Puja distributiva y los precios como arma
Hablemos en serio
12/02/2011
- Opinión
La corporación mediática y sus laderos en las instituciones políticas retomaron la ofensiva a través del miedo sobre los bolsillos de los argentinos.
En la última semana volvió a escucharse el coro del monopolio mediático y otras voces coincidentes. El tema en boga: una supuesta y abismal alza en los precios de los productos, sobretodo, alimenticios. La presidenta Cristina Fernández recordó, horas atrás, que este tema también ocupó la agenda de los constructores de sentidos en 2007. Fue unos meses antes de las elecciones que la llevaron a la primera línea de mando en el país.
En aquella ocasión se sucedió lo que se recuerda como “la guerra del tomate”. El clima se enardeció porque el precio de este fruto ascendió, de manera generalizada, a los 18 pesos argentinos (poco más de 4 dólares).
Uno de los principales actores de la derecha comunicacional, el diario La Nación, publicaba por aquellas semanas que la suba de precios “fue motivada por las inclemencias climáticas del pasado invierno, el más crudo en muchos años, y no por la eventual especulación empresarial”, tal como desde la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner se alertaba. Según la misma fuente, “el precio máximo por kilo que había calculado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ese producto tendría que haber sido de 3,99 pesos (casi 1 dólar)”.
Mientras se desarrolla la actual arremetida, un vecino de la ciudad de Buenos Aires consultó a otro de la zona Cuyo, en el oeste del país, cuánto pagaba por algunas frutas. El precio escandalosamente más bajo que informó el cuyano no hizo más que afirmar la presunción del oficialismo. La Jefa de Estado instó por esas horas a “hablar en serio”, y puso el telón de fondo más certero en esta discusión: cargó contra los empresarios que por su posición dominante en el mercado se convierten en los denominados “formadores de precios” y explicó que a través de ellos “hay dispersión, muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento”. Como ejemplo de esa situación, repasó que existen diferencias no solo entre zonas del país, sino también al interior de una misma cadena de supermercados según el lugar en el cual esté asentada una sucursal.
Cristina Fernández recordó, entonces, que un Estado presente y activo –a diferencia del Estado garante del libre albedrío al mercado- tiene la responsabilidad de regular el precio, por ejemplo, de los bienes inelásticos. Así, la mandataria afirmó que el gobierno nacional tomó “medidas en materia de combustibles contra alguna empresa que, más que empresa, parece un partido político opositor”.
En la misma ocasión, Fernández tituló el debate real: se trata de la puja distributiva. Los medios de comunicación adosados al “partido opositor” esgrimen diversas –y hasta increíbles- quejas: los precios suben de manera alarmante, los combustibles se hacen cada vez más inaccesibles, la inflación corre carreras con los aviones, hay aumentos en los servicios públicos, y así sucesivamente.
Al mismo tiempo, y sin sonrojarse, critican la injerencia del Estado sobre la economía y el mercado porque sería un desagradable intervencionismo. Y dicen: la secretaría de comercio interior tiene actitudes y políticas autoritarias; los ajustes salariales generan mayor inflación y los sueldos no alcanzan para mantener la capacidad de consumo; el gobierno dedica demasiado dinero a subsidiar a las empresas prestatarias de los servicios públicos –lo cual, a decir verdad, permite bajar las tarifas en los hogares-; etcétera.
Ante semejante lógica difundida por los medios y advertida casi con lágrimas en los ojos por dirigentes de la oposición, la presidenta interpeló a los actores económicos centrales:“Si realmente no hay tanta rentabilidad en las empresas entonces no tienen que molestarse tanto cuando se quiere discutir la participación de los trabajadores en la rentabilidad de las empresas”.
