Históricamente, la violencia en el campo ha sido causada por la enorme concentración de la tierra. Además de centenas de asesinatos de trabajadores rurales, el monopolio de la tierra genera pobreza, desempleo, exclusión social, como también la preservación del poder de las oligarquías rurales que buscan perpetuar la estructura colonial en el país. Estas informaciones se encuentran en el Informe sobre los Crímenes del Latifundio, fue presentado el pasado 26 de agosto por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la Red Social de Justicia y Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Evandro Lins e Silva y el Instituto Carioca de Criminología. Números de la violencia Entre enero y agosto de 2003, la Comisión Pastoral de la Tierra documentó 44 asesinatos de trabajadores rurales. De 1985 a 2002, se registraron 1.280 asesinatos de campesinos, abogados, técnicos, líderes sindicales y religiosos vinculados a la lucha por la tierra. La impunidad es prácticamente la regla general en estos casos. De los 1.280 asesinatos, tan solo 121 fueron juzgados. Entre los contratantes de los crímenes, solamente 14 fueron juzgados, siendo siete condenados. Fueron llevados a juicio cuatro intermediarios, y dos fueron condenados. De los 96 ejecutores juzgados, 58 fueron condenados. De 1985 a 2002, se registraron 6.330 prisiones arbitrarias de trabajadores rurales. Durante el mismo período, hubo 715 casos de tortura y 19.349 agresiones físicas. Solamente en 2002, hubo 43 asesinatos, 20 tentativas de asesinato y 73 amenazas de muerte contra trabajadores, además de 44 agredidos físicamente y 20 torturados. El Monopolio de la tierra La concentración de la tierra en Brasil es una de las mayores del mundo. Menos de 50 mil propietarios rurales poseen áreas superiores a mil hectáreas y controlan el 50% de las tierras catastradas. Cerca de 1% de los propietarios rurales tienen cerca del 46% de todas las tierras. De las aproximadamente 400 millones de hectáreas tituladas como propiedad privada, tan solo 60 millones de hectáreas son utilizadas para la labranza. El resto de las tierras esta ocioso, subutilizado, o se destina a la pecuaria. Según datos del INCRA (Instituto de Colonização e Reforma Agrária), hay cerca de 100 millones de hectáreas de tierras ociosas. Por otro lado, existen cerca de 4,8 millones de familias sin tierra en Brasil. El profesor Manuel Domingos, de la Universidad Federal de Ceará, afirma que: "Las estadísticas catastrales revelan una persistente concentración de la propiedad de la tierra. De acuerdo con el INCRA, entre 1992 y 1998, el área ocupada por las unidades mayores a 2.000 hectáreas se amplió en 56 millones de hectáreas, lo que representa tres veces más que los 18 millones de hectáreas que el gobierno de Fernando Enrique Cardoso afirma haber expropiado durante seis años. El área ocupada por el 10% de los inmuebles mayores del país creció, en el período en referencia, de 77.1% a 78,6% del área total". Las mejores tierras se destinan a la monocultura de cultivos para la exportación como caña, café, algodón, soya y naranja. Al mismo tiempo, 40 millones de personas pasan hambre en el país, siendo que gran parte están en el medio rural. Según el IBGE, las unidades de producción agrícola están divididas de la siguiente forma: - 4.3 millones con áreas inferiores a 100 hectáreas. - 470 mil con áreas de 100 hectáreas a menos de 1000 hectáreas - 47 mil con áreas de 1.000 hectáreas a menos de 10.000 hectáreas. - 2.2 mil con áreas a partir de 10.000 hectáreas, y el restante sin declarar. . Los niveles de producción se dividen de la siguiente forma: - las unidades inferiores a 100 hectáreas responden por el 47% de valor total de la producción agropecuaria. - las unidades de 100 hectáreas o menos de 1.000 hectáreas responden por el 32% de ese valor; - las unidades comprendidas entre 1.000 hectáreas y 10.000 hectáreas participan con el 17% do valor total; - las unidades por encima de 10.000 hectáreas responden por el 4% do valor total. En relación con la mano de obra, se constata lo siguiente: - las unidades con menos de 10 hectáreas absorben el 40.7% de la mano de obra; - las unidades de 100 a 1.000 hectáreas absorben el 39.9% de la mano de obra; - las unidades por encima de las 1.000 hectáreas absorben 4.2% de la mano de obra; Estos datos demuestran que los pequeños agricultores son los responsables de la producción de la mayor parte de alimentos y de la generación de empleos en el campo. La Reforma Agraria y el Derecho Constitucional El artículo 184 de la Constitución brasileña establece que: "Compete a la Unión expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, la propiedad rural que no esté cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización en títulos de deuda agraria, con cláusula de preservación del valor real, pagaderos en el plazo de hasta veinte años, a partir del segundo año de su emisión, y cuya utilización será definida por ley" Por lo tanto, la expropiación de tierras que no cumplan su función social ni siquiera tiene un carácter punitivo, ya que existen mecanismos de compensación económica incluso para aquellos que se apropian de bien público tierra para mera especulación. La función social de la tierra es determinada de acuerdo con el nivel de productividad, más allá de los criterios que incluyen