América Central

En Homenaje a Facundo Cabral

Cumbre de Seguridad: ¿Hacia un nuevo tipo de Protectorado neocolonial?

Sergio Barrios Escalante

12/07/2011

Opinión

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“No hay nada nuevo, salvo lo que se ha olvidado”

(Madeimosille Bertin, modista de María Antonieta).

De manera gradual Centroamérica se está deslizando peligrosamente hacia el reciclaje filosófico y conceptual de la oprobiosa y antidemocrática doctrina de la Seguridad Nacional, hija directa de la Guerra Fría e instrumento predilecto de las potencias intervencionistas, las juntas militares golpistas y las oligarquías criollas latinoamericanas de la segunda mitad del siglo XX.

Por supuesto, esta vieja ideología asoma ahora bajo el nuevo manto y término de “Seguridad Regional”, y en vez de proclamar de manera abierta el “control ciudadano” como eje central, tal y como ocurría antaño, ahora empieza a ser perfilada bajo el énfasis del “control territorial”, bajo el supuesto que tanto el terrorismo, como el narcotráfico y el crimen organizado en general, se fortalecen por la ausencia física y escaso despliegue geográfico de los órganos de seguridad y defensa de los Estados centroamericanos, una verdad a medias, incompleta.

Estas deducciones se derivan en gran medida a raíz de algunas de las propuestas que emergieron durante la Conferencia Centroamericana de Seguridad, la cual se llevó a cabo a fines del mes de junio recién pasado, con la participación de alrededor de 50 países, muchos de ellos representados con delegaciones de alto nivel.

De esa cumbre se resalta en primer lugar, la limosna, tal y como le llamó el periodista guatemalteco Haroldo Shetemul (1), con la que se presentó EEUU a través del anuncio realizado en forma personal por la señora Hillary Clinton, de que su país aportaría US $ 200 millones, como una donación para apoyar la lucha centroamericana en contra del crimen organizado, una suma por cierto en extremo ridícula, por sobre todo si se toma en cuenta la magnitud de la responsabilidad de ése país en el problema del narcotráfico, ya que esa nación consume el 83 % de los narcóticos que transitan por América Central, y si consideramos también de que solamente la cocaína representa un mercado de ventas bruta de US $ 35 mil millones (2).

En dicha cumbre ése fue el principal aporte concreto por parte de EEUU, el mayor consumidor mundial de sustancias psicotrópicas. Por su parte, Colombia, el mayor productor mundial de cocaína, entregó su propuesta principal para combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Centroamérica, ofreciendo asistencia a los gobiernos del área en forma de apoyo y asesoría en materia de modernización y soporte tecnológico para las fuerzas armadas centroamericanas, en lo que destacan la implementación de centros de poligrafía, control de armas, lavado de activos y homologación de bases criminalísticas (3).

Menos de quince días después de haberse llevado a cabo dicha reunión, EEUU vuelve a la carga con otra propuesta que va en la misma dirección colombiana. Ahora ése país anuncia a través de la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, de que EEUU usará por primera vez aviones no tripulados para vigilar la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, desde California hasta Texas (4).

En otras palabras, se vuelve de nuevo la mirada hacia la militarización y al control ciudadano, reeditando la misma respuesta que Washington y las élites gobernantes de la región centroamericana emplearon en los años setentas y ochentas, décadas de guerras civiles, conflictos armados internos, ejecuciones extrajudiciales y campañas sistemáticas de asesinatos políticos selectivos y masivos, por parte de fuerzas irregulares e ilegales de carácter paraestatal y paramilitar.

En esencia, hoy, detrás de la creciente inseguridad y violencia extendida que se experimenta por igual en casi toda la región centroamericana, se haya el mismo problema subyacente que alimentaba el intenso desangramiento político del pasado reciente; éste era (y es), el problema de la pérdida de la hegemonía del Estado en el ejercicio de la violencia legítima.

Actualmente la principal fortaleza del crimen organizado que opera en Centroamérica reside en su creciente capacidad para disputarle al Estado tal hegemonía en el uso de la coerción.