De esa manera, y a contramano de las distancias que acusan los redactores del país virtual entre la gestión kirchnerista y la dirigencia obrera -con la CGT de Hugo Moyano a la cabeza-, la mandataria repuso en el centro de la escena el proyecto de ley presentado al Congreso por diputado nacional Héctor Recalde y que establece dar cumplimento al artículo 14 bis de la Constitución Argentina. El párrafo referido es el siguiente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección (…)”
Cristina Fernández, fiel al coraje cívico demostrado desde el enfrentamiento con las patronales agrarias en 2008, a solo 3 meses de su asunción, interpeló al sector patronal y expresó que “si realmente la puja distributiva vía demanda salarial es una cuestión que se agrava, discutamos entonces sobre la rentabilidad de las ganancias, y si no se quiere discutir sobre rentabilidad de ganancias, discutamos entonces cómo se forman los precios” . Advirtió, con los conceptos vertidos en esa oportunidad, que los comportamientos de los empresarios que no consideren esta formulación “atentan” directamente contra el modelo.
Mientras el gobierno argentino libra esta batalla de sentidos respecto del rumbo económico y redistributivo, impulsó medidas concretas. Una empresa de expendio de combustibles fue conminada por la secretaría de comercio interior a retrotraer un alza de precios no acordado. El ministerio de planificación federal multó a las compañías de distribución eléctrica que cortaron temporalmente su servicio en diversas zonas. El titular de esa cartera, Julio De Vido, explicó que la medida se fundó en que las empresas violaron los términos de sus contratos de concesión al no tener capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de energía.
La presidenta Cristina Fernández presentó un acuerdo de precios para el comienzo del ciclo escolar 2011. Así, la canasta de útiles básicos podrá obtenerse en todo el país a 80 pesos locales, lo cual se traduce en unos 20 dólares. Mientras organizaciones de defensa al consumidor registraron entre el 20 y 50 por ciento de aumento en los productos escolares respecto del año anterior, la canasta anunciada para 2011 tiene un costo mayor de solo el 7 por ciento respecto de la acordada en 2010.
La Jefa de Estado firmó, también, acuerdos mediante los cuales se extiende la experiencia de los “Mercados Centrales”, en esta ocasión, para que se asienten en localidades de la provincia de Buenos Aires y en Chaco. La intención es que, en el corto y mediano plazo, se replique en más ciudades del país. La comercialización de alimentos a través de estos centros concentradores en un modo de enfrentar, y por tanto de poner coto, a las grandes cadenas que marcan el ritmo de la suba injustificada de precios.
Durante el anuncio de esa política, la presidenta planteó que de lo que se trata es del debate por la profundización del modelo iniciado en 2003 y de la puja distributiva consecuente con el crecimiento no especulativo del país. “Orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser organizado por el Estado, pero también por la propia sociedad y por el consumidor, con exigencias claras y concretas”, dijo Fernández.
A estas medidas deben sumarse los programas que están en vigencia hace tiempo como“Carne para todos” y “Frutas para todos”, de los cuales las provincias participan como receptoras y también como productoras-proveedoras. Desde febrero de este año“Milanesas para todos” se incorpora al esquema.
Según un relevamiento hecho por periodistas del diario Tiempo Argentino, los precios de frutas y verduras que publicó el diario Clarín el 8 de febrero no se condicen con lo constatado en puntos de ventas de zonas de diversas características socio-económicas. Entre humorada y exhaustividad periodística, una de las verdulerías consultadas está asentada a escasos metros de la vivienda del CEO del matutino, Héctor Magnetto, cómplice de delitos económicos y de lesa humanidad por los que es investigada la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Productos publicados por Clarín “costaban un 30 por ciento menos” en esa “especie de verdulería boutique donde prima la venta de productos importados” de lo que se indicó, afirma la investigación de Tiempo Argentino. En zonas pobladas por sectores de menores recursos, la brecha entre publicación y realidad “es del 60 por ciento”, agrega.
