Existe un estrecho vínculo entre disponer de un alojamiento adecuado y la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar; por eso la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana. En ella no sólo se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, protección y cuidado de las familias y comunidades. En una palabra, es una necesidad básica de la condición humana.

La jurisprudencia nacional e internacional considera el acceso a la vivienda como un derecho humano de primera importancia. La Constitución de El Salvador declara, en su artículo 119, de interés social la construcción de viviendas para que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de la suya; la Declaración Universal de Derechos Humanos, por su parte, afirma que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otras cosas, la vivienda.

Pero en países como el nuestro, la posibilidad de acceder a la propiedad de una vivienda digna, sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a miles de familias, cuyos ingresos son bajos y su capacidad de ahorro nula. En El Salvador se reconoce oficialmente que el déficit habitacional sobrepasa las 500 mil viviendas, y se concentra especialmente en los estratos de población de menores ingresos. Cuando la vivienda deja de ser un derecho para convertirse predominantemente en un negocio, ésta queda restringida y determinada por las fuerzas especulativas y excluyentes del mercado, sólo tienen posibilidad de tener una vivienda los que son sujetos de crédito. Las familias pobres deben asentarse en zonas alejadas, carentes de servicios básicos y en viviendas precarias. El problema se agrava sí, como ocurre en El Salvador, no se cuenta con una política de vivienda ni con normativas jurídicas específicas que enfrenten el problema habitacional desde un enfoque de derechos humanos.

No obstante, esta situación puede empezar a cambiar con la propuesta de anteproyecto denominada “Ley especial de vivienda de interés social”, hecha por ciudadanos y ciudadanas representados por la Comisión Nacional de Pobladores (CONAPO). El anteproyecto de ley pretende desarrollar los principios y normas legales relacionadas con la organización institucional y las acciones públicas para enfrentar y reducir el déficit habitacional acumulado. Asimismo, busca establecer las condiciones para dar una respuesta estructural a las necesidades de vivienda de interés social, es decir, para la población salvadoreña con ingresos familiares mensuales inferiores o iguales al monto de cuatro salarios mínimos (aproximadamente unos 800 dólares).

Para el anteproyecto de ley, la “vivienda de interés social” es aquella destinada a las familias de bajos ingresos de las áreas urbanas y rurales; dicha vivienda debe proporcionar seguridad, salubridad, higiene, comodidad y deberá cumplir como mínimo las siguientes condiciones: estar ubicada en zonas consideradas habitables, tener una superficie que permita superar el hacinamiento y la promiscuidad, contar con espacios propicios para el desarrollo humano familiar, poseer techos, paredes y pisos construidos con materiales que garanticen la seguridad estructural, tener en todos los ambientes iluminación natural y ventilación adecuada, contar con instalaciones de servicios básicos domiciliares, tener acceso peatonal y vehicular en todo tiempo, y disponer en sus proximidades de servicios urbanos y sociales.

No se trata de condiciones máximas sino mínimas, para que gran parte de  familias salvadoreñas puedan desarrollarse con dignidad. La propuesta surge de comunidades que tienen como referente de lucha el cumplimiento del derecho humano a la vivienda. El protagonismo lo tienen las distintas organizaciones comunales, municipales y regionales, es un caso ejemplar de ciudadanía activa.

Queda por ver si el anteproyecto logra constituirse en ley de la República. Distintas fracciones políticas representadas en la Asamblea han expresado su interés por la propuesta. Se espera que no sean sólo declaraciones políticamente correctas, sino palabra seria orientada a enfrentar un problema que tiene el carácter de importante y urgente. Se trata nada más y nada menos que de garantizar el acceso a la vivienda para los más pobres del país; y eso pasa por reconocer la incapacidad del mercado para satisfacer el derecho que tiene esta población a una vivienda digna, por la voluntad política de las fracciones partidarias a favor de la propuesta y, sobre todo, por hacer real sus contenidos una vez que se constituya en ley.

- Carlos Ayala Ramírez, director de radio YSUCA