"No tenemos más remedio que irnos a Nariño a seguir sembrando coca o amapola para poder sobrevivir", confiesa Gerardo, mientras acomoda sus bártulos para trasladarse con su esposa, Aurora, y sus dos hijos, a otra región que les permita obtener el sustento diario. Gerardo y su familia trabajaron como raspachines de cultivos sicotrópicos durante los últimos cinco años en el departamento del Putumayo, pero para su infortunio, el Plan Colombia con sus fumigaciones ha desplazado a los campesinos que se dedicaban a esta labor hacia vastas regiones rurales y selváticas del departamento de Nariño, donde aún es posible sembrar coca y amapola. Lo anterior no quiere decir que en el Putumayo y su zona de influencia que comprende prácticamente toda la frontera sur oriente con el Ecuador, los efectos del Plan Colombia hayan logrado erradicar por completo los cultivos ilícitos como quiere hacer creer el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, en 21 de los 67 municipios fronterizos todavía quedan 23.600 hectáreas de coca cultivadas y los grupos guerrilleros y de paramilitares continúan ejerciendo un notable control en el Bajo Putumayo, habida cuenta que ésta es, además, un área geográfica estratégica para narcotraficar. Las familias campesinas como la de Gerardo dicen "no comer cuento" a los ofrecimientos del gobierno de Uribe en el sentido de poner en marcha un supuesto programa de gurdabosques como alternativa a la sustitución de los cultivos tanto de amapola como de hoja de coca. "Todas las ayudas que nos ha ofrecido el gobierno y los pactos sociales que hemos firmado han sido un completo fracaso. ¿Usted cree que ahora nos van a convencer de las bondades de este plan para familias guardabosques? Ese es puro embuste de los señores que vienen de Bogotá. Nosotros no volvemos a comer cuento y no se olvide que al perro no lo capan dos veces", dice un incrédulo Gerardo que rechaza de plano las ofertas oficiales que, por lo que dicen incluso los dirigentes políticos del Putumayo, no son más que un nuevo embuste del gobierno colombiano. Otra mentira más Para el diputado del Putumayo, Edir Jair Sánchez, los proyectos que se han tratado de poner en marcha desde el gobierno de Ernesto Samper (1994-98) han resultado un total fracaso "porque no son sustentables. A los pocos meses de iniciados se acaban y el campesino queda en el aire. El Plante fue un fracaso; los pactos sociales suscritos en el gobierno de Pastrana quedaron abandonados por el propio Estado. ¿Dónde están los resultados de esas inversiones?". Dada esa experiencia, Gerardo y su familia descartan la posibilidad de sembrar plátano, yuca o dedicarse a otras actividades pecuarias porque no les es rentable. En cambio, en su actividad de raspachines tiene la posibilidad de ganarse un millón de pesos mensuales en promedio. Frente a esta realidad, el gobierno de Uribe a través del Plan Colombia que dirige una tecnócrata de escritorio llamada Sandra Suárez, viene pregonado sobre las bondades de un demagógico programa de familias guardabosques, que al decir tanto del diputado Sánchez como del representante a la Cámara, José Maya, no pasará de ser una falacia más dentro de la supuesta política de sustitución de cultivos. ¿Y en qué consiste dicho programa, que según el presidente Uribe va a cambiar la situación social del Putumayo? Según lo que ha esbozado la directora del Plan Colombia, el Programa de Familias Guardaboques va a cobijar durante el cuatrienio de Uribe Vélez, a 50 mil familias campesinas en todo el territorio colombiano. Cada familia que ingrese a tan "magnífico" proyecto recibirá la suma de cinco millones de pesos por año con el objeto de que se dedique a actividades agropecuarias y, de paso, a sembrar árboles. Pero, el diputado Sánchez y el representante Maya señalaron que en solo el departamento del Putumayo hay 37 mil familias que viven de los cultivos ilícitos y según doña Sandra Suárez, para esta sección del país únicamente están presupuestados tres mil cupos para familias que deseen incorporarse a dicho programa. Y entonces, se preguntan los dirigentes políticos, ¿qué va a pasar con las 34 mil familias restantes que quedarán por fuera del plan? Ante los mínimos recursos que ofrece el