un operativo montado con anticipación en el que podrían haber participado fuerzas élites de EE UU, asentadas en esos momentos en el cercano Uruguay?
Lo cierto es que el desenlace no benefició a Lugo, ni a los sin tierra. Creó un precedente sin parangón para frenar cualquier intento por llevar a cabo políticas de redistribución de la tierra en el país y abrió el camino a la confabulación.
¿Quién se benefició realmente de estos sucesos? Obviamente, la propia derecha latifundista que encontró una justificación para llevar a Lugo a la picota pública, debilitar su apoyo dentro de los órganos policiales y armados, al sustituir al Ministro del Interior y al Jefe de la policía nacional, y, a la par, sembrar aún más divisiones dentro de la ya fraccionada izquierda paraguaya, que fue incapaz de desentrañar la sucia jugada puesta en marcha. Muestra de ello, lo fueron el comunicado de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC/Vía Campesina Paraguay, que aglutina a CONAMURI, MCNOC, MAP, MCP, ONAI y OLT, donde se cuestionó la incapacidad del gobierno por llevar a cabo una Reforma Agraria en el país; al que se sumó el del Partido Comunista del Paraguay (PC-Paraguay), donde se tildó a Lugo, incluso, de responsable de la masacre.
Creo realmente que la oligarquía logró sus pretensiones anheladas: quitarse a Lugo del medio y minar su base de apoyo en el país. Las declaraciones apresuradas de estas organizaciones, su falta de visión estratégica, les impidió ver la cercanía de males mayores como los que se gestan hoy en Paraguay. Faltó análisis, comunicación, olfato y, sobre todo, primaron las ya viejas y nada productivas divisiones de la izquierda. Otra vez, con la actitud del Partido Liberal de sumarse a los otros partidos de la oligarquía demostró que, a veces, la derecha es capaz de unirse con más prontitud, visión y oportunismo, que la izquierda.
Varias organizaciones como Tekojoja, Unace y ANR, así como los dirigentes de distintas organizaciones sociales, dijeron no estar, hasta el momento, decididos sobre qué pasos dar sobre el enjuiciamiento a Lugo y fijar una posición al respecto.
Repercusiones internacionales
Un papel importante en garantizar la constitucionalidad en Paraguay lo están representando en estos momentos varios países y organismos internacionales de Latinoamérica como UNASUR, el ALBA, el PARLATINO, organizaciones progresistas internacionales y los movimientos sociales en la región.
El Secretario General de UNASUR, Alí Rodríguez Araque, en compañía del los cancilleres de Brasil, Antonio Patriota y de Venezuela, Nicolás Maduro, se mantienen reuniendo con dirigentes del Partido Colorado, con el presidente del Senado, Oviedo Matos, y con vicepresidente Federico Franco.
Con su acostumbrada maleabilidad, incluso la OEA pidió respeto a la democracia en Paraguay y convocó a una reunión del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, para "tomar conocimiento de los acontecimientos en la República del Paraguay".
Mientras la Unión Europea y los propios Estados Unidos han permanecido a la expectativa, sobresalieron en sus denuncias Evo Morales y Rafael Correa.
Un portavoz del Departamento de Estado de EE UU, William Ostick, se limitó a pedir “Es críticamente trascendente que esas instituciones actúen de una manera transparente, y que los principios del debido procedimiento y los derechos de los acusados sean escrupulosamente respetados”, sin manifestar la más mínima condena al golpe de estado institucional.
Horas de espera
Mientras Lugo solicitó suspender el enjuiciamiento a la corte política montada en el Senado, a través de sus abogados, el pueblo se va concentrando en espera de la culminación del proceso legal. Según su abogado, Adolfo Ferreiro, "El presidente Lugo pide a la Corte suspender el juicio político hasta tanto se otorguen las garantías constitucionales para la defensa". En este sentido, Lugo solicita tiempo para armar su defensa de forma adecuada.
Empero, el Senado le negó ese tiempo, ya que lo que se pretende es culminar la acción golpista. Lugo, por decisión propia, no asistirá al juicio montado contra él, observando su desarrollo desde el Palacio de Gobierno, mientras es representado por sus cuatro abogados.
Las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran acuarteladas y el Congreso es custodiado por miles de efectivos, en previsión de un conflicto.
Es difícil predecir cómo culminarán los acontecimientos de hoy, pero presupongo que las presiones internacionales, las negociaciones entre los partidos políticos, la actitud de apoyo por parte de una gran parte del pueblo hacia Lugo, hagan prevalecer la razón. De todas maneras, si este Plan A contra Lugo no se cumple hoy, siempre habrá un Plan B.