Información sobre Ecuador para el Examen Periódico Universal, mayo-junio de 2012
Derechos de los pueblos indígenas y acoso a manifestantes
03/02/2012
- Opinión
Indice
Introducción
Seguimiento del anterior examen periódico
Normativa y marco institucional del Estado
Deficiencias legales e institucionales que afectan a los derechos de los pueblos indígenas
Normativa concerniente a los defensores y defensoras de los derechos humanos
Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno
Manifestaciones multitudinarias
Acoso a manifestantes
Recomendaciones de actuación dirigidas al estado examinado
Anexo
Notas finales
13º Periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU, mayo-junio de 2012
Introducción
En este documento informativo, preparado para el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU sobre el Ecuador, que tendrá lugar entre los meses de mayo y junio de 2012, Amnistía Internacional expresa su decepción por que en el anterior EPU sobre ese país, en 2008, no se formularan recomendaciones en relación con los derechos de los pueblos indígenas, con los defensores y defensoras de los derechos humanos o con el acoso a manifestantes.
Pese a que la nueva Constitución del Ecuador reconoce explícitamente la identidad plurinacional y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos concernientes a recursos naturales que afecten a su territorio y medios de vida, en noviembre de 2011 aún no se había adoptado ningún mecanismo que garantizase su derecho a consulta previa, dentro de un plazo razonable, mediante el que otorgar consentimiento libre e informado en estas circunstancias. También es motivo de preocupación para Amnistía Internacional el hecho de que el Decreto Presidencial Nº 982 –orden ejecutiva por la que se regula el trabajo de las organizaciones no gubernamentales– pueda aplicarse de forma tal que se planteen obstáculos a la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos, a menos que se implementen unas salvaguardias que lo impidan.
En los últimos tres años, la ausencia de un mecanismo de consulta previo a la promulgación de leyes que afectan a los derechos de los pueblos indígenas ha desencadenado diversas protestas en todo el país. Muchas de estas manifestaciones han derivado en enfrentamientos entre policía y manifestantes. Preocupa a Amnistía Internacional que en los últimos años se hayan presentado cargos espurios por delitos comunes contra defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos dirigentes indígenas, en lo que parece ser un intento deliberado de poner freno a sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación.
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