Libertad de expresión y Acuerdos de Paz

23/01/2012
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La más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP), en torno a  la evaluación que hacen los salvadoreños y salvadoreñas sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz muestra, entre otros aspectos, que la libertad de expresión, la democracia y el respeto a los derechos humanos son áreas en las que la opinión pública advierte un mayor avance, frente a ámbitos como la pobreza, la justicia, la seguridad y el respeto a la ley que reportan los mayores déficit.  El porcentaje más alto lo tiene la libertad de expresión con un 34.4%. ; conviene entonces hacer un examen – aunque sea a vuela pluma – de los grados de incidencia que ha tenido el hecho político de los acuerdos de paz sobre uno de los derechos humanos propio de los sistemas democráticos: la libertad de expresión.
 
La cronología de la violencia, descrita por el Informe de la Comisión de la Verdad, señala que la violencia que predominaba en El Salvador durante la época de la guerra, obedecía a una concepción política que equiparó opositor con subversivo y enemigo. Quien tenía ideas distintas o en clara contraposición a las oficiales, corría el riesgo de ser eliminado como si fuese un enemigo armado en campo de batalla. La función que desarrolló la prensa escrita en ese momento, contribuyó a difundir esta concepción al referirse a la oposición política como enemigo, o delincuente terrorista. En ese contexto, relativamente cercano a la historia de nuestro país, los derechos civiles y políticos, incluidos los relacionados con la comunicación y la expresión, no solo fueron violados, sino que prácticamente se convirtieron en derechos prohibidos para la mayoría de la población.
 
Los acuerdos de paz (1992), en lo que respecta a la libertad de expresión y difusión del pensamiento a través de los medios, dejaron planteados al menos tres medidas que en cierto modo representan un punto de inflexión en el comportamiento mediático que predominaba en aquel momento: en primer lugar, se permite el uso y acceso a los medios por parte del FMLN (se autorizan  licencias para sus propios medios y  para la publicación de sus campos pagados), ambos aspectos eran perseguidos y censurados antes de los acuerdos; en segundo lugar, se garantiza la libertad de información, poniendo fin  al control de los medios y a la censura ejercida por la Oficina de Información de la presidencia ( se desarrolla un mayor pluralismo en la información, especialmente en la prensa escrita y radial); y tercero, se asume el compromiso de contribuir, a través de los medios, a la distensión y reconciliación nacional. Tanto estos compromisos puntuales como el escenario político derivado de los acuerdos, posibilitaron algunos cambios que podemos calificar como democráticos en por lo menos tres ámbitos: la información, la fiscalización del poder y la promoción de un debate pluralista. Pero estos cambios tienen su contrapeso. Veámoslo:
 
En el ámbito de la información y la investigación periodística se avanza en el remozamiento del personal de redacción y en laampliación de laagenda hacia temas que antes eran ignorados: la corrupción, la debilidad de las instituciones del estado, la pobreza, entre otros. Sin embargo, esa agenda y el profesionalismo del que se suele hacer gala, son todavía susceptibles de ser subordinados por los intereses políticos e ideológicos de quienes controlan dichos medios, que en algunos casos operan abiertamente como instrumentos de partidos. La agenda partidaria  termina predominando y dominando sobre la agenda social y nacional.  En lo que respecta a la fiscalización del poder público, si bien se han hecho esfuerzos por investigar casos de corrupción, ese rol suele frenarse cuando puede afectar intereses políticos o económicos. De nuevo el interés particular termina dominando sobre la función social de fiscalizar, propia de una cultura democrática.
 
En el ámbito del debate plural, cierto es que hay apertura a sectores políticos o posiciones ideológicas que antes de los acuerdos estaban totalmente excluidos. Sin embargo, hay evidencias que cuando se ejerce el llamado “pluralismo” éste tiene más un carácter formal que real. Las voces consideradas demasiadas críticas al sistema son marginadas o, en el peor de los casos, satanizadas. Pero no sólo eso, también ocurre que tal forma de ejercer el pluralismo, en la que se ofrecen una diversidad aparente de opiniones, está más interesada en el choque de enfoques que en la búsqueda de la verdad. Es un pluralismo para el mercado o para legitimar la pretendida imagendemocrática del medio. Un pluralismo sinvoluntad de verdad es un pluralismo vacío, porque no le interesa llegar a la realidad más profunda de los principales problemas expuestos al debate.
 
En suma, si bien es cierto  que la democratización política desencadenada por los acuerdos de paz posibilitó un mayor pluralismo de opiniones y una ampliación de la agenda periodística; no menos cierto es que  la capacidad de los sectores de la sociedad civil para incidir en la agenda de los medios sigue siendo limitada. Al menos tres factores explican este hecho: primero, existe una competencia por fijar la agenda entre el gobierno, los poderes fácticos, los medios (que tienen sus propios intereses) y la sociedad civil; en esta competencia los tres primeros actores tienen ventajas considerables en el campo de la expresión y la comunicación sobre el pensamiento ciudadano; segundo, el pluralismo en los medios es limitado, sobre todo cuando surgen temas que cuestionan su propia agenda política o ideológica, por ejemplo, cuando sale a relucir la memoria histórica que reclama justicia para las víctimas del conflicto; finalmente, una de las principales amenazas que tiene tanto la libertad de expresión como la libertad de prensa en sociedades como la salvadoreña, es la escasez de medios libres e independientes, cuya función no esté determinada por el interés privado sino por el bien colectivo. En consecuencia, poner a producir el espíritu de los acuerdos en este ámbito, pasa ahora mismo por fortalecer la ciudadanía mediática, la voluntad de verdad y el pensamiento popular, verdaderos desafíos  para el ejercicio de una plena libertad de expresión.
 
- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA, El Salvador.
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