Sin embargo, muy pronto hemos olvidado que los largos y sangrientos conflictos político-militares que nos asolaron en la región centroamericana por tanto tiempo, empezaron a ser desactivados a partir de aceptar que en el fondo de la aguda ingobernabilidad prevalente en nuestras naciones, se encontraban las deudas históricas y sociales no solventadas, deudas que estaban (y lo siguen estando) íntimamente relacionadas con los problemas irresueltos de la inveterada injusticia e inequidad social y económica, la elevada concentración y desigualdad en el reparto de la riqueza, la extrema pobreza y marginación, el racismo institucionalizado e internalizado por siglos, la falta de acceso universal a los beneficios de la salud, educación y la asistencia social.

La comprensión y aceptación de tales verdades sentó las bases para el surgimiento, maduración y desarrollo exitoso del proceso de concertación política centroamericana que cristalizó en los Acuerdos de Esquipulas I y II en 1987, base fundamental para la desactivación del conflicto armado contra-revolucionario que asoló a Nicaragua, y propició la desmovilización militar e incorporación a la vida civil de las fuerzas insurgentes salvadoreñas y guatemaltecas, y el desmantelamiento parcial de las bases militares estadounidenses acantonadas en Honduras.

Fue precisamente durante esta primera fase del proceso de diálogo, de apertura política y transición centroamericana hacia la democracia (que abarcó un lapso comprendido entre 1986-1996), en el cual los centroamericanos empezamos a desechar la vieja doctrina de la Seguridad Nacional que nos había impuesto Washington desde los años cincuenta (filosofía que convertía a los aparatos de seguridad y a las fuerzas armadas en virtuales ejércitos de opresión y ocupación de sus propios pueblos), y empezamos a forjar y a adoptar una nueva filosofía, doctrina y cuerpo conceptual basado en la noción de “Seguridad Humana”, con un énfasis especial en la observancia de la vigencia y respeto a los Derechos Humanos aceptados por la jurisprudencia internacional, tanto en sus vertientes jurídicas, sociales, económicas, políticas como en sus aspectos culturales, étnicos y lingüísticos.

En tal sentido, y de acuerdo con el investigador Manolo Vela, (…) “En el ámbito regional, la escuela de pensamiento de la seguridad democrática se concretó en el Tratado Marco de Seguridad Democrática, firmado por los presidentes del área en diciembre de 1995, el cual entró en vigencia en diciembre de 1977 (5).

De acuerdo con el autor citado, en la esencia de éste tratado estaba el reconocimiento al principio del Estado Democrático de Derecho, fundamentado en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y el principio de la subordinación de la fuerza pública a las autoridades civiles constitucionalmente establecidas, así como el principio de “Seguridad Democrática”, con su carácter integral e Indivisible, es decir, con una visión omnicomprensiva e interrelacionada con todos los aspectos del desarrollo sostenible en sus manifestaciones políticas, sociales, culturales y ecológicas… (6).

En esta misma dirección filosófica y conceptual fue aprobado dentro del marco de los Acuerdos de Paz suscritos entre la guerrilla y el Estado guatemalteco, el Acuerdo sobre Fortalecimiento de Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática” (suscrito en México el 19 de diciembre de 1996), en su numeral 18 estable que; “La seguridad es un concepto más amplio que no se limita a la protección contra amenazas armadas externas, a cargo del Ejército, o a la protección contra las amenazas al orden público y la seguridad interna, a cargo de la Policía Nacional Civil…”, y en el numeral 19 establece que; “Dentro de éste concepto, la seguridad ciudadana y la Seguridad del Estado son inseparables del pleno ejercicio por los ciudadanos de sus derechos y deberes políticos, económicos, sociales y culturales. Los desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la pobreza extrema, la discriminación social y política, la corrupción, entre otros, constituyen factores de riesgo y amenazas directas par la convivencia democrática, la paz social y por ende, el orden constitucional democrático” (7).

Paralelismo inverso entre la violencia política del pasado y la violencia criminal de hoy.

Existe por otra parte, un paralelismo inverso entre la naturaleza de las raíces que originaban la violencia política del pasado, y el carácter de los orígenes reales de la actual violencia criminal de hoy.