los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Principales casos de violación de derechos humanos Existe actualmente una campaña por parte de las fuerzas conservadores que pretenden impedir la realización de la reforma agraria. Los hacendados gauchos, por ejemplo, han estimulado la violencia a través de amenazas de muerte y del bloqueo de la marcha de los campesinos sin tierra en San Gabriel. En junio, ellos distribuyeron panfletos con el siguiente contenido: "Si tú, amigo gabrielense posees un avión agrícola, esparce en la noche 100 litros de gasolina en vuelo rasante sobre el campamento de lona de las ratas. (...) Si tú, amigo gabrielense, posees una arma de caza calibre 22, tira desde adentro del carro contra el campamento lo más largo posible. La bala da en el blanco incluso a 1200 metros de distancia." Uno de los casos más emblemáticos de la violencia contra los trabajadores rurales fue la masacre de Eldorado de Carajás, en el Estado de Pará. El 17 de abril de 1996, oficiales de la Policía Militar mataron a 19 trabajadores rurales, hiriendo gravemente a otros 69. Algunos meses después, otros dos agricultores morían como consecuencia de las heridas. Según el médico legista Nelson Massini, hubo ejecución sumaria, pues la mayoría de las víctimas fue atacada con tiros en el pecho, la cabeza y la nuca. En agosto de 2000, todos los 154 policías militares acusados de participar en la masacre fueron absueltos. Aquel juicio fue anulado en 2001, otro jurado condenó solamente a dos oficiales. A pesar de eso, ellos continúan en libertad por el recurso interpuesto. El estado de Pará es el campeón de la violencia contra los trabajadores rurales. Los registros de la CPT muestran que, de 1971 a 2002, ocurrieron 726 asesinatos de campesinos en el Estado. El estado de Paraná también registra un gran número de violaciones. Según la CPT, "El gobierno de Jaime Lerner fue responsable de una onda de violencia que dejó un saldo de 16 trabajadores asesinados, 31 víctimas de atentados, 47 amenazados de muerte, 7 víctimas de tortura, 324 heridos, 488 presos, en 134 acciones de desalojo". Actualmente existen 62 campamentos, con 13 mil familias sin tierra en Paraná, viviendo en precarias condiciones. La reacción de los terratenientes ha sido intimidar a los trabajadores, a través de la organización de milicias armadas. Recientemente, se encontró una lista con nombres de trabajadores amenazados de muerte. El asesinato del militante del MST, Francisco Nacimiento de Souza, que hacía parte de la lista de los marcados para morir, demostró como los pistoleros han actuado con impunidad en Paraná. Pernambuco representa otro grave foco de violencia. Según la CPT, de 1995 a 2001 se registraron 14 asesinatos de trabajadores rurales, 43 casos de tortura, 232 prisiones arbitrarias y 416 casos de agresión física y de heridos, en 842 conflictos de tierra. Desde el período colonial, la región ha sido marcada por la permanencia de la monocultura de caña de azúcar, controlada por grandes latifundistas. Con el quiebre del sector, los trabajadores rurales pasaron a reivindicar la posesión de las tierras ociosas. De acuerdo a Marluce Cavalcanti, asesora de la CPT, "en los últimos 15 años, más de 150 mil puestos de trabajo fueron cerrados con la crisis del sector azucarero. La región posee más de 40 mil familias acampadas en tierras improductivas". En la mayoría de esos acampamentos, las familias aguardan durante años la reglamentación de la tierra. Actualmente, crecen las amenazas de desalojo, como en el caso del Ingenio Prado, en Nazaré da Mata. En julio, el Juez de la Comarca local, Carlos Alberto Maranhão, determinó el desalojo y demolición de residencias, iglesia y plantaciones construidas por 300 familias que vivieron en el área durante seis años. Los abogados de la CPT argumentan que los bienes y las plantaciones cultivadas por los trabajadores fueron valoradas en cinco millones de reales, mostrando la viabilidad de aquella comunidad, que abastecía con alimentos a las ferias de cinco municipios de la región. En el estado de São Paulo, la principal forma de represión se da a través de prisiones arbitrarias en la región de Pontal do Paranapanema. De 2002 hasta mediados de 2003, el juez Átis de Araújo Oliveira, da Comarca de Teodoro Sampaio, dispuso 28 detenciones de integrantes del MST. Según el abogado Patrick Mariano, "Estos procesos son esencialmente políticos, con el objetivo de reprimir la actuación de un movimiento que cuestiona la mala distribución, la desocupación y el abandono de más del 90% de las tierras de Pontal". Todas esas acciones ha sido apeladas en el Tribunal de Justicia de São Paulo, en el Tribunal de Alçada Criminal o en el Superior Tribunal de Justicia. Recientemente, el Ministro del STJ Paulo Medina concedió la libertad a Márcio Barreto y Valmir Rodrigues Chaves, afirmando que estos "son obreros rurales integrantes del MST, que luchan y se sacrifican por un medio de vida más razonable, donde la dignidad social solamente puede ser restaurada en el momento en que se haga la verdadera, necesaria e indispensable reforma agraria en el país". Ese tipo de decisión contribuye con la formación de una jurisprudencia respetada en defensa de la reforma agraria. El Estado brasileño posee todos los mecanismos necesarios para democratizar la tierra, más allá del amplio apoyo de la sociedad.