Las visitas del secretario de Defensa de Estados Unidos Donald Rumsfeld a Colombia, y de Álvaro Uribe Vélez a Ecuador van en la dirección de intensificar la guerra e involucrar de una forma más decidida al gobierno de Lucio Gutiérrez en el conflicto colombiano.

Luego de Medio Oriente, Colombia se ha transformado en uno de los puntos prioritarios en la estrategia militarista de Washington para América Latina. Esta importancia no solo se refleja en los altos niveles de ayuda militar - 2000 millones de dólares en los últimos tres años, luego de Israel y Egipto- sino en las constantes visitas de los funcionarios norteamericanos al país. Durante las tres primeras semanas de agosto llegaron a Bogotá el representante comercial, Robert Zoellick, el comandante general del Estado Mayor Conjunto, general Richard Myres, y el secretario de Defensa Ronald Rumsfeld.

El principal objetivo de la visita de Rumsfeld, uno de los más influyentes halcones del círculo guerrerista de George W. Bush, fue expresar su abierto apoyo a la política "anti-terrorista" y "anti-drogas" de Uribe, y afianzar el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto colombiano, aunque anunció que por el momento no enviará más tropas.

En efecto, tras la visita de Rumsfeld se anunció la reanudación de los vuelos de control del tráfico aéreo de drogas, que se habían interrumpido en 2001 tras el derribo de un avión civil en la Amazonía en el que murieron un misionero estadounidense y su pequeña hija. Estados Unidos entregará una ayuda de 50 millones de dólares para este tipo de operaciones. Al mismo tiempo, el gobierno de Uribe reiteró nuevos pedidos de asistencia militar para enfrentar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y al Ejército de Liberación Nacional, ELN, principalmente en lo que se refiere a inteligencia satelital en tiempo real y entrenamiento de batallones de selva.

La visita de Rumsfeld se produjo cuando Uribe se encontraba empeñado, con la bendición de Washington, en amnistiar a los grupos paramilitares de derecha (las Autodefensas Unidas de Colombia) que han sido responsables de numerosas masacres de civiles y crímenes atroces. Según un proyecto de ley enviado al Senado, la amnistía beneficiaría a los armados que se hayan desmovilizado y reinsertado, quienes podrían acogerse a “castigos alternativos” como no poder ocupar cargos públicos o de elección y no poder portar armas. Este proyecto de amnistía ha sido fuertemente criticado por organismos de derechos humanos pues consagraría la impunidad y violaría el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Otro de los objetivos de Rumsfeld fue pasar revista sobre la conducta de los gobiernos vecinos de Colombia, mostrándose preocupado por la conducta de Venezuela y complacido por la cooperación que recibe de Perú, Ecuador y Brasil. Para este funcionario "los grupos irregulares son una amenaza para toda la región y como tal deben ser enfrentados por todos los países del área".

La regionalización del conflicto y el involucramiento de los países en la guerra total contra el "terrorismo" y el "narcotráfico", mientras se impulsan los acuerdos de libre comercio y de saqueo de los recursos naturales, son algunos de los objetivos de la política norteamericana y de su más fiel aliado, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Brasil y Venezuela han expresado sus reservas y se han negado a secundar los planes de Washington. Incluso el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, no aceptó que se instale en territorio brasileño una base militar estadounidense en Alcántara. Ante ello, la administración Bush se encuentra empeñada en consolidar el eje Uribe-Gutiérrez.

 Involucramiento paulatino

En el caso del Ecuador, tras la solución del histórico conflicto territorial con el Perú en 1999, las Fuerzas Armadas se han ido, poco a poco, implicando en el Plan Colombia, cuya segunda fase ha sido anunciada por el mandatario colombiano. En ese mismo año, el gobierno demócratacristiano de Jamil Mahuad cedió a los norteamericanos la base área de Manta, la cual no solo es utilizada para control del espacio aéreo en la lucha anti-drogas sino para la acción contra-insurgente y para controlar e interceptar los barcos de inmigrantes que parten desde las costas ecuatoriana hacia Estados Unidos. Ecuador mantiene, además, militarizada la frontera con Colombia, con un despliegue de unos 8.000 efectivos que absorben gran parte del presupuesto de defensa.

Pero todo esto no es suficiente para Estados Unidos y Colombia, que desde algún tiempo, presionan para que Ecuador se involucre aún más en el conflicto colombiano y juegue un "rol más activo" en la lucha contra las FARC que supuestamente mantiene decenas de bases de apoyo en la zona selvática del nor-oriente ecuatoriano. Precisamente con este objetivo, Álvaro Uribe visitó el Ecuador este 22 de agosto manteniendo una reunión en el Congreso y entrevistas con el presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez. Pese a que estaba anunciado el tratamiento de una amplia agenda que contemplaba temas como el desbalance comercial entre Ecuador y Colombia, los problemas migratorios y otros, lo más destacado fueron los temas relacionados con la seguridad en la frontera ecuatoriana-colombiana.

