Argentina

YPF: principios, hipocresía y muerte

Emilio Cafassi

21/04/2012

Opinión

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“Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se pueden poner en manos de una empresa (…), porque eso nos convertiría en un país de quinta división”. La frase podría ser de cualquier político, tanto como de “perogruyo”. Es obvio que recursos estratégicos explotados por cualquier empresa privada terminan enajenando soberanía y capacidad de planificación estratégica de la economía. Pero la frase aporta interés para justamente subrayar el “interés” que moviliza a los políticos por sobre cualquier posición de principios ya que el autor es el actual Presidente del gobierno de España, Rajoy, cuando en 2008, en su rol de opositor al gobierno de Zapatero, criticó una avanzada privatizadora sobre Repsol. Por entonces, Rajoy mostraba su oposición a la posibilidad de que la empresa rusa Lukoil comprara a Repsol.Hoy considera que la expropiación sobre el 51% de las acciones de YPF en poder de Repsol “no es justa ni buena (…) creo que lo que se ha hecho es una injusticia. No es un tema de España. Creo que las relaciones entre países y personas se basan en la buena voluntad, en la palabra dada, en la libertad, son principios y valores”. Son esos férreos valores y principios que formuló en su momento Marx. “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”, recordaba Groucho. Claro que del lado opuesto, encontraremos también llamativas vueltas de campana. Quien dos décadas atrás privatizó las empresas públicas monopólicas argentinas fue el ex Presidente Menem, el mismo que se sentará en su actual banca del senado (que mantiene gracias a su alianza con el kirchnerismo a fin de garantizarse inmunidad parlamentaria ante los múltiples procesos judiciales que tiene pendientes) para dar firme apoyo al proyecto de ley de expropiación, que no es otra cosa que una compra compulsiva basada en razones de utilidad pública, jurídicamente inobjetables en el derecho internacional. La Presidenta Fernández de Kirchner y su difunto esposo también fueron entusiastas defensores de la privatización de YPF en su momento. Este caso no guarda relación alguna con la ética y sólo es explicable mediante el eslogan utilizado en la campaña de Bill Clinton que se ha popularizado en los EEUU: “es la economía, estúpido”.

El contencioso es entonces exclusivamente pragmático y guiado por los intereses inmediatos de cada Estado. El español se vio seducido por la inédita posibilidad de que sus empresas compren monopolios de servicios y recursos esenciales y concentró sus mayores inversiones en ellos: compró la aerolínea de bandera (Aerolíneas Argentinas), la compañía de gas y petróleo (YPF), el monopolio de la telefonía (desde la Av. Córdoba de Buenos Aires hasta Ushuaia) y participa del oligopolio de telefonía celular (Movistar). Sus empresas se comportaron, dependiendo de cada mercado en particular, como toda compañía privada (de toda competencia): extremaron la exacción de beneficios, sin excluir las tácticas de vaciamiento cuando éstas los facilitaban. Algo muy parecido al pasado colonial de sustracción de metales preciosos y recursos naturales, aggiornado hoy al contexto globalizador del capitalismo tardío. Quizás la excepción sea el negocio de la telefonía celular que requeriría un análisis diferenciado. Aerolíneas Argentinas, operando en un mercado complejo y proteico, originalmente en manos de Iberia y posteriormente de la empresa Marsans, además de dar pérdidas fue despojándose de su flota y aún así alcanzó pasivos superiores a los de todos sus devaluados activos. El caso de YPF no es muy distinto en lo esencial. De ser un país no sólo autoabastecido de hidrocarburos sino inclusive exportador, pasó en 20 años a requerir la importación de gasoil y fueloil (vitales para el transporte, la producción agrícola e industrial y la generación de energía eléctrica de las obsoletas centrales térmicas) por casi 10.000 millones de dólares. Es tan absurdo como si Argentina tuviera que importar alimentos.

