Las tensiones presentes en las relaciones Norte-Sur, y la pugna sobre el papel del mercado, han traspasado a un nuevo escenario: el proceso preparatorio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI).

Esta Cumbre de la ONU, cuya primera fase se realizará en Ginebra del 10 al 12 de diciembre próximo, y la segunda en Túnez del 16 al 18 de noviembre 2005, ofrece la oportunidad a la comunidad internacional de elaborar un marco visionario de políticas, para lograr que la información, el conocimiento y la tecnología sean orientadas más efectivamente al servicio de la democracia, el desarrollo sustentable, la justicia social y la paz. Sin embargo, el rumbo de este proceso deja entrever que, al menos en esta primera fase, se habrá desperdiciado esta oportunidad.

Es lo que se evidenció en el 3er Comité Preparatoria (Prepcom), que tuvo lugar en Ginebra del 15 al 26 de septiembre pasado. La negociación del contenido de los documentos -Declaración de Principios y Plan de Acción- que deben suscribir los presidentes en diciembre, se ha empantanado en torno a temas como el financiamiento para el desarrollo, el gobierno de Internet, el rol de los medios de comunicación y la "seguridad de la información". Así, el Prepcom quedó lejos de su meta de finalizar los documentos y se prevén dos sesiones adicionales, la primera para el 10 al 14 de noviembre, y la segunda en los días inmediatamente anteriores a la Cumbre.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil, en dos pronunciamientos, cuestionaron la legitimidad de los documentos que calificaron de tecnocráticos y centrados en el mercado. Gracias a las presiones ejercidas para que haya una mayor consecuencia con la visión de "una sociedad de la información centrada en la persona e incluyente", expresada en el primer párrafo del borrador de la Declaración, lograron introducir varias modificaciones en los documentos, pero nadie se sintió satisfecho con el resultado.

Políticas para afianzar la esfera pública

A fin de afianzar una esfera pública dinámica, que hará posible a la ciudadanía participar en la gestión pública y pedir cuentas a los detentores de poder, será necesario elaborar políticas públicas que, entre otros, faciliten el acceso de la ciudadanía a información pertinente y oportuna desde fuentes diversas y plurales, aseguren la transparencia de la gestión pública, garanticen la posibilidad de expresión de los puntos de vista de los diversos sectores de la ciudadanía y establezcan un marco adecuado de derechos.

Uno de los temas más polémicos en este respecto es la propuesta de una revisión del actual régimen de propiedad intelectual, el cual a nombre de proteger las ganancias corporativas en la economía digital (donde es muy fácil la copia de información y productos culturales), ha conllevado a distorsiones que muchas veces inhiben en vez de estimular la creación, restringen el acceso a la información y privatizan el conocimiento. Los intentos por plantear este debate en el marco de la CMSI han recibido un rechazo frontal, bajo el argumento de que la Cumbre no puede interferir en un terreno que es prerrogativa de otras instancias multilaterales (la OMC y la OMPI). Tampoco se accedió a reconocer al Internet como un espacio del dominio público; se refiere a él solamente como "facilidad para el público mundial".

Un tema relacionado es la promoción y desarrollo del software libre, considerado fundamental por diversos gobiernos y una mayoría de organizaciones de la sociedad civil. Se trata de los programas de computación no propietarios y desarrollados colaborativamente, cuyas ventajas van mucho más allá de un costo accesible y de una más amplia oferta de opciones, que son las únicas reconocidas en la versión actual de la Declaración. Fue eliminada la recomendación que todas las autoridades e instancias públicas deberían adoptar el software libre.

No deja de ser significativo que el proceso preparatorio de la CMSI ha permitido actualizar el debate en torno al derecho a la comunicación, si bien sin registrar avances concretos. De hecho, el término "derecho a la comunicación" ha sido eliminado de los documentos oficiales, pues sobre su interpretación no hubo consenso. Para algunos se trata de respaldar el principio del acceso universal a las telecomunicaciones y a las tecnologías de información y comunicación (TIC), convirtiendo a esto en derecho, pero sin contemplar otros aspectos de la comunicación. El propio Secretario General de la ONU, Kofi Annan, ha defendido esta posición. Muchos sectores pro democratización de la comunicación lo emplean como un término que abarca el conjunto de derechos asociados con la comunicación, como también nuevos derechos que hace falta reconocer en el nuevo contexto de la comunicación. Es la posición de la Campaña por el Derecho a la Comunicación en la Sociedad de la Información –CRIS–.

Pero también hay quienes lo rechazan por considerarlo un mal recuerdo de las batallas en la UNESCO de los años 80; argumentan que la libertad de expresión, tal como consta en el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es una garantía suficiente y no hace falta considerar nuevos derechos. El debate se retomará en diciembre, durante la Cumbre, en el "Foro Mundial sobre el Derecho a la Comunicación", organizado, entre otros, por la Campaña CRIS.

