Guatemala

Quien atiende las demandas del pueblo?

Rocizela Pérez Gómez

06/02/2012

Opinión

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Guatemala es un país con más de 14 millones de habitantes, según el mapa de proyecciones de población 2011 del Instituto Nacional de Estadística -INE-.

La pobreza, el hambre, la desnutrición, falta de empleo, falta de vivienda adecuada, falta de acceso al uso y tenencia de la tierra, así como falta de servicios indispensables para vivir como: salud, educación trabajo, recreación, entre otros, es lo que prevalece en la mayoría de familias guatemaltecas.

Entre los objetivos de Desarrollo del Milenio se describe que la meta para el 2015 es reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre, también se señala que la pobreza contribuye a la desnutrición siendo esta la causa de más de la mitad de las muertes de menores de cinco años en los países en desarrollo. “Alrededor de 300 millones de niños y niñas se van hambrientos a la cama de todos los días. De esta cifra, solamente un 8% son víctimas del hambre o de otras situaciones de emergencia. Más de un 90% sufren desnutrición a largo plazo y carencia de micronutrientes”.

El ahora ex presidentes de la República, Álvaro Colom, en un acto oficial antes de dejar el cargo aseguró que durante su administración el Gobierno invirtió 2,023 millones de quetzales (unos $252.8 millones) en combatir la pobreza que afecta a más de la mitad de los guatemaltecos.

Pero los datos reales siguen siendo alarmantes según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 20011) del INE: la tasa nacional de pobreza aumentó en 2,71 puntos en los últimos cinco años y en la actualidad se sitúa en 53,71 %.

A pesar de la situación de pobreza que impera en Guatemala ningún gobierno ha implementado políticas estructurales para combatirla, en lugar de atender las demandas de las familias que carecen de condiciones adecuadas de vida se ha dado prioridad a las demandas de los sectores económicos y de las empresas transnacionales que violan los derechos laborales y que dañan y contaminan el ambiente.

Representantes de organizaciones campesinas señalan que durante los cuatro años de gobierno de Colom Caballeros no se dieron resultados concretos a las demandas de la población indígena y campesina, la crítica es que nunca se le dio importancia a la aprobación de leyes como la de Desarrollo Rural Integral y la Ley Nacional de Pueblos Indígenas, o nunca se avanzó en la atención de la deuda agraria de varias comunidades.

Según registros de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), al finalizar el 2011 más de 14 mil familias se encuentran endeudadas porque se les compró fincas con costos millonarios en tierras que no son aptas para cultivar. Manuel Pérez de la CNOC dijo que la deuda aproximada asciende a 334 millones de quetzales.

Asimismo se señaló que nunca se destinó un presupuesto para la reactivación económica y a la atención integral de pequeños productores; los ministerios y secretarias encargadas a abordar el tema agrario enfocaron su presupuesto únicamente a su funcionamiento (pago de personal y servicios), sin que éstas den resultados concretos a las demandas de las familias.

La situación actual de hambre, desnutrición y pobreza en que viven cientos de familias es reflejo que los convenios nacionales e internacionales y acuerdos firmados por Guatemala son violados por quienes han gobernado el país. En el acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en su apartado desarrollo social se señala que “Corresponde al Estado promover, orientar y regular el desarrollo socioeconómico del país de manera que, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad, se asegure, en forma integrada, la eficiencia económica, el aumento de los servicios sociales y la justicia social. En la búsqueda del crecimiento, la política económica debe orientarse a impedir que se produzcan procesos de exclusión socioeconómica, tales como el desempleo y el empobrecimiento, y que, al contrario, se maximicen los beneficios del crecimiento económico para todos los guatemaltecos. En la búsqueda del bienestar de todos los guatemaltecos, la política social debe propiciar el desarrollo económico, mediante su impacto en la producción y la eficiencia”.

