Buenas noches a todos. Agradezco a la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas de Occidente, al Movimiento Estudiantil FEU, así como a las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Quetzaltenango, por provocar este encuentro en el que tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la situación nacional. Estamos a diez días de una fecha muy importante para el país: las elecciones generales 2003, evento en el que los ciudadanos guatemaltecos definiremos varios asuntos esenciales para el país. El 09 de noviembre no es solamente un día para elegir nuevas autoridades para la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso y las alcaldías. Es, sobre todo, una fecha en la que se determinará qué fuerzas políticas dominarán el flujo de poder en el país. Y no me refiero a qué partido dominará en el Ejecutivo, en el Legislativo o en el sistema de gobiernos municipales. Hablo, esencialmente, de cuáles serán las fuerzas que manejarán poder real. Más allá de la simple contienda electoral que todos podemos ver reflejada en las diferentes candidaturas, las ofertas electorales, los discursos demagógicos y las campañas proselitistas, hay una verdadera lucha por el control del poder real en el país entre fuerzas que no necesariamente son fáciles de identificar. La lucha se libra entre poderes tradicionales y poderes emergentes. Los tradicionales son los que siempre han tenido una influencia decisiva en la economía y los asuntos del Estado en general. No es difícil identificar como rostro visible de ese poder tradicional a la cúpula del sector privado, a las familias de empresarios y sus aliados que en los años recientes fueron relativamente marginados del ejercicio del poder real. Notemos que el presidente Portillo y el FRG se ocuparon de levantar contra ellos un ambiente de confrontación y ataque sistemático, que ha sido respondido de manera similar. Los empresarios perdieron influencia en asuntos decisivos del Estado y han resentido eso, por lo que ahora se aprestan a recuperar los espacios de los cuales fueron virtualmente desplazados. Los poderes emergentes son nuevas fuerzas de carácter político y económico, vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico, los cuerpos clandestinos de seguridad, la corrupción y los poderes ocultos. Sus cabecillas, que usualmente operan en la oscuridad, lograron penetrar las estructuras del Estado y casi todas las instituciones del Estado, por lo que han adquirido mucha influencia en la conducción del Estado, desde donde operan y promueven sus actividades ilícitas con total impunidad. Pero, quiero aclarar algo. Estas fuerzas en pugna, los poderes tradicionales y los poderes emergentes, no están valiéndose de uno o dos partidos políticos solamente para recuperar poder e influencia, o para mantener y consolidar el poder alcanzado. No nos equivoquemos. No se trata de que la alianza GANA y Óscar Berger encarnen la lucha en nombre del poder tradicional. Tampoco se trata de que el FRG y Ríos Montt encarnen los intereses de los poderes ocultos y emergentes. Plantear este tipo de "monopolios" sería plantear un análisis pobre, reducido y sesgado. En realidad, estas fuerzas en disputa han penetrado a todos, o a casi todos los partidos políticos. Detrás de cada candidato hay agentes de ambas fuerzas peleando por sus intereses de grupo y preparándose para abrir espacios a sus pares, en el momento oportuno. En especial, los poderes ocultos han logrado colocar gente de su confianza en algunas candidaturas, o como dirigentes partidarios, asesores de campaña o como miembros de los equipos donde supuestamente se trabajan los programas de gobierno. El hecho de que los agentes de estas fuerzas en pugna estén diseminados por todos o casi todos los partidos políticos, nos indica que la campaña electoral y las elecciones propiamente dichas son tan sólo una batalla, un escenario de la lucha. Suponemos que la pugna continuará después de las elecciones, en otro tipo de escenarios. Es importante que tomemos en cuenta esta información, este análisis, para elegir con cuidado a las personas que llevaremos al Ejecutivo, al Congreso de la República y a las corporaciones municipales; y que estemos atentos a la formación del nuevo gobierno, pues en el nombramiento de nuevos funcionarios puede darse también una penetración grave para el país. El proceso electoral está enfermo Independientemente de esa pugna entre