Estado, la dirigencia del Putumayo encabezada por su gobernador Iván Guerrero se ha visto obligada a desplazarse hasta Bogotá con el propósito de solicitarle a la directora del Plan Colombia que, por lo menos, incremente ese cupo a 1.200 familias más, pero la señora Suárez les ha manifestado que no hay más presupuesto. El gobernador Guerrero se lamentó señalando que la verdad "es que no hay política de Estado en desarrollo alternativo, ni continuidad en programas de un gobierno a otro". Y es que como dicen los dirigentes de este departamento, tal programa no pasa de ser "otra mentira más". Recibir la plata, pero seguir con la coca Como la gente sabe de antemano de que este es otro engaño del gobierno colombiano, un colono paisa consciente de las necesidades sociales del Putumayo dijo estar dispuesto a tratar de obtener un cupo para ser "guardabosque" y recibir los cinco millones de pesos anuales que ofrece el gobierno, pero subrepticiamente, continuar con el cultivo de la hoja de coca. La explicación que da este colono es muy sencilla: "el gobierno considera que nos da cinco millones de pesos anuales y nos soluciona el problema, cuando un simple raspachín obtiene mensualmente un millón de pesos. No hay ninguna compensación con esta política". Si bien es cierto que con las fumigaciones que se han incrementado en el último año la superficie de hectáreas sembradas de coca o amapola ha disminuido, es imposible acabar con estos cultivos, como lo quiere hacer creer el gobierno. La economía del Putumayo y de las poblaciones ecuatorianas fronterizas está permeada no solo por el narcotráfico sino también por el mercado negro de armas, municiones, explosivos y pertrechos para la guerrilla y los grupos paramilitares que ejercen poderío en esa zona. Esta región colombo-ecuatoriana vive, fundamentalmente, de una economía informal y pese a los rigores que ha tenido sobre la población el Plan Colombia, la situación social en vez de mejorar ha empeorado. Síndrome del miedo La realidad del Putumayo y de las poblaciones ecuatorianas aledañas sigue siendo de alto riesgo, según lo manifiestan sus pobladores. En La Dorada que es la cabecera municipal de San Miguel operan los paramilitares y en su sector rural las FARC. Aunque el ministro del Interior de Colombia, Fernando Londoño Hoyos recientemente indicó, no se sabe si en forma ingenua o por su prurito de decirle mentiras a los colombianos que "la patria otra vez es nuestra", para significar que el Estado a través de sus Fuerzas Militares habían recobrado ya el dominio y el mando sobre todo el territorio, lo cierto es que en regiones como el Putumayo, el control de la zona cada día es más grande por parte de los actores del conflicto. Hasta el punto que parece que hay un pacto tácito entre guerrilla y paramilitares en el sentido de respetarse su respectiva zona de influencia y de esa manera consolidar su poder entre la población. Esto ha conllevado a que en esta región se haya generado una cultura del silencio y del síndrome del miedo pues lo que predomina ahí es la ley del más fuerte en una comunidad que diariamente debe convivir con narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Gracias a estos actores del conflicto colombiano, la economía del Bajo Putumayo se alimenta del contrabando de armas y de municiones que provienen de Ecuador, así como de este país se suministra pipetas de gas a poblaciones como Orito, La Dorada-San Miguel, Puerto Asís y cabeceras municipales del Valle del Guamuez. Objetivo gringo Pero más allá de la realidad socio-económica de esta importante región, en el fondo lo que está en juego es el interés del gobierno de Estados Unidos por controlar esta zona que, para Washington, es de suma importancia por su ubicación geoestratégica. No hay que olvidar que el Putumayo y el oriente ecuatoriano son la puerta de entrada a la Amazonía que constituye una de las principales fuentes de agua dulce, oxigeno, petróleo y un gran banco de biodiversidad en el mundo. Y, al mismo tiempo, es la salida que tiene Sudamérica hacia el Atlántico. Por eso en concepto del estratega militar René Vargas Pazzos, ex comandante del Ejército ecuatoriano, no es gratuito que el Plan Colombia tenga su epicentro en el Putumayo