Otro tema polémico es el de los medios de comunicación, tema clave cuando se trata de fortalecer la esfera pública. El "caucus de medios" -instancia de presión formada en el seno de la sociedad civil en la Cumbre por grandes asociaciones de medios, gremios y medios comunitarios y ciudadanos, entre otros- aportó un conjunto propuestas. Además de reafirmar la libertad de expresión, propone la necesidad de una legislación para defender la existencia y desarrollo de medios libres e independientes y para alentar al pluralismo y la diversidad de la propiedad de los medios y evitar una excesiva concentración. Reivindican el rol específico y crucial de la radio-teledifusión de servicio público y comunitario y plantean transformar los medios controlados por el Estado en organizaciones con independencia editorial.

Los gobiernos, sin embargo, no han logrado acuerdos al respecto. Algunos incluso cuestionan que el tema tenga pertinencia para la Cumbre. Irónicamente, si bien las asociaciones de grandes medios -y algunos gobiernos que apoyan sus planteamientos- se oponen férreamente a toda mención del tipo "de acuerdo con la legislación nacional" cuando se trata de reafirmar la libertad de expresión, por considerarlo un intento de legitimar la censura, ellas mismas exigen una mención similar cuando se hace referencia a los medios comunitarios, a sabiendas de que en muchos países la legislación restringe el acceso a las ondas radiales. Es más, en la última versión de la Declaración se ha eliminado toda mención de los medios comunitarios.

En cuanto a la participación de las mujeres en la sociedad de la información, los documentos no les dan el debido reconocimiento como actoras clave y agentes de cambio. El lenguaje sigue tratándolas como seres bajo tutela.

El desarrollo y su financiamiento

El borrador de la Declaración de Principios de la CMSI enumera una serie de metas para el año 2015, destinadas a cerrar la "brecha digital". Estas incluyen: conectar todas las aldeas a las tecnologías de información y comunicación (TIC) y establecer puntos de acceso comunitario; conectar universidades, colegios, escuelas, bibliotecas públicas, oficinas de correo, hospitales, centros de salud, departamentos gubernamentales y autoridades locales y crear sitios web de éstos últimos; y adaptar los currículums de escuelas y colegios. Se debe asegurar el acceso de toda la población mundial a servicios de radio y TV, y de más de la mitad de ella a las TIC; y se propone desarrollar las condiciones para que todos los idiomas del mundo puedan tener vigencia en Internet.

Más allá del hecho de que las metas se han fijado solamente para el aspecto de la conectividad, lo paradójico es que, tratándose de metas que conciernen principalmente a los países en desarrollo, no se ha previsto ningún mecanismo específico de financiamiento para que ello se haga realidad. Este tema ha provocado un impase entre gobiernos del Sur y del Norte, pues éstos últimos no solo que se han negado, desde el inicio, a contemplar la posibilidad de desembolsos financieros adicionales a los ya programados, sino que tampoco quieren apoyar la propuesta de un "fondo de solidaridad digital", aunque sea compuesto de donaciones voluntarias de consumidores de productos digitales.

Una vez que el sector privado rechazó la idea de una tasa sobre los ingresos de los servicios de telecomunicaciones, para destinarla a las zonas menos rentables, los gobiernos del Sur hicieron frente común en torno a la propuesta senegalesa del fondo de solidaridad digital, dejando entrever que una Cumbre que no prevé ningún mecanismo para financiar las acciones que propone sería una farsa. No impide que esta postura implica un serio retroceso frente al principio de establecer mayor equidad en los procesos de desarrollo y el comercio internacional, que se podía esperar que los gobiernos del Sur defiendan con una actitud más firme.

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil emitió un pronunciamiento que vincula la solidaridad digital con la solidaridad social, plantea una redistribución de los ingresos de los servicios internacionales de telecomunicaciones, exige mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, advierte que los mecanismos de financiamiento no deben agudizar el endeudamiento, las relaciones comerciales desiguales, ni los monopolios. Y cuestiona el enfoque estrecho en la sola conectividad como solución a las brechas. El tema provocó un intercambio en el seno de la sociedad civil sobre la diferencia de enfoques de las organizaciones del Norte y las del Sur; de allí surgió la propuesta de reforzar la solidaridad de las primeras con las necesidades de desarrollo y financiamiento del Sur.

El "entorno habilitador"

En contraste, en su mayor parte, la agenda comercial dictada por los gobiernos del Norte en alianza con el sector privado ha encontrado poca resistencia entre las delegaciones gubernamentales. Ella contempla, principalmente, el fomento de un ambiente favorable a la inversión en infraestructura; condiciones favorables a la competencia; y un entorno legal y regulatorio transparente y confiable. El sector privado deja entender que una declaración de la CMSI favorable a los negocios podría incidir en estimular las inversiones de las empresas del Norte en los países del Sur. Esta postura hace caso omiso a los antecedentes históricos, que demuestran que lo que favorece al sector privado del Norte no suele traducirse en beneficios para las mayorías de los países del Sur.