poderes tradicionales y poderes emergentes, también hay que poner atención al proceso electoral propiamente dicho. Es importante hacer notar que el proceso electoral ha dado muestras de enfermedad, con lo que se ha puesto en riesgo el rasgo más característico de nuestra débil experiencia democrática. Primero, hubo incertidumbre sobre la integración del Tribunal Supremo Electoral, pues uno de los magistrados electos no quiso asumir el cargo y el Congreso retrasó cuanto pudo la elección de un sustituto. También hubo especulaciones sobre la independencia de algunos magistrados, en virtud de que fueron electos por la mayoría eferregista en el Congreso. Afrenta al Estado de Derecho Segundo, la manipulación de la Corte de Constitucionalidad y el trastoque de las instituciones, cuando se logró "a rompe y rasga" la inscripción del general Efraín Ríos Montt, como candidato presidencial del FRG, pese a la prohibición constitucional que en ocasiones anteriores impidió su participación. Esos fueron momentos sumamente difíciles para el orden constitucional del país, especialmente para el Estado de Derecho. Violencia Tercero, la violencia política se ha adueñado también del proceso electoral. Son relevantes los hechos violentos que los eferregistas protagonizaron el 24 y 25 de julio en la ciudad capital, donde persiguieron a periodistas, bloquearon el acceso a la CC, al TSE y a la Corte Suprema de Justicia; y rodearon una zona residencial representativa del sector económico poderoso del país, así como sus oficinas. Y son relevantes porque, de alguna manera, encabezan la lista de sucesos nefastos que han ocurrido desde entonces. Según la misión electoral de la OEA, ha habido más de cien casos de violencia contra personas vinculadas al proceso electoral, entre ellos se cuentan más de 20 muertes. También está la violencia generada alrededor del proceso electoral. Ejemplos de ello son las movilizaciones de ex patrulleros civiles, como la ocurrida recientemente en Huehuetenango, donde hicieron rehenes a cuatro periodistas de Prensa Libre. Se trató de un hecho vinculado a las elecciones, porque en el fondo los ex patrulleros saben que, en una época como ésta, ellos constituyen una posibilidad de voto a conquistar y se dan el lujo de presionar, incluso utilizando medios criminales. Hasta ahora, ninguna autoridad encargada de velar por la ley y el orden en el país, por la seguridad ciudadana, la vida y la integridad física de los guatemaltecos, ha tomado acciones encaminadas a combatir estas manifestaciones de violencia y criminalidad. La impunidad sigue fortaleciéndose porque las instituciones no funcionan, por incapacidad y por falta de voluntad política. Problemas técnicos del padrón electoral Un cuarto elemento que hace atípico este proceso electoral es la serie de problemas técnicos que afronta el proceso electoral, particularmente el padrón de votantes. El padrón está enfermo. Los muertos siguen votando y muchos hermanos centroamericanos son fraudulentamente habilitados para emitir sufragio; además de que el robo de cédulas hace pensar que habrá votantes habilitados en circunstancias ilegales. El problema es que los registros municipales y las municipalidades no se han ocupado de fortalecer sus procesos internos, a efecto de suministrar al TSE los datos precisos sobre fallecimientos y sobre los nuevos ciudadanos aptos para votar; y seguramente habrá autoridades municipales que se han prestado al juego de promover anomalías, a cambio de jugosos sobornos o cuotas de poder en el ámbito local. Si bien el TSE no es responsable total de las deficiencias que presenta el padrón electoral, pues algunos aspectos escapan a su control, es necesario señalar que la autoridad electoral ha pecado de ineficiente y ha descuidado otros aspectos que sí dependen estrictamente de su control. Un quinto aspecto es el temor al fraude, que surge por los aspectos ya mencionados, y debido al ansia del FRG por mantenerse en el gobierno y en el ejercicio del poder público. Nosotros hemos decidido darle el beneficio de la duda al TSE, y siempre hemos exigido que quienes desde ya gritan fraude, digan técnica y científicamente dónde están los factores fraudulentos. Hemos adoptado esa actitud porque, si nos sumamos de manera irresponsable a acusaciones poco fundamentadas, estaríamos contribuyendo a afectar gravemente la credibilidad del TSE y del proceso electoral. Por supuesto, no podemos