Un mes de bloqueos en el Altiplano y los Yungas de La Paz, además de tres duros enfrentamientos en Warisata (seis muertos), Ventilla (dos muertos) y El Alto (15 a 20 muertos, según cifras extraoficiales), todos ellos en el departamento de La Paz, han generado una espiral de violencia que hasta este Domingo no tiene visos de solución. Cuatro temas han articulado las demandas de los movimientos sociales: rechazo a la exportación de gas por un puerto chileno, derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, modificación de la Ley de Hidrocarburos y rechazo al Acuerdo de Libre Comercio (ALCA) que el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada las ha descalificado de manera insistente. El 21 de Septiembre se produjo uno de los más violentos enfrentamientos entre campesinos lugareños y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía, cuando un convoy de uniformados se disponía a desbloquear la carretera a Sorata, donde unos 800 ciudadanos se encontraban retenidos e imposibilitados de retornar a la ciudad de La Paz. El bloqueo caminero tuvo su origen en la instrucción del dirigente campesino Felipe Quispe, por la detención del dirigente Edwin Huampo, acusado de instigar el linchamiento de dos abigeatistas. El fatal desenlace aceleró la determinación de la Central Obrera Boliviana, reunida en la población minera de Huanuni, de ingresar al bloqueo generalizado de carreteras. A principios de esta última semana, una columna de mineros comenzó una caminata hasta la ciudad de La Paz, en cumplimiento de las decisiones sindicales. El Jueves en la mañana se produjo un violento enfrentamiento entre mineros y militares-policías, en la zona de Ventilla, en la ciudad de El Alto, lo que el día Viernes y Sábado generó la inmediata solidaridad de los pobladores de esta localidad. En Ventilla se produjeron dos muertos y decenas de heridos. El Sábado se registraron nuevamente violentos enfrentamientos en varias zonas de la ciudad de El Alto, dejando el tráfico balance de dos muertos y entre 15 y 20 heridos. Este Domingo se han producido los más graves enfrentamientos. Radios de las dos ciudades han reportado, a lo largo de toda la jornada, choques entre alteños y fuerzas regulares de la Policía y las Fuerzas Armadas. Inicialmente se tiene la información que se produjeron de 15 a 20 muertos (la APDHB habló de 20, la cadena ERBOL contabilizó 18 y ATB 22), aunque las cifras podrían elevarse. Derechos Humanos, la Iglesia y algunos medios de información han calificado lo sucedido como una verdadera masacre. En la democracia, jamás El Alto soportó tan elevada cifra de muertos por conflictos sociales. Estos muertos demandan justicia, provocan bronca y, con seguridad, se constituirán en la base para seguir alentando los movimientos sindicales y cívicos. Varios ciudadanos, entrevistados por radios locales, los llamaban los ³mártires por el gas². La ciudad de El Alto está sangrando, el conflicto amenaza con trasladarse a la ciudad de La Paz (que ha sufrido desabastecimiento de gas y gasolina). Los choferes, maestros, gremialistas, panaderos y carniceros han declarado paro de labores entre 48 y 72 horas, en tanto que el Chapare y Oruro están prestos a movilizarse desde este Lunes. En El Alto han surgido evidentes signos de un levantamiento popular (nunca antes visto en esta población) que no tiene un panorama de solución. Los pobladores se han organizado, han salido a las calles a repudiar la violencia gubernamental y a las demandas mencionadas anteriormente se ha sumado otra demanda: la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos hechos de violencia han ahondado mucho más las divisiones a nivel de la sociedad boliviana. Es más evidente la fragmentación regional y social sobre varios temas. Una mayoría en el Altiplano (La Paz y El Alto) que está en contra de las políticas gubernamentales y un Oriente y Sur dividido, aunque con una fuerte inclinación para seguir utilizando la fuerza para frenar los desmanes sociales. En la misma ciudad de La Paz se ha hecho más patente la división social: sectores de la clase alta y algunos bolsones de la clase media, según evaluaciones de algunas emisoras, que apoyan la mano dura del Gobierno. Por el otro lado, las clases bajas y media en franco repudio a la política belicista de la administración de Sánchez de Lozada. Mientras los bolivianos están más divididos, las voces de fragmentación de la patria también se han hecho patentes. Dirigentes cívicos de Tarija han alentado de manera irresponsable la ³autonomía² del Departamento. Esto es inaceptable, porque la integridad del país está por encima de cualquier interés económico, regional o grupal. En Santa Cruz, los cívicos han asumido una posición moderada, al plantear la ³refundación² del país. El balance es claro y doloroso: decenas de muertos y heridos, una política belicista gubernamental desenfrenada, soluciones que no llegan, un diálogo muerto y los bolivianos divididos frente a estos conflictos y demandas. Desde esta Carta decimos: sí a la paz y a la democracia, transparencia y honestidad gubernamental en sus actos, diálogo real y no de sordos, basta de autismo político, sí a la humildad y no a la soberbia, no a la violencia impulsada por los irresponsables de la política, Bolivia para los bolivianos. * Carta Semanal Información y Análisis. Editor Responsable: José Arturo Cárdenas. Arce ­ Calle Coroico Nro. 1431 Teléfonos: (2)2200893 ­ 72033088 Email: rimay@bolivia.com