Con el sorpresivo e histórico encuentro cara a cara entre el presidente electo Andrés Pastrana y el legendario comandante guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Manuel Marulanda, en un campamento en la selva, y la reunión de Maguncia (Alemania) que congregó en una misma mesa a voceros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de la sociedad civil para definir una agenda de paz, han quedado abiertas las pistas que podrían conducir a una salida política al conflicto armado que sacude al país por más de 40 años. Cuando se ultimaban los preparativos para la reunión de Maguncia (12 de julio), el jueves anterior Pastrana sorprendió a la nación al revelar su encuentro con el líder de las FARC en un punto no precisado de las selvas del sur colombiano, y su compromiso de concretar la apertura de un proceso de paz apenas inicie su gobierno el próximo 7 de agosto. Según anticipó el futuro mandatario, este compromiso recoge el pedido de la insurgencia, consistente en el retiro militar de cinco municipios en el centro y sur del país donde ella concentra su mayor fuerza, unos 47 mil kilómetros cuadrados, como condición para instalar la mesa de negociaciones y diálogo en los primeros 90 días de su administración. Valga recordar que una promesa similar, el despeje del municipio La Uribe, fue planteada por el presidente saliente Ernesto Samper, mas nunca la cumplió. Con su autoridad disminuida tras las revelaciones de la presencia de "dineros calientes" en su campaña electoral, que dio paso al famoso proceso 8.000 y que a la postre -para salvarse- se tornó en la principal preocupación de su gobierno, la gestión de Samper resultó impotente para pacificar al país. Catalogándole de "corrupto", la insurgencia simplemente evitó cualquier acercamiento. El futuro mandatario sabe que en este plano precisa establecer una diferencia y rápido, para no perder credibilidad, pues un factor decisivo para su triunfo fue el respaldo formal o implícito que recibió de una amplia gama de sectores y personalidades comprometidos con la paz, no en razón de su programa conservador, sino como mejor opción -en las circunstancias- para desbloquear las negociaciones. En este sentido Samper fue claro al destacar que la reunión con el Secretariado Nacional de las FARC se inscribe precisamente en la promesa de campaña de "liderar personalmente el proceso de paz". Acotando que allí expuso la voluntad de su futuro gobierno "de encontrar caminos ciertos para construir una paz estable y duradera" y que, como contraparte, recibió una plataforma de diez puntos de la guerrilla más importante del país. En este plano las cartas están sobre la mesa. Con la reunión de Maguncia, la guerrilla del ELN esperaba encontrar una fórmula que permitiera romper el esquema tradicional de negociación con la intervención activa de la sociedad civil. Su propuesta es la convocatoria y realización de la "Convención Nacional por la Paz, la Democracia y la Justicia Social". En esta Convención "aspiramos de manera conjunta con el pueblo y la sociedad a enrutar un plan de diálogo múltiple y participativo, que no pretenda encasillar nunca más los procesos políticos de diálogos excluyentes gobierno-guerrilla, que terminan con el arrepentimiento vergonzante de un puñado de guerrilleros que se desmovilizan y desarman a cambio de nada y sin que en Colombia nada cambie. Este camino jamás será transitado por el ELN de Colombia", ha puntualizado la organización rebelde. El control de las FF.AA. Una cosa es la apertura de un diálogo; otra, las negociaciones. La dificultad radica en ese tránsito. Para Colombia se trata de una situación traumática. Coincidentemente fue un gobierno conservador, el de Belisario Betancur (1982-86), que intentó desplegar un plan de paz con la guerrilla. Pero esta iniciativa encontró una enconada oposición de los terratenientes que vieron en la pacificación una "concesión a la subversión" y crearon un fondo común para montar grupos paramilitares que se ocuparon de hacer reventar el proceso. En una simbiosis con las fuerzas armadas en la lucha contrainsurgente, el paramilitarismo se ha convertido en el principal instrumento para la "limpieza social" en las zonas de guerra y, en general, para la guerra sucia contra los movimientos populares, defensores de derechos humanos, oposición política, etc. En este punto el futuro de las negociaciones estará supeditado a que Pastrana logre retomar el control del cuerpo castrense que se le fue de las manos a su predecesor. Los diez puntos de las FARC 1. Solución política al grave conflicto que vive el país. 2. La doctrina militar y de Defensa Nacional del Estado será bolivariana. Dijo el Libertador que "El destino del Ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelvan sus armas contra los ciudadanos". Las FF.AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los derechos humanos. 3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador General de la Nación será elegido popularmente. El Parlamento será unicameral. La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales garantizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación. Habrá libertad de prensa. La Rama Electoral será independiente. La Corte Constitucional y El Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los Jueces y Magistrados del país. Moralización de la Administración Pública y de las instituciones civiles y militares del Estado. 4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos: En lo energético, en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económico-social equilibrado del país y en regiones. El énfasis de la política económica será la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria. El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política de protección sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos, en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas. 5. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales, democráticas y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza. El 10% del Presupuesto Nacional será invertido en la investigación científica. 6. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios. . 7. Política Agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. 8. Explotación de los Recursos Naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, etc., en beneficio del país y de sus regiones. Renegociación de los contratos con Compañias Multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética. Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno informará a la comunidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de CUSIANA. Tan solo los 5.000 millones de barriles de petróleo de reserva que posee, a los precios de hoy y a la tasa de cambio vigente, producirán $80 billones (80 MILLONES DE MILLONES DE PESOS), es decir, más de 6 veces el presupuesto nacional de 1.993. Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explotará CUSlANA y cómo insertamos lo producido en los planes generales de nuestro desarrollo. Hay que "sembrar petróIeo" para las próximas generaciones, porque el crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también. 9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la Integración regional y latinoamericana. Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los Pactos Militares y de la injerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la Deuda Externa, buscando un plazo de 10 años muertos, en el pago de los servicios. 10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes. -277