En dicho apartado también señala que “el Estado tiene obligaciones indeclinables en la tarea de superación de las iniquidades y deficiencias sociales, tanto mediante la orientación del desarrollo como mediante la inversión pública y la prestación de servicios sociales universales. Asimismo, el Estado tiene obligaciones específicas por mandato constitucional de procurar el goce efectivo, sin discriminación alguna de los derechos al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y demás derechos sociales. La superación de los desequilibrios sociales históricos que ha vivido Guatemala…”

Lo que prevaleció durante el periodo de gobierno 2008-2011- fue la criminalización de la lucha indígena y campesina, el incremento de los desalojos hacia comunidades para favorecer a empresarios , como el caso de los desalojos violentos realizados en marzo de 2011 a alrededor de 800 familias en el Valle del Polochic, donde el resultado fue cultivos de las familias destruidos por parte del ejército, Policía Nacional Civil y trabajadores de la empresa Chabil Utzaj, en donde también se destruyeron viviendas y se reportaron personas heridas y fallecidas.

Se incrementaron las concesiones y megaproyectos para la extracción de bienes naturales, dando como resultado el incremento a la contaminación y destrucción por parte de las empresas mineras e hidroeléctrica en diferentes regiones del país, muerte a quienes defienden la vida para mencionar el caso de María Margarita Che Chub, lideresa q´eqchi de la comunidad Paraná , quien fue asesinada a balazos; también el asesinato del campesino Oscar Reyes de la comunidad Canlun, ambos en el Valle del Polochic. Y por mencionar otro caso: el asesinato del campesino Juan Rax quien era presidente de las comunidades ubicadas en la sierra Lacandona en Petén, quien fue muerto a balazos. Las personas mencionadas se caracterizaban por ser líderes de sus comunidades y pro luchar por la defensa de su territorio.

Al pronunciarse sobre el anterior gobierno dirigido por Álvaro Colom, el dirigente Rafael González del Comité de Unidad Campesina (CUC) lo catalogó como nefasto y como el peor gobierno después de la firma de los Acuerdos de Paz, indicando que según registros durante los cuatro años de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- se realizaron alrededor de 120 desalojos violentos a nivel nacional, persecución y asesinatos a lideres y ligerezas comunitarias.

En su primer discurso de investidura del actual presidente Otto Pérez Molina mencionó: “…El gran segundo acuerdo que buscamos, es el acuerdo que hemos denominado el pacto contra el hambre, Hambre Cero es nuestra convicción que la pobreza y la desnutrición son consecuencia de un área rural sin desarrollo”.

“El impulso a la economía campesina y el eje que hemos denominado desarrollo rural integral, así como el de inclusión social, se enfoca en ampliar las oportunidades de la niñez y juventud, para que puedan desarrollar y encontrar opciones productivas que les permitan tener una vida mejor”.

Rafael González del CUC expresó que de parte de el actual gobierno de Otto Pérez Molina no existe un planteamiento concreto para discutir la problemática agraria en el país, señaló que está claro que la delincuencia se ha incrementado por falta de fuentes de empleo señalando que el costo de vida se eleva de forma constante y la falta de atención al tema alimentario, falta de tierra, falta de salarios acordes a cubrir la Canasta Básica Vital (CBV), es parte de toda la situación de inseguridad y pobreza señaló González.

Las comunidades indígenas y campesinas siguen sosteniendo que el trabajo campesino y de pequeños productores hombres y mujeres, es un factor importante en la economía local, municipal y nacional, sin que desde los gobiernos exista atención y seguimiento a las demandas de los pequeños productores para ampliar la producción hacia los mercados locales y nacionales tampoco ha existido una atención integral al tema agrario en Guatemala.

Lo que desde siempre han exigido las y los guatemaltecos es que el Estado y el presidente de la república de Guatemala cumplan con el respeto a los derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala: en su Artículo 1. Protección a la persona: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2. Deberes del Estado: Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Artículo 3. Derecho a la vida: El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

Las demandas del movimiento indígena y campesino siempre han sido claras y continuarán la lucha por un desarrollo rural integral, por la defensa de la tierra y territorio y por que se respeten los derechos individuales y colectivos.

- Rocizela Pérez Gómez/CLOC Vía Campesina en Guatemala

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