Habrá condiciones que no se han mencionado

 Entre las muchas cosas que pueden decirse sobre el proyecto de ley de vivienda presentado por el gobierno de Juan Manuel Santos, además del conocido populismo reeleccionista que encarna, caben las siguientes:

La “gratuidad” consiste en que no tendrá que pagarse cuota inicial para acceder a una de esas viviendas, pero sí tendrán que cumplirse condiciones posteriores a su adjudicación por parte del Estado, so pena de no recibir las escrituras de la vivienda y hasta otras sanciones, dependiendo de reglamentaciones que no se conocen. En la exposición de motivos se explica qué quiere decir viviendas “gratis”, de acuerdo con las ideas del gobierno de Juan Manuel Santos y de lo que ocurre en Brasil, de donde se dice se trajo la idea:

 “Brasil se ha convertido en un referente para el diseño de políticas de vivienda focalizadas en la población más pobre. El nuevo modelo de política de vivienda brasilero (Programa Mi Casa Mi Vida 1 y 2) propone una aproximación distinta al problema habitacional:

 i. Se requiere una segmentación mucho más fina de la demanda y la aplicación de instrumentos de acceso específicos para cada segmento. Para el segmento conformado por los hogares con ingresos mensuales menores a 3SM se ofrece la entrega de viviendas sin cuota inicial (subsidio pleno a la demanda), pero sin transferencia de la propiedad (la propiedad queda en un mecanismo de enajenación fiduciaria) y el hogar beneficiario asume el compromiso de destinar el 10% de su ingreso mensual durante diez años para la devolución de una parte del subsidio. La transferencia de la propiedad sólo se produce al término de este plazo. Los beneficiarios pueden ser desalojados si no atienden sus compromisos de pago”.

Lo anterior en Colombia se traduciría así, también según la exposición de motivos:

 “Una vez construidas las viviendas, existirían los siguientes beneficios:

 1.   Las viviendas resultantes de los proyectos serían asignadas a título de subsidio en especie a los beneficiarios. Es decir, los beneficiarios recibirían una vivienda habitable, a título de subsidio, sin perjuicio de que, de acuerdo con las condiciones de los hogares beneficiarios, el Gobierno establezca pagos parciales adicionales a cargo del beneficiario, o de que se exija el cumplimiento de requisitos contemplados en los programas sociales del Estado. A manera de ejemplo, los requisitos que contempla el Programa de Red Unidos para la superación de la pobreza extrema.

Es decir, dependiendo de las condiciones de los beneficiarios, el proyecto también da la posibilidad de que las viviendas no se asignen en forma definitiva ni en su totalidad a los mismos, sino que plantea la posibilidad que de que asignen temporalmente y la transferencia de su titularidad se condicione al pago parcial de la vivienda o a la ejecución de contratos de leasing habitacional o arrendamientos con opción de compra. Lo anterior permitirá que los beneficiarios que tengan ciertas capacidades de pago o que sean sujetos de crédito accedan a la vivienda en la medida en que asuman la responsabilidad de su pago parcial”.

De otra parte, la Presidenta de Camacol explicó que la ley tiene origen en una propuesta de esa organización (El Tiempo, Sección vivienda, Abr.28.12).

 La ley afecta toda la política de vivienda y no solo la de soluciones “gratuitas”.

Apunta a quitarles el riesgo de participar en el negocio de producir viviendas populares a los constructores y, especialmente, a los banqueros, pasándoselo por completo al Estado, en una política que no toca las causas estructurales del problema. Estos planes se enmarcan en la estrategia de los “Macroproyectos de Interés Social Nacional” (resaltado en este texto), se desarrollarán mediante las figuras de los patrimonios autónomos y las fiducias mercantiles, en asocio del Estado con los particulares y se regirán por el derecho privado.

Pretende ocultar el fracaso de la política de vivienda subsidiada del Plan Nacional de Desarrollo. Porque a diciembre pasado habían entregado apenas 17.302 subsidios, cuando debían llevar 186.804, para poder cumplir con la meta de 526 mil del cuatrienio. Seguramente el gobierno abandonará la meta de los 526 mil subsidios, pues debe ocurrir que la financiación de las famosas cien mil viviendas “gratis” se haga a costa de reducir el total de las subsidiadas. “Con la nueva modalidad –dice Eduardo Sarmiento– aumenta el monto del subsidio a cambio de reducir el número de beneficiarios potenciales” (Ver anexo).

Cien mil viviendas “gratis”, aun si se realizaran, cosa que está por verse porque hay severas limitaciones de suelo urbano, entre otras cosas, tendrán limitado impacto frente a las necesidades de las muchas familias que no pueden acceder a viviendas que exijan crédito bancario, así puedan aportar cuota inicial y reciban subsidio del Estado. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, el 36 por ciento de los 12.3 millones de hogares del país no puede conseguir un crédito, porque la banca no les presta a esos colombianos.

- Jorge Enrique Robledo es senador por  el Polo Democrático Alternativo.

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