Durante su comparecencia ante el Congreso y la prensa, reiteró el mismo discurso belicista con el que asumió la Presidencia en agosto de 2002, cuando prometió acabar con las guerrillas en 18 meses. "Queremos que (los "terroristas") no se pasen para acá, queremos acabarlos allá y el pueblo ecuatoriano y su gobierno tienen el derecho a que no se pasen para acá, porque van a hacer daño aquí. No nos preocupemos si no los tratamos blanditos, angustiémonos si no los tratamos con dureza, ese es el camino", dijo Uribe.

El Ecuador, desde algunos años, vive directamente los efectos del conflicto colombiano: miles de personas han cruzado la frontera ecuatoriana huyendo de la violencia, la pobreza o el desempleo. Las comunidades indígenas y campesinas fronterizas sufren las consecuencias de las fumigaciones de las plantaciones de coca y amapola con productos tóxicos. El Ecuador es utilizado como país de tránsito de droga o lavado de dinero. Los grupos paramilitares de derecha actúan con total impunidad en las zonas fronterizas. Estos problemas no se resolverán sino se agudizarán con la política de guerra total que promueve Uribe, destacaron representantes de la sociedad civil.

Uribe vino con una agenda definida que busca involucrar al Ecuador en la guerra contra-insurgente. Al parecer logró audiencia y un marco favorable para concretar sus objetivos. Lucio Gutiérrez dijo lo que querían oír Uribe y Bush: que se mantendrá un contacto permanente entre las fuerzas militares de las dos naciones, que habrá un intercambio permanente de inteligencia e información y que si se logra detectar los campamentos de las FARC en el Ecuador serán destruidos. Cabe indicar, sin embargo, que el presidente del Congreso, el socialdemócrata Guillermo Landázuri, discrepó tímidamente con esta posición, señalando la necesidad de mantener una política de no- injerencia en el conflicto colombiano. Por su lado, organizaciones de la sociedad declararon persona no grata a Uribe señalando que ha profundizado "el sometimiento de la élite colombiana a los planes belicistas de Washington y que intenta regionalizar su estrategia de guerra total con la ayuda del gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez".

Uribe planificó la visita a Ecuador aprovechando la ruptura del acuerdo del gobierno de Gutiérrez con el movimiento político Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y la salida de la ministra de Relaciones Exteriores, la indígena Nina Pacari, quien había manifestado su abierta oposición al Plan Colombia. Se prevé que Gutiérrez, ya sin opositores, se alineará aún más con Washington. La ratificación como nuevo Canciller de Patricio Suquilanda, que es abiertamente pro- norteamericano, abona en esta dirección.

Vía libre para fumigaciones

 El gobierno de Gutiérrez cedió en un tema sensible como es el de establecer un corredor de 10 kilómetros en la frontera que esté libre de fumigaciones con el agente tóxico glifosato. Esta petición había sido planteada públicamente a la Cancillería colombiana por la ex ministra Pacari, pero el presidente Uribe en su visita dijo desconocer sobre este planteamiento. Gutiérrez dijo que hay que investigar más para ver qué hay de verdad en este asunto.

Por su parte, la Cancillería, más empeñada en defender a Suquilanda de las acusaciones de corrupción y malos manejos cuando era embajador en Corea, ha guardado un silencio revelador. Pero más allá de las declaraciones oficiales, los pobladores de la zona fronteriza con Colombia sufren consecuencias de las fumigaciones como un problema real y agudo, el herbicida provoca graves trastornos en la salud de las personas y no solo erradica los cultivos de coca y amapola sino afecta las siembras de los campesinos y contamina los cuerpos de agua.

Las aspersiones aéreas comenzaron en el 2000 en el departamento colombiano del Putumayo en el marco del Plan Colombia. En el 2001 se fumigaron 94.000 hectáreas y el año pasado 150.000. Un informe de la Misión de Verificación de los Impactos de las Fumigaciones en Ecuador, conformada por organismos de la sociedad civil, señaló en octubre de 2002 que al 20 por ciento de los habitantes de la frontera ecuatoriana le brotaron granos en la piel tras las fumigaciones de julio a septiembre. Del lado colombiano, esta sintomatología fue común al 40 por ciento de los pobladores.

Las fumigaciones están provocando tales efectos tóxicos en la población que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó suspenderla en forma provisional. Pero todo esto no ha sido obstáculo para que Estados Unidos y el mandatario colombiano cesen en su empeño de continuar con las fumigaciones: la política anti-drogas diseñada en Washington por encima de cualquier consideración social, de salud o humanitaria. Pese a los fuertes cuestionamientos tanto en Colombia como en Ecuador, Álvaro Uribe continúa empeñado a impulsar la segunda versión del Plan Colombia, cuyo objetivo es obtener mayor cooperación internacional para intentar resolver los complejos problemas de la droga por una mayor escalada militar.

Según universidades y centros de especialistas, en Colombia cerca del 75% del conflicto se desarrolla en el campo social, económico y político y un 25% en el campo militar, no obstante quienes manejan el Estado insisten en una solución 75 por ciento en el campo militar y menos del 25 en el campo armado, dice el periodista colombiano Germán Castro Caycedo en "Sin Tregua", su último libro de reportajes.

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Publicado en América Latina en Movimiento # 374 (ALAI), p. 3, 29-08-2003, Quito