Entonces, como dice –o entona- el cantautor popular argentino Ignacio Copani,“hablemos en serio, que ya murió el tiempo de los miserables chantajes al pueblo”, casi le susurra a Magnetto; y “poniendo el coraje de Eva y honrando la lucha de Ernesto”, le reconoce a Cristina.
En aquella ocasión se sucedió lo que se recuerda como “la guerra del tomate”. El clima se enardeció porque el precio de este fruto ascendió, de manera generalizada, a los 18 pesos argentinos (poco más de 4 dólares).
Uno de los principales actores de la derecha comunicacional, el diario La Nación, publicaba por aquellas semanas que la suba de precios “fue motivada por las inclemencias climáticas del pasado invierno, el más crudo en muchos años, y no por la eventual especulación empresarial”, tal como desde la gestión del entonces presidente Néstor Kirchner se alertaba. Según la misma fuente, “el precio máximo por kilo que había calculado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ese producto tendría que haber sido de 3,99 pesos (casi 1 dólar)”.
Mientras se desarrolla la actual arremetida, un vecino de la ciudad de Buenos Aires consultó a otro de la zona Cuyo, en el oeste del país, cuánto pagaba por algunas frutas. El precio escandalosamente más bajo que informó el cuyano no hizo más que afirmar la presunción del oficialismo. La Jefa de Estado instó por esas horas a “hablar en serio”, y puso el telón de fondo más certero en esta discusión: cargó contra los empresarios que por su posición dominante en el mercado se convierten en los denominados “formadores de precios” y explicó que a través de ellos “hay dispersión, muchísima distorsión y muchísimo aprovechamiento”. Como ejemplo de esa situación, repasó que existen diferencias no solo entre zonas del país, sino también al interior de una misma cadena de supermercados según el lugar en el cual esté asentada una sucursal.
Cristina Fernández recordó, entonces, que un Estado presente y activo –a diferencia del Estado garante del libre albedrío al mercado- tiene la responsabilidad de regular el precio, por ejemplo, de los bienes inelásticos. Así, la mandataria afirmó que el gobierno nacional tomó “medidas en materia de combustibles contra alguna empresa que, más que empresa, parece un partido político opositor”.
En la misma ocasión, Fernández tituló el debate real: se trata de la puja distributiva. Los medios de comunicación adosados al “partido opositor” esgrimen diversas –y hasta increíbles- quejas: los precios suben de manera alarmante, los combustibles se hacen cada vez más inaccesibles, la inflación corre carreras con los aviones, hay aumentos en los servicios públicos, y así sucesivamente.
Al mismo tiempo, y sin sonrojarse, critican la injerencia del Estado sobre la economía y el mercado porque sería un desagradable intervencionismo. Y dicen: la secretaría de comercio interior tiene actitudes y políticas autoritarias; los ajustes salariales generan mayor inflación y los sueldos no alcanzan para mantener la capacidad de consumo; el gobierno dedica demasiado dinero a subsidiar a las empresas prestatarias de los servicios públicos –lo cual, a decir verdad, permite bajar las tarifas en los hogares-; etcétera.
Ante semejante lógica difundida por los medios y advertida casi con lágrimas en los ojos por dirigentes de la oposición, la presidenta interpeló a los actores económicos centrales:“Si realmente no hay tanta rentabilidad en las empresas entonces no tienen que molestarse tanto cuando se quiere discutir la participación de los trabajadores en la rentabilidad de las empresas”.
De esa manera, y a contramano de las distancias que acusan los redactores del país virtual entre la gestión kirchnerista y la dirigencia obrera -con la CGT de Hugo Moyano a la cabeza-, la mandataria repuso en el centro de la escena el proyecto de ley presentado al Congreso por diputado nacional Héctor Recalde y que establece dar cumplimento al artículo 14 bis de la Constitución Argentina. El párrafo referido es el siguiente: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: (…) participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección (…)”
Cristina Fernández, fiel al coraje cívico demostrado desde el enfrentamiento con las patronales agrarias en 2008, a solo 3 meses de su asunción, interpeló al sector patronal y expresó que “si realmente la puja distributiva vía demanda salarial es una cuestión que se agrava, discutamos entonces sobre la rentabilidad de las ganancias, y si no se quiere discutir sobre rentabilidad de ganancias, discutamos entonces cómo se forman los precios” . Advirtió, con los conceptos vertidos en esa oportunidad, que los comportamientos de los empresarios que no consideren esta formulación “atentan” directamente contra el modelo.
