El 5 de junio coinciden dos fechas significativas para el Perú: ese domingo se realizará la segunda vuelta electoral que definirá quién será Presidente de la República desde el 28 de julio por los próximos cinco años, y se conmemorará del segundo aniversario de la Masacre de Bagua, el momento más grave de la represión en el gobierno de Alan García. Además, en todo el mundo se celebrará el Día Mundial del Medio Ambiente.

Hay dos candidatos en carrera: Ollanta Humala (Gana Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza 2011). La segunda, hija del ex dictador Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, tras un juicio considerado ejemplar en el mundo, encarna la política que llevó al Perú a una de las etapas más oscuras y dramáticas de su vida republicana. Y contra el retorno de esa etapa se han unido un vasto movimiento de jóvenes, intelectuales, partidos políticos democráticos, movimientos sociales.

La coincidencia de fechas entre la segunda vuelta electoral, la Masacre de Bagua y el Día Mundial del Medio Ambiente nos obliga a preguntarnos: ¿dónde están las raíces de esos dramáticos hechos? La demanda central de los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones fue la derogatoria de un conjunto de decretos legislativos emitidos por el gobierno de García con el pretexto de implementar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, decretos legislativos claramente inconstitucionales, lesivos a los derechos de los pueblos indígenas y propiciadores de graves atentados al medio ambiente.

La lucha de los pueblos indígenas amazónicos en el 2009 congregó la solidaridad nacional. Luego de la Masacre de Bagua, una gigantesca movilización en Lima y replicada en otras ciudades del Perú, remeció el país con la consigna “todos somos indígenas”. Fue una solidaridad que logró amplio eco de los movimientos sociales de todo el mundo y de organismos de derechos humanos tanto independientes como de los sistemas de la OEA y la ONU.

Los decretos legislativos y el propio TLC con Estados Unidos son materializaciones de la política implementada por la dictadura de Fujimori (1990-2000). Una dictadura que rompió el orden constitucional e impuso una Constitución neoliberal que arrasó con los derechos sociales, en especial los derechos laborales, y con los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Una dictadura que hizo de la violación de derechos humanos su política sistemática. Que criminalizó, persiguió, judicializó, apresó, estigmatizó, secuestró, torturó, asesinó, desapareció, para que las empresas multinacionales tuvieran carta libre para invadir territorios indígenas y saquear sus recursos.

Producto de esa política criminal fue la Masacre de Bagua, porque Alan García no la cambió sino la profundizó, traicionando, entre tantas otras, sus promesas electorales de volver a la Constitución de 1979 y de revisar línea por línea el TLC con Estados Unidos.

Esta es una razón más para no votar por Keiko Fujimori. No podemos devolverle el poder a un movimiento cuyo cabecilla hizo del Estado una mafia para robar, que retrocedió décadas de avances en derechos humanos y colectivos, que esterilizó forzadamente a miles de mujeres, causando enfermedades y muertes, que propició bandas asesinas al interior del ejército.

Por la memoria de los mártires de Bagua, recordémoslos el domingo 5 de junio, a dos años de su muerte, antes de votar. Por la memoria de todas las víctimas de la dictadura, por dignidad, por vergüenza, no podemos votar por Keiko Fujimori. Su candidatura no es una opción en la segunda vuelta electoral. No debemos permitir que el fujimorismo retome el poder.

¿Significa esto un cheque en blanco a través de un voto incondicional por Ollanta Humala? De ninguna manera. Incondicional nunca. Gane quien gane el domingo 5 de junio, debemos seguir alertas, fiscalizadores, vigilantes, defendiendo cada centímetro, cada átomo, cada miligramo del ejercicio de nuestros derechos. Y así lo haremos.