La ampliación de las fronteras extractivas
21/03/2012
- Opinión
| Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 473: Extractivismo: contradicciones y conflictividad 06/02/2014 |
Gonzalo Sánchez de Lozada, al iniciar su primer mandato, en el que se definiría la privatización de las más importantes empresas estatales, como Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), definió que el área destinada a la exploración y explotación de hidrocarburos debía extenderse a cerca de 13 millones de hectáreas, meta que no se concretó, entre otras cosas, debido a la resistencia social que se encontró en diferentes regiones de la Amazonía donde la población rechazó la ampliación de estas actividades por sus nocivos impactos y porque después de un tiempo las transnacionales petroleras decidieron concentrar sus operaciones en el sur del país donde se hallan los megacampos gasíferos. Al finalizar el 2011, el gobierno de Evo Morales parece haber retomado el plan de Sánchez de Lozada, proyectando un área superior a las 12 millones de hectáreas para nuevos emprendimientos de exploración de hidrocarburos.
El crecimiento de áreas destinadas a las actividades extractivas como la exploración y explotación de hidrocarburos es significativo en los últimos años. Junto a ello se multiplican los anuncios de los portavoces gubernamentales de extender las zonas tradicionales de la minería de las tierras altas (regiones donde ha existido actividad minera desde la colonia) hacia la Amazonía; o la ampliación de la superficie cultivada hacia los bosques de esta región, lo que representa incrementar la tasa de deforestación que bordea ya las trescientas mil hectáreas por año. Las regiones hacia donde se orienta esta anormal expansión son las áreas protegidas (regiones protegidas por ley de las amenazas hacia su conservación) y los territorios indígenas que son las últimas regiones del país relativamente libres de actividades industriales y comerciales y que se caracterizan aún hoy por un buen estado de conservación de sus ecoregiones.
Las amenazas de la expansión agroindustrial
El Vicepresidente, Álvaro García, señaló "(…) hay que expandir la frontera agrícola y hay suficiente tierra (…), Hay por lo menos 7 millones de hectáreas potencialmente sembrables sin necesidad de chaquear más bosques (…) hay que expandir a 3, a 4 y a 5 millones de hectáreas. Es un proceso largo, pero esa es una de las grandes tareas para mejorar la provisión de alimentos para el mercado interno y para exportar"[1]. Este anuncio se realizó al iniciarse una batalla del sector agroindustrial del oriente por el respeto a la libertad de exportación que derivó en el incremento del costo del azúcar (“azucarazo” fue como la población denominó al pacto entre el gobierno y los cañeros) y, más importante aún, la aprobación de la denominada Ley de revolución productiva agropecuaria que entre sus disposiciones permitió legalizar los cultivos transgénicos “de los que Bolivia no es centro de origen”[2].
Con ambas medidas se profundizó el vínculo entre el gobierno de Morales y sus antiguos opositores latifundistas, quienes demostrando lealtad hacia el pacto no dudaron en respaldar públicamente al denominado Encuentro Plurinacional de enero pasado (al que no asistieron las organizaciones indígenas, ni la Central Obrera Boliviana), evento del que obtuvieron el compromiso del gobierno de poner en la congeladora la verificación de la Función Económica y Social para conservar la propiedad de la tierra (que es la principal demanda de este sector dada su naturaleza latifundista y especuladora) y que los encumbró en el flamante Consejo Económico que tiene por misión viabilizar las conclusiones del conclave, entre otros, con la promulgación de nuevas leyes.
La constante ampliación de la frontera agropecuaria está relacionada con el crecimiento sostenido de la producción de soya que ha incrementado la superficie que ocupa en más de 300%, con 1´394.974 de hectáreas, alrededor de una 1/3 del total de la superficie cultivada[3].
