Omisiones presidenciales ante informe de la CVR
27/11/2003
- Opinión
Finalmente el gobierno se pronunció sobre el informe
final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Pasaron casi tres meses desde la entrega del informe,
pero el gobierno se dedicó a esquivarlo y posponer
opinión.
El malestar de múltiples sectores, el persistente interés
internacional y la propia postura del secretario general
de la ONU, Kofi Annan, parece que finalmente llevaron a
que se emita posición. Hay que saludar que se hiciera, y
se asumiera, desde el Estado, aceptar responsabilidades y
pedir perdón. Pero la debilidad política del gobierno y
el aire que tomaron sectores opuestos a ventilar la
verdad y las responsabilidades del terrorismo y de las
instancias oficiales del Estado, condujo a ambigüedades y
temas pasados por agua tibia.
Toledo no expresó un carácter vinculante con las
conclusiones de la CVR, como prometiera en campaña.
Tampoco asumió conclusiones y evidencias presentadas
sobre violaciones sistemáticas de los derechos humanos,
sustentadas por una concepción autoritaria y racista de
la lucha antisubversiva, adoptada –en períodos
determinados– como política oficial por determinados
sectores del Estado.
Achacar atropellos y delitos de lesa humanidad a excesos
"individuales" obvia los manuales antisubversivos y
operativos que ordenaban no mantener sobrevivientes y
propiciaban detención y desaparición de personas,
presentados en el programa de Cecilia Valenzuela, o las
investigaciones hechas sobre grupos paramilitares. La
auténtica reconciliación sólo puede darse a partir de la
verdad. Ello exige señalar la responsabilidad del
senderismo y el terrorismo, y del propio Estado. Tampoco
pueden obviarse las responsabilidades de las fuerzas
políticas en la conducción del proceso. El gobierno optó
por obviar la verdad.
El Plan de Paz y Desarrollo para las zonas más afectadas
es positivo, pero no pueden dejarse en el aire las
reparaciones individuales a las víctimas de la violencia
terrorista y contraterrorista. Las víctimas de crímenes
de lesa humanidad son personas con nombre y apellido, su
sufrimiento fue individual, y tienen derecho a un
desagravio y reparación individual. El mensaje debió ser
un claro avance hacia la reconciliación.
Pero dejó dudas y disconformidad. Esperamos que las
promesas de recursos para las regiones se concreten.
Estaremos vigilantes. No claudicaremos en nuestra
exigencia por nuevas concepciones en el accionar
antisubversivo, por reforma y limpieza de los institutos
armados, por reparaciones individuales, y porque la
verdad se sepa.
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