La deuda externa. Factor de dependencia y sub desarrollo

01/10/2003
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Desde el inicio de 1830, todos los procesos de negociación y de renegociación de la deuda externa, han sido inconvenientes por decir lo menos y lo que es mas grave aún, han estado viciados de irregularidades, irresponsabilidades e inconvenientes. Nunca se prepararon las mejores condiciones, ni se hicieron las mejores propuestas. Estos procesos se repiten especialmente en los últimos gobiernos a través de la llamada sucretización de Oswaldo Hurtado y León Febres Cordero, en la compra de cuentas especiales en divisas en el gobierno de éste último, renegociación de los bonos Brady en el gobierno de Sixto Duran Ballén y de los bonos Global en el gobierno de Gustavo Noboa. Treinta y ocho dólares (US 38) de deuda per cápita en el 65, se transforman vertiginosamente a novecientos dieciocho dólares (US 918) en el 2002 y lo que es peor, se tienen tasas de interés que superan en dos veces los porcentajes históricos. Resulta inadmisible que el Ecuador sea el segundo país más endeudado de América Latina y El Caribe con respecto a sus ingresos y que a pesar de la última renegociación se mantenga en ese mismo lugar y con el agravante de que tiene la tasa más alta de interés fijado a nivel global. La última renegociación convertida en un espejismo ante la aparente reducción del capital, financieramente para el presupuesto general del Estado no ha representado disminución alguna. Dos mil tres cientos millones de dólares para el servicio de la deuda pública (interna y externa) es el valor histórico que acredita anualmente el Estado para cubrir sus obligaciones. Este Gobierno repite igual desatino en la pro forma del presupuesto para el 2004 que a la fecha se analiza en el Congreso Nacional. Antes de la denuncia realizada en el Congreso Nacional por el Diputado León Febres Cordero, respecto de la última renegociación de la deuda externa efectuada por el gobierno del Dr. Gustavo Noboa, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, ha alentando estudios e investigaciones relativos a develar manipulaciones internas y externas, que en forma repetitiva permitieron que los pasivos internacionales sigan incrementándose, con el endurecimiento real de sus condiciones, a pesar de que a la opinión publica se le induce a creer que con cada renegociación se obtienen beneficios para su propio presupuesto. La C.C.C.C. frente a esta problemática cree de su obligación legal y moral, presentar a la conciencia nacional e internacional los siguientes planteamientos, mediatos e inmediatos. Planteamientos inmediatos: 1.- Reestructuración del servicio de la deuda pública en el presupuesto nacional. El gobierno del Ecuador destina un elevadísimo porcentaje de su Presupuesto para el pago del servicio de la deuda, lo que debe ser reestructurado pues mantener más del 40% es insostenible y violatorio de los derechos humanos de la mayoría de ecuatorianos que se debaten en condiciones de extrema pobreza. Por ello demandamos del Congreso Nacional una reestructuración del servicio de la deuda pública en el Presupuesto del año 2004, poniendo un límite a ese pago que permita liberar recursos para el desarrollo social, y la derogatoria de las disposiciones de la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal que privilegian el pago de la deuda. 2.- Mesa Nacional de auditoria y gestión la deuda pública externa. Resulta oportuno para el gobierno nacional y la sociedad civil organizada de nuestro país comprometerse mutuamente en impulsar e implementar iniciativas viables para el tratamiento de tan delicado tema, como podría ser la creación de una mesa nacional de auditoria y gestión de la deuda externa, con participación de la sociedad civil organizada y el gobierno nacional. La C.C.C.C. propone al Sr. Presidente de la República constituir esta MESA NACIONAL DE AUDITORÍA Y GESTIÓN de la deuda pública cuanto antes, pero no solo con funciones de auditoria de los procesos ya realizados, sino también de gestión de futuros términos de renegociación o de negociación de nuevas deudas, en los que actuaría como ente consultivo de máximo nivel. La Mesa Nacional de Auditoria y Gestión tendría como funciones esenciales: Elaborar y proponer el Plan Nacional de Auditorias; Definir estrategias y acceso a la información, comunicación, gestión de recursos, exigibilidad, seguimiento y monitoreo de la deuda; Demostrar la ilegitimidad del endeudamiento público o de buena parte de él y activar los mecanismos de exigibilidad orientándole a la anulación de dichos prestamos y; Evaluar los nuevos endeudamientos y, de ser del caso, poner coto a nuevas deudas que no estén destinadas al auténtico desarrollo humano y sustentable del país y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Planteamientos a largo plazo: 1.- Desarrollar toda iniciativa para gestionar la nulidad o la condonación utilizando los mecanismos de la Auditoría y el arbitraje internacional Todos conocemos que las negociaciones y renegociaciones se han hecho mediante procesos inconvenientes, viciados de irresponsabilidades e irregularidades. Hay muchos tramos de la deuda que son ilegítimos como en el caso de la deuda con Noruega, conforme se pronunció ya la C.C.C.C. mediante boletín No 198 de 24 de octubre de 2002. En vista de que existen varios planteamientos para que se proponga un arbitraje internacional que busca en definitiva la anulación de parte o toda la deuda, consideramos que se debe unificar el pronunciamiento o la tesis a plantearse ante los tribunales internacionales: nulidad, condonación o mediación. 2.- Responsabilidades. La renegociación de la deuda tiene responsables que corresponden a quienes en el ejercicio de sus respectivos cargos, tales como el de Presidente de la República, el de Ministro de Economía y Finanzas, el de titular de los organismos de control, el de miembro de las comisiones renegociadoras, el de representante del Banco Central, el de representante de la Procuraduría General del Estado, por acción u omisión, han actuado prescindiendo de la necesaria planificación y la capacidad de pago del país, agobiándolo de esta manera. Esa responsabilidad debe ser declarada por un alto Tribunal de la sociedad civil, cuya implementación podría hacerlo Jubileo 2000. Jueves 2 de Octubre de 2003
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