Todos los países de la región recibieron la presión de la ola neoliberal de finales de los ´80 y los ´90 por parte del capital financiero, el FMI y el Banco Mundial, para cancelar los vencimientos de capital de su enorme deuda externa a través de la venta de empresas públicas y, especialmente, las vitales y monopólicas. El más aplicado ante estas “recomendaciones”, aunque no el único, fue Argentina durante la gestión de Menem, con resultados a la vista. Por ejemplo Brasil, a pesar del plan privatizador del ex Presidente Cardoso con Petrobras, sólo llegó a la desregulación del mercado de los hidrocarburos, la desaparición del monopolio estatal del mercado hidrocarburífero y a la constitución de una empresa mixta. La participación accionaria del gobierno federal en Petrobras cayó desde 1997 del 51 al 32,1%, aunque mantiene el 51% de los votos en el directorio. En Uruguay, mediante un plebiscito, Ancap pudo retener la propiedad estatal plena, al igual que el resto de las empresas públicas. Cuando Petrobras fue fundada en 1953 por el ex Presidente Vargas, sólo tenía por función refinar y distribuir subproductos de petróleo importado, ya que Brasil no contaba con reservas. Lo mismo que hace Ancap actualmente. Pero su modelo en perspectiva era YPF, una empresa estatal con capacidad productiva. Para ello, Vargas impulsó el monopolio estatal del mercado de hidrocarburos de forma tal que Petrobras pudiera realizar prospección a partir de su ganancia operativa. Mientras con Repsol-YPF las reservas y la producción argentina fueron cayendo en picada, Petrobrás no sólo logró desde el 2006 el autoabastecimiento energético sino que triplicó las reservas de su vecino. La empresa participa sola o en joint ventures con otras firmas, aunque siempre monopoliza la operación de los proyectos. De hecho, en 2009 Petrobras produjo el 98% del petróleo en Brasil y participó en el 93,5% de las exportaciones. En Argentina, bajo la estrategia de Repsol, entre 2007 y 2010 sus reservas probadas de petróleo bajaron un 29% y las de gas un 45%. El único argumento legitimador de las empresas capitalistas es su deber cívico de generar acumulación de capital, es decir, reintroducir la plusvalía como capital a través de inversiones, que es el único modo en que se incrementa el producto. De lo contrario, resultan meros parásitos y deberá ser el Estado el que obligue a cumplirlo o bien se encargue de tal inversión.

El mercado de los hidrocarburos tiene a su vez una gran relevancia geopolítica ya que reproduce la tensión desigual entre productores y consumidores. Las mayores reservas se concentran en pocos países, mientras que los mayores consumidores no poseen el recurso, o bien no les alcanza para sus necesidades. Diego Mansilla, en un trabajo sobre las petroleras en América latina, sostiene que “el 90% de las reservas mundiales están en manos de petroleras estatales”. En la región, las mayores reservas se ubican en Venezuela, México y Brasil, donde actúan, respectivamente, Pdvsa, Pemex y Petrobras.

Desandar el camino ominoso de la enajenación de la soberanía energética es un paso importante para recuperar el terreno perdido, pero también para pensar a futuro en mejores y más firmes políticas de integración y colaboración entre países de la región, a pesar del sabotaje que la propia política comercial argentina viene realizando. Independientemente de la volubilidad e improvisación de los autores de la iniciativa, adquiere la relevancia que en su momento tuvo la disolución de las AFJP´s (fondos privados de jubilación) que hacían depender los ingresos de los retirados al éxito o fracaso (aunque la regla fue siempre la última) de la timba financiera, cuyos resultados son hoy elocuentes en el mundo. Pero tanto o más importante aún es que, a la vez, permitió colocar al Estado en la mesa de directorio de importantes empresas, lo que permite conocer su mecánica y sus balances reales, pero a la vez presionar por la acumulación de capital.

Es doblemente elocuente el ejemplo de la empresa Siderar del grupo Techint (liderado por el empresario Paolo Rocca), la primera en realizar una asamblea de accionistas este año, mientras restan varias más de gran peso en la economía donde el Estado tiene participación. Por un lado porque aprobó que se repartieran sólo el 14% de los $ 1.341 millones de utilidades, destinando el resto a futuras inversiones. Como el Estado tiene el 25,97% de las acciones a través de la ANSeS (la institución reguladora de las jubilaciones), logró negociar este objetivo. Por otro porque ya vivió la nacionalización de varias de sus empresas en Venezuela y, dicho sea de paso, sin que se generara tensión alguna entre los gobiernos ni entre éstos y la empresa, salvo una simple discusión de precios.

Por último, vale la pena recordar que el saqueo y la desinversión petrolífera fueron resistidos, recibiendo por respuesta la represión de los mismos gobernantes que hoy se muestran como entusiastas expropiadores. Será indispensable, por caso, traer a la memoria la lucha de la paradigmática Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Gral. Mosconi (antigua ciudad petrolera salteña) que fue sometida a la criminalización (uno de sus dirigentes tiene el record guiness de 80 causas judiciales abiertas), la militarización de la zona, y la propia represión hasta llevar a la muerte a trabajadores como Aníbal Verón, Orlando Justiniano, Alejandro Matías Gómez, Carlos Santillán y Oscar Barrios.

Esperemos que esa sangre no se haya vertido en vano.

- Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano. cafassi@sociales.uba.ar

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