Los hechos que se siguen produciendo son incontrastables y vienen bien comentarlos para exponerlos ante la proximidad del referéndum destinado a impedir la concesión de ANCAP. El 24 de septiembre de 1992 se produjo el desenlace del proceso de privatización de la primera empresa estatal de América Latina, yacimientos petrolíferos fiscales (YPF) de Argentina. La petrolera del estado argentino fue privatizada por decisión del gobierno de Carlos Menem, pero la destrucción ya había tenido su fase originaria con la instauración de la dictadura militar de 1976. A diez años de aquella privatización histórica, los acontecimientos y los resultados arrojados por la década permiten inferir que esa fue una de las peores decisiones para el país vecino. Ahora se asoma como alternativa la estatización de los recursos energéticos y específicamente del sector petrolero y gasífero, un área estratégica para cualquier nación que se precie soberana (*nota1) El gobierno del presidente Néstor Kirchner ya se encontraría en ello, pues la actual situación está determinando, además de pérdidas cuantiosas para los argentinos, una situación perniciosa para el Estado argentino, que es no tener el control de un sector claramente estratégico. A partir de los acontecimientos de los últimos tiempos, cada vez queda más claro que las guerras recientes (Afganistán e Irak), y probablemente las futuras, están estrechamente ligadas al control y el manejo del petróleo. La necesidad de obtener un constante aprovisionamiento del vital fluido y la intención de reducir sus costos internos en los países del llamado primer mundo, son dos de los objetivos que vienen movilizando el accionar de los Imperialismos a nivel mundial. Sin embargo Uruguay, de acuerdo a lo establecido en sus "acuerdos" con el FMI y el Banco Mundial, trata de imponer la "asociación" de ANCAP con una empresa multinacional privada que, obviamente, ante el antecedente argentino (y otros ejemplos catastróficos) queda demostrado que el intento se convierte en otro dislate para el país que se pone en línea con los intereses estratégicos de los EE.UU. En base a estos elementos EE UU -al igual que los países europeos- instrumenta buena parte de su política militarista, pero además impulsa un proceso de privatización energética en América Latina, que tiene estrechos lazos con el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Por su parte el doctor Jorge Batlle continúa con su intento de embarcar a nuestro país a la idea del ALCA sin entender lo fundamental: que en cada una de sus intervenciones descoloca al país --que está en el centro mismo del Mercosur-- frente a vecinos que, además, son los principales compradores de nuestra producción. Pero -reconozcámoslo- nuestro presidente no está solo en esa "campaña", sino que es nada más que la punta de iceberg bajo el cual se suman representantes de intereses que buscan, más allá de la conveniencia o la inconveniencia de un proyecto, el beneficio corporativo y, como reflejo, de grupos de burócratas que lucran en estos procesos de privatización. Si bien nuestro primer mandatario evidencia una insólita obcecación en el mantenimiento de su línea de acción ¿Cómo puede un país, que vive la situación social más grave de su historia, resistir estas afirmaciones de nuestro mandatario que, lamentablemente, hacen que muchos en el mundo se sonrían, causándonos un escozor de vergüenza ajena, el que los uruguayos seguimos acumulando? Sin embargo Batlle no está solo en este asunto. La ofensiva forista a favor de la ley que entrega la operativa de Ancap a capitales foráneos, aclara cual es el sector que se puso a la cabeza de la campaña encaminada a mellar las fuerzas favorables a la derogación de la misma que, de obtener ese triunfo estratégico con un alto porcentaje de votos, se encaminarían sin mayores obstáculos a un triunfo en octubre de 2004. El conglomerado forista hace buena letras con los organismos multinacionales de crédito, indicándoles cual es el camino que seguiría un tercer gobierno de Sanguinetti para pagar la voluminosa deuda externa, contraída por Batlle y aceptada por la coalición de gobierno, para "aceitar" gigantesca fuga de capitales que se produjo en el marco de la crisis del sistema financiero. Cuando