La Sierra Nevada de Santa Marta está ubicada en el extremo noreste de Colombia, constituido por un enorme macizo montañoso que, partiendo del nivel del mar en el Caribe, llega hasta los 5.775 mts. en el pico Bolívar, el más alto del país. Así este es un espacio con una diversidad ambiental y cultural de primer orden en el continente americano. Es el territorio histórico de cuatro pueblos indígenas que demandan constantemente el "principio de identidad, pensamiento y organización, para continuar reivindicando nuestros derechos y luchando contra la injusticia, a favor de la autonomía territorial, cultural, social y política,...". Los pueblos Wiwa, Arhuaco, Kogi y Kankuamo comparten este espacio geográfico al que consideran el centro del mundo y donde es vital mantener "el equilibrio que preservará la vida en el planeta". Sin embargo, como en otros muchos casos, ese equilibrio de la Sierra se rompe paulatinamente desde hace algunos años. A los procesos de agresión protagonizados por los siglos de colonia española y de vida republicana se han sumado ahora las intervenciones armadas de los distintos actores del conflicto colombiano que incluso están poniendo en verdadera y real situación de genocidio a pueblos como el kankuamo (constituido por unas 7.500 personas en la vertiente sureste). Especialmente, desde las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado se está produciendo una ocupación de las tierras bajas de la Sierra, aquellas con mayor valor productivo. Esto traerá consigo un progresivo arrinconamiento de la población indígena en las tierras más interiores del macizo montañoso que constituyen, a su vez, las más pobres y, hoy en día, con un mayor peligro de agotamiento y ruptura del equilibrio ecológico por la alta ocupación poblacional que tienen que aguantar. En la mayoría de los casos los nuevos ocupantes de las tierras bajas son población campesina empobrecida que se ha visto obligada a huir de otros departamentos colombianos hostigada por la constante violencia política. Así, la Sierra Nevada de Santa Marta que fue durante bastante tiempo un espacio que no sufría los mayores embates del conflicto, se consideraba, en cierta medida, como una zona refugio. Sin embargo, la situación en los últimos años se ha agravado de tal forma que se ha convertido en una de las área del país más duramente castigadas con masacres indiscriminadas y violaciones continuas de los derechos humanos. El desplazamiento hacia los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar (donde se ubica esta área geográfica) del paramilitarismo ha traído consigo, en los últimos meses, un bloqueo férreo de toda la Sierra, bloqueo que cuenta con la protección del propio ejército colombiano. Así, moverse por la Sierra está continuamente condicionado por los diversos controles paramilitares que éstos establecen en caminos y veredas, a veces situados a escasos centenares de metros de cualquier posición militar. Esta situación ha originado una profunda crisis humanitaria y de hostigamiento a la población, en especial a la indígena en sus entradas y salidas de la sierra, o en sus propias comunidades. La crisis se amplía al no permitir en los bloqueos la entrada de alimentación, medicinas, etc., teniendo la población originaria que sobrevivir únicamente con los escasos productos alimenticios producidos en las agotadas tierras. En estos controles se llega a confiscar todo producto, vitualla o material que exceda del que puede caber en una de las mochilas de mano que tradicionalmente portan los habitantes indígenas de la zona. A esto se suma la humillación sistemática a que se somete incluso a las autoridades tradicionales de estos pueblos al atravesar estos controles. Esto ha sido, en gran medida verificado por diversas misiones de la Cruz Roja y por otras instituciones e instancias internacionales que, recientemente, han estado en diferentes puntos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero en determinadas áreas la gravedad de la situación es aún mayor si cabe. La Organización Nacional Indígena de Colombia, con fecha 3 de septiembre del presente año 2.003, hacía público un documento que denunciaba el "aniquilamiento del pueblo kankuamo". Para una escasa población de 7.500 personas, se contabilizaban desde el año 1.993 un total de 166 asesinatos, teniendo el presente año, pese a no haber concluido aún, ya registrados hasta 44 (el 95% a manos del paramilitarismo). Otro dato significativo será el del número de familias desplazadas a otras áreas del país, que ya se eleva a 176; todo ello, evidentemente lleva a calificar el proceso de genocidio del pueblo kankuamo. Y ante toda esta situación el estado colombiano permanece, en gran medida, "desaparecido"; no hace acto de presencia para una verdadera aplicación de la justicia, prevenir las continuas pérdidas de territorios por las comunidades indígenas, dar protección a los líderes y comunidades, garantizar el libre tránsito, o proveer de alimentación, medicinas, etc. Por otra parte, el paramilitarismo sigue incrustado en la institucionalidad lo que no permite denunciar y hacer un seguimiento jurídico efectivo de los diferentes casos violatorios de derechos. Igualmente, se intensifica el accionar armado que ahora incentiva igualmente el reclutamiento de la población indígena y no indígena como soldados campesinos y/o para la red de informantes. Por todo esto, hay una reivindicación permanente de la población indígena, que parte de su consideración de población no combatiente y demanda un respeto efectivo a los derechos individuales y colectivos, por parte de todos los actores armados. Igualmente, se hace vital el establecimiento y viabilidad de un verdadero proceso de diálogo y negociación que garantice una paz justa que afronte los problemas estructurales de la desigualdad que afectan no sólamente a los pueblos indígenas y no indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino a toda la población de Colombia. * Jesús González Pazos. Responsable Área Indígena. Mugarik Gabe (ONGD)