La "campañas" y sus usinas ideológicas
La democracia cuestionada
22/07/2003
- Opinión
Según un informe de prensa un genocida argentino evitó ser
detenido en Uruguay, donde se debía cumplir una orden
internacional emitida por el juez español Baltasar Garzón,
porque - se afirma - hubo una "filtración" de inteligencia
que alertó al ex militar de visita en Punta del Este. Más
allá de las alternativas de esta información, la misma se
convierte en plausible porque los denominados "servicios"
que funcionan tanto en nuestro país como en los demás del
continente todavía siguen actuando con parámetros que
están imbuidos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y
sin que las autoridades naturales, los Ministerios de
Defensa Nacional e Interior, cumplan el adecuado papel de
contralor.
En estos análisis es bueno no generalizar y queremos
suponer que dentro de cada organismo existen bolsones de
nostálgicos o malintencionados que reflejan una actitud
claramente antidemocrática. Sería la explicación más
adecuada y la que esperamos se brinde ante acciones que,
casi siempre, favorecen a los sectores de la derecha
vinculados al poder.
Pero, en uno y otro caso, ante cada sospecha ¿a quién
reclamar por esa filtración que aparentemente favoreció al
genocida y obstruyó la acción de la justicia? ¿Cómo saber
si un ciudadano cualquiera es o no investigado hasta en
aspectos que hacen a la privacidad de la persona, para
posteriormente utilizar esa información no se sabe con que
fines? ¿De que manera evitar que estos "servicios", que
deberían anticipar hechos delictivos contra el Estado, no
actúan con un objetivo político tratando de perjudicar a
unos en beneficio de otros como, por otra parte, han hecho
reiteradamente? Y si existen bolsones nostálgicos, ¿no hay
nadie que los detecte?
Nadie ha negado que se hacen vigilancias, que se
intervienen teléfonos, que se establecen seguimientos.
Pero, ¿cuál es el objetivo y que resultados se obtienen?
¿Qué control existe sobre estos "servicios" que son,
suponemos, los que controlan y fotografían manifestaciones,
se entrometen en actividades perfectamente lícitas, pero
nunca detectan – por lo menos no sabemos – los hechos
delictivos más graves que han ocurrido en el país en los
últimos tiempos? Por lo menos no se ha informado que estos
"servicios" dieran cuenta de manera anticipada del
millonario desfalco realizado por los hermanos Carlos y
José Rohn, que fue determinante del mayor desastre
financiero del país. Tampoco se conoce que hayan informado
de la operativa del Banco de Montevideo, en donde miembros
de la familia Peirano, trataron de parar con alquimia
financiera el desastre de negocios que fueron
incontrolables como consecuencia de una estructura del
sistema bancario que se desmoronaba, ya que se había
modificado su sustento, el ser funcional a la huída de
capitales desde la Argentina.
Sin embargo existe una contracara de estos organismos que
nunca mostraron su utilidad para el régimen democrático. El
acopio de información, acción cuya legalidad es dudosa,
sobre algunos personajes o sobre simples ciudadanos, para
hacerla aparecer en momentos considerados "oportunos",
apuntalando "campañas" ya realizadas en el pasado
destinadas - en caso del doctor Tabaré Vázquez-, para
tratar de perjudicar ahora a la figura política sobre la
cual existe una intención de voto, verificada por diversas
empresas, que bordea es 52 por ciento de voluntades.
¿A qué se debe tamaña acción de contenido antidemocrático?
¿Cómo es posible que los mandos naturales de estos
"servicios" no tomen las medidas adecuadas para preservar
la paz y el orden, que son elementos básicos para el
sustento de la democracia? ¿O por lo menos, dentro de los
mismos, desbrozar la paja del trigo?
La campaña iniciada contra el doctor Tabaré Vázquez,
tratando de hacerlo aparecer burdamente relacionado con la
dictadura, porque solicitó una exoneración de impuestos
para la importación de un aparato radiológico, o porque fue
médico en el Instituto de Oncología, es una enormidad de
tal magnitud que debiera preocupar a mucho más que a los
frenteamplistas. Esto no se trata de una acción política,
como en la que podríamos englobar las diatribas emanadas de
los dirigentes del Foro Batllista, que en la página Web de
su sector político, en las que discrepan, denostan y
agraden al presidente del Encuentro Progresista. En torno a
esto, se podría decir, que ello obedece a una contingencia
ríspida de la confrontación política. Y los propios
colorados podrían establecer que también dirigentes de su
sector son tratados "de la misma forma" por voceros de la
izquierda.
Sin embargo, como parecería estar ocurriendo con otros
hechos publicados, que un organismo estatal se sume a una
campaña de desprestigio del candidato que tiene, de acuerdo
a las encuestas, las mayores posibilidades de obtener la
presidencia de la República, es un tema más que grave y que
exigiría, por el bien de la democracia, los correctivos
adecuados.
Sino, ¿de que se trata todo esto? ¿Quién puede estar
exhumando información tan vetusta, la que se utilizó
también en ocasiones anteriores y sobre la cual existieron
las aclaraciones correspondientes?
Mucha gente consultada se sigue planteando interrogantes.
Por ello habría que aclararle a la opinión pública quién
está detrás de todo esto, ya que no es posible que se siga
armando un esquema de desprestigio de un candidato y se
sospeche que en el mecanismo esté involucrado un organismo
que es del Estado.
Es hora, si quienes tienen sospechas lo reclaman, de
aclarar las funciones de ese organismo y, por supuesto, de
desmitificar la tarea de los "espías" uruguayos, cuya labor
debe tener algún perfil distinto a solo "escuchar,
recortar y pegar", y de fotografiar a automovilistas que
salen o ingresan a lugares tan privados como los hoteles
alojamiento.
* Carlos Santiago. Secretario de redacción de Bitácora.
Uruguay..
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