descartar que la serie de anomalías que presenta el proceso electoral pueda crear dudas sobre los resultados, pero será hasta el 10 de noviembre cuando afrontemos, con un análisis responsable y cuidadoso, una realidad determinada. Mientras tanto, yo invito a todos a que asistamos a las urnas, renovando nuestra confianza en que tenemos el derecho y la capacidad de participar en la definición del rumbo de nuestra Nación. Sobre la democracia Por aparte, es importante mencionar que los problemas en materia electoral constituyen tan solo un reflejo de las graves deficiencias estructurales que padece el sistema político guatemalteco. De hecho, no podemos decir que vivimos en democracia, porque apenas gozamos de uno cuantos rasgos democráticos, entre los cuales el más fortalecido ha sido hasta ahora lo relativo a los procesos electorales y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Lamentablemente, hay problemas estructurales que impiden la vigencia democrática plena. Seguimos en la transición democrática, débil e incierta, con etapas de creciente retroceso. Ejemplo: el autogolpe del presidente Serrano Elías, en 1993. Aunque fue posible revertirlo y restaurar el orden constitucional y democrático, constituye una muestra de lo endeble de nuestro proceso de transición. Los peligros continúan. Muestra de ello es el proceso de estancamiento y reversión que hemos sufrido en materia democrática en los últimos cuatro años. En la gestión gubernamental del presidente Alfonso Portillo y del FRG, la impunidad, la corrupción y la manipulación de las instituciones del Estado han llegado a niveles nunca antes experimentados. Se ha causado un estrago y se ha impedido la consolidación de la paz y la democracia. La impunidad se ha incrustado cada vez más en la sociedad, principalmente en la esfera estatal, convirtiéndose en una fuerte amenaza al Estado de Derecho y en fuente de incertidumbre jurídica en todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca. Especialmente, la vida y la seguridad física de las personas, y su patrimonio, están cada vez corriendo mayores peligros. El remanente autoritario Enfrentamos un remanente autoritario que se expresa a través de diversas corrientes políticas conservadoras. Algunos empresarios tratan de subirse al carro de la democracia, aunque sin mucho éxito porque, cuando se trata de establecer debates de fondo sobre la injusticia social, la pobreza, los derechos laborales y otros, cierran la puerta y rehuyen la discusión. Existen otros grupos sociales y políticos conservadores que mantienen influencia fuerte en el Estado, y que actúan contra la democracia y los alcances que debimos obtener tras la firma de la paz. También tenemos el problema de que ningún partido político representa realmente una opción democrática incuestionable; son caudillistas, verticalistas y antidemocráticos. No representan realmente a la población que los integra y no actúan como entes de intermediación social, en la medida que sólo velan por sus intereses particulares de grupo y de quienes ejercen influencia en ellos. Prueba de ello es que buscan el contacto con la población solamente en época electoral y lo único que ofrecen, además de demagogia, son playeras, gorras y canciones. Además, existe aún, con mucha fuerza, el poder militar, que continúa impulsando los conceptos autoritarios y contrainsurgentes como si aún viviéramos la época cruenta del conflicto armado interno. La presencia de militares retirados en diversos partidos políticos y que ahora buscan la elección como diputados al Congreso, expresa una intención muy clara: quieren seguir el conflicto armado interno desde la arena política. Desde los partidos políticos, desde el Congreso y desde los cargos en el Ejecutivo, pretenden imponer una interpretación sobre la violencia y los crímenes de lesa humanidad que nos convirtieron en un país de víctimas. Quieren sepultar los acuerdos de paz que no favorecen su papel en la historia y desean conquistar de nuevo una cuota de dominio sobre la sociedad, negándose a permitir el fortalecimiento del poder civil. Y lo más triste es que hay civiles que se prestan a ese juego tenebroso de los militares. Por eso vemos que, con gran facilidad y con impunidad, pueden saquear el banco y el fondo de previsión social a su cargo; y cómo se apoderan de grandes renglones del presupuesto nacional y, no contentos con ello, presionan para que los renglones