Inversión extranjera y desarrollo

06/12/2010
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El 30 de noviembre fui invitado al Parlamento Británico para discutir las inversiones inglesas en el Perú, su impacto medioambiental y social. Dirigió la sesión Lord Avery, presidente del Perú Support Group, a quien Lourdes Flores -en el debate con Susana Villarán- acusó maliciosa e irresponsablemente de vínculos con SL. En presencia del embajador peruano, intervinimos un redactor del Financial Times, José de Echave y yo.
 
Reconociendo que la economía peruana ha crecido significativamente desde el 2002 y multiplicado la inversión extranjera 2.5 veces entre 1997 y el 2009, el debate se centró en los límites y problemas que un crecimiento basado en las industrias extractivas impone al desarrollo.
 
Las inversiones de empresas de Gran Bretaña (GB) y subsidiarias, responden por US $3,782 millones de dólares, el 20% de la inversión extranjera en el Perú 2009. GB, después de España, es el segundo país donde se originan las inversiones extranjeras al Perú. La minería y el petróleo captan más de US $2,000 millones del total (destacando AngloAmerican, Goldfields, Xstrata y Pluspetrol), lo que es coherente con el hecho de que Perú sea el primer productor de oro, plata, zinc y otros minerales de AL. Pero, a continuación destaca la inversión en el sector financiero (US $670 millones), como el HSBC, y US $337 millones en energía eléctrica. Nextel, en telefonía, es una empresa vinculada a los británicos.
 
 La principal inversión inglesa y de sus subsidiarias está en las industrias extractivas, especialmente la minería. Es un sector frágil por depender de precios del mercado internacional y generar escasa mano de obra, unos 140,000 trabajadores en total. Un 30% está en planillas y el 70% en “services”, en el grueso de casos sin derechos de agremiación y negociación colectiva. A su vez, es un sector productivo que no usa tecnología ni equipos nacionales, no desarrolla ciencia y tecnología sino que emplea gran parte de lo que invierte en compras en el exterior que no dinamizan la economía peruana.
 
Tampoco se industrializa las materias primas. Se las exporta en bruto, sin promover una cadena productiva que genere empleo e industria. Según el TLC con EU y el negociado con la UE, el Perú no puede fijar condiciones de desempeño a los inversionistas (como industrializar las materias primas o transferir tecnología) ni imponer modificaciones tributarias que afecten sus ingresos y pueden ser consideradas “expropiaciones indirectas” en el acápite sobre inversiones del TLC. Así, Antamina (inglesa) ha ganado unos US $6,700 millones de dólares en 6 años, pero ¡se exonera del pago de impuesto a la renta para reinvertir unos US $1,000 millones dejando de pagar cerca de 270 millones en impuesto a la renta!
 
Para colmo, las concesiones en los procesos de privatización fujimorista se dieron a precio de huevo, con contratos de estabilidad jurídica y tributaria que cierran el paso al impuesto a las sobreganancias mineras o a regalías.
 
A ello se suma el que los temas socioambientales generan conflictividad social: el 45% de ellos hasta setiembre pasado según la Defensoría. Conflictos por uso del agua, por la pretensión de imponer industrias extractivas en zonas donde se originan las aguas, por contaminación ambiental, control de territorios de comunidades campesinas y nativas, maniobras para eludir la consulta previa a las comunidades, etc. Agreguemos el contraste entre la riqueza de las empresas y la pobreza del entorno rural donde los índices llegan al 60%.
 
 Gran parte de estos problemas dependen de un Estado, como el del Perú, que ha cedido su soberanía, su capacidad de planificación económica y regulación, su función de redistribuir riqueza y resolver los recursos para el desarrollo nacional. Esa una parte nuestra. De allí la oposición de los ministros Benavides y Sánchez a cualquier nueva obligación a las mineras. Pero la inversión extranjera tampoco puede apoyarse en Estados vasallos, carentes de soberanía y de proyecto nacional, para hacerse de recursos naturales y enormes utilidades a cualquier costo. ¿Cambiaremos esto el 2011?
 
La República, 06 de diciembre de 2010
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