Una medida audaz o un paso en falso... Una negociación sin algo de seguridad ó como diría un político local: una seguridad sin algo de negociación... ¿De qué se trata? Quizá de una frágil paz.

 

Diario Digital ContraPunto hizo sus propias averiguaciones acerca de una posible “negociación” establecida entre el gobierno que preside Mauricio Funes y el liderazgo de las pandillas Mara Salvatrucha “MS-13” y la Pandilla o Tribu “18”, que se encuentra en prisiones. Tal información fue divulgada en el periódico El Faro, la noche del miércoles.

 

En nuestras investigaciones pudimos confirmar que ha habido esa negociación entre las partes, en la que están involucrados altos personeros del actual gabinete de seguridad y los líderes de las dos maras más importantes. El fin es frenar los asesinatos y las extorsiones.

 

Pero este proceso no es nuevo. Uno de los primeros impulsores de un intento de negociación entre las pandillas y el gobierno habría sido el asesinado periodista y documentalista hispano-francés Christian Poveda, después de haber concluido su afamado documental “La vida loca”, en el que daba a conocer la realidad de las pandillas desde su interior. Poveda fue cruelmente asesinado por un grupo de pandilleros y la incógnita sobre su muerte trágica sigue; aún no se sabe el por qué real. Hay una madeja intrincada que no se ha aclarado pese al proceso investigativo y jurídico en torno a su asesinato.

 

Antes de que en noviembre pasado entrara en funcionamiento la actual estrategia de seguridad, con el ascenso del general retirado David Munguía Payés, como ministro de Justicia y Seguridad Pública, hubo un intento de negociación con las maras supervisado por el anterior Gabinete de Seguridad, compuesto por miembros del FMLN. Pero el cuestionamiento fue tal que se dio marcha atrás; además, la efímera negociación no tuvo el logro esperado, sobre todo en el cumplimiento de compromisos por parte de las maras.

 

En la actualidad se trata de un movimiento más en firme. El gobierno, a través de sus funcionarios del Gabinete de Seguridad, difícilmente reconozca esa negociación porque “puede ser políticamente correcta, pero un disparate ético: ¿negociar con delincuentes?”, según una fuente consultada por ContraPunto.

 

En esencia, desde “hace días” los líderes de las maras habían propuesto una “negociación” y querían de mediador a alguien del Arzobispado.  Ese intento falló por la negativa de la curia. No obstante, las autoridades de seguridad habrían conseguido que el “intermediario” fuera una persona ligada a los sacerdotes y a la Fuerza Armada.

 

Fue así como se consiguió el traslado de los líderes de las maras a los penales de Ciudad Barrios (a los de la Salvatrucha) y a Cojutepeque (a los de la “18”).

 

Quiérase o no aceptarse tal proceso negociado, lo cierto es que, tal como los medios locales lo ha divulgado, varios de los líderes mareros de “primera fila” y que guardan prisión, han sido trasladados de “Zacatrás” a cárceles que no son de “alta seguridad”. Después de eso los homicidios comenzaron a bajar...

 

 

¿Es correcto este proceso?

¿Qué tan seguro o que tan frágil puede ser?

¿Delincuentes pueden ser interlocutores frente al Estado?

¿Cuáles serán los consecuencias de todo esto?

¿Qué sucederá si esto triunfa o fracasa?

 

La reducción del 60 por ciento de los homicidios en los últimos cinco días, anunciadas por las autoridades de Seguridad Pública, podría ser producto de la negociación entre el gobierno y las pandillas.

 

Según las fuentes consultadas primeramente por El Faro, así como después por ContraPunto, el “pacto” consistiría que la semana pasada se trasladarían los líderes de la MS-13 y de la Pandilla 18 del Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca -“Zacatrás”- a otras cárceles con regímenes menos rígidos, a fin de que los líderes “ordenaran a sus subalternos en el exterior parar los asesinatos y las extorsiones”.

 

El plan también contemplaría otros beneficios en los penales y dirigido hacia los familiares de las maras, pero por el momento nadie confirma tal cosa.

 

El jueves pasado, con un inmenso dispositivo de seguridad, la Dirección de Centros Penales trasladó al menos a 12 líderes de las pandillas desde “Zacatrás” hacia los penales comunes de Cojutepeque y Ciudad Barrios, en los departamentos de Cuscatlán y San Miguel, respectivamente.

 

El mismo día del traslado, en un evento público, las autoridades encargadas dijeron que no podían dar información de los nombres de los reclusos que movilizaron, pero que ese tipo de acciones eran parte de la rutina de los centros penitenciarios.

 

Hasta la fecha personal de prensa de la Dirección de Centros Penales dice que su dependencia no está autorizada para abordar el tema, y que sólo será tratado por el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés.

 

Los medios dicen que entre los convictos trasladados se encuentran los jefes nacionales de la “MS-13”: Ricardo Adalberto Díaz, alias “Rata de Leward” y Borromeo Enrique Solórzano, alias “Diablito de Hollywood”.

 

Asimismo, se habla del traslado de la dirigencia de la Pandilla 18, entre ellos, “El Chori”, “El Cuyo de Quezaltepeque” y “El Duck”.

