Durante el último día de agosto y el primero de septiembre, Colombia fue escenario del tercer paro cívico nacional contra la política económica y social del presidente Andrés Pastrana. Esta medida, de hecho, fue impulsada por las centrales sindicales, gremios de la producción, movimientos cívicos y sociales. En un contexto marcado por el incremento de la conflictividad social, este tercer paro (los anteriores fueron en octubre 1998 y abril 1999) se caracterizó por el generalizado respaldo de la población, sobre todo durante el primer día. La intensidad de la movilización forzó a que el grupo negociador del gobierno, con el Ministro del Interior a la cabeza, suscriba en la noche del 1 de septiembre un acuerdo con el Comando Nacional del Paro. Entre los puntos acordados constan: la libertad para los detenidos, la no sanción a los participantes y el inicio de conversaciones directas con el gobierno. En su primer año de gestión, el régimen ha tenido serias dificultades para establecer canales de diálogo con las organizaciones sindicales y populares. El Consejo Nacional de la Concertación fracasó antes de sentarse a discutir el proyecto de reforma laboral presentado por el Ejecutivo ante el Congreso, que apunta a dos objetivos centrales: la flexibilización de la contratación laboral, a través de la fijación de jornadas especiales de trabajo; y la reducción de los costos laborales de las empresas, vía recortes de los pagos de trabajo extraordinario y el establecimiento del salario integral. Por otra parte, la proforma presupuestaria del próximo año contempla una congelación salarial para quienes perciban más de dos salarios mínimos mensuales, al igual que severos recortes del gasto social. En tanto, las cifras dan cuentan de un acelerado incremento del desempleo que habría pasado a bordear el 22% de la fuerza laboral, mientras el de la informalidad estaría llegando al 50%. Esto explica el énfasis que el pliego nacional de huelga pone en torno a la generación de empleo. El pliego contiene 40 grandes puntos, entre los cuales destacan: - Moratoria de la deuda pública externa, mientras se exige su condonación, para aumentar la inversión presupuestal en seguridad social y recursos para los entes territoriales. Inversión en las zonas rurales y reactivación del aparato productivo. - Refinanciación de la deuda y presupuesto de los departamentos y municipios para que proyecten planes de desarrollo con énfasis en obras de infraestructura que generen empleo masivo. - Refinanciación de la deuda de las empresas privadas con uso intensivo de mano de obra. - Fomento del crédito para la apertura de nuevas empresas, especialmente en los sectores agrícolas e industrial, generadoras de empleo. - Control de las importaciones que lesionen la producción agropecuaria y la industria nacional. - Reestructuración del Banco de la República, devolviendo al Estado el control de la política monetaria, crediticia y cambiaria. - Implementar programas de emergencia para la reivindicación de las zonas y regiones más pobres del país. - Reforma agraria integral, base del desarrollo rural que implique revisión y cambio en la estructura y tenencia de la tierra, propiciando la compensación de la deuda rural, y línea especial de crédito de acuerdo a las condiciones del sector. - Suspensión de todo proyecto de privatización y desmonte de empresas estratégicas. - Establecimiento de subsidios a 25 productos básicos de la canasta familiar. - Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, el derecho a la vida y de organización, protesta y movilización, así como protección a los dirigentes sindicales y populares. - Congelación de las tarifas de los servicios públicos y del precio de los combustibles, restableciendo el subsidio para éstos. - Desactivación de lo que ahora se empeñan en llamar Justicia Especial. - Suspensión de las acciones encaminadas a liquidar la Dirección Nacional de Equidad para la Mujer. - Promover, proteger y fortalecer las empresas de economía solidaria. - Retiro de proyectos -como el de Reforma Laboral- que atentan contra la paz laboral y social, recortando derechos adquiridos de los trabajadores y garantías de estabilidad para los funcionarios públicos. - Respeto a las garantías laborales de los trabajadores establecidas en la Constitución, la ley y las convenciones colectivas de trabajo. - Implementar programas de emergencia encaminado a generar empleos en todo el país.