Julio María Sanguinetti plantea al "consenso" que el Foro representaría, con el supuesto radicalismo de quienes se han definido como opuestos a esa concesión, está realizando una falsa oposición tendiente a enturbiar el entendimiento de las personas. ¿Qué es consenso para Sanguinetti? ¿Es acaso que la posición que sustenta a favor de la ley sea un tema todavía no dilucidado por sectores de la interna frentista? ¿Es que Sanguinetti estima que podrá englobar en su posición, favorable a la ley, a esos sectores? ¿O, en todo caso, la alianza con los sectores lacallistas del Partido Nacional, que son los únicos solidamente encolumnados tras lo impulsado por el FMI y el Banco Mundial. Por lo menos la posición de Sanguinetti es aventurada. Parece no comprender la realidad de la izquierda y, menos aun, lo que ocurre en un ámbito democrático donde las diferencias --más allá de las estrategias de cada sector-- no necesariamente deben determinar alianzas electorales espurias - aunque sean nada más que coincidencias informales - como las que sugiere el ex presidente de la República. Además, ¿consenso sobre qué? Tal vez los foristas entienden que hay que apoyar a este gobierno en una asociación, que por lo establecido en la ley, es un "regalo" de elevados quilates para el "socio" foráneo, a quien no se le fijan obligatorias inversiones, ni se establece el pago de un canon y, ni siquiera, se concreta el reclamo de que el "socio" devuelva los bienes de la empresa, que podrá utilizar durante treinta años, en el mismo estado en que le serían entregados. Además es sorprendente que justamente Sanguinetti, quien acompañó a la izquierda en el plebiscito que impidió que el gobierno de Lacalle vendiera ANTEL, ahora -- sin explicación alguna-- se suba con trastos y petates a la defensa de una ley que suma a sus carencias de todo orden el ser implementada por un gobierno que no ofrece ninguna garantía de que las cosas se desarrollen sobre criterios adecuados y un mínimo de garantías para que esa seudo privatización no se convierta en otro desastre para este golpeado país. Los precedentes son innumerables. ¿Qué podríamos decir del Aeropuerto de Carrasco, rematado a favor de una empresa que ha demostrado un manifiesto incumplimiento en la Argentina y está a punto de perder la concesión sobre treinta aeropuertos? Esperemos que la defensa esbozada por el sub secretario de Defensa Nacional, el doctor Elías Bluth, que sostiene que los antecedentes negativos de la empresa a que se la concedió el Aeropuerto. Es de esperar que la insólita opinión de Bluth esté basada en el conocimiento de los hechos y los personajes y que no sea nada más que una expresión de deseos. Porque hay otros antecedentes para tener en cuenta ¿El caso de URAGUA en Maldonado? ¿La privatización de las carreteras, con la implantación de decenas de puestos de peajes, que finalmente se convirtió en uno de los más estrepitosos fracasos de esta administración? Por supuesto, el Foro Batllista siempre apoyó cada una de las propuestas del gobierno de Batlle, pero con un diferente discurso en lo público y lo privado. Tenemos infinita cantidad de ejemplos para demostrarlo. Sanguinetti ahora entendió que en el referéndum del 7 de diciembre se juegan para él y su sector cosas muy importantes, fundamentalmente las parcelas en el poder estatal que todavía le da cuotas de influencia en un país que camina rápidamente hacia el cambio. Claro, la única alternativa que avizora, sobre la que se prende con uñas y dientes, es la de intentar mellar a las fuerzas de la izquierda tratando de meter una cuña, hablando de "consensos" o anunciando cataclismos si las cosas cambian. Incluso comenzó a hablar de una "necesaria reforma del Estado". Justamente Sanguinetti, presidente de la República durante dos períodos que tuvieron la característica de mantener congelado y con todos sus vicios a un Estado que era y sigue siendo ineficiente. (1) Marcelo García. Periodista de la ciudad de Comodoro Rivadavia en la Patagonia Argentina, investigador del Centro Regional de Estudios Económicos de la Patagonia Central (CREEPaCe). Esta nota fue publicada en la edición de julio de 2003 de la revista América XXI Argentina. * Carlos Santiago es Secretario de Redacción de Bitácora. Uruguay.