Colombia

La formidable movilización estudiantil

Pedro Santana Rodríguez

18/11/2011

Opinión

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Muchos analistas de la realidad colombiana se preguntan con frecuencia sobre la inmovilidad y la pasividad que se registra en la sociedad civil colombiana cuando en su base, ella afronta múltiples problemas y carencias, frente a las cuales no se presenta, como en otros países, una creciente movilización social y se compara recurrentemente con la creciente movilización social que se registra ante las crisis financiera, ambiental y social.

Recientemente en el mundo se han presentado múltiples expresiones de esta movilización y malestar representadas en movimientos como el de los indignados en España o lo que se ha dado en llamar la primavera democrática en los países árabes, que se vienen sacudiendo de regímenes políticos antidemocráticos como ha sucedido durante el último año en Egipto que dio al traste con el régimen de Mubarack, en Libia con el derrocamiento de Gadaffi, en Siria, Túnez y otros países de dicha región o más recientemente con el movimiento de los ocupas de los Estados Unidos que se relacionan con el movimiento de los indignados europeos que reaccionan ante la crisis económica y el manejo que le han dado sus gobiernos que pretenden descargar sobre los hombros de los trabajadores y las clases medias todo el peso de la crisis del sistema financiero. Ellos han pretendido sacrificar el Estado de Bienestar a los intereses de los sectores financieros especulativos. También se referencia el movimiento de los estudiantes chilenos que se han levantado en contra de la privatización de la educación universitaria.

Pues bien éste aparente letargo ha sido interrumpido por movilizaciones de los trabajadores de la industria del petróleo y de la palma aceitera que vienen reivindicando mejoras en sus condiciones laborales y la supresión real del trabajo contratado a través de cooperativas que burlan la legislación laboral, y los recientes acuerdos que se han dado en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. En estos acuerdos de libre comercio el Estado colombiano se comprometió a la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado sin que en realidad se haya procedido en consecuencia. Los trabajadores han tenido que realizar paros y bloqueos de vías para que se ponga en marcha la legislación que busca acabar con las intermediaciones laborales que desconocen los mínimos acuerdos suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el trabajo decente.

Pero el despertar del letargo lo representó sin duda alguna la formidable movilización estudiantil que se registró a lo largo del último mes por parte de decenas de miles de jóvenes estudiantes universitarios que exigieron del Gobierno el retiro del proyecto que buscaba la reforma de la ley 30 de 1992, que rige la vida universitaria del país. Esta movilización estuvo motivada tanto por la forma en que el gobierno del presidente Santos tramitó el proyecto, pero también por sus contenidos que la comunidad universitaria, es decir, los maestros, miles de padres de familia y los estudiantes universitarios consideraron lesiva a sus intereses y a un proyecto democrático de universidad pública. Hay que anotar que la legitimidad que ganó el movimiento se debió también a los pronunciamientos que hicieron en contra del proyecto una buena parte de los rectores de las universidades públicas y privadas en contra de la pretensión del Gobierno de permitir la inversión privada con ánimo de lucro en las instituciones de educación superior. El Gobierno retiró a medias dicho proyecto privatizador, pero el movimiento no se detuvo ante este retiro a medias y exigió además que el proyecto fuera el producto de una concertación con la comunidad universitaria.

Los estudiantes y los profesores universitarios con madurez cuestionaron los contenidos del proyecto. Mostraron por ejemplo, que la columna vertebral del proyecto que consiste para el Gobierno en el incremento de la cobertura, que en Colombia es apenas del 37% de la población estudiantil, pretendía lograrse con el aumento transitorio de recursos insuficientes para las metas propuestas. Los estudios muestran que en lo que va corrido del presente siglo los recursos asignados por el presupuesto son bajos y descendentes. En el año 2002 los recursos representaban el 0.5 del PIB y en el año 2010 representaron apenas el 0.4% del PIB y en 2011 se estima provisionalmente en un 0.38% del PIB. Ellos señalaron que lo que se buscaba era el incremento de la cobertura disminuyendo el aporte por estudiante universitario. Al mismo tiempo mostraron que la propuesta del Gobierno Santos incluía un componente permanente (artículo 145 del proyecto) que estaba por debajo del crecimiento económico del país. Y mostraba que la fórmula prevista significaba un retroceso de lo que la propia ley 30 establecía en materia de recursos.

