Tambogrande, uno de los valles agrícolas del Perú, ubicado al noreste de la provincia de Piura, con una población estimada en 72.736 habitantes de la cual la mayor parte es joven y rural, vive en la actualidad uno de los conflictos más importantes de su historia pues se encuentra amenaza por el ingreso de la actividad minera a la zona por parte de la empresa canadiense Manhattan Minerales Corporation. Actualmente el gobierno del Perú, a través de la autoridad del sector (Ministerio de Energía y Minas) tiene la última palabra para decidir si aprueba o no el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera Manhattan, estudio que tiene serias falencias y cuestionamientos técnicos hechos por expertos independientes. Hasta el momento, el gobierno peruano ha hecho caso omiso a la voluntad mayoritaria manifestada por la población tambograndina en la consulta vecinal realizada en junio del 2.002, en la que rechazó la introducción de actividad minera en la zona y reafirmó su opción por el modelo de desarrollo agroexportador. Valor económico del Valle Este fructífero Valle representa el 40 % de la producción de limón y mango nacional. La exportación de mangos da ingresos por 20 millones de dólares. De esta suma, se estima que hay una ganancia neta de entre 7 y 10 millones de dólares para los exportadores locales. San Lorenzo y Tambogrande exportan sólo el 40% de su producción de mango y el 5% de su producción de limón, lo que supone un enorme potencial para ofertar internacionalmente sus productos. La producción de alimentos agrícolas anuales es de más de 400 mil toneladas, dando Tambogrande empleo a no menos de 15.000 trabajadores agrícolas directos, frente a los 500 puestos de trabajo que ofrece la empresa minera de ingresar a la zona. El valor económico en riesgo del valle por la actividad minera es de $ 2153 millones. Los US$ 33 millones de ingreso netos promedio anual logrado actualmente por los agricultores y trabajadores agrícolas en el valle de San Lorenzo sería 4 veces superior al monto total conformado por el ingreso que recibiría el Estado por impuestos y el correspondiente al total de las remuneraciones que percibirían los trabajadores de la empresa minera, sin contar que una vez recibido el ingreso por impuestos, el Estado no garantiza el retorno sino de una parte muy reducida a través de los gobiernos locales, sin llegar a las comunidades campesinas. El ingreso neto del valle es más de 30 veces la suma de lo que se percibiría como canon, más el que recibiría los trabajadores locales de la empresa minera. Irregularidades en la concesión minera Durante el gobierno de Alberto Fujimori (1999), se autorizó, mediante Decreto Supremo (N° 014-99-EM), el otorgamiento de derechos mineros en esta zona a la empresa Manhattan Minerals Corporation, poniendo en riesgo con ello el éxito logrado en el valle y su futuro promisorio. Este Decreto Supremo violenta el sistema jurídico nacional, al ir contra leyes y procedimientos constitucionales (artículo 5 de la Ley 25284, artículo 1 y 2 de la ley 27015, artículo 4 de la ley 26505 y su Reglamento y artículo 71 de la Constitución). Además contradice los principales enunciados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y el sentir de la población y de las autoridades locales que se encuentran satisfechas con los resultados obtenidos hasta el momento, aunque, por supuesto, con la expectativa de superar sus metas actuales. A esto se suma que el Estudio de Impacto Ambiental, sobre el que se determina si procede o no el proyecto minero, es realizado por la propia empresa interesada en ejecutar el proyecto, lo que no garantiza imparcialidad ni confianza. Amenazas y violación de derechos humanos El proyecto minero está ubicado en el epicentro del fenómeno de El Niño, en donde las lluvias son torrenciales, haciendo de las canchas de relave y el tajo abierto una amenaza constante de contaminación. El proyecto minero competiría con la agricultura por el recurso del agua, de por si ya escaso en la zona. Además la geología del área permitiría una rápida y peligrosa formación de ácidos que afectaría la calidad del agua superficial y subterránea. En estos dos casos, la agricultura resultaría perjudicada. Se afectaría la zona urbana del distrito, teniendo que desalojarse