Mientras el gobierno argentino libra esta batalla de sentidos respecto del rumbo económico y redistributivo, impulsó medidas concretas. Una empresa de expendio de combustibles fue conminada por la secretaría de comercio interior a retrotraer un alza de precios no acordado. El ministerio de planificación federal multó a las compañías de distribución eléctrica que cortaron temporalmente su servicio en diversas zonas. El titular de esa cartera, Julio De Vido, explicó que la medida se fundó en que las empresas violaron los términos de sus contratos de concesión al no tener capacidad de respuesta frente a la creciente demanda de energía.
La presidenta Cristina Fernández presentó un acuerdo de precios para el comienzo del ciclo escolar 2011. Así, la canasta de útiles básicos podrá obtenerse en todo el país a 80 pesos locales, lo cual se traduce en unos 20 dólares. Mientras organizaciones de defensa al consumidor registraron entre el 20 y 50 por ciento de aumento en los productos escolares respecto del año anterior, la canasta anunciada para 2011 tiene un costo mayor de solo el 7 por ciento respecto de la acordada en 2010.
La Jefa de Estado firmó, también, acuerdos mediante los cuales se extiende la experiencia de los “Mercados Centrales”, en esta ocasión, para que se asienten en localidades de la provincia de Buenos Aires y en Chaco. La intención es que, en el corto y mediano plazo, se replique en más ciudades del país. La comercialización de alimentos a través de estos centros concentradores en un modo de enfrentar, y por tanto de poner coto, a las grandes cadenas que marcan el ritmo de la suba injustificada de precios.
Durante el anuncio de esa política, la presidenta planteó que de lo que se trata es del debate por la profundización del modelo iniciado en 2003 y de la puja distributiva consecuente con el crecimiento no especulativo del país. “Orientar el poder de compra de los consumidores es un instrumento que debe ser organizado por el Estado, pero también por la propia sociedad y por el consumidor, con exigencias claras y concretas”, dijo Fernández.
A estas medidas deben sumarse los programas que están en vigencia hace tiempo como“Carne para todos” y “Frutas para todos”, de los cuales las provincias participan como receptoras y también como productoras-proveedoras. Desde febrero de este año“Milanesas para todos” se incorpora al esquema.
Según un relevamiento hecho por periodistas del diario Tiempo Argentino, los precios de frutas y verduras que publicó el diario Clarín el 8 de febrero no se condicen con lo constatado en puntos de ventas de zonas de diversas características socio-económicas. Entre humorada y exhaustividad periodística, una de las verdulerías consultadas está asentada a escasos metros de la vivienda del CEO del matutino, Héctor Magnetto, cómplice de delitos económicos y de lesa humanidad por los que es investigada la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Productos publicados por Clarín “costaban un 30 por ciento menos” en esa “especie de verdulería boutique donde prima la venta de productos importados” de lo que se indicó, afirma la investigación de Tiempo Argentino. En zonas pobladas por sectores de menores recursos, la brecha entre publicación y realidad “es del 60 por ciento”, agrega.
Entonces, como dice –o entona- el cantautor popular argentino Ignacio Copani,“hablemos en serio, que ya murió el tiempo de los miserables chantajes al pueblo”, casi le susurra a Magnetto; y “poniendo el coraje de Eva y honrando la lucha de Ernesto”, le reconoce a Cristina.
APM | Agencia Periodística del Mercosur | www.prensamercosur.com.ar
Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Universidad Nacional de La Plata.
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