Panamá

Hidroeléctricas: Un negocio o necesidad para el país

William Hughes

07/03/2012

Opinión

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El gobierno ha señalado que no puede acceder a las demandas de los indígenas gnäbes porque sería atentar contra la seguridad y el desarrollo del país. Según datos de la ASEP la capacidad instalada de generación eléctrica hasta el primer semestre de 2011 era de 2051.4 MW, la cual ha estado en aumento desde 1998 cuando era de 1000 MW aproximadamente. La generación hidráulica apenas representa el 48.6% de la capacidad, lo cual es explicado por la ausencia de política energética del país, más allá de hacer negocios, sacar rentabilidad. La demanda máxima del sistema ha sido de 1286 MW, apenas el 40% de la capacidad instalada. Parte de la generación se ha exportado. La ASEP desde el 2011 no actualiza las estadísticas, aunque se reconoce una exportación, al menos de 124 MW. Otros estudios señalan un promedio semanal de demanda de 700MW a 1200MW. La demanda máxima se ubica entre mediodía y las 2:00PM, pues, debido al calor, se utilizan más aires acondicionados. No es cierto que el país está en riesgo si no se construyen más hidroeléctricas. Otra mentira del gobierno. El consumo comercial corresponde al 44%, principalmente de los MALLs y hoteles, que consumen tanta energía como todo el distrito de San Miguelito y de Arraiján. El gobierno se ha negado a discutir el modelo económico altamente consumista de energía, diseños de edificios y centros comerciales de alto consumo energético, un modelo económico que profundiza la concentración de la riqueza donde los que más tienen, consumen y derrochan más electricidad. Sin embargo, culpan a los pobres, los humildes, los grupos originarios, de ser responsables de poner en riesgo el “desarrollo” del país. El consumo de energía de aires acondicionados representa un 35% y, añadiendo congeladores, es 65%. La minería es altamente consumidora de electricidad y agua. Minera Panamá, proyecto defendido por el gobierno, planea construir 2 plantas a base de carbón de 150 MW cada una, tecnología que es altamente contaminante, y la mina consumirá el 70%, lo que representa el 20% de la demanda máxima del país. Es un modelo económico derrochador de energía, donde impera la ambición de hacer ganancias a cualquier costo, aún sacrificando las fuentes de agua y las poblaciones.

La lucha contra las hidroeléctricas va más allá de las exigencias Gnabes Buglé. Se trata de un modelo depredador del ambiente sustentado en la avaricia. Los pobladores Nasos han luchado contra el proyecto Bonyic, la población de Bocas del Toro contra Chan 75, sin que gobierno alguno le importe. Han obligado al desalojo y maltratado de la población en complicidad con las autoridades políticas y policiales. Las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se concentran estos proyectos, han luchado por una década contra las hidroeléctricas, debido a los daños que ocasionan. Pérdida de fertilidad de los suelos, reducción de caudales, destrucción de los ríos (Río Piedra y Chiriquí Viejo), escasez de agua debido al desvío de ríos y quebradas para alimentar los embalses en época de sequía, como ha ocurrido en Gualaca, pérdida de lugares de recreación por la privatización del río que hacen las empresas, la devastación de vegetación y bosques, expulsión de comunidades, amenazas de las autoridades y de las empresas para que vendan sus tierras. Ha sido una lucha de años contra la avaricia desmedida, contra una alianza empresarios-gobierno, para arrebatarle lo poco que tienen. No es casual que el PRD, el Panameñismo y otros partidos satélites, estén apoyando la posición del gobierno CD. Las poblaciones quieren electricidad, pero privilegian la vida. El país tiene suficiente capacidad instalada para responder a la demanda; es necesario cambiar el modelo económico, que sea menos derrochador de energía, que mejore la distribución de la riqueza. Cuando se privatizó el IRHE se dijo que tendríamos energía más barata. El país ha duplicado su capacidad instalada de generación eléctrica y el precio de la electricidad es cada vez mayor. El gobierno culpa al precio del petróleo, pero la política energética del país ha privilegiado la generación térmica. La privatización acelera el aumento de los precios de la electricidad porque las empresas privilegian sus ganancias. La política energética ha sido hacer negocios y no generar energía más barata. La exigencia del pueblo Gnabe Buglé es justa, como también lo es la de los pobladores de Chiriqui, Bocas del Toro, Veraguas y de Petaquilla. Se deben cancelar todas las concesiones otorgadas y hacer una discusión nacional en materia de energía donde el Estado debe volver al control de la generación eléctrica. Es la única forma que los consumidores salgamos beneficiados. Lo demás es sólo argumento de los grupos de poder económico y políticos con intereses en las concesiones hidroeléctricas.

- William Hughes es Economista, Profesor de la Universidad de Panamá, Equipo Técnico de FRENADESO - www.frenadesonoticias.org

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