aproximadamente a 1.500 familias, violándose su derecho a la vivienda e incumpliéndose la normatividad nacional vigente que prohibe que se afecte o dañe al pueblo. La contaminación afectaría la agroexportación de frutos que anualmente representa un ingreso de 20 millones de dólares para los agricultores locales, lo que significaría pérdida de los puestos de trabajo que brinda la agricultura en el Valle que son alrededor de 15.000. La población no ha otorgado la licencia social para la realización del proyecto puesto que nunca fue consultada sobre el mismo y más bien, haciendo uso de los causes institucionales y democráticos, ha manifestado su opción por el modelo agroindustrial y la no pertinencia en la zona de la actividad minera. El deficiente Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa Manhattan, no hace más que reflejar la falta de argumentos para evitar el daño ambiental en la zona que se produciría afectando los derechos humanos de la población consagrados en la Constitución Política del Estado y en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Convención Interamericana de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Los dirigentes populares del Frente de Defensa de Tambogrande son continuamente amenazados, agredidos por agentes de la empresa minera y hostilizados a través de denuncias policiales, llegándoseles hasta a abrir procesos judiciales a fin de disuadirlos de continuar en la defensa del Valle. En abril del año 2.001 ya fue asesinado el Presidente del Frente de Defensa del Valle, el ingeniero Godofredo García Baca, quien recibía continuas amenazas. Los pobladores responsabilizan a la empresa minera de esta muerte. El Ministerio de Energía y Minas ya ha programado las audiencias públicas para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (5, 6 y 7 de noviembre), esto constituye casi la última etapa para que el gobierno decida la procedencia o no del proyecto en la zona. El Estado peruano tiene el 20 % de acciones en este proyecto minero, constituyéndose en juez y parte. La población, que ha buscado por todos los causes institucionales ser escuchada, ha manifestado democráticamente en la Consulta Vecinal realizada en junio del 2.002 su rechazo a la actividad minera en la zona, reafirmando su opción por el modelo de desarrollo agroindustrial, y no considera razonable que se violenten sus derechos y que se cambie su opción de desarrollo que posibilita un futuro sostenible y sustentable para sus hijos. Por ello, las organizaciones de derechos humanos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (coalición que agrupa a 61 organismos de derechos humanos en el país)y organizaciones ambientalistas colaboran y acompañan al pueblo de Tambogrande en la defensa de sus derechos humanos amenazados. Así mismo diversas organizaciones y redes internacionales como Amnistía Internacional, Rights and Democracy de Canadá, Misión Belén de Suiza, Campaña Mundial de los Bosques, OILWATCH, SEEN (USA), Equipo Nizkor (España), Friends of Heartt (Netherland), Serpaj Europa y el Parlamento de Barcelona, se han pronunciado invocando al gobierno peruano que respete la decisión del pueblo de Tambogrande. Hacemos un llamado a otras redes, organizaciones y líderes políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos a que se pronuncien y adhieran a esta justa causa e invoquen al gobierno peruano y a las autoridades competentes a que respete la decisión manifestada por la población tambograndina, desaprueben el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera Manhattan y pongan fin a este conflicto, devolviendo con ello tranquilidad y la posibilidad de un futuro sostenible para la población. *Cristiano Morsolin, periodista italiano y operador de redes internacionales. Fundador del "Observatorio Independiente sobre la área Andina" SELVAS (www.selvas.org). Trabaja en Lima en la cooperación internacional y colabora con la Agencia ADITAL *Mirtha Allende, Area Legal - Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - Perú Miembro de Mesa Técnica de Apoyo a Tambogrande E-mail: mallende@dhperu.org Pagina web: www.tambogrande.org.pe Campaña internacional en respaldo a la Resistencia del pueblo de Tambogrande contra la explotación minera: tambogrande_international@yahoo.com