Mientras la violencia política de los años setentas y ochentas en Centroamérica tenían un origen endógeno (las condiciones estructurales de injusticia social), y era alimentada por factores exógenos (la lógica de la confrontación internacional Este-Oeste), la actual violencia criminal de hoy en día tiene, en cambio, un origen exógeno (la lógica establecida entre la demanda norteamericana por drogas y la oferta colombiana en su producción), y es alimentada por factores endógenos, (la pobreza generalizada prevalente en extensos sectores de la región).

Pese a esta diferencia sustancial, en el fondo se plantea el mismo problema en ambos casos, es decir, hay una condición de permanente y aguda inestabilidad social y precariedad económica, la cual sirve como “caldo de cultivo”.

Por ello es que resulta falaz el buscar una salida militarista a la actual violencia e ingobernabilidad en esta nueva etapa. En el caso de la violencia pasada Reagan lo intentó durante sus ocho años de políticas agresivas y guerreristas, y no consiguió otra cosa más que exacerbar los conflictos centroamericanos. No fue sino hasta que llego George H. W. Bush (padre), en 1988, que EEUU se dio cuenta de que la única salida era la negociación.

Lo anterior es tan cierto que de hecho, el proceso de dialogo y negociación política iniciado en Centroamérica por Vinicio Cerezo, y que luego fue cristalizando con la adhesión progresiva de los otros presidentes en Esquipulas I y II, no hubiese funcionado sin que las dos superpotencias de la Guerra Fría dieran su respectivo aval, dado el sustancial grado de involucramiento que ellos habían adquirido directa e indirectamente en los conflictos centroamericanos.

De ahí que en una reunión y acuerdo ultra-secreto llevado a cabo en 1989 entre Yuri Pavlov, entonces vice-canciller soviético y Bernard Aronson, entonces Subsecretario de Asuntos Latinoamericanos al inicio de la administración del primer Bush (padre), estando los dos funcionarios a bordo en un buque transatlántico en mitad del Caribe, decidieron respetar los Acuerdos de Esquipulas. Eso se conoció solamente algún tiempo después cuando la revista Time lo hizo público (8).

Por ello, aunque exista ese paralelismo inverso que ya he mencionado líneas arriba, es palpable de que en este otro fenómeno de violencia actual, y particularmente, en cuanto al fenómeno del narcotráfico, el problema de fondo en lo tocante a su expresión dentro de la región Centroamericana, es el mismo que el del anterior periodo de violencia del pasado reciente, es decir, la extrema pobreza y las condiciones de desigualdad e inequidad social y económica prevalentes en el área.

Como en el pasado, la presente violencia criminal en Centroamérica no tiene salida militar. La necesidad de obtener un mayor “control territorial” por parte de las fuerzas de seguridad y de defensa, es solamente una solución parcial.

Ni Estados Unidos ni Colombia (los dos protagonistas centrales que originan el problema de la actual escalada de la violencia del narcotráfico en Centroamérica), pueden decir que adolecen de falta de recursos económicos y tecnológicos para sus fuerzas de defensa, y si bien es cierto pueden decir que sufren de cierta falta de “control territorial”, sus problemas como grandes consumidores y productores de drogas transcienden ese aspecto.

De hecho, según una publicación especializada de The Economist, en el año 2008 ambos países ocupaban el puesto numero 20 a nivel mundial por el nivel de gasto invertido en defensa (el 4.0 % de su PIB); en términos monetarios, para el mismo año Estados Unidos tenia el presupuesto en Defensa mas alto del mundo (US $ 495.3 miles de millones), mientras Colombia ocupaba el segundo lugar a nivel latinoamericano –solo superado por Brasil- con un monto de US $ 4.5 miles de millones; y en términos de recursos humanos involucrados en sus ejércitos, EEUU ocupaba el segundo lugar a nivel mundial (solo superado por China Comunista), con un total de un millón quinientos mil seis hombres, y Colombia ocupaba el tercer lugar a nivel latinoamericano (solo superado por Brasil y México), con un total de 209 mil hombres (9).

¿Y entonces, por que no termina el problema del narcotráfico?

