Concluye en Guatemala el gobierno de Álvaro Colom, quien llega al tramo final de su mandato en medio de una crítica situación económica y social. La herencia de años de violencia interna, con las propias instituciones de seguridad comprometidas en cruentas operaciones de represión contra el campesinado y la población civil, derivó en lo que ahora se define como "crimen organizado". Bandas vinculadas con el narcotráfico, entroncan con la corrupción que carcome las estructuras administrativas del estado. El Poder Judicial es cuestionado por su ineficacia y su parcialidad hacia los sectores de poder económico.

 

El 11 de setiembre algo más de siete millones de ciudadanos guatemaltecos estarán habilitados para elegir al próximo presidente del país centroamericano. Se llega a este relevo con unas perspectivas poco esperanzadoras para los sectores populares, que una vez más no han podido articular una fuerza política, un movimiento con la organización y la extensión social necesaria como para presentarse como opción viable. Esta vez, el general represor Otto Pérez Molina no tendrá dificultades para hacerse con el gobierno a través de las urnas, tras haber fallado en su intento de hace cuatro años.

 

 

El panorama nacional guatemalteco es desolador. El número de asesinatos relacionados con el narcotráfico, de violaciones o de todo tipo de agresión contra las mujeres, atracos y matanzas (como la de 27 campesinos en una finca rural en el departamento de El Petén en mayo pasado) ha ido en aumento. Las investigaciones policiales no esclarecen ni siquiera el 10% de los hechos violentos, y es muy alto el grado de impunidad de los responsables de las acciones criminales, por lo general perfectamente conocidos por las comunidades. Las estructuras de terror heredadas de los gobiernos dictatoriales del Gral. Ríos Montt y otros genocidas, no han sido desmanteladas y disponen de poder e influencia en altos niveles de los poderes político, económico y de organismos de seguridad. El Poder Judicial es fácilmente vulnerable a las presiones oficiales y de los poderosos. En los juicios laborales, los trabajadores están desamparados, porque aunque tengan toda la razón jurídica de su parte, los procesos se "atascan" durante años sin resolverse ni avanzar. Los pueblos indígenas continúan discriminados y prácticamente no existen para la justicia, como no sea para sancionarlos y castigarlos en favor de sus ocasionales patronos o propietarios de tierras.

 

Los derechos humanos, a pesar de las prédicas desde el gobierno, continuaron retrocediendo en todos los frentes. Las conductas violentas, la criminalidad, la corrupción, el marcado individualismo, la competitividad, el afán de lucro, la acumulación e idolatría del dinero favorecido por el mismo sistema neoliberal, se han incrementado en el país. La decadencia de valores éticos afecta enormemente a toda la realidad guatemalteca.

 

La deforestación y las talas indiscriminadas avanzan en beneficio de las grandes empresas. También aumenta el deterioro de la gran biodiversidad, mientras la explotación minera de oro y plata a cielo abierto sigue contaminando los mantos acuíferos. Estos daños llegan a ser graves e irreversibles en zonas ocupadas por pueblos indígenas, absolutamente desprotegidos ante los abusos de las grandes empresas.

 

Esa es en resumen, la dolorosa situación que atraviesa el pueblo guatemalteco.

 

 

El General Otto Pérez Molina, de amplia actuación en las acciones represivas de los años 70, 80 y 90 desde puestos relevantes de la inteligencia militar, se perfila en las encuestas como el próximo presidente de Guatemala.

 

En las elecciones del 2007 ya lo intentó, pero solo obtuvo un 23,5% de los votos, varios puntos menos que el vencedor de entonces, el actual presidente Alvaro Colom. Pero ahora, las encuestas le otorgan más del 40% de los votos.

 

Y a pocos días de las elecciones, nada se interpone en el camino hacia la presidencia de este militar, que ahora con perfil de apacible abuelo, parece reencarnar los peores tiempos del genocida general Ríos Montt.

 

Y detrás del poder, como siempre, los sectores que controlan los resortes económicos del país, un panorama que no ha sufrido variantes sustanciales desde el derrocamiento del gobierno popular de Jacobo Arbenz, en una acción militar alentada y coordinada por el gobierno norteamericano de entonces, con apoyo de aviones y mercenarios. Un gobierno que se había atrevido a ejercitar la soberanía nacional en la recuperación de áreas estratégicas en manos de corporaciones extranjeras; que con su decreto 900 planteó la Reforma Agraria, la expropiación de tierras improductivas, la modernización de la producción y la creación de un mercado interno; que se desarrolló un período de amplia democratización de la vida política del país, con la apertura de espacios políticos, sindicales y asociativos con amplia participación popular. Todo eso fue destruído con los bombardeos, las muertes y la violencia de las bandas mercenarias.

 

Mucho ha sufrido desde entonces este pueblo hermano. Decenas de miles de víctimas en las luchas irregulares a partir de los años 60, donde los militares represores devastaron poblaciones indígenas y campesinas. Persiste la pobreza, las duras condiciones laborales de los trabajadores y la inseguridad.

 

Los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de conflicto interno armado no han tenido avances en los asuntos fundamentales, entre ellos la persistente marginación de los pueblos indígenas que componen aproximadamente la mitad de la población, su acceso a la justicia, a la plena participación política, la tenencia de la tierra o la educación bilingüe.

 

Tampoco se avanzó en el esclarecimiento de las responsabilidades sobre las masacres que originaron millares de víctimas. El informe “Guatemala Nunca Más”, elaborado por el obispo Juan Gerardi adjudica al ejército y a las fuerzas de seguridad del estado más del 90% de las víctimas.