sociales sufran reducciones y esos recursos pasen a engordar el gasto militar. Todo este panorama incita a reflexionar sobre el papel de los partidos políticos en el sistema político guatemalteco. Tradicionalmente, estas organizaciones, que en teoría son el nexo entre el Estado y la sociedad civil, han sido utilizadas sólo como canales para acceder de manera efectiva al ejercicio del poder real e influir directamente en las instituciones políticas y públicas. Esta forma utilitaria de emplear a las organizaciones políticas ha ocasionado -en gran medida- su debilitamiento e incapacidad, su inoperancia y su falta de efectividad en el tratamiento de los problemas nacionales y en la atención a las demandas sociales más ingentes. Lejos de analizar el problema que afrontan, los dirigentes de partidos políticos han optado por eludir la realidad y han generado un clima propicio para el clientelismo y la proliferación de partidos políticos, que nada o muy poco representan. Si analizamos cuidadosamente nuestra historia reciente, vemos que ningún partido político, hasta ahora, ha obtenido el apoyo para continuar en el ejercicio del poder público. Hay otros casos: cuando el caudillo cae o muere, muchos partidos quedan debilitados en extremo, se fragmentan o tienden a desaparecer. Esa es, más o menos, la historia de partidos como la DC, el PAN, la UCN, el MAS, entre otros. La mayoría de organizaciones políticas responden a intereses sectoriales o personales. Por lo regular, los partidos políticos se conforman por un grupo de individuos con algún interés en particular por llegar a las esferas de poder. Esta característica ocasiona que las organizaciones políticas no tengan procesos democráticos internos para elegir a sus líderes; y que sus integrantes no estén verdaderamente comprometidos con la realidad nacional. Estas organizaciones se manejan al antojo de sus fundadores y sus actuaciones están sujetas a las condiciones impuestas por los financistas que proveen dinero para su funcionamiento y promoción. Otros partidos, los usualmente pequeños, son de carácter coyuntural. Surgen cada cuatro años, aparecen como cometas, hacen el intento de ganar las elecciones y luego desaparecen. En ese lapso, el fundador o los fundadores de este tipo de partidos políticos habrán logrado desplumar a algún ingenuo que creyó que realmente tenía posibilidades de llegar a la presidencia. De manera que es urgente hacer un llamado a la responsabilidad de los dirigentes políticos, para que haya esfuerzos claros hacia la reforma del régimen electoral y de partidos políticos. Es fundamental plantear cambios profundos en la legislación actual de los partidos políticos, para que se generen mejores condiciones de participación y de representatividad. Esto es necesario si deseamos retomar el tránsito de una democracia puramente delegativa y de fachada, a una democracia representativa. Quiero iniciar el final de mi intervención, con una referencia a la necesidad de recuperar la ética en nuestra conducta diaria, en casa, en el trabajo, en la calle, en la universidad. En los últimos cuatro años, la institucionalidad del país ha sido sometida estratégicamente a los fuertes embates de los poderes ocultos, generando de esta manera su constante y creciente debilitamiento. La pérdida de ética en la gestión pública, la manipulación de la institucionalidad a favor de algún sector, la identificación de las instituciones como botines, entre otras características, son un fuerte obstáculo para que la democracia logre consolidarse. Por lo tanto, a causa del debilitamiento de las instituciones y de las organizaciones políticas, la transición democrática, que dio inicio desde 1986 con la instauración del primer gobierno civil luego de décadas de gobiernos militares, no logra avanzar y permanece estancada. O con momentos de involución, como hemos experimentado en los últimos cuatro años. Luego de más o menos dieciocho años de una transición inconclusa, en condiciones sumamente deficientes, no es de extrañar que la sociedad pierda cada vez más la credibilidad en el sistema democrático y que el desinterés por lo político y lo público sea una constante. La pérdida de horizonte como sociedad, tomando en cuenta que el horizonte no es una meta, sino simplemente un punto de referencia al cual dirigirnos, es la máxima expresión de la desilusión y la depresión causadas por décadas de violencia y engaños; por