Pero también la agenda comercial se tradujo en presiones por diluir, cuando no eliminar, las referencias -muchas de ellas aportadas por sociedad civil- a aspectos que se perciben como atentatorios a las ganancias corporativas, incluyendo las menciones a necesidades especiales (como de las personas con discapacidades), las demandas de diversidad cultural y lingüística o el enfoque de género.

El gobierno de Internet, en cambio, ha suscitado una fuerte polémica. Justamente, un área de políticas donde se está produciendo una profunda transformación es el gobierno global en temas relacionadas con las TIC. Los regímenes multilaterales, que desde hace mucho tiempo regulan, por separado, las telecomunicaciones internacionales, los satélites y el espectro radioeléctrico se están reconfigurando, tanto para adaptarse al carácter convergente de la tecnología digital, como para facilitar la participación del sector privado. Es más, con el Internet emergen nuevas áreas regulatorias, como la infraestructura, la intercomunicación –incluyendo el tráfico, nombres de dominio, etc.-, y el comercio.

Estos cambios, bajo presión entre otros del sector privado, han sucedido con tanta velocidad que no se ha dado un debate global sobre cómo estas nuevas estructuras deben estar gerenciadas, ni qué marco de políticas debe orientar las decisiones. La CMSI es una oportunidad, muy importante sin duda, para iniciar este debate en un ámbito multilateral y con participación de otros actores. En el Prepcom, si bien se ha logrado consenso sobre el principio de una gestión internacional de Internet que sea "multilateral, transparente y democrática y con plena participación de gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y organizaciones internacionales", no hay acuerdo sobre los mecanismos correspondientes. Muchos gobiernos del Sur se oponen al statu quo, que implica en la práctica que las decisiones quedan en manos del gobierno y sector privado de EE.UU., entre otros a través del ICANN, que regula el sistema de nombres de dominio (.org, .com, etc.). Es más, la gran mayoría de servidores raíz, que controlan el tráfico mundial en Internet, se encuentran en ese país.

Otro tema controversial es el de la seguridad. Nadie cuestiona la necesidad de garantizar la seguridad y confiabilidad de las redes y sistemas de computación contra fallas y ataques; pero ciertos gobiernos (Rusia y EE.UU. en particular) insisten en mezclar este tema con la noción de "seguridad de la información", donde la lucha contra el terrorismo y el "cibercrimen" traspasa el ámbito técnico, con implicaciones preocupantes para los derechos civiles.

Además, preocupan las referencias a la integridad del campo militar. Dadas las medidas y legislaciones adoptadas recientemente en varios países, bajo el argumento de la lucha contra el terrorismo, que atentan a los derechos civiles, y la tendencia creciente a utilizar las TIC para regular o monitorear los movimientos de las personas dentro o fuera de Internet, en el trabajo, cuando cruzan las fronteras, etc., este enfoque del tema resulta preocupante. Muchos temen que puede constituir también una amenaza al potencial democratizador de Internet.

Participación de la sociedad civil

Todo el proceso de la CMSI ha sido marcado por las presiones y negociaciones en torno al estatus y grado de participación de los observadores, o sea de la sociedad civil y el sector privado. Un primer logro para sociedad civil en este aspecto fue la aceptación de que la compilación de sus propuestas sea admitida como un aporte formal del proceso de negociaciones oficiales. Sin embargo, fue solamente luego de que decidió ir a la prensa a denunciar que sus propuestas no han sido tomados en cuenta, que los sectores oficiales comenzaron a prestar atención a los planteamientos.

Frustrada por los resultados del Prepcom, y particularmente el carácter mediocre de los documentos borradores oficiales y su carencia de visión, la plenaria de la sociedad civil acordó producir, antes de la Cumbre, una Declaración de Sociedad Civil de carácter autónoma, donde se exprese una visión distinta y se esboce algunos de los retos que plantea la llamada "sociedad de la información".

Uno de los aspectos más positivos de este proceso ha sido justamente la dinámica de interacción y coordinación en el seno de la sociedad civil y la voluntad colectiva de producir propuestas que expresan un amplio consenso sobre los contenidos. Los propios organizadores oficiales de la CMSI han reconocido como hecho inédito el grado de unidad de las organizaciones de sociedad civil en el proceso y su decisión de hacer contribuciones de calidad y de lograr impacto.

En suma la CMSI, como se podía anticipar, es un producto del actual contexto de las relaciones internacionales: tensiones y falta de solidaridad entre Norte y Sur, predominio del mercado, prepotencia de la industria de la comunicación, ofensiva contra el terrorismo, búsqueda de restricción a las libertades civiles; todos estos elementos están presentes. Pero también lo es la resistencia ciudadana, si bien con una relación de fuerzas desfavorable. Por ello, los actores ciudadanos reconocen que los temas en debate requieren de un escenario y niveles de participación más amplios. Diversas organizaciones que participan en la Cumbre se han dado como meta promover este debate en la próxima fase de la Cumbre.

* Sally Burch (ALAI) hace parte de la coordinación del Grupo de Trabajo de Sociedad Civil sobre Contenidos y Temas en el marco de la CMSI.