No hacía falta que viniera a decirlo a Buenos Aires el secretario general de la ONU, Ban Ki moon. Ya se sabía que en derechos humanos Argentina ocupa un puesto de vanguardia en la región. Es discutible el rol del gobierno nacional en la materia, pues algunas de sus autoridades tienden a ponerse en primer plano. Y organismos de derechos humanos, sin negar ese mérito gubernamental, recalcan el protagonismo de las movilizaciones populares de muchos años. Es mucho lo avanzado en castigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar-cívica. La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos, dependiente de la Procuración General de la Nación, actualizó la información a mayo de 2011.

 

Durante este año concluyeron 6 juicios orales y están en curso otros 12. Ya tienen fecha de debate otros 7 juicios, por lo que “es posible conjeturar que además de los juicios que ya se encuentran programados para los próximos meses, podrían sumarse 14 juicios más (en Mar del Plata, la Rioja, San Juan, Salta, La Plata, Viedma, San Isidro, Paso de los Libres, Rawson, Formosa, Santa Fe, Capital Federal y Posadas)”, añade la Unidad Fiscal.

 

Según esa estadística hay 807 procesados y “212 condenados en causas por delitos de lesa humanidad desde el regreso de la democracia hasta la fecha”.

 

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) coincide con la información anterior pero está actualizada a abril. Por eso habla de 173 condenados y 15 absueltos. Allí se aprecian logros judiciales y políticos, como la existencia de 366 causas abiertas, con 419 procesados con prisión preventiva, 338 procesados sin preventiva y 39 prófugos (ahora son 38 porque se capturó al mayor Leopoldo N. Cao). El panorama no es todo color de rosa. Además de esos prófugos, que suponen imprevisión de la justicia, cuando no complicidad, es preocupante el número de fallecidos: 276 represores murieron “inocentes” porque la justicia llegó tarde. El último fue el coronel Pedro Durán Sáenz, jefe de El Vesubio en 1977, torturador y violador, que falleció gambeteando una condena a perpetua pedida por los querellantes.

 

La Unidad Fiscal dice estar “especialmente preocupada” porque sólo 40 condenas están firmes. Y lo achaca a las demoras de la Cámara de Casación Penal al revisar las sentencias de los tribunales orales. A despecho de estas demoras, complicidades, chicanas y burocracia, los DD HH van…

 

En Brasil no se consigue

 

Los militares brasileños con sus aliados empresarios y terratenientes ejercieron un poder dictatorial entre 1964 y 1985. Desde entonces han transcurrido 26 años pero la transición democrática ni siquiera pudo formar una Comisión de la Verdad, suerte de Conadep argentina. No es que a los gobiernos constitucionales instalados en el Planalto les faltaran ganas de formar esa comisión, tímido primer paso que eventualmente pudiera dar lugar a causas judiciales. Tuvieron ganas. Lula da Silva y Dilma Rousseff llegaron a hacer declaraciones favorables, pero después recularon.

 

Es que el poder de los militares brasileños y las corporaciones empresarias cómplices conservan muchas posiciones en cuarteles y cámaras patronales.

 

En Brasil se cometieron muchos crímenes propios del terrorismo de Estado. Entre 1972 y 1974, los militares arrasaron con la guerrilla de Araguaia; mataron y desaparecieron a 62 militantes del Partido Comunista do Brasil (PCdB).

 

Como sus colegas dictadores de Argentina, Chile y Uruguay, los mandos brasileños se blindaron en 1979 con una Ley de Amnistía. Y los presidentes democráticos posteriores, “arrugaron”.

 

En 2010, a punto de finalizar su segundo mandato, Lula declaró: “pedí al ministro de Defensa, Nelson Jobim, que quiero, antes de dejar la Presidencia, un informe sobre el grupo de la guerrilla de Araguaia”. Los militares ejercieron presión, Jobim coincidió con ellos y tal información fue bloqueada. Hubo el recambio con Rousseff y nada; quedó como una grave asignatura pendiente del ex tornero.

 

La flamante presidenta habló de dar información de aquella represión, por el requerimiento de los familiares de las víctimas, pero también para levantar una sanción de la Comisión Interamericana de DD HH. En diciembre de 2010 la entidad había intimado al estado a proveer justicia y desacatar la infame ley de Amnistía.