y su zona de influencia. "Estados Unidos ha puesto en práctica esa política de militarización para controlar los escenarios de conflicto y de esta manera, en el corto y mediano plazo lograr el dominio de la Amazonía, porque lo que verdaderamente está en juego en esta región es la biodiversidad y el agua dulce va a ser un elemento crítico en las próximas décadas y en Latinoamérica existe más del 40 por ciento del agua pura, no contaminada". Regionalizar el conflicto Esa es la razón por la que los Estados Unidos quiera regionalizar el conflicto colombiano y en ese sentido el presidente Uribe Vélez sigue a pie juntillas las instrucciones de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Si se analizan los términos de los discursos que pronunció Uribe Vélez durante su visita oficial a Quito el pasado 22 de agosto, se podrá observar que lo que busca es comprometer al gobierno del coronel Lucio Gutiérrez con el Plan Colombia y de esta manera, involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano, obedeciendo de esta manera las instrucciones que viene dando Washington al gobierno de Bogotá. La visita de Uribe coincidió con las presiones que ejerce el gobierno de Estados Unidos para que Ecuador tenga un rol más activo en la lucha contra la guerrilla colombiana que mantiene algunas bases de apoyo en la región amazónica ecuatoriana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, dijo que "los grupos irregulares colombianos son una amenaza para toda la región y como tal deben ser enfrentados por todos los países del área", durante una visita cumplida el pasado 19 de agosto a Bogotá en la que reiteró su apoyo a la política de "seguridad democrática" de Uribe Vélez. Las reacciones en Ecuador a semejante pretensión no se hicieron esperar. Primero fue la influyente Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) que declaró persona no grata a Uribe Vélez, y luego, todos los movimientos sociales y de defensa de los derechos humanos que repudiaron mediante un comunicado su presencia en la capital ecuatoriana. El Sharon de Sudamérica El manifiesto que suscribieron las organizaciones sociales ecuatorianas difundido internacionalmente es muy diciente al asumir una posición enérgica frente a la política de la administración Uribe Vélez de buscar a todo trance involucrar al Ecuador en un conflicto que no es el suyo. Algunos apartes de dicho manifiesto señalan lo siguiente: Álvaro Uribe Vélez no es bienvenido de ninguna manera al Ecuador, porque se ha negado sistemáticamente a reconocer los irreversibles daños ambientales, sociales y humanos provocados por las fumigaciones en el territorio ecuatoriano; porque se ha negado a admitir las consecuencias inhumanas que ha provocado su política de "mano dura" en materia de refugio, desplazamiento y violaciones a los derechos humanos, porque fiel a la tradición de la elite santanderista, ha sido el único gobierno de Sudamérica que apoyó la invasión militar a Irak, que pidió a los EE.UU. que luego de esa ocupación siguiera sobre Colombia, que ha intentado -sin mucho éxito- que Europa apoye la opción militarista, que ha pedido "cascos azules" y fuerzas multinacionales para su país, y que hoy intenta inmiscuir al Ecuador en sus ciegos planes de guerra a través del llamado "Plan Colombia 2", así como a todos los países de América Latina a través de la resurrección del muerto y enterrado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que permita cumplir un íntimo sueño a la elite colombiana: la intervención de auxilio militar continental en los suelos y cielos de Colombia. Si el Plan Colombia siempre fue rechazado por nuestro país, como lo ha sido la base militar de EE.UU. en Manta, si repudiamos la Iniciativa Regional Andina, ahora rechazamos la llamada "Estrategia Antiterrorista" de los presidentes Uribe y Bush para el continente. Si Álvaro Uribe Vélez intenta involucrar al Ecuador y los demás países del área en su guerra total, todo obedece a que su política de "mano dura" a un año de iniciada, tiene resultados magros y porque estratégicamente sus planes belicistas están condenados a la derrota. Uribe, que negocia la impunidad total de los crímenes de lesa humanidad al transar "la paz" con las AUC y los