Exponen a relatores la situación de radiodifusoras en México

Guadalupe Cruz Jaimes

28/09/2010

Opinión

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Ante las acciones y omisiones del Estado mexicano que permiten que se registre aquí la mayor concentración de medios de comunicación en el mundo, organizaciones civiles presentaron el 23 de agosto un informe a los relatores para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

En conferencia de prensa, representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc México) y la Organización de Litigio Estratégico en Derechos Humanos (Litigio OLE) entregaron al relator Frank La Rue, el Informe sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en México con énfasis en la radiodifusión comunitaria.

En el informe, que recibió La Rue a nombre de Catalina Botero, relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, las organizaciones documentaron el rezago en el que México se encuentra en materia de radiodifusión comunitaria, debido a que los distintos poderes de la Unión "abusan de la potestad que tienen para administrar el espacio radioeléctrico".

Lo anterior, lo afirmó Aleida Calleja, vicepresidenta de Amarc Mundial, quien detalló las acciones y omisiones que cometen las autoridades mexicanas en la materia, las cuales han derivado en la concentración de los medios de comunicación en perjuicio de las radios comunitarias.

Calleja explicó que la problemática "tiene que ver con el abuso del Estado mexicano de la potestad que tiene para administrar el espacio radioeléctrico, el cual es patrimonio común de la humanidad".

La administración del espectro, lejos de realizarse de manera democrática y con la finalidad de impulsar el desarrollo del país, obedece a un modelo comercial, que concentra "en unas cuantas manos" los medios de comunicación, poniendo en riesgo la diversidad informativa, "al dejar en un grupo el poder de emitir ideas e informaciones, que sólo contienen un punto de vista", aseguró la vicepresidenta de Amarc Mundial.

En este sentido, indicó que el Ejecutivo y el Legislativo han sido omisos en cumplir las recomendaciones de la ONU y la CIDH, las cuales le indican que no sólo reconozcan a las radios comunitarias, sino que les den condiciones para su desarrollo.

Su omisión ha derivado en que México sea considerado el país con la más alta concentración mediática del mundo, contexto en el que las radiodifusoras comunitarias podrían representar la aportación a la pluralidad informativa, sin embargo, la "discrecionalidad" en las leyes y en el actuar de las autoridades para asignar permisos restringe su participación.

"Pueden pasar años y la autoridad no tiene la obligación de contestar a la petición de permisos", que las cientos de radios comunitarias les dirigen, muestra de ello es que en el país sólo tienen permiso 21 emisoras de este tipo.

Pese a la dificultad para que estas radios adquieran un permiso, la autoridad penaliza la radiodifusión no autorizada, aun cuando su licitud esté en trámite.

Otra dificultad es que una vez que logran el permiso, "tienen todas las obligaciones y casi ningún derecho", ya que a diferencia de las concesionarias, las radios comunitarias "no pueden hacer actividades económicas en tiempo aire", es decir no pueden tener publicidad, porque no tienen fines de lucro.

De acuerdo con Aleida Calleja, este hecho representa una violación a la libertad de expresión "por vía indirecta", pues, ejemplificó: "es como si le dijeran a un periódico puedes publicar, pero le restringen los medios para que puedan conseguir el papel".

Al respecto, Frank La Rue, de visita en México, junto con la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, debido a la ola de violencia en contra de las y los periodistas del país, rechazó que las radios comunitarias deban ser "pocas, pobres y de poca frecuencia", ya que dichas emisoras aunque no sean lucrativas deben generar recursos para su sustentabilidad y modernización. Por lo que, aseveró, que el manejo de recursos en las radios comunitarias es "legítimo".

De este modo, se fomenta el pluralismo y diversidad de los medios de comunicación, los cuales "deben ser balanceados, para garantizar que todas las comunidades, especialmente las indígenas tengan acceso a medios propios", es inadmisible que sean exclusivos de quienes tienen recursos para comprarlos, mencionó.

Guadalupe Cruz Jaimes / CIMAC

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