El pasado 10 de octubre, Bolivia completó 25 años de retorno constitucional, con una profunda fractura entre el país político y el país real, que ha puesto en riesgo la continuidad del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, popularmente conocido como Goni. Mientras el país profundo está convulsionado por un levantamiento indígena, campesino y popular que se ha prolongado por más de tres semanas, sin visos de ceder; en las esferas de poder la atención permanece atada a las negociaciones del régimen con los partidos aliados por el reparto de cuotas en instancias acéfalas de la administración pública. Vínculo: la represión y Estado de sitio. La creciente inconformidad ante las políticas neoliberales del gobierno detonó en la segunda semana de febrero con un estallido social que dejó un saldo de 33 muertos y más de 100 heridos y forzó a Sánchez de Lozada a retirar su plan de incremento de impuestos, llamado "impuestazo", y a implementar un reordenamiento ministerial. Pero pasado el mal momento, Goni retornó a su línea tradicional con la consecuencia de que el ambiente social nuevamente comenzó a recalentarse y finalmente estallar. Esta vez la chispa fue el proyecto 'Pacific LNG' que contempla la comercialización de gas natural a Chile. Este proyecto, para las organizaciones sociales que lo cuestionan, "sólo dejaría un 5% por impuestos mínimos, mientras que las transnacionales norteamericanas como SEMPRA, las inglesas como British Petroleum y British GAS y las españolas como REPSOL, ganarán miles de millones de dólares. Estas empresas no arriesgaron nada y más bien cuentan con el respaldo de presidentes dependientes del Banco Mundial y del FMI, que gobiernan el país desde 1985". Y acotan: "Bolivia perdió la propiedad del gas y petróleo, incluidas las reservas calculadas en más de 100.000 millones de dólares, teniendo en cuenta el precio de 29 dólares por barril de petróleo y 1,25 por millar de pies cúbicos de gas, a cambio de sólo 'promesas de inversión'". Esta pérdida de la propiedad sobre los recursos naturales es el resultado de la política de capitalización aplicada por el propio Gonzalo Sánchez de Lozada durante su gestión. "Hasta 1995 - anota Osvaldo Calle-, la explotación y las reservas petroleras estaban en manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), empresa que desde 1985 estaba obligada a entregar el 65 por ciento de sus ingresos totales brutos al Tesoro General dela Nación convirtiéndose así en la principal financiadora de la aplicación del modelo neoliberal. Las memorias de la petrolera estatal señalan que en 1994, las transferencias de YPFB al Tesoro llegaron a 445 millones de dólares. Sin embargo, con la capitalización se entregó el negocio de la exploración y la explotación petrolera a las transnacionales que comprometieron aportes por el 50 por ciento de las acciones de las empresas petroleras capitalizadas, pero sin pagar un centavo por las reservas petroleras y de gas que ya se tenían en ese entonces. Desde entonces, comenzó a hablarse del hueco fiscal generado. Reforma de Pensiones de por medio, el TGN tenía más obligaciones, pero menos ingresos. Los problemas en ese aspecto ya eran previsibles en 1997"(1). Cabe acotar que bajo la nueva Ley de Hidrocarburos, el 97% de los campos hidrocarburíferos ha pasado a ser considerado como "campos nuevos", por lo cual las respectivas empresas que los explotan tan sólo pagan al fisco boliviano el impuesto mínimo del 18% sobre el bruto, registrándose consecuentemente una rebaja sustancial en los ingresos fiscales. Con las reglas de juego fijadas por la Ley de Hidrocarburos vigente, "las ganancias de las transnacionales en este gigantesco proyecto llegarán a unos 1000 millones de dólares por año, mientras los ingresos para Bolivia no pasarán de 50 millones de dólares por año aproximadamente, calculando el impuesto de sólo 18% sobre un precio extraordinariamente bajo en boca de pozo (unos U$S 0,70 por millar de pies cúbicos de gas - el precio más bajo de la región)", sostienen las organizaciones sociales. A la constatación histórica de que pese a las enormes riquezas naturales que han salido de sus entrañas hacia el extranjero, Bolivia permanece en la miseria, en las circunstancias también entró en consideración el hecho de que, a diferencia de otros recursos (plata, estaño, oro, etc.), el gas es consumido de