En febrero del presente año, miles de bolivianos se alzaron para protestar contra el anuncio, por parte del gobierno, de la imposición de un impuesto a los salarios del 12.5 por ciento. La medida, que fue percibida como un severo daño a la capacidad adquisitiva, generó protestas que fueron reprimidas violentamente, dejando un saldo de 33 muertos y 200 heridos. Las manifestaciones hoy día tienen una razón diferente: la oposición a la exportación de gas natural. El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien posee intereses en algunas compañías bolivianas y chilenas, pretende desarrollar un megaproyecto que contempla la exportación de gas a Estados Unidos a través del puerto Patillos, ubicado a 63 kms. de Iquique, y que nuestro país se adjudicó luego de la guerra de 1879. Sin embargo, ambas protestas responden a un factor común: la lucha por superar la situación de extrema pobreza en la que se encuentran los bolivianos desde hace algunos años y la necesidad de usar los recursos energéticos prioritariamente para su desarrollo interno, acelerando la industrialización del país. El desafío del desarrollo y la industrialización en Bolivia es urgente, si consideramos que en la actualidad 5,6 millones de un total de 8 habitantes son pobres, y que el 20 por ciento más rico dispone de un ingreso 44 veces superior al obtenido por el 20 por ciento con menores recursos. Por ello, los miles de campesinos, cocaleros, obreros, estudiantes, profesores, desempleados y sectores empobrecidos de la clase media que se han volcado a las calles estos días, lo han hecho con la férrea convicción de que éste es el único mecanismo del que pueden echar mano para defender sus intereses. Las demandas ciudadanas en Bolivia, también apuntan a la renuncia del presidente Sánchez de Losada, acusado por estos grupos de ser el mayor precursor del cuestionado proyecto, debido a que poco antes de dejar su anterior mandato, habría firmado un decreto que facultaba a diversas empresas transnacionales para controlar toda la extracción y comercialización de los hidrocarburos bolivianos. Apoyamos firmemente la propuesta del pueblo boliviano de defender su gas natural y la soberanía sobre sus recursos energéticos. Para resolver los problemas de cobertura, dependencia y vulnerabilidad en el abastecimiento de energía, es imprescindible modificar las actuales estrategias gubernamentales que, con un mirada de corto plazo, priorizan las exportaciones de nuestras materias primas en lugar de generar productos con valor agregado que generan mayores ingresos. La lección de los acontecimientos en Bolivia para Chile es la necesidad de enfrentar el desafío que implica nuestra actual vulnerabilidad energética y la urgencia de utilizar los recursos naturales de energías renovables que el país posee, para diversificar las fuentes generadoras, productoras y distribuidoras de energía. La vulnerabilidad y dependencia de Chile de fuentes como el petróleo y el gas natural extranjero significa un problema no resuelto por la política energética nacional. Es hora de que el gobierno el presidente Lagos no continúe insistiendo en más de lo mismo y se abra hacia alternativas como las fuentes renovables de las cuales nuestro país es rico, y avance hacia el uso de energías seguras y limpias para el desarrollo nacional. * Sara Larraín es Directora del Programa Chile Sustentable.