paramilitares que ayudó a conformar en el Urabá, ahora intenta que el inevitable fracaso de su soberbia política contrainsurgente, sea compartido con los gobiernos andinos a través de inmiscuirlos en su sangrienta estrategia, como Bush desea compartir los fracasos de su ocupación y las diarias bajas de sus soldados en Irak, con la participación de la ONU y Europa. Uribe es a Sudamérica lo que Ariel Sharon es al Medio Oriente. La belicista elite colombiana es a la región andina lo que Israel es a sus países vecinos: provoca conflictos prácticamente en todas sus fronteras; azuza operaciones diplomáticas y de guerra psicológica contra la Venezuela de Hugo Chávez sólo porque éste con dignidad le dice "no" a sus iniciativas de intervención militar vía ONU. El Ariel Sharon de los Andes requiere en el Ecuador de un socio menor, pero socio al fin y al cabo. Y ese socio que busca con afán es el Sr. Lucio Gutiérrez y la retardataria elite política con la cual pactara su continuidad y permanencia en el cargo, una vez que el proceso de derechización del régimen es un hecho inocultable. Todos los analistas patriotas y meritorios oficiales retirados que han sido entrevistados en el país, coinciden en afirmar que participar militarmente en la guerra colombiana haría que el conflicto histórico mantenido con el Perú sea "un juego de niños" comparado con el involucramiento nacional en la guerra interna de Colombia, participación militar que -lo advertimos- no requiere ser directa, ni con tropas que lleguen hasta el Putumayo o Bogotá, sino que puede ser al estilo Camboya u Honduras, es decir sirviendo de "yunque" al "martillo" que los señores Rumsfeld y Uribe preparan para la región andino-amazónica. Si el Sr. Gutiérrez está dispuesto a servir de "mejor aliado" en la zona andina para estos planes, se equivoca: nos opondremos a él y a Uribe Vélez de manera frontal. Porque amamos al pueblo colombiano y a su gente de paz, repudiamos a Uribe Vélez y su estrategia de guerra regional. Exigimos al Gobierno de Colombia que no arrastre al Ecuador, a su propio pueblo y a la región andina, al abismo de una aventura bélica y ambiental de consecuencias funestas para todos nuestros pueblos. Los efectos del Plan Colombia Además de la emergencia humanitaria que ha generado el Plan Colombia mediante sus tóxicas fumigaciones que han causado múltiples estragos tanto a la salud de los habitantes de la región como a los cultivos lícitos de centenares de familias campesinas, también ha perjudicado a comunidades indígenas como las de Awa, Siona, Cofán, Kamzá y Quechua. En el caso concreto de los indígenas de la comunidad Cofán, éstos se han visto obligados a irse selva adentro para no verse afectados por las fumigaciones y los rigores de la civilización. Primero, los gobiernos tanto de Colombia como Ecuador construyeron en su reserva ecológica el puente binacional sobre el río San Miguel, desconociendo sus derechos, lo que originó una serie de demandas que terminaron por crear cuatros resguardos indígenas, los cuales esperan aún que los gobiernos de ambos países cumplan sus compromisos de resarcirles los perjuicios. Luego, los cofanes han debido afrontar una lucha por la defensa de su ecosistema por la explotación y exploración de las petroleras gringas en su territorio. Después de las petroleras vinieron los colonos devastando la selva y ahora son víctimas del Plan Colombia. Y para completar el panorama, varios ciudadanos norteamericanos ya hacen presencia en esta región selvática so pretexto de explotar el paisaje y el ecoturismo en esta paradisiaco sitio de la amazonía. La suerte de estas comunidades indígenas como la Cofán poco o nada interesa a los gobiernos de Uribe Vélez y de Lucio Gutiérrez. Lo importante y lo prioritario en este momento para ellos es poner en ejecución la Iniciativa Regional Andina, versión ampliada del Plan Colombia, para lo cual Estados Unidos donó 18 helicópteros, 149 vehículos militares y el gobierno ecuatoriano se comprometió con Washington y con Bogotá a ubicar diez mil efectivos de su ejército para "blindar" la frontera, y de esta manera, comenzar a involucrarse activamente en el conflicto colombiano, como es el deseo del Pentágono y del presidente Uribe Vélez.