No es desconocido que la ampliación de la frontera agrícola -en Bolivia y otros países- está íntimamente relacionada con la privatización, concentración y-como se observa en los últimos años en nuestro país- con la extranjerización de la tierra. Si tomamos el caso de la soya esta situación de extranjerización es más que evidente ya que en 1994-1995 tan solo 1/3 parte de la superficie cultivada (32,8%) estuvo en manos de productores nacionales, mientras que en el siguiente quinquenio (1999-2000) esta superficie cultivada por nacionales se redujo a cerca de ¼ parte (26,9%) incrementándose para el quinquenio posterior (2006-2007) hasta 28,9%, el restante está dominado por extranjeros[4].
A pesar que el gobierno ha reiterado que la ampliación de la frontera agrícola no comprometería a los bosques, la tendencia es a que el incremento de las superficies cultivadas se dé en estrecha relación al decrecimiento de las áreas boscosas. El director de la Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT), Cliver Rocha, denunció esta situación advirtiendo “Si ese ritmo se mantiene, este país, no en mucho tiempo, en unos 20 años, va a ser un cementerio desolado y a eso nos está llevando este sistema económico capitalista de la expansión, de la agroindustria exportadora como la soya, de la ganadería, para convertir bosques en tierras agrícolas y en pastos para la ganadería”[5].
En la misma dirección, la “Sinopsis del Estado Ambiental de Bolivia”[6], elaborado por LIDEMA, señala que, entre otros, el avance de la frontera agropecuaria sería la responsable de la elevada situación de riesgo de los bosques del país. “La frontera agropecuaria no ha dejado de crecer de forma casi exponencial; el año 1995, la superficie deforestada en el país ascendía a más de tres millones de hectáreas, con una variación de la tasa anual de entre 80.000 a 168.000 hectáreas. Entre 1993 y 2000 la tasa de deforestación fue estimada en 270.000 hectáreas/año, sin embargo, la tasa anual de deforestación en los últimos años (…) podría ser mucho mayor a 300.000 hectáreas/año. Solamente en Santa Cruz la superficie desboscada a fines del siglo veinte era superior a 2,5 millones de hectáreas, en tanto que a fines del año 2005 la superficie desboscada en el país abarcaba algo más de 10 millones de hectáreas, cifra que se podía haber incrementado a 14 millones a fines de 2009”. (2010: 16).
Si consideramos que ni tan solo la mitad de la deforestación es realizada de forma legal, estamos frente a una situación en verdad insostenible. Mientras que en 1998 se tenían151.022 hectáreas con planes de aprovechamiento forestal, hacia el 2007 se contaban con 185.056 hectáreas, de todas ellas en el año 1998, Santa Cruz contaba con 70.941 hectáreas mientras que al año 2007 este departamento sumaba ya 111.064 hectáreas, es decir hubo un crecimiento de cerca del 100%. En cuanto a las autorizaciones de desmonte, en el año 1998 se contaron 20.470 hectáreas, llegando el 2007 a 49.983 hectáreas a nivel nacional, siendo que en Santa Cruz se contaba en 1998 con 14.048 y en 2007 con 40.259, es decir nuevamente la superficie fue casi duplicada[7]. De acuerdo con un informe de teledetección de desmontes ilegales de la ABT, durante la gestión 2009, en total se procesaron 364 casos afectando a un total de 140.974,36 hectáreas (la mayor parte en el departamento de Santa Cruz con 256 procesos que comprometen 120.542,35 hectáreas, es decir 85% de los casos)[8].
En resumen las fronteras extractivas agropecuarias y forestales van en constante crecimiento y el común denominador de esta situación radica en la privatización de la tierra y el territorio. Veamos como ejemplo el problema de la tierra, donde según da cuenta el INRA hasta el año 2008 el 68,48% de las superficies dotadas está en manos de 18,51% de los beneficiarios, mientras que el restante 29,95% de las superficies en manos de 79,87% de los beneficiarios, dicho en otros términos, en total 2´058.707 de hectáreas (las mejores tierras productivas del país) están en poder de tan solo 42 familias latifundistas.
