Perú

Inseguridad y sociedad

Javier Diez Canseco

07/08/2011

Opinión

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El cobarde abaleamiento a la hija y al vehículo del congresista Renzo Reggiardo ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de la inseguridad ciudadana que asola a la población. El presidente Humala acertó en colocar la seguridad ciudadana como un tema central de su mensaje de instalación y en asegurar la firme voluntad política de encararlo. Deberá ser una política central –integral y de fondo– del mensaje del gabinete Lerner al presentar su plan de gobierno al Congreso y al país.

Hay que partir de la prevención del delito. Sancionar con energía, pero, por delante, prevenir. Comencemos por construir una sociedad con valores distintos al neoliberalismo del individualismo salvaje y el dinero como sea; asentada en oportunidades para todos, trabajo digno en remuneraciones y derechos, familias con una vida decente y sin las brutales inequidades y exclusiones de hoy. Necesitamos un horizonte con futuro, un Estado garante de servicios esenciales y derechos fundamentales que evite que a muchos jóvenes o niños los tiente el delito. Recuperar valores de responsabilidad social y solidaridad, respeto a los demás, dejar de lado el individualismo extremo y el “todo vale” para tener éxito es tarea en la que deben jugar un papel fundamental los medios que, en no pocos casos, difunden reiteradamente la violencia y el sensacionalismo. Sacar del profundo hoyo en el que se ha colocado la educación peruana, promover el deporte, áreas verdes y espacios de recreación sana es vital. Operar para disolver las pandillas organizadas y ofrecerles alternativas, junto a mecanismos de efectivo control, evitará “criaderos” de delincuentes de alta peligrosidad. El trabajo vecinal, municipal y estatal coordinado es clave.

Pero la labor de inteligencia policial y penetración en los núcleos delincuenciales es otro eje estratégico. Ello previene y frustra su accionar y, en este período, debe fortalecerse y quizás ampliarse que instituciones de inteligencia de las FFAA dediquen unidades especiales al efecto. La inteligencia dedicada a perseguir, agredir y chantajear a la oposición política y grupos económicos que impuso el montesinismo con Fujimori dio rienda libre a la delincuencia y hasta operó con ella disfrazando sus atentados. La generalización de la corrupción, el debilitamiento institucional de la PNP, el MP y el PJ, así como la creciente privatización de la seguridad que –en no pocas ocasiones, como lo revela BTR– trabajan por su cuenta y son agentes del delito, son elementos importantes.

Es general la apreciación de que la policía, el MP y el PJ, órganos de persecución y sanción, no funcionan. Falta de formación, de presupuesto policial, de reacción rápida y personal suficiente en las calles, de solidez institucional, así como la corrupción extendida e impune (sin sanción efectiva a los cómplices de liberar a los delincuentes) en estas instituciones son temas a encarar en una reforma profunda. Deberían acumularse penas para delitos graves y delincuentes avezados, y endurecer los beneficios penitenciarios en esos casos. Imposible dejar de mencionar los problemas carcelarios del INPE y la absoluta falta de disciplina interna, de control de las comunicaciones y el impune funcionamiento de las bandas a su interior, sin que un organismo de supervisión constate cotidianamente que ello cambie y sancione a los responsables. Recuperar a estas instituciones implica políticas decididas, pero, sobre todo, voluntad política desde el Gobierno, el Congreso y la cabeza del PJ.

Es muy importante que en este proceso intervengan los gobiernos municipales, que se articulen los diferentes factores e instituciones que deben operar, pero, sobre todo, canales efectivos de participación y vigilancia vecinal y ciudadana en esta lucha contra el delito. Las rondas se han mostrado eficaces, y la extensión de teléfonos con máquinas de fotos puede facilitar registrar casos y rostros del delito. Pero, por encima de todo, hay que promover una vida de barrio sana, una relación familiar integrada y un manejo coordinado de instituciones, en un país que quiere inclusión y justicia social como base de la paz y de valores solidarios de convivencia social.

La República, 08 de agosto de 2011

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