Por ello molestó a muchos centroamericanos que en la recién pasado Cumbre ambas naciones viniesen a presentarse como los “salvadores”. Existen pésimos antecedentes en el pasado reciente que la gente todavía no olvida.

Todavía esta fresca en la memoria la invasión del ejército norteamericano sobre Panamá, en noviembre de 1989, cuando con el pretexto de ir a capturar a un gran narcotraficante, el señor Noriega, quien entonces era el propio presidente de ese país (y ex agente de la CIA), las tropas norteamericanas avasallaron la soberanía de ese país canalero.

Y sin embargo, es un secreto a voces de que en términos de control del narcotráfico en Panamá poco cambió después de la invasión militar norteamericana. Incluso, algunos analistas sostienen que ése país sigue siendo un paraíso para el lavado de activos.

El caso de Afganistán también es revelador. Pese a que en los últimos años ha sido literalmente invadido por decenas de miles de soldados norteamericanos (y cuyo costo junto a la invasión a Irak ha llegado al fabuloso monto de los 4 billones de dólares (10), ese país sigue siendo uno de los principales productores de amapola.

Más cerca de nosotros tenemos el caso mexicano con su famoso “Plan Mérida” de lucha contra el narcotráfico. En la práctica ese plan ha significado la militarización de la lucha contra ese fenómeno, y los resultados han sido totalmente desastrosos, con una cauda de 40 mil muertos desde que inició tal programa.

Es difícil que pueda resolverse el problema del narcotráfico en México si el propio EEUU provee de armas a los carteles. Tal es el informe que recientemente han publicado 3 senadores norteamericanos, quienes encontraron que aproximadamente el 70 % de las armas incautadas en ese país entre el 2009 y el 2010, provinieron de los Estados Unidos, de modo que las casi 30 mil armas incautadas en México durante ese periodo, más de 20 mil provinieron de los EEUU (11).

Por todo ello es que antes de que en Centroamérica sigamos perdiendo el rumbo democrático en materia de seguridad y defensa, y de que sigamos el peligroso camino de convertirnos en un nuevo tipo de Protectorado (12), debemos de frenar la actual tendencia hacia la re- militarización de la región.

De hecho, la región latinoamericana ya está bastante militarizada, aunque esto se disimule con la privatización de la seguridad. Según el “Informe de Armas Ligeras 2011”, presentado recientemente en Ginebra por el Instituto de Estudios Internacionales y de Desarrollo, revela que los agentes de seguridad privada de Latinoamérica son las más armados del mundo, siendo Guatemala, según la misma publicación, el país puntero, ya que cuenta con 120 mil agentes privados frente a 19,900 policías para velar por la seguridad, lo que indica que por cada 6 agentes privados hay un policía, la mayor desproporción encontrada en el total de los 70 países analizados (13).

Y pese a ello la región centroamericana tiene los índices de homicidios más altos a nivel mundial.

Algunas Propuestas:

Debido a que no existe una salida militar a la violencia generada por el narcotráfico, el ex-presidente brasileño Fernando Henríquez Cardoso, junto a otras personalidades de renombre internacional, ha planteado como solución realista a este flagelo, la legalización de las drogas.

Por otra parte, dado a que la generalizada pobreza y precariedad social y económica que prevalece en Centroamérica, y cuyo efecto directo es el de servir de “caldo de cultivo” para el desarrollo de la criminalidad y de todo tipo de patologías sociales (de hecho, la propia OEA plantea que de los 150 millones de latinoamericanos que se hayan comprendidos entre los 15 y 29 años, cerca de 38 millones, la cuarta parte, no van a la escuela ni tienen trabajos estables (14), se plantea la necesidad de desarrollar un proceso de “Esquipulas III”, esta vez de carácter social y apoyado mediante un Plan de Reconstrucción Económica, respaldado financieramente a través de un Plan Marshall para Centroamérica.

Por otra parte y en otro nivel, diversos especialistas civiles han planteado una serie de reformas legales e institucionales, en aras de transparentar y democratizar los mecanismos de control y funcionamiento en materia de seguridad y defensa.