El extractivismo petrolero y minero
Mencionamos en un inicio que hasta fines del 2011 la superficie comprometida para actividades hidrocarburíferas se ha incrementado sostenidamente durante la gestión de Evo Morales. De las cerca de 12 millones de hectáreas asignadas al sector, cifra superior en más de cuatro veces a la que se tenía en 2009, alrededor de 50% fueron asignadas a empresas transnacionales en una superficie que abarca 5´412.196,06 de hectáreas. Nuevas medidas en el 2012 podrían ampliar mucho más la superficie, llegando a una situación sin precedentes en la historia de Bolivia, debido a que se prevé la asignación de áreas de exploración petrolera sobre ciudades como Santa Cruz (que tiene ya una población superior al millón de habitantes) y Oruro que está además impactada severamente por actividades mineras en pleno centro urbano.
Al igual que con la frontera hidrocarburífera, las áreas mineras amenazan a eco regiones sensibles. “Existe un total de 638 concesiones mineras sobrepuestas con áreas protegidas... La situación se ha visto agravada por la reciente reactivación de concesiones inactivas debido al incremento de precios de los metales en el mercado internacional, muchas de ellas obviando el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y su sobre posición con áreas protegidas”[9].
El incremento de los precios de los minerales ha desatado una fiebre minera que se expande desde las zonas tradicionales en el occidente hacia las zonas no tradicionales en las tierras bajas. Como señala un reciente estudio del CEDIB, la zona del precámbrico en los departamentos de Beni y Santa Cruz alberga en la actualidad a la segunda región minera del país con presencia de grandes transnacionales como Votorantim de Brasil y Jindall de la India.
El gobierno de Evo Morales apuesta al crecimiento de los sectores generadores de “excedente” como el hidrocarburífero y minero (y al de infraestructuras de exportación como las hidroeléctricas y las carreteras internacionales) que en 2011 generaron dos mil millones de dólares pero tan solo 16% de los ingresos nacionales, para ello tiene previsto invertir alrededor del 80% de la inversión pública de los próximos años en estas industrias y ampliar sostenidamente las áreas tradicionales principalmente hacia la Amazonía, las zonas de frontera, las áreas protegidas y los territorios indígenas.
Debido a los impactos que genera el crecimiento acelerado y agresivo de las industrias extractivas hacia extensas superficies y el fenómeno de extranjerización al que está vinculado este proceso, es evidente que se topará con una resistencia social que ya se ha dejado ver en la última marcha indígena en defensa del TIPNIS.
- Marco A. Gandarillas Gonzales es director ejecutivo del Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB.
Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre "Extractivismo: contradicciones y conflictividad” - http://alainet.org/publica/473.phtml.
[1] ABI 16 de noviembre de 2010. “García Linera considera necesario ampliar frontera agrícola para garantizar soberanía alimentaria”.
[2] Véase Revista Petropress No 26. www.cedib.org
[3] La Encuesta Nacional Agropecuaria 2008 del INE revela que el 44,91% de la superficie cultivada corresponde al grupo de Oleaginosas e Industriales.
[4] La Razón 15 de noviembre 2010. “Según Tierra brasileños controlan el 40% de la soya en Santa Cruz”. Citado de M. Gandarillas. La extranjerización del territorio en Bolivia. En Petropress. No 25.
[5] El Nacional. 2 de agosto 2010. “ABT advierte que desforestación en 20 años dejará a Bolivia como un cementerio desolado”.
[6] LIDEMA. 2010. Informe del Estado Ambiental en Bolivia 2010. LIDEMA. La Paz, Bolivia.
[7] Fuente: INE.
[8] Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras –ABT. Teledetección de desmontes ilegales a partir de imágenes de satélite multitemporales. Gestión 2009.
https://www.alainet.org/es/active/53570?language=en
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