Tal como le gusta que lo llamen, Goni ha sorteado dificultosamente un año de mandato presidencial, sin un plan de gobierno, con alianzas que complican su administración, permanentemente enfrentado a las organizaciones sociales y con un saldo de más de 70 muertos, en las recurrentes acciones represivas con las que intenta demostrar el principio de autoridad. Las agitadas jornadas iniciadas a mediados de este septiembre, repiten ese cuadro que, por cierto, muestra al exterior una imagen gravemente deteriorada de su gestión. Ya el sábado 20 pasado, siete muertos en las poblaciones de Sorata y Warisata, se sumaron a la larga lista de víctimas que, como las anteriores, quedarán en la impunidad si la situación sigue dependiendo de la voluntad del gobernante. La suma de las rabias Al iniciarse el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, en agosto de 2002, para la mayoría de la población, el modelo neoliberal implantado en 1985, había tocado fondo, estaba agotado. En estos 18 años, los niveles de pobreza alcanzaron al 70% de la población, con toda la secuela en los índices de salud, educación, vivienda, etc. Por si esto fuera poco, con todos los recursos naturales enajenados, con la pequeña capacidad productiva y de servicios orientados al beneficio de las transnacionales, dependiendo de la voluntad de Washington para sobrevivir un año más, no hay ninguna perspectiva posible para el conjunto de la sociedad, incluyendo a la mayor parte del empresariado. La población demandaba un cambio radical en las políticas de gobierno. Pero el presidente y su entorno partidario, se empecinaron en ampliar las directrices del modelo, resguardando los intereses foráneos, aunque esto suponía mayores exacciones al ciudadano común y corriente. Acosado por la demanda de uno y otro sector, Goni intentó conjurar las presiones con el cómodo pero inefectivo expediente de firmar acuerdos que no cumpliría. Esta práctica fue muy usada en los gobiernos anteriores, pero los sectores que antes se resignaban al engaño, adquirieron conciencia de su capacidad para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno. El gas es nuestro Las demandas de los sectores sociales, desde hace meses, han traspuesto los límites de la expectativa sectorial o regional, para asumir el carácter de reclamaciones nacionales de tipo estructural. Los temas de los recursos naturales, la tierra, el territorio, las empresas capitalizadas, los peligros por la incorporación al ALCA, la reestructuración del Estado, comenzaron a cruzar todas las movilizaciones. El gas se constituyó en la primera reclamación, a partir de la toma de conciencia sobre un recurso cuya adecuada explotación sentaría las bases de solución a la crisis económica. Pero, desde las posiciones neoliberales, esa riqueza debe estar en manos de las transnacionales, debiendo contentarnos con las migajas del negocio. Cuando la explotación y comercialización del gas se entregó a empresas extranjeras, Bolivia contaba con un volumen de 5 trillones de pies cúbicos de existencias probadas de este recurso. Sin embargo, los estudios geológicos adelantados por la empresa estatal, proyectaban una riqueza 20 veces superior. Los empresarios recién llegados se limitaron a confirmar esos estudios, perforando los pozos sin ningún riesgo. La venta de gas al Brasil, que supone un negocio superior a 1.200 millones de dólares, sólo deja al país alrededor de 90 millones de dólares. Un negocio de mayores proporciones que tendría por meta vender gas a California, paradójicamente sólo daría un beneficio similar al país. Es decir, lo suficiente para seguir muriéndose de hambre. Las organizaciones sociales han centrado sus demandas en cambiar reglas de juego tan nocivas al país. La desesperación del gobierno Una movilización que alcanza a los sectores mayoritarios de la población y que está creciendo, pone en situación desesperada al gobierno. Apresuradamente reúne a sus aliados, comprometiéndolos a avalar la política represiva, monta un aparatoso espectáculo para la firma de un convenio de crédito de Washington y busca, en militares y policías, apoyo para sostener la represión, aún a costa de asumir condiciones que, en el corto plazo, pueden serle muy costosas. La noche del martes 23, cuando terminaba esta nota, fuerzas militares de élite se concentraban alrededor de Achacachi, importante ciudad de población indígena, que protagoniza activas movilizaciones y bloqueos en los alrededores del lago Titicaca. El propósito es dar una lección, en el vano intento de desanimar a otros sectores. Pero la acción represiva del sábado, que tuvo el mismo objetivo, sólo impulsó hacia delante la movilización en el eje troncal del país. Sánchez de Lozada tendrá que cambiar su estrategia si quiere seguir gobernando.