Representantes de los movimientos populares, empresariales, políticos, culturales, eclesiales, intelectuales y, del mismo gobierno de Bolivia, coinciden: en el primer año de gestión, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), se aplazó. Goni es el sobrenombre "gringo" del presidente boliviano. El 6 de agosto de 2002 -hace un año- el Jefe de Estado Boliviano prometió en su ambicioso plan de gobierno obras con empleos, luchar contra la corrupción, revisar el proceso de capitalización, detener la inflación, impedir la exclusión social y otras demandas. No cumplió. El líder cocalero y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales Ayma, afirmó que el primer año de gobierno de Sánchez de Lozada, fue peor que una dictadura militar. "En este primer año de gobierno Goni se aplazó. La situación de hambre, miseria, exclusión, y la masacre de enero y febrero son una muestra que no tiene la capacidad para gobernar al país y está sometido a la Embajada de Estados Unidos para continuar subastando los recursos naturales", aseveró. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral (Cedla) identifica como "un primer aplazo" del gobierno, el no haber controlado el déficit fiscal que alcanzó el 2.2 por ciento respecto del Producto Interno Bruto (PIB) que representa un avance del 34 por ciento respecto a la meta acordada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que fue de 6.5 por ciento. Se estima que el desempleo urbano llegará hasta el 13.5 por ciento debido al constante deterioro del sistema y que la migración del campo a la ciudad también será acelerado por la falta de recursos para sobrevivir. Impunidad y corrupción En esta gestión de gobierno, 69 ciudadanos bolivianos fueron asesinados en movilizaciones y jornadas de protesta; más de 700 resultaron heridos y no existe ninguna autoridad procesada y menos sancionada. Campea la impunidad. Ese registro de muertos y heridos sólo es comparable a los años de las funestas dictaduras militares que asolaron Bolivia en la década del 70 al 80. A los nombres de los dictadores Hugo Banzer Suárez, Alberto Natusch Busch y Luis García Meza, se suma en democracia el de Gonzalo Sánchez de Lozada. Según el líder cocalero, "la falta de plan de gobierno" y "el bajarse los pantalones ante los gringos" hizo que en los 12 primeros meses de gestión, el Presidente de la República, cargue sobre sus espaldas 70 muertos por bala entre campesinos, cocaleros, mineros, policías y militares. En la anterior administración gubernamental de Hugo Banzer Suárez (1997-2001) y de Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002) murieron 57 personas. No existen culpables. La Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia considera que en los diferentes gobiernos constitucionales se violaron los derechos más elementales de los ciudadanos. "Ningún político puede decir yo no fui porque existe una responsabilidad compartida de la clase política en su conjunto". También se denunciaron en este gobierno varios casos de corrupción, donde altas autoridades estaban inmersas. El caso más reciente involucraba al ministro de Defensa Nacional, Freddy Teodovich, por el uso ilegal de 400 conscriptos para fines privados en la cosecha de macororó (ricinus communis) en una hacienda de la ex esposa del embajador actual. La Secretaría de Lucha Contra la Corrupción calificó esa acción ministerial como un hecho de corrupción y violación a la propia Constitución Política del Estado, el gobierno protegió a Teodovich y, con un decreto mal intencionado, archivó el expediente "macororó". El nuevo secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), el minero Jaime Solares Quintanilla, afirmó que los trabajadores del país iniciarán acciones para tratar de derrotar no sólo al gobierno sino al sistema neoliberal "corrupto" y "vendepatria". "Vamos a buscar la unidad de los trabajadores, del campo y la ciudad, para liquidar el modelo neoliberal que es defendido por el MNR, MIR, ADN, UCS y su nuevo socio: NFR. Debemos refundar la nación para solucionar los problemas estructurales de las mayorías nacionales", dijo. Mientras la mayoría de los sectores sociales bolivianos tienen esa visión sobre el gobierno, la Iglesia Católica intenta por todos los medios unificar a los partidos del oficialismo y la oposición -más la sociedad civil- en torno al denominado "Reencuentro Nacional". Super megacoalición La alianza de gobierno estaba compuesta hasta hoy por el MNR, MIR, UCS, ADN y MBL. Al año de gestión se incluyó la Nueva Fuerza Republicana (NFR), jefaturizada por el capitán Manfred Reyes Villa. En este año de gobierno, algunos diputados del NFR, impulsaron un juicio de responsabilidades contra el Presidente de la República e incluso, en determinada coyuntura, exigieron su renuncia. Ahora, son parte del gobierno. No existen coincidencias programáticas sino sólo intereses por repartirse los tres poderes estatales y beneficiarse del esfuerzo de los bolivianos y de los "pluses". La mayoría de los bolivianos y bolivianas perciben que el gobierno no está manejado sólo por una super-megacoalición, sino por una "pega-coalición". El pacto político consolida el modelo económico y social vigente en Bolivia desde 1985. El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Juan Armando Antelo, dijo que el cuoteo que caracteriza al actual régimen es sinónimo de corrupción. "Los empresarios privados no dudan en coincidir con los analistas políticos y con el sentido común de hombres de bien, en sentido de que cuoteo político, en el radio de acción de la administración pública, es sin asomo de duda una forma aberrante de corrupción", señaló. El portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, Oscar Olivera Foronda, advirtió que si la denominada clase política no escucha las demandas del pueblo, se pueden reeditar jornadas sociales con imprevisibles consecuencias. "La clase política corrupta, maleada y defensora de las transnacionales debe escuchar las demandas del pueblo, porque las decisiones también deben ser nuestras", remarcó. La pesadilla de febrero El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada autocalificó su gestión como un gobierno que no fue eficaz ni eficiente. Recordó que en una determinada coyuntura, durante este año, "inclusive se puso en duda, la estabilidad de la democracia". Durante las jornadas del 12 y 13 de febrero, el gobierno aprobó la aplicación de un impuesto a los salarios que tenía el objetivo de reducir el déficit fiscal, el pueblo respondió con una rebelión popular y un motín policial. En esta nueva administración gubernamental se deben resolver temas vitales para el futuro del país, ubicado en el corazón del continente americano, como la venta del gas hacia Estados Unidos, la convocatoria a una Asamblea Popular Constituyente, la revisión del proceso de capitalización de las empresas estatales, el ingreso del Área de Libre Comercio de las Américas y otras demandas. El gobierno toma sus previsiones. Para evitar conflictos sociales aprobó el Código de Seguridad Ciudadana donde prohíbe el bloqueo de caminos. Los infractores tendrán cárcel. Diferentes representantes de los sectores populares respondieron que el gobierno debe construir cárceles gigantes porque serán miles los que bloqueen los caminos y salgan a las calles. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada advirtió que "ojalá no sea necesario el uso de la fuerza"; el jefe del principal partido opositor Evo Morales Ayma respondió que "si las fuerzas represivas actúan con violencia responderán con violencia". Lo cierto es que la nueva coalición de gobierno tiene controlado el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Bolivia; sin embargo no tiene control en los sectores populares que representan la mayoría de la población. Quien gobierna en las calles es el pueblo de donde emana la voz que si no atienden sus demandas se puede producir otro febrero negro. Restan cuatro años de gobierno. ¿Goni culminará su gestión?. * Alex Contreras Baspineiro. Periodista y escritor boliviano.