París, 18 de julio de 2003. La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acoge con gran preocupación el Acuerdo suscrito entre gobierno y paramilitares en Santa Fe de Ralito el 15 de Julio de 2003 acerca de la reincorporación a la vida civil de los miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) La FIDH reitera una vez más su posicionamiento a favor de una política de paz global y de diálogo que pueda poner término al conflicto social y armado que vive Colombia. Sin embargo,la FIDH acoge con extrema preocupación que dicho Acuerdo no incluya una perspectiva de justicia omitiendo cualquier tipo de mención acerca de los procesos penales pendientes y acerca de las posibles acciones judiciales que se refieran a crímenes de lesa humanidad. En este sentido, la FIDH resalta que de ningún modo, cualquier tipo de diálogo de paz, independientemente de quienes sean los interlocutores de gobierno, debe comportar la impunidad de responsables de graves crímenes. Además la FIDH repudia las afirmaciones del presidente de Colombia, Alvaro Uribe Vélez que según la edición de julio 15 del diario El Tiempo anunció que presentará un proyecto de ley que permita la libertad de los autores de delitos atroces. Luis Carlos Restrepo, Alto Comisionado de Paz, el pasado 16 de julio confirmó la intención del presidente de introducir un proyecto de ley en estos términos. Estas declaraciones, además de contradecir todas las disposiciones internacionales en la materia, se encuentran en desacuerdo con el artículo 50 de la reciente le 782 de diciembre de 2002, que afirma que "El gobierno nacional podrá conceder, en cada caso particular, el beneficio de indulto a los nacionales que hubieran sido condenados (...) No se aplicará lo dispuesto en este título a quienes realicen conductas constitutivas de actos atroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la víctima en estado de indefensión." La FIDH considera que el anuncio de beneficiar con la impunidad a quiénes han cometido crímenes contra la humanidad, mientras el conflicto armado se sigue profundizando en Colombia, sólo puede estimular aún más su degradación, con las terribles consecuencias que esto conlleva para la población civil, víctima principal de esta guerra sucia. La impunidad constituye igualmente un grave atentado contra el derecho de las víctimas. La FIDH considera que el anuncio de una posibilidad de impunidad para responsables de crímenes atroces en un contexto de conflicto armado puede contribuir aún más a la degradación de la situación. En este sentido, la FIDH respalda las declaraciones de Eduardo Cifuentes Defensor del Pueblo, quien solicita una veeduría para que el proceso de paz no implique situaciones de impunidad y quien considera inconveniente que los desmovilizados de las AUC puedan ser vinculados a la fuerza pública. La FIDH recuerda que Colombia es un Estado parte de la Corte Penal Internacional desde el 5 de agosto de 2002 y que por lo tanto, en lo que se refiere a todos los crímenes cometidos tras esta fecha, según el artículo 17- 1 (a), la CPI sería competente. En efecto, la CPI es competente si un "Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo". En este sentido, la FIDH considera que el artículo 17-2(a) prohíbe que cualquier tipo de disposición legal obstaculice el procesamiento y la efectiva condena de los responsables de crímenes más graves ya tales disposiciones implicarían el propósito de "sustraer a la persona de que se trate de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la corte, según lo dispuesto en el artículo 5". La FIDH urge al gobierno de Colombia integrar disposiciones que garanticen el procesamiento de responsables de graves crímenes en todo esfuerzo orientado a la consecución de la paz. La FIDH insta al gobierno de Colombia a promover una política de paz global, que incluya a todos los actores en conflicto y que considere las causas estructurales de la violencia. Entre tanto, la FIDH recomienda la suscripción de un Acuerdo Global de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario con todas las partes en conflicto que garantice el enjuiciamiento de los responsables de graves violaciones de Derechos Humanos, independientemente de qué parte los haya cometido, tal y como ha sido recomendado por las Naciones Unidas y una vez más, al presidente Uribe le solicita levantar la disposición que impide que en los próximos siete años la CPI pueda conocer de los crímenes de guerra que cometen todos los actores armados en Colombia. La FIDH llama igualmente a los países europeos, así como a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a abstenerse de apoyar este proceso de negociación, porque antes que responder a una política de paz, se afirma como un paso más para firmar una política de impunidad.