manera masiva como también lo es el reclamo por tener que comprar a "las transnacionales 'nuestro' gas y petróleo a los precios más caros de América, como si importáramos esos hidrocarburos". Pero además se añadió un nuevo factor que indispuso a un amplio sector de la población: la exportación de gas a Chile, país al que se le acusa de haberse apoderado del litoral boliviano en la guerra de 1789. Refundar Bolivia Las protestas contra el proyecto de exportación de gas, que para el 19 de septiembre lograron congregar a más de 150 mil manifestantes en todo el país, adquirieron una nueva dimensión tras la violenta represión registrada en Warisata el sábado 20 de septiembre -con un saldo de siete muertos y una veintena de heridos-, pues este hecho radicalizó tanto a la dirigencia campesina como a los sectores de la COB, que pasaron a reclamar la renuncia del presidente. En este contexto, no logró cuajar el intento gubernamental para bajar la presión social con el anticipo de realizar una Consulta Nacional sobre el gas, vía la realización de seminarios y encuentros con los diversos sectores sociales. Al contrario, a medida que se han intensificado las movilizaciones -con bloqueos de caminos y marchas en las diferentes ciudades del país-, cada vez son más los sectores que consideran que debe retirarse Goni, cuya permanencia en Palacio parece circunscrita al "apoyo de la Embajada estadounidense, las transnacionales petroleras y sustentado en las incómodas bayonetas del Ejército" (3). El mandatario ha descartado su renuncia, por razones constitucionales. Pero hay quienes le han recordado que, ironías de la historia, cuando Bolivia se encontraba en una situación similar bajo el gobierno de la UDP (1982-85), el entonces parlamentario Sánchez de Lozada no dudó en pedir la renuncia del presidente Hernán Siles Zuazo, por el bien del país. El jueves 9 de octubre, fuerzas combinadas del ejército y la policía recurrieron a balas y granadas de guerra, gases y balines, para frenar el avance de un contingente de trabajadores mineros hacia La Paz y romper el bloqueo de la principal ruta vial que une la Capital con Oruro, Potosí y Cochabamba, dejando un saldo de dos personas muertas; al tiempo que el ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, anticipaba que la declaratoria del Estado de Sitio no está descartada. Según el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por Evo Morales, la estrategia del gobierno apuntaría a "elevar la tensión y estirar la cuerda esperando un paso en falso del movimiento popular para caerle con todo el peso represivo del aparato estatal, no son extrañas las declaraciones de supuestas guerrillas en diversos puntos del país; la participación de extranjeros en las organizaciones, robos de armamentos y municiones, acuartelamiento parcial de las Fuerzas Armadas, incorporación masiva de premilitares (más de 24 mil), declaraciones de la Iglesia, etc. Ello no es más que el preludio de una amenaza con vistas a convertirse en una realidad sangrienta". Por lo mismo, acota, "no debemos nosotros tensar la cuerda hasta su rompimiento, pues la represión central se desatará contra nosotros, ya que para el gobierno y el bloque dominante, somos los únicos con presencia nacional, con un bloque parlamentario fuerte y respaldo internacional. Al gobierno le interesa desarticularnos y en lo posible borrarnos, pues así le será más fácil imponer su agenda política y económica y ya no tendría la sombra del MAS en las futuras elecciones, pero si la dinámica del MAS no tiene otro norte que el enfrentamiento, pues también nuestra obligación es estar con el pueblo en cada uno de sus nortes, nuestra suerte y nuestro futuro estará ineludiblemente ligados a la suerte del pueblo". Esta colectividad, para salir de la crisis, plantea la sucesión presidencial, a la vez que se ha hecho eco de la propuesta de la incorporación de la Asamblea Constituyente en la nueva Carta Magna para "Refundar Bolivia", con la cual coinciden también el Movimiento Indígena Pachakutik(MIP), la Nueva Fuerza Republicana (NFR) y la Unidad Cívica y Solidaridad (UCS); estas dos últimas fuerzas integrantes de la coalición del gobierno. 1) Cf. Bolivia tiene el gas, pero el negocio es de otros http://bolpress.com/análisis.php?Cod=15196 2) Bolivia: Goni, el prisionero de Palacio http://alainet.org/active/show_news.phtml?news_id=4694