 

La secretaria de DD HH, María do Rosario, pidió en su asunción que el Congreso estableciera una Comisión de la Verdad. De inmediato tronó el general José Elito Siqueira, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional. “Hay que mirar hacia adelante. Lo que pasó, pasó. No es ninguna vergüenza que existan desaparecidos”, dijo el militar. El ministro de Defensa coincidió con el uniformado. ¿Hace falta aclarar que es Jobim, heredado del lulismo?

 

Rousseff, ex guerrillera detenida y torturada durante años bajo la dictadura, tenía un premio consuelo: desclasificar data secreta. También bajó esta bandera, por consejo del derechoso José Sarney, ex presidente y aliado del PT.

 

Impunidad charrúa y pinochetismo

 

La dictadura militar en Uruguay también cometió numerosos crímenes y fue parte activa para secuestrar a uruguayos en otros países del Cono Sur, y para deportar latinoamericanos a Argentina, Chile y Paraguay, entre otros siniestros destinos.

 

Esa dictadura funcionó entre 1973 y 1985. Cuando se acercó el momento de la despedida, negoció con los partidos tradicionales Blanco y Colorado una Ley de Caducidad, aprobada en diciembre de 1986 pese al voto negativo de la bancada del Frente Amplio.

 

Ese rechazo frenteamplista criticaba que la norma –similar a la de Punto Final del otro lado del río- impedía perseguir judicialmente a los militares uruguayos por sus delitos de lesa humanidad. En 1989 y en 2009 hubo sendos plebiscitos pero el resultado fue negativo para anular aquella ley de Impunidad.

 

La asunción de José Mujica creó nuevas expectativas de que tal blindaje a los represores pudiera oxidarse y caer. Sobre todo cuando en marzo pasado el país ligó una sanción de la CIDH por no sancionar a los responsables de la desaparición de la nuera del poeta Juan Gelman y la apropiación de la beba Macarena. Este fue uno de los tantos operativos del Cóndor, establecido con la anuencia del Nobel de la Paz, Henry Kissinger.

 

El intento reparador acaba de fracasar en el Congreso charrúa. El 19 de mayo comenzó un debate finalizado en la madrugada siguiente, sobre una ley interpretativa que de hecho iba a superar la Caducidad. Por la defección de un diputado del FA, Víctor Semproni, la votación quedó empatada 49 a 49, no pudiéndose aprobar lo que ya había sido votado favorablemente por el Senado.

 

La manifestación popular de repudio se hizo sentir en las afueras del Congreso. Una pancarta recordaba a la canción de Alfredo Zitarrosa, “Adagio en mi país”: “Dice mi padre que un solo traidor puede más que mil valientes”. Aludía a Semproni, claro.

 

Los sectores no capituladores del FA, otras izquierdas, los sindicalistas del PIT-CNT y los familiares de los desaparecidos van a seguir luchando contra la impunidad. Ellos ven con esperanza lo que sucede en Argentina.

 

Con respecto a Chile se podría escribir mucho pero no queda lugar. Solamente recordar que el dictador Augusto Pinochet, ladrón por añadidura y gran simulador de enfermedades para sortear juicios y extradiciones, fue presidente de facto entre 1973 y 1990, cuando entregó el gobierno a Patricio Aylwin. En esa negociación hubo condicionamientos castrenses: vigencia de la Constitución pinochetista de 1980, continuidad del tirano como comandante del Ejército hasta 1998 y designación de hombre suyo como sucesor (general Ricardo Izurieta). El dictador no se fue a su casa sino que asumió como senador vitalicio, engendro de su “Constitución”, algo consentido por la Concertación (Democracia Cristiana y Socialismo).

 

Ese gobierno, por entonces con el presidente Eduardo Frei, lo rescató sano y salvo de su detención en Londres, cuando el juez Baltasar Garzón lo requería desde Madrid. Otro artífice de su regreso glorioso a Pudahuel fue el “socialista” José Miguel Insulza, canciller y actual secretario de la OEA.

 

El abogado y exiliado Eduardo Contreras, ex alcalde de la ciudad de Chillán, opinó: “lo que hubo en Chile fue una negociación, un pacto, que explica por qué la transición a la democracia se hizo en el marco de una Constitución fascista, que ahora es necesario cambiar para llegar a una plena democracia”.

 

Los argentinos podrán ganar o no la Copa América, pero en derechos humanos van punteros.