En efecto, la ley 30, en su artículo 87, establecía que a partir de 1998 el Gobierno Nacional debería haber incrementado sus aportes para las universidades públicas en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Como lo señala Jorge Armando Rodríguez en el proyecto de Santos, “La Nación incrementará sus aportes para las Instituciones de Educación Superior estatales que reciban recursos de la Nación, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), así: si el crecimiento real del PIB es menor al 0 por ciento y menor del 5 por ciento, el incremento será del 30% de dicho crecimiento.

Si el crecimiento económico de Colombia continúa alrededor del 4.5% del PIB promedio anual el crecimiento real de los aportes permanentes no sobrepasaría el 1.5% anual, una restricción inexistente en la ley 30 de 1992. Así mismo el proyecto Santos incluye un componente de aportes adicionales para financiar la oferta equivalentes a tres “puntos reales” con respecto a los aportes totales del año anterior, recursos que cubrirían el período 2012-2022.

Con la propuesta de Santos los aportes totales pasarían de representar un 0.38% del PIB en 2011, a un 0.28% del PIB en 2022, al final del período de transición, y a un 0.15% en 2042 en vivo contraste con el 0.51% que había alcanzado en 2003. (Rodríguez Jorge Armando: Educación Superior Pública: alternativas de financiación frente a la ley 30 y al proyecto Santos. Razón Pública, 2011).

Al lado de la crítica a las cifras pregonadas por el Gobierno, los estudiantes llamaron la atención sobre la necesidad de cambiar el modelo neoclásico que pone todos los recursos en la demanda sin preocuparse por la oferta que ha llevado a un deterioro evidente de las condiciones laborales de los docentes y en la infraestructura requerida para ofrecer una educación de calidad.

El levantamiento del paro sólo se dio esta semana con el retiro del proyecto por parte del Gobierno y el compromiso de iniciar un proceso de concertación con la comunidad universitaria. Esto significó un triunfo del movimiento en esta primera fase. Ahora viene la parte más difícil que consiste en lograr un consenso alrededor de un proyecto que sea el fruto de la concertación en la mesa de diálogo que se abrirá dentro de poco.

Algunas lecciones importantes deja la reciente movilización de los jóvenes universitarios. El primero y muy significativo es que en condiciones mínimas de respeto por la movilización ésta se proyecta de forma masiva. Hay que señalar que el Gobierno respetó la movilización aunque se presentaron hechos que atentaron contra la pacífica protesta como la muerte de un estudiante en Cali o la militarización de algunos centros universitarios. Los estudiantes y sus dirigentes agrupados en la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil, MANE, mostraron madurez y unidad en medio de la diversidad.

La condena de los estudiantes a la violencia fue un mensaje que caló profundamente y legitimó al movimiento en amplios sectores de la sociedad que salieron a respaldarlos. “En paz somos muchos más”, las jornadas de abrazos y besos a los integrantes de la Policía fueron mensajes que mostraron un movimiento constructivo y pacífico que dio muchas razones para su masivo respaldo en la opinión pública. Así mismo los argumentos, los estudios, el uso de las redes sociales ante el bloqueo de los grandes medios de comunicación que al final tuvieron que entrevistar a los líderes estudiantiles y se tuvieron que abrir a mostrar los argumentos serios y razonados de los jóvenes, todo ello significó un vivo contraste con la imagen de violencia y caos que los medios proyectan frente a las protestas ciudadanas.

Ahora viene la fase del debate y la concertación. Y luego el tránsito por el Congreso en donde las mayorías gubernamentales no son garantía de transparencia e independencia. Al mismo tiempo mostró los límites de lo que el Gobierno entiende por concertación que como bien lo describió uno de los líderes estudiantiles, confunde la socialización de un proyecto con la concertación.

Ahí estamos y esperamos que los jóvenes universitarios avancen en un proyecto que realmente democratice el acceso a la educación superior y avance no sólo en recursos para su financiamiento, sino en la concepción que la educación superior es un derecho fundamental para los jóvenes colombianos. Éste es el reto.

- Pedro Santana Rodríguez es Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía

Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 281, Corporación Viva la Ciudadanía. Semana del 18al 24 de Noviembre de 2011

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