 

Según la Dirección de Centros Penales, los reclusos no han sido colocados en las celdas de observación como manda el protocolo, sino junto todo el grupo de pandilleros.

 

 

El ex fundador de la Policía Nacional Civil (PNC) y asesor en temas de seguridad del FMLN en la Asamblea Legislativa, Oscar Fernández, explicó este martes que el proceso de acercamiento entre las pandillas y el Estado ya había iniciado durante el gabinete que lideraba el secretario de Asuntos Estratégicos, Hato Hasbún.

 

“La idea no era perdonar los delitos, no era perdonar la criminalidad, sino resarcir algunos beneficios sociales como el trabajo para estos jóvenes en riesgo, lo cual sucedió al revés en la práctica, porque se llegó a una demonización de los jóvenes, sobre todo de los pobres . Pero no se pretendía negociar como se hace ahora, la idea era ponerse de acuerdo para trabajar sobre esas causas estructurales de la exclusión social”, explicó Fernández.

 

Añadió que una de las mayores trabas de aquel plan fue que el sistema penal y de justicia “estaba encaminado contra los jóvenes”, línea de trabajo que fue apoyada por la Asamblea Legislativa, con propuestas de cómo elevar los años en las condenas.

 

“Ya teníamos un enfrentamiento contra los jóvenes, que nosotros mismos habíamos producido, la estrategia era una combinación de tratar con esta gente, un diálogo constante, pero siempre persiguiendo el delito”, manifestó Fernández, quien criticó el presunto pacto entre policías y delincuentes.

 

“No se cuenta tiempo pueda prosperar esta medida, porque si las condiciones sociales y criminológicas no se modifican a favor de la sociedad, con la perspectiva de recuperar algunos de estos jóvenes, entonces lo demás seguirá latente, solo detenido, y cualquier circunstancia podría reactivarlo y podría ser peor”, apuntó Fernández.

 

Para el asesor y académico esta medida es parte de una “estrategia equivocada y peligrosa” para hacer coincidir el discurso del general Munguía Payés.

 

“Si no se complementa con una estrategia de mediano y largo plazo, que combatan las causas estructurales de esta realidad, sobre todo los sectores excluidos, el problema seguirá latente; el objetivo no es hacer reducir las cifras por un mes o dos, para que digan que es el campeón, no se puede dejar el problema con la mecha corta”, explicó Fernández.

 

 

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) se eximió de la responsabilidad de los traslados explicando que una vez emitida la condena, este caso sería responsabilidad del aparato judicial y del sistema penitenciario.

 

El juez del Quinto Tribunal de Sentencia, Leonel Murcia, apuntó que el sistema judicial tendrá poco espacio de intervenir ante el pacto entre pandilleros y autoridades.

 

 

 

 

El director del Instituto de los Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA), Benjamín Cuéllar, manifestó que el pacto entre el Ejecutivo y los pandilleros podría ser una medida de desesperación por parte de las autoridades y que a su vez representa un grave peligro para el país.

 

“¿Por qué no en vez de entrarle a esto, no le entran al tema de las armas? Que no me digan que los que están adentro de las cárceles están totalmente ligados a los que están afuera; creo que tienen sus dinámicas propias”, declaró Cuellar.

 

Para el director del IDHUCA este acuerdo pone de manifiesto la debilidad del gobierno frente al problema de violencia y da fortaleza a los delincuentes, a quienes les da la oportunidad de probar que el 90 por ciento de los asesinados son pandilleros, tal cual lo maneja el Ejecutivo.

 

Cuellár también desestimó que el 90 por ciento de los asesinado sean pandilleros, puesto que hay muchos más factores de violencia en el país.

 

Para el experto en derechos humanos, esta situación puede dar pie a que los delincuentes se dediquen ahora abiertamente a manipular a las autoridades del Gabinete de Seguridad.

 

Asimismo, Cuéllar opinó que también el acuerdo podría estar relacionado con el proyecto político de Munguía Payés, quien ha prometido disminuir los homicidios “a como de lugar”.

 

Por su parte, presidente de la Fundación Quezalcoatl, Mauricio Figueroa, opinó que lo importante es abrir una posibilidad de abrir el diálogo hacia la prevención y reinserción de los jóvenes delincuentes.

 

“Si existe la capacidad de que hayan interlocutores en el tema de violencia, esto es algo muy positivo para el país; si dentro de los pandilla hay gente que puede entablar un diálogo es una noticia positiva: hay que hablar también de la rehabilitación de la reinserción y no simplemente poner un parche”, explicó Figueroa.

 

Agregó que no hay certeza de si se sabrán o se conocerán públicamente las concesiones que se han hecho entre los pandilleros y las autoridades, puesto que el acuerdo se ha mantenido en el secreto.

 

“La opinión pública demanda que la criminalidad sea resulta, y obviamente el gobierno va a echar mano de lo que tenga para hacerlo. Acá hay que diferenciar entre lo que políticamente correcto y lo que éticamente correcto. Es una medida sostenible, astuta, pero no tengo la impresión que sea sostenible”, apuntó finalmente Figueroa.