 

Muchos de los principales responsables de aquellas matanzas sistemáticas, no solo permanecen impunes y no han sido procesados, sino que ocupan cargos dirigentes en el estado o en la empresa privada. Uno de ellos, es precisamente el general Otto Pérez Molina, candidato presidencial del Partido Patriota, que aparece como seguro vencedor de los comicios del 11 de setiembre.

 

 

Este militar egresado en la promoción de 1973 de la Escuela Politécnica, comandó la base de El Quiché a comienzos de la década de 1980, una de las regiones donde el ejército empleó tácticas de “tierra arrasada” perpetrando matanzas de civiles. Fue hombre de confianza y miembro del Estado Mayor Presidencial del gral.Romeo Lucas García, uno de los períodos más sanguinarios vividos por los guatemaltecos. Entre 1978 y 1982 se cometieron 538 masacres.

 

Durante los años 1991,92 y 93 fue jefe de la inteligencia militar (G-2) considerada una verdadera máquina del terror durante la dictadura. Desde la década de los 60, la G-2 fue asesorada, armada y entrenada por agentes encubiertos de los Estados Unidos.

 

El Gral. Otto Pérez Molina fue implicado en la desaparición y posterior asesinato de Efraín Bámaca, conocido como “comandante Everardo”. Recientemente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, admitió reabrir la investigación por la desaparición forzada de Bámaca, un suceso ocurrido en marzo de 1992, que tuvo repercusión internacional. En ese momento, el Gral. Pérez Molina era el Director de Inteligencia.

 

En 1993 fue nombrado jefe del Estado Mayor Presidencial, unidad militar acusada de haber ordenado secuestros, torturas y asesinatos contra miles de personas consideradas “opositores o subversivos”.

 

Representó al Ejército guatemalteco en la firma de los acuerdos de paz en 1996. En el 2000 tras dejar el ejército, fundó el llamado Partido Patriota, una agrupación de extrema derecha integrada por militares y políticos conservadores. Proclama “mano dura” contra la delincuencia y afirma que podrá solucionar los problemas de los guatemaltecos.

 

El escritor guatemalteco/norteamericano Fernando Goldman, autor del libro “El arte del asesinato político. ¿Quién mató al obispo Gerardi?”, investigó durante varios años todas las tramas y las hipótesis en torno al crimen cometido dos días después que la víctima presentara su informe al país. Goldman siempre insistió en la necesidad de investigar las estructuras de la inteligencia militar “de las cuales – recuerda- salieron generales como Otto Pérez Molina y el coronel Bayron Lima.” En la entrevista con Amy Goodman en el espacio “Democracia Now” que se edita en Estados Unidos, Fernando Goldman vuelve a referirse detalladamente al crimen del obispo y la posible responsabilidad del candidato presidencial guatemalteco como autor intelectual de ese asesinato.

 

Los interesados pueden acceder a esa entrevista, subtitulada en castellano, en http://www.youtube.com/watch?v=gdV1WJJEFHE

 

 

Como ocurre en muchos países de nuestra América Latina, los principales medios de comunicación, tanto gráficos como televisivos o radiales, suelen estar en manos de corporaciones o personajes que tienen vínculos o intereses con el poder político y económico, y por ende con las transnacionales que allí operan y obtienen ventajas y grandes beneficios.

 

En el caso de Guatemala, algunos de estos medios han contribuido con sus informaciones y sus análisis a crear un clima propicio para la llegada de un “salvador”. El miedo, en algunos casos verdadero terror, paraliza y desalienta.

 

Sus mensajes simples anunciando que “pondrá orden” y que no dudará en emplear “mano dura” - generalmente apoyados directa o indirectamente por esos grandes medios de comunicación - han calado en gran parte de la población que no ve posibilidades a corto plazo de salir de la inseguridad y la violencia ( cuyas estadísticas, en algunos casos, superan a la de zonas de guerra en el planeta ).

 

Habla también de aumentar la presión fiscal, aunque entre los primeros puestos de la lista para diputados de su partido, figuran tres empresarios de gran influencia y actualmente su bancada, la principal de la oposición, se ha opuesto sistemáticamente a la ley antievasión, al impuesto a las empresas telefónicas y a toda reforma fiscal.

 

Por su parte, el gobierno de Alvaro Colom -autodefinido como “socialdemócrata” - termina su ciclo agotado y desgastado, consumido por debilidades y errores. No deja ninguna posibilidad de continuidad o regeneración.

 

A ello se suma la incapacidad de los sectores populares para articular una fuerza política, un movimiento capaz de recoger y convertir en viables aquellas propuestas de justicia, de paz verdadera, de reivindicación de los marginados pueblos indígenas, de la distribución de la tierra, que durante tantos años fueron motivo de lucha de amplios sectores populares y por las que murieron o entregaron generosamente parte de su vida y de su futuro millares de guatemaltecos.

 

A diferencia de lo que sucede en otras partes de América Latina, donde distintas experiencias populares buscan caminos de soberanía, igualdad y avance social, Guatemala tiene un incierto futuro inmediato. Los fantasmas del terrible pasado represivo, que nunca se marcharon del todo, amenazan un regreso que resulta anacrónico pero posible. Y ello puede significar la institucionalización del crimen organizado y mayores retrocesos sociales.

 

Esperemos que de las cenizas de aquellas luchas de hace 50 o 60 años, resurjan las fuerzas populares que puedan revertir estas duras perspectivas.