Hemos conocido el Informe de labores del gobierno salvadoreño durante su segundo año de gestión. La primera impresión es la gran similitud que tienen estos informes –en contenido y en forma- indistintamente quien sea el presidente o el partido al frente del poder ejecutivo. Fácilmente se detectan esos lugares comunes: logros paliativos que se hacen pasar como hechos “sin precedentes”, palabras o frases grandilocuentes con las cuales se pretende maquillar la realidad, ausencia de un mínimo de autocrítica para reconocer los propios fallos o desaciertos, ocultamiento de la realidad más fundamental que afecta a las mayorías, deseos o ideas que se venden como proyectos eficaces para resolver los principales problemas del país, y la retórica y vacía frase con la que suelen terminar estos informes “que Dios bendiga a nuestro pueblo”. El Informe del presidente Funes también ha sido más de lo mismo. Una segunda impresión es con respecto a los problemas o temas de los que no se habló, pero que están presentes en el clamor popular por que les golpea en su vida cotidiana; desde estos también se puede hacer una valoración del informe. Recordemos primero algunos puntos de los que se habló de forma explícita y rimbombante.

El presidente se refirió a programas que denomina “sin precedentes” tales como el Sistema de Protección Social Universal que, a su juicio, dejó atrás el asistencialismo e instaló un nuevo enfoque de derechos humanos en materia de políticas sociales;  la reforma de salud que busca la total equidad en el acceso y la calidad de los servicios de salud; la Ayuda Temporal al Ingreso (PATI), orientada a ayudar a mujeres jefas de hogar y jóvenes sin empleo; el fortalecimiento de las instituciones de seguridad mediante una mayor inversión que ha permitido contar con casi 30 mil efectivos en las calles, entre Policía y Fuerza Armada; un proceso de depuración constante al que se está sometiendo a los cuerpos de seguridad, y se pone como mejor ejemplo la renovación de todos los custodios del penal de Zacatecoluca. Estos logros  -considerados por el propio presidente como ocurridos por primera vez en la historia– son parte de lo que dijo en su informe de labores.

Pero hay aspectos no menos importantes que el presidente no dijo y que afectan la condición de vida de la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas. Veámoslo a vuela pluma: Solamente el 47% de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral; de cada 100 personas que forman parte de la población económicamente activa, 7 están desempleadas y 44 subempleadas; del total de la población que se enferma en el país, el 40% no recibe servicios de salud, y aproximadamente solo el 20% de la población tiene algún seguro de salud; del total de la población económicamente activa, solamente el 18% es cotizante del sistema de pensiones; el 68.9% de la población carece de una vivienda aceptable; el 21.3% no dispone de agua potable; El Salvador se ubica entre los cuatro países de menor crecimiento proyectado para el 2011 y el 2012 de un total de 25 países de América Latina y el Caribe; ha ocupado la penúltima posición entre 18 países de América Latina evaluados según el grado de meritocracia en la administración pública, y la posición 108 de 139 países en la clasificación del Foro Económico Mundial que mide la percepción de favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos; tenemos una tasa de al menos 71 homicidios por cada 100 mil habitantes, y el 90% de la población se siente insegura en los lugares públicos (cfr. Informe sobre desarrollo humano, El Salvador 2010).

Y claro está que no dijo su decisión de avalar sin pérdida de tiempo el decreto 743 que modificó la votación en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. En organismos de cinco miembros, tres constituyen mayoría simple y cuatro constituyen mayoría calificada; pero el decreto aprobado por ARENA, Gana, PCN y PDC, y luego avalado por el presidente Funes, requiere de unanimidad para poder tomar decisiones jurídicas, con lo cual de hecho se están neutralizando las resoluciones de los cuatro magistrados que venían observando una conducta ética e independiente en sus acciones como magistrados. En su informe el presidente dijo que “no puede haber auténtica seguridad jurídica mientras no haya una fuerte democracia y plena independencia de los poderes”; pero su decisión de avalar este decreto es totalmente contradictoria con sus palabras, pues es precisamente el sistema democrático el que ha quedado debilitado con este desacierto político.

Exigir que las decisiones de un organismo colegiado sean tomadas por cinco votos, es decir, por unanimidad, ciertamente es algo sin precedentes contrario al Estado de Derecho. El informe del presidente, por tanto, no solo hay que valorarlo desde lo que dijo, sino también desde lo que no dijo, ya sea por falta de honradez con lo real, por  arreglos políticos bajo la mesa, o por la naturaleza propia de este tipo de informes: más propagandístico, retórico y jactancioso; ajeno a la percepción y realidad de las mayorías del país.    

- Carlos Ayala Ramírez es director de radio YSUCA