expectativas frustradas y esperanzas perdidas. Y uno de los sectores más afectados por esta situación es la juventud, la cual es parte de una sociedad atomizada y se desarrolla en un contexto que no brinda mayores oportunidades y posibilidades. Particularmente en el ámbito político, este segmento de población se ha desvinculado, o ha sido obligado a hacerlo, de participar activamente y empezar a generar cambios importantes en la gestión pública. Las causas son diversas: falta de espacios de participación real dentro de los partidos políticos; falta de políticas de Estado encaminadas a fomentar su participación; falta de formación política, entre otras. Además, el término "política" ha pasado a ser para muchos, pero especialmente para la juventud, sinónimo de corrupción, tráfico de influencias, impunidad y otros términos asociados con actividades anómalas y fuera de cualquier orden moral, que empujan a la juventud a no participar. No cabe la menor duda que estas causas han dado como resultado, en términos generales, la pérdida de interés de participar en política, de ser críticos, de estar conscientes y atentos de la realidad nacional y de adoptar una actitud proactiva frente a la situación tan difícil que vivimos. Sin embargo, dentro del segmento de la juventud, la mayor responsabilidad de revertir esta situación recae en ustedes, recae en aquellos que tienen la oportunidad de asistir a la universidad para poder formarse profesionalmente y posteriormente ocupar puestos en la administración pública. La responsabilidad recae también en los catedráticos, que guían los procesos en la educación superior e influyen decididamente en la formación de los futuros profesionales del país. Como señalé al inicio, el panorama es sumamente complejo, pero a la vez es desmotivante. Sin embargo, lejos de perder la esperanza o de optar por la indiferencia, la sociedad guatemalteca y principalmente la juventud, la población universitaria, debe exigir al próximo gobierno la adopción de compromisos fundamentales en materia de lucha contra la impunidad, acceso a la justicia, democratización, fortalecimiento de la institucionalidad política y combate frontal al crimen organizado. Por tal razón, es de vital importancia reflexionar el voto, sobre la base del análisis de las distintas propuestas que durante este proceso electoral han presentado los diversos candidatos. La responsabilidad del estudiantado, de las universidades y sus catedráticos, es enorme, en el sentido de deben generar una nueva ética que permita cambiar la forma de actuar en la gestión pública. Una ética que logre modificar todas aquellas actitudes que sólo buscan el beneficio propio y que se desvinculan completamente del bien común y que utilizan a las instituciones como medio para enriquecerse de la manera más rápida. Yo me he ocupado con énfasis de promover un cambio en el pensum de estudios de las facultades de derecho, porque el tema central de nuestro trabajo en la Fundación Myrna Mack es la justicia y nos interesa que los nuevos abogados salgan de la universidad comprometidos con la justicia, con la lucha contra la impunidad y el crimen; para que actúen en consecuencia cuando ejerzan la profesión como abogados litigantes, jueces, magistrados o fiscales. Sin embargo, quiero hacer notar que también es muy importante que otras facultades hagan lo propio, tanto en la reforma y actualización de los cursos que ofrecen, como en la calidad de la enseñanza y la preparación de los estudiantes. Guatemala necesita economistas comprometidos con la justicia social, el combate de la pobreza y la búsqueda de procesos que generen desarrollo y crecimiento económico. Guatemala necesita filósofos, antropólogos, sociólogos, administradores, en fin, necesita un nuevo pelotón -no de soldados- sino de profesionales que hagan un esfuerzo multidisciplinario, con ética, para sacar adelante a la sociedad. El país necesita que ustedes, los universitarios, los jóvenes y los no tan jóvenes, tengan un solo compromiso y que este compromiso sea con la paz, la justicia, la democracia y la búsqueda de bienestar social para todos los guatemaltecos. * Conferencia de Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, para estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sede Quetzaltenango, en evento organizado por la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas de Occidente. Quetzaltenango, 30 de octubre de 2003.