Las recomendaciones planteadas a continuación provienen del analista guatemalteco Edgar Gutiérrez:

-“Revertir la privatización de los órganos de seguridad, porque nos deja a merced de señores feudales; rehenes de intereses particulares. Debe fortalecerse la capacidad institucional de la Policía y los órganos de investigación. Las estructuras que están ahora financiadas por corporaciones particulares en tareas de inteligencia deben ser desmanteladas y, en su lugar, deben fortalecerse las instituciones auditadas del Estado” (15).

-“Los órganos de inteligencia que se mueven en una espesa nube gris, deben ganar claridad jurídica y elevar su eficacia, aprendiendo a identificar las amenazas reales. Sus competencias y controles deben estar claramente descritas en leyes y reglamentos” (16).

-“Debe promoverse una ley marco de inteligencia y arrancar la formación de oficiales de policía (no solo agentes), aplicando mecanismos seguros de selección y seguimiento de personal (17).

-“Los operativos de alto efecto tienen baja sostenibilidad. Por ello se requiere una definición integral de política y la identificación de sus fases y metas, y constituirla en una política de Estado ante las nuevas e innegables amenazas (18).

-Finalmente, y ésta es una opinión personal pero que muchos centroamericanos y latinoamericanos compartimos, es la importancia de declarar la región como “zona libre de bases militares extranjeras”. Esto debería incluir, además, la prohibición de que cualquier país extra-regional que no ha reconocido la jurisprudencia y que tampoco se ha suscrito al Tribunal Penal Internacional (TPI), pueda involucrarse directamente en planes regionales de defensa, seguridad e inteligencia.

Notas:

1-“Esta guerra es de Estados Unidos”; Haroldo Shetemul, Prensa Libre, 29/06/11, p. 18.

2-Ibid, p. 18.

3- “Conferencia de Seguridad: otra utopía en Centroamérica”; Francisco Martínez, Prensa Libre, 26/06/11, pp. 14-15.

4- “EEUU anuncia nueva estrategia contra narcotráfico”; Agencia EFE, 07/07/11.

5- “Seguridad democrática en Guatemala: desafíos de la transformación”; Bernardo Arévalo, Patricia González y Manolo Vela; FLACSO/Guatemala, 2002, p. 148.

6- “El concepto de seguridad que el Tratado presenta indica en su Artículo 1 que; es base fundamental el irrestricto respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica, la superación de la pobreza y pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenible, la protección del consumidor, del medio ambiente y el patrimonio cultural… (Op. cit., p. 148).

7- Op. cit., pp. 158-159.

8- “La importancia de la investigación para la Paz”; Luis Alberto Padilla; Revista de la Universidad de San Carlos, Edición No. 15, Septiembre 1991, p. 63.

9- “Pocket World in Figures”; The Economist, 2008 Edition, p. 101.

10- “Guerras de EEUU en Irak y Afganistán costarían aproximadamente US $ 4 billones y cerca de 280 mil muertos”; Democracy Now; 30/06/11.

11- “Rápida y furiosa: la guerra contra las drogas impulsada por EEUU se cobra más vidas”: Amy Goodman; Democracy Now; 16/06/11.

12- (…) “Antaño, por ejemplo, algunos Estados le conferían o reconocían, mediante la modalidad del vasallaje y de los protectorados, a otro Estado el derecho de protegerlos… “(“Los derechos humanos y el principio de no intervención; Francisco Villagrán Kramer; Revista de la Universidad de San Carlos, Edición No. 15, Septiembre 1991, p.33).

13- “Agentes privados de seguridad de Latinoamérica los más armados del mundo”; (http://www.abc.com.py/nota/agentes-privados-de-seguridad-de-latinoamerica-los-mas-armados-del-mundo).

14- “Violencia impacta en la juventud, asegura OEA”: Prensa Libre, 29/06/2011, p. 39.

15- “Ganar seguridad”: Edgar Gutiérrez, El Periódico, 26/05/2005, p. 17.

16- Ibid.

17- Ibid.

18- Ibid.

- Sergio Barrios Escalante es Científico Social e investigador. Escritor y ensayista. Edita la revista virtual Raf-Tulum.

https://www.alainet.org/es/active/48020?language=es