El gobierno federal ha dado un paso más en el conflicto de Chiapas para promover su complicación. El pasado martes 7 de septiembre, el secretario de Gobernación presentó una carta pública dirigida al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que denomina: "Un paso más para solucionar el conflicto en Chiapas", en la cual presenta una serie de medidas para alcanzar dicho objetivo, aunque más bien parecen obstáculos para lograrlo. Más allá de las insuficiencias del documento -como el reposicionamiento del Ejército federal, el castigo a los grupos paramilitares y las agresiones a las bases de apoyo zapatistas-, aquí interesa comentar la dificultad de aplicar las medidas propuestas por el gobierno, sin violentar los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, base de la discusión. En el primer punto del documento, el gobierno federal declara que siempre ha estado convencido de la necesidad de cumplir con los mencionados acuerdos, y que por eso el Presidente envió su iniciativa de reforma constitucional al Senado de la República el 15 de marzo del año pasado. La carta de presentación de las medidas de solución, que ahora se propone, en realidad es un obstáculo, pues la iniciativa no ha prosperado, precisamente porque se aparta de lo pactado en San Andrés y no atiende las demandas de los pueblos indígenas, según ha sido denunciado por ellos mismos. Enseguida, el gobierno federal expresa que a fin de avanzar hacia la solución del conflicto, solicitará al Senado que determine el mecanismo a través del cual las comisiones dictaminadoras de la iniciativa de reforma gubernamental integrarán a su análisis otras legislaciones e información en materia de derechos y cultura indígenas, a la luz de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. También expresa que estos documentos podrán ser enviados conjuntamente por el gobierno y el EZLN. Asimismo, solicita que las comisiones legislativas establezcan la posibilidad de escuchar nuevos puntos de vista del ejército zapatista, otras organizaciones, y personas interesadas. En otras palabras el gobierno federal insiste en que su propuesta unilateral de reforma constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, responde al contenido y espíritu de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, lo cual ha sido desmentido hasta la saciedad, incluso por quienes participaron en la elaboración de la propuesta. El asunto de fondo El paso que ahora ofrece Gobernación -que consiste en solicitar al Senado que al dictaminar dicha propuesta tome en cuenta "otras legislaciones e información en materia de derechos y cultura indígenas a la luz de los acuerdos de San Andrés"- no atiende a fondo del asunto. Todavía más: la expresión no es clara con respecto a la legislación e información que deberán tomar en cuenta los senadores, pero si son, como parece, las reformas introducidas a las legislaciones de los estados después de la firma de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígenas, es nada, pues ellas obedecen a una indicación de la propia Secretaría de Gobernación para que los estados legislaran para apoyar la iniciativa presidencial, más que reconociendo verdaderos derechos a los pueblos indígenas. Por lo demás, no hay ninguna seguridad de que si esto llegara a suceder, el Senado, mayoritariamente priísta, tuviera voluntad de destrabar el problema e introducir una verdadera reforma constitucional que satisfaga a las partes, con lo que se esfuma la oferta gubernamental. Si el gobierno federal en realidad tiene voluntad de reiniciar el diálogo para resolver el conflicto en Chiapas, el camino es más sencillo, corto y claro: que el primer mandatario retire su iniciativa unilateral de reforma constitucional y pacte con el EZLN el mecanismo por el que ambas partes enviarán al Congreso de la Unión la iniciativa de reformas elaborada por la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), representante por ley del Congreso. Eso fue lo que se pactó en San Andrés Larráinzar, no que una parte enviara su propuesta y la otra ofreciera información sobre ella. Junto a estas medidas cobran sentido las otras que propone Gobernación. De otro modo, cualquier paso que se dé hacia la solución del conflicto sólo contribuye a complicarlo.