A los tres días del allanamiento a la casa del poeta Efraín Bartolomé y otras personas, el procurador del estado de México, Alfredo Castillo, le regresó a éste su reloj robado por sus subordinados, los policías. Y uno pensaría, gracias, en poco tiempo se pudo recuperar una prenda importante sentimentalmente y por su valor. Pero el asunto es más de fondo como sabemos.

El caso es que persiguiendo a un delincuente muy nombrado, Óscar Oswaldo García Montoya, apodado El compayito –seguramente porque era el capo principal de una red delincuencial llamada La mano con ojos–, los miembros de la Agencia Estatal de Seguridad del gobierno mexiquense, irrumpieron violentamente en los domicilios del laureado escritor y su esposa, Guadalupe Belmontes; en el de la científica y divulgadora Patricia Magaña, y en el de los padres de ésta, lo mismo que en otros hogares. El artista y la investigadora levantaron actas en contra del hecho.

Como es normal, aunque ilícito, en este tipo de actos, los uniformados insultaron, golpearon, exigieron, amenazaron y, lo característico, se llevaron no pruebas de algo irregular, sino lo que les interesó y les pareció importante para su bolsillo. Computadoras, teléfonos celulares, joyas y demás artículos a la mano no desaparecieron sino cambiaron de dueño.

El procurador Castillo, tan afamado por el caso todavía no aclarado seriamente, la muerte de la niña Paulette, siendo el subordinado del señor Baz Baz (sin albur), ofreció unas horas después de los terribles sucesos disculpas, afirmó que iban a reintegrar las cosas sustraídas y hasta señaló que todo se debió a una confusión, algo que es una disculpa absurda porque si no fuera así el estado de derecho no existiría. Pero jamás, y es la hora que no sucede, dijo que se enjuiciaría a los culpables, ya que, entonces, su cabeza está en riesgo pues es el jefe de los supuestos guardianes del orden.

Como sabemos por la CNDH, hasta el momento hay 3 mil 786 casos donde se han introducido por la fuerza y sin mediar escrito alguno a las viviendas de diversos mexicanos. No hay, que sepamos, nadie enjuiciado y mucho menos sentenciado por esos actos delictuosos. Es más, en una de las propuestas de ley de seguridad nacional, se intenta que ya no exista ninguna autoridad que medie entre las fuerzas armadas y los tribunales, con el objeto de que éstos no protejan a los ciudadanos.

El escándalo ha sido mayúsculo, no únicamente por tratarse de un creador famoso que supo comunicar a tiempo su desgracia y exigir, lógicamente, que las autoridades intervinieran. Sino porque en días posteriores, al famoso Compayito, le dio por decir una serie de cuestiones que parecen fantasías o son parte de una realidad terrible.

El señor Oswaldo García señaló que ha asesinado personalmente a 300 individuos y mandado ultimar a un número similar. Que él conoce quienes son los secuestradores de Diego Fernández de Cevallos. Y que incluso envió miles de dólares al procurador Alfredo Castillo.

Que una banda no muy importante y un sujeto que no está en las principales listas de narcotraficantes pueda matar, por sí y por interpósita persona, a 600, es alarmante. Respecto al caso Diego, sus datos fueron subestimados por analistas de seguridad nacional, ya que dicen no es posible involucrar en el asunto a dos cárteles desconocidos, sino que los responsables son las guerrillas. Y el funcionario mexiquense desmintió abiertamente que él haya recibido dinero alguno de los malosos.

Pero la telenovela no para aquí. El lunes 15 de agosto apareció un decapitado en Huixquilucan, el cual fue atribuido a la conocida Mano con ojos. El caso es grave ya que Castillo había dicho que con la detención de Oswaldo se desarticulaba la banda y debido a que es una muestra evidente, igual que siempre, que al detener a uno de los supuestos o reales jefes, no se acaba con los ilícitos sino al contrario, van en aumento.

Por cierto, la Policía Federal negó que agentes de su corporación hubieran participado en el asunto del reloj de Efraín Bartolomé.

Y el procurador del DF, Miguel Mancera, señaló que era necesaria la presentación de todos los involucrados en este bochornoso asunto. Añadió que se procedería contra los servidores públicos que allanaron viviendas, cometieron destrozos y se robaron las pertenencias de los afectados.

Aclaró Mancera que la Procuraduría mexiquense sólo pudo intervenir en los hogares mencionados bajo la figura de “urgencia” que establece la SCJN y que exime de la necesidad de un orden de cateo.

Esta declaración es importante, ya que las autoridades de la capital no habían dicho nada al respecto, no obstante que Bartolomé hizo llamadas para que lo auxiliaran. Pero según el periódico Milenio Diario (12 de agosto) al llegar una patrulla a la calle de Conkal 266, esquina con Becal, en Tlalpan, donde sucedieron los hechos, agentes del estado de México, encapuchados y con rifles de alto poder, le impidieron el acceso. Lo que echa por tierra la versión que las autoridades defeñas estuvieron de acuerdo con las agresiones y fueron complacientes.

Una vez más estamos ante un acto no de combate al crimen organizado, sino de agresión bárbara a los ciudadanos. No se puede, de ninguna manera, aceptar que para detener a un maleante, algo que pasó en el crimen a Arturo Beltrán Leyva en Morelos, salgan lastimados e incluso asesinados mexicanos que no la deben para nada.

Si en realidad las autoridades todas quieren sumar esfuerzos para su combate o guerra contra el narcotráfico deben, necesariamente, respetar los derechos humanos.

Esperamos que ante los acontecimientos ocurridos hace unos días, las comisiones de derechos humanos, Nacional y la del Distrito Federal, en realidad exijan a quienes corresponden que reparen, a fondo, un acto que humilla no sólo a las víctima, sino a los mexicanos todos.

- Jorge Meléndez Preciado. jamelendez44@gmail.com
Forum